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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ATC7078-2015
Radicación n.° 11001-02-04-000-2015-02082-01
Bogotá, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil quince (2015).
1. Correspondería a la Corte decidir la impugnación interpuesta frente al fallo proferido el 5 de noviembre de 2015 por la Sala de Casación Penal de esta Corporación, dentro de la acción de tutela promovida, a través de apoderado judicial, por José de Jesús Vergara Otero contra la Fiscalía Sexta Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Setenta y Nueve Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de la misma ciudad, si no fuera porque se incurrió en la causal de nulidad prevista en el numeral 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, en consonancia con el artículo 4º del Decreto 306 de 1992, que afecta la actuación cumplida hasta este momento, como pasa a verse:
2. Revisado el trámite de la primera instancia, se observa que Rafael de Jesús Uribe Henríquez, Enisberto José Maestre Fernández, Cesar Miguel Villadiego Hernández, Edwin Ricardo Volpe Iglesias, Gloria Amparo Giraldo Ruiz, Orlando Anaya Durán, Oscar Marcelo Contreras Amaris, Gabriel Enrique Ramos Fontalvo, Nerilda Isabel Care Parra, Francisco Antonio Sanabria Muñoz, Armando Castro Barraza y Luis Carlos Tovar Vanegas quienes son parte dentro de la acción penal a la que alude el escrito genitor de tutela y fueron cobijados en la misma audiencia con medida de aseguramiento (fls. 61 a 63, cdno. 1), no fueron notificados del inicio de esta acción pública a fin de que pudieran ejercer sus derechos de defensa y contradicción, a pesar de que la decisión a emitirse en el presente asunto podría llegar a producir efectos respecto de aquéllos.
3. El artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito deben ser notificadas «a las partes o intervinientes», con lo que se garantiza a los terceros la protección de sus intereses que pueden verse afectados con la determinación que se adopte.
4. Dicho ordenamiento garantiza la citación al trámite constitucional de los terceros determinados o determinables con interés legítimo, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se dé cumplimiento al debido proceso, posibilidad que no se otorgó en el sub lite, pues, es claro que el fallo que llegue a emitirse concierne a Rafael de Jesús Uribe Henríquez, Enisberto José Maestre Fernández, Cesar Miguel Villadiego Hernández, Edwin Ricardo Volpe Iglesias, Gloria Amparo Giraldo Ruiz, Orlando Anaya Durán, Oscar Marcelo Contreras Amaris, Gabriel Enrique Ramos Fontalvo, Nerilda Isabel Care Parra, Francisco Antonio Sanabria Muñoz, Armando Castro Barraza y Luis Carlos Tovar Vanegas, en la medida que las pretensiones del amparo están dirigidas a que se «DECLARE LA NULIDAD de la AUDIENCIA PRELIMINAR DE SOLICITUD DE CAPTURA Y ALLANAMIENTO del 11 de agosto de 2015, mediante la cual se ordenó la orden de captura número 033 del 11 de agosto de 2015, llevada a cabo por el JUZGADO 79 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTÁ, dentro de la SPOA 11001-60-00717-2014-00149-00»; «que se DECLARE LA NULIDAD de la AUDIENCIA PRELIMINAR DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN, realizada dentro del SPOA 11001-60-00717-2014-00149-00 ante el JUZGADO NOVENO PENAL MUNICIPAL DE CARTAGENA» (fl. 12, Cit.).
Al respecto, la Corte Constitucional,
«ha hecho énfasis en la necesidad de notificar a las personas directamente interesadas, la iniciación del trámite que se origina con motivo de la instauración de la acción de tutela, (…), lo cual, lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garantía procesal (…). Si bien es cierto que esta Corporación ha afirmado que la obligación de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligación de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificación, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal al demandado sea óbice para que el juez intente otros medios de notificación eficaces, idóneos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculación efectiva de aquel contra quien se dirige la acción. La eficacia de la notificación, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integración del contradictorio se torne particularmente difícil, el juez se encuentre frente a una obligación imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acción, el juez deberá actuar con particular diligencia; así, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificación personal, el juez deberá acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificación que estime expeditos, oportunos y eficaces (…).
“‘La Corte ha hecho énfasis en que lo ideal es la notificación personal y en que a falta de ella y tratándose de la presentación de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados ‘por edicto publicado en un diario de amplia circulación, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitación del notificado un aviso, etc.’, y adicionalmente, valiéndose de una radiodifusora e incluso, como recurso último, mediante la designación de un curador’» (subrayado fuera del texto), (CSJ AT 018, 31 Ene 2005).
5. La circunstancia que viene de advertirse, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acción, debió producirse la mencionada notificación, toda vez que se impidió a los aludidos interesados intervenir en este particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendan hacer valer.
6. En consecuencia, se ordenará devolver el expediente a la homóloga de Casación Penal de esta Colegiatura, para que adelante nuevamente la actuación que por esta vía se invalida.
DECISIÓN
Con fundamento en lo expuesto, el suscrito Magistrado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE:
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela arriba referida, a partir del momento en que, admitida la acción, debió producirse la notificación de Rafael de Jesús Uribe Henríquez, Enisberto José Maestre Fernández, Cesar Miguel Villadiego Hernández, Edwin Ricardo Volpe Iglesias, Gloria Amparo Giraldo Ruiz, Orlando Anaya Durán, Oscar Marcelo Contreras Amaris, Gabriel Enrique Ramos Fontalvo, Nerilda Isabel Care Parra, Francisco Antonio Sanabria Muñoz, Armando Castro Barraza y Luis Carlos Tovar Vanegas; sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas en los términos del inciso 1º del artículo 146 del Código de Procedimiento Civil.
2. Devuélvase el expediente a la Sala de Casación Penal de esta Corporación para que se reponga la actuación, de conformidad con lo anotado en la parte motiva de esta providencia.
3. Comuníquese lo aquí resuelto a los interesados mediante telegrama y líbrense las demás comunicaciones pertinentes.
Notifíquese y cúmplase,
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado