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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado ponente
AC4917-2014
Radicación n.° 11001-02-03-000-2014-01140-00
Bogotá D. C., veintiséis (26) de agosto de dos mil catorce (2014).
Decide la Corte el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados Sexto y Veinticuatro Civil del Circuito de Popayán y de Bogotá, respectivamente, dentro del proceso verbal de protección al consumidor promovido por Hely Burbano Burbano contra Hyundai Colombia Automotriz S. A. y Mundiautos Ltda.
1. ANTECEDENTES
1.1. En el citado asunto, la Delegada para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio dictó la sentencia 1647 de 25 de abril de 2012 (fls.53-59).
1.2. Contra esa decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación, concedido por auto del siguiente 17 de mayo (fl.70).
1.3. Por proveído de 26 de febrero de 2014 el primero de los citados despachos declaró carecer de competencia para conocer de la alzada, porque como «(…) fue la Cámara de Comercio de Bogotá (…)» quien dictó el fallo, conforme al numeral segundo del artículo 33 del Código General del Proceso ella es de los juzgados de esta ciudad (fl. 153).
1.4. El despacho receptor del proceso, en auto del siguiente 22 de abril aseguró que al efecto tampoco tenía atribuciones, pues, como el actor quiso demandar en Popayán, donde debía cumplirse la garantía, solo que accionó en Bogotá, sede de la entidad administrativa, en términos del artículo 24, parágrafo tercero, inciso tercero, ibídem, son los jueces civiles del circuito de aquel lugar los llamados a aprehenderlo (fls.2-3).
Planteó así el conflicto negativo y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Tratándose de una definición de la indicada especie, donde se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, corresponde a esta Sala resolver, de acuerdo con los artículos 28 ibídem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la 1285 de 2009.
2.2. Alrededor de la competencia para conocer de los recursos de alzada contra decisiones emitidas por las entidades administrativas en cumplimiento de quehaceres jurisdiccionales, el Código General del Proceso contiene dos reglas complementarias.
Por un lado, el artículo 24, parágrafo 3°, inciso tercero, prevé que «[l]as apelaciones de providencias proferidas por las autoridades administrativas en primera instancia en ejercicio de funciones jurisdiccionales se resolverán por la autoridad judicial superior funcional del juez que hubiese sido competente en caso de haberse tramitado la primera instancia ante un juez y la providencia fuere apelable» (subraya la Sala).
Por el otro, el artículo 33, numeral segundo, dispone que «[l]os jueces civiles del circuito conocerán en segunda instancia (…) [d]e los procesos atribuidos en primera a las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, cuando el juez desplazado (…) sea el juez civil municipal (…)», casos en los cuales «(…) conocerá el juez civil del circuito de la sede principal de la autoridad administrativa o de la sede regional correspondiente al lugar en donde se adoptó la decisión, según fuere el caso» (subraya la Sala).
En la misma dirección se halla el artículo 31, numeral segundo, al señalar que «[l]os tribunales superiores de distrito judicial conocen, en sala civil (…) [d]e la segunda instancia de los procesos que conocen en primera (…) las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, cuando el juez desplazado (…) sea el juez civil del circuito. En estos casos conocerá el tribunal superior del distrito judicial de la sede principal de la autoridad administrativa o de la sede regional correspondiente al lugar en donde se adoptó la decisión, según fuere el caso» (subraya la Sala).
La primera de las normas adopta el sistema tradicional del factor funcional y al mismo tiempo regla general de competencia, consistente en que el llamado a asumir la apelación es el juez del circuito o el tribunal correspondiente al circuito o al distrito al que pertenezca el funcionario que profirió la decisión en primera instancia, objeto de inconformidad, según que ésta haya sido dictada por un juez municipal o por uno del circuito, respectivamente; esto es, cuando el asunto, por virtud de la elección del actor es tramitado íntegramente en sus diferentes instancias ante las autoridades judiciales.
Las dos siguientes (31 y 33 del C. G. de P.), complementan y concretan el conocimiento de la alzada al juez del circuito o al tribunal de la sede principal o regional de la autoridad administrativa correspondiente al lugar donde se ha emitido la resolución, según que el desplazado en el primer grado haya sido el municipal o el del circuito. Se trata de una regla especial, cuando por la opción del demandante, la primera instancia se surte ante las autoridades administrativas, para efectos del pleno control judicial ulterior de la respectiva decisión en segunda instancia.
2.3. Esa comprensión armoniza con la verdadera intención del legislador en torno a la definición del servidor judicial llamado a conocer la segunda instancia de los casos cuando, según la regla especial decantada, en primera conocen las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales:
a) El proyecto de Ley (196 de 2011), originalmente presentado a la Cámara de Representantes (Gaceta del Congreso #119 de 29 de marzo de 2011) carecía de la norma vertida en el inciso tercero del parágrafo tercero del artículo 24 del Código General del Proceso, mientras los artículos 31 y 33 ab initio incluyeron la disposición prevista en los numerales 2° de esos cánones del señalado estatuto.
b) En el pliego de modificaciones presentado dentro del Informe de Ponencia para segundo debate, el ponente incorporó «(…) una modificación al título del artículo [24] con el fin de añadir la palabra “ejercicio”(…)» y sugirió «(…) un cambio en la estructura del artículo con el fin de identificar y agrupar las competencias en razón de la materia y de la autoridad administrativa respectiva».
Además, planteó mutaciones a los artículos 31 y 33, las cuales justificó así: «Se incluye un numeral nuevo (numeral segundo) en el que se precisa la competencia de los Tribunales Superiores para conocer de la segunda instancia de los procesos que adelantan las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, cuando estas desplazan al juez civil del circuito, la cual padecía de vaguedad en el texto aprobado en Primer Debate». “En los numerales 2 y 3 (…) se aclara la redacción para precisar la competencia de los jueces del circuito en segunda instancia respecto de los asuntos atribuidos en primera instancia las autoridades administrativas, cuando el juez desplazado en su competencia sea un juez civil municipal» (ib., #745 de 04 de octubre de 2011).
c) Fue entonces a partir de las citadas modificaciones como el numeral segundo de los artículos 31 y 33 del proyecto de ley incorporaron las normas que centran la atención de esta cuestión en el novísimo estatuto procesal.
El memorado artículo 24 empezó a contar con el Parágrafo 2° del siguiente tenor: «En los procesos que se adelantan por las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, la declaratoria de incompetencia y la decisión definitiva siempre serán apelables ante las autoridades judiciales, salvo en los procesos de única instancia».
d) En el pliego de modificaciones presentado dentro del Informe de Ponencia para primer debate en el Senado de la República (Proyecto de Ley 159 de 2011), con relación al tema en cuestión el ponente puntualizó: «(…) [l]a redacción del nuevo parágrafo 3° (antes parágrafo 2°) se modifica para precisarla pero su contenido sustancial no cambia» (Gaceta del Congreso 114 de 28 de marzo de 2012). A partir de entonces, emergió el precepto finalmente contenido en el inciso tercero del parágrafo tercero del citado artículo 24.
e) Las anteriores referencias históricas de la Ley 1564 de 2012, hoy Código General del Proceso, muestran con claridad el propósito del legislador de agrupar, siguiendo la estructura del proyecto de ley, las normas relativas a la competencia, de modo que desde la primera de las modificaciones consignó en los artículos 31 y 33 los preceptos que otorgan competencia funcional a las salas civiles de los tribunales y a los jueces civiles del circuito, de la sede principal de la autoridad administrativa o de la sede regional correspondiente al lugar donde se adoptó la decisión, para conocer en segunda instancia de los procesos atribuidos en primera a esas entidades en ejercicio de funciones jurisdiccionales, cuando el juez desplazado en su atribución sea el civil del circuito o el civil municipal, sucesivamente, entendimiento que acompasa con el sentir en este aspecto de ese legislador de «(…) identificar y agrupar las competencias en razón de la materia (…)» (Gaceta del Congreso #745 de 04 de octubre de 2011, pág,.15).
2.4. Por consiguiente, como la decisión apelada se profirió en la sede principal de la autoridad administrativa, o sea en Bogotá, conforme a lo expuesto se asignará entonces el asunto al administrador de justicia de esta ciudad.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
Primero: Declarar que el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá es el competente para conocer del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia dictada dentro proceso verbal de protección al consumidor en referencia.
Segundo: Enviar el expediente al citado despacho judicial e informar lo decidido al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popayán y a la Delegada para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, haciéndoles llegar copia de esta providencia. Ofíciese.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado