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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
Magistrado ponente
STC109-2015
Radicación n.º 11001-22-03-000-2014-01646-02
(Aprobado en sesión de veintiuno de enero de dos mil quince)
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil quince (2015).
Decide la Corte la impugnación del fallo de 6 de noviembre de 2014, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que concedió la tutela de Luz Nelly Gutiérrez Vélez frente a los Juzgados Treinta y Uno Civil del Circuito y Primero Civil de Ejecución del Circuito, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura y la Fiscalía Trescientos Sesenta y Cinco Seccional, todos de esa ciudad, y Martha Sánchez Mateus, siendo vinculados el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos-Zonas Norte y Centro del mismo lugar, Agropecuaria San Cayetano S. en C., hoy Carrillanca S.A., Jorge Humberto Rojas, Carlos Alfonso Gómez Garcés, Caja Popular Cooperativa en Liquidación, Guillermo Bueno Miranda, Álvaro González Orjuela, Hernando Polanía Perdomo, Carlos Jaramillo Ramírez, Jairo Antonio Muñoz Riaño, Lorenzo Martínez Contreras, Luis Isaac Gómez Morales, Educadores Asociados Liceo de Guilford Ltda., Jairo Néstor Pardo Aguilera, Diego Francisco Niño Ramírez, Orientación Profesional y Asesorías Académicas Ltda., Tomás Carrizosa Aparicio, Lucila Rivera Ospina, Enrique Ortega Rodríguez, Claudia Álvarez Vejarano, Arda y Cía. Ltda., Germán García Restrepo, Iván Ricardo Moreno, Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, Porfirio Chaparro Alba, Carlos Julio Arias Aguilar, Marco Tulio Alvira Gutiérrez, Juan José Calixto Cely, Ricardo González Suárez, Alcira Gómez de González, Hernán José Guzmán, Central de Inversiones S.A., María Dadeiva Cifuentes de García, José Orlando Téllez Segura, Gladys María González Angarita, Jairo Néstor Pardo Aguilera, Alejandra Copete Acero, Fernando Javier García Herreros Castañeda y Delio Leonardo Toncel Gutiérrez.
I.- ANTECEDENTES
1.- Actuando en nombre propio, la promotora sostiene que le fue vulnerado el derecho al debido proceso.
2.- Afirma que es contrario a su garantía que en el juicio “hipotecario” de Arda y Cía. Ltda. frente a Orientación Profesional y Asesorías Académicas Ltda., Ricardo González y Alcira Gómez de González, los juzgados accionados omitieran poner a disposición del Cuarto Laboral de Bogotá la suma que le corresponde por el crédito que allí cobra ejecutivamente.
3.- Sustenta el libelo en los supuestos fácticos que pasan a compendiarse (folios 31 al 40):
3.1.- Que en el recaudo forzado que promovió a continuación del fallo estimatorio de su demanda ordinaria contra Orientación Profesional y Asesorías Académicas Ltda., el Juez Cuarto Laboral prosiguió la cobranza y aprobó las liquidaciones de la obligación y las costas.
3.2.- Que de conformidad con el artículo 542 del Código de Procedimiento Civil solicitó dar prelación a su acreencia dentro del pleito con garantía real, en el que en 2009 se hizo el remate y el año siguiente se aprobó.
3.3.- Que sólo después de una petición de vigilancia judicial, el Juzgado Treinta y Uno practicó la “liquidación” para prorratear su “crédito” con uno similar que reportó el Juzgado Veinte Laboral de la ciudad (22 de abril de 2013), y tras oficiar a “todas las autoridades (Fiscalías, Juzgados)” informándoles de esa actuación (26 de igual mes), la “aprobó” y dispuso remitir el monto pertinente a la oficina judicial que conoce su caso, previa conversión y, de ser necesario, fraccionamiento del título existente (23 de mayo siguiente).
3.4.- Que el 29 de julio antepasado, el despacho civil desestimó la aspiración de la abogada de Arda y Cía. Ltda. de trasladar el dinero a la Fiscalía “165”, pero mandó averiguar si esta entidad decretó alguna cautela (29 de julio de 2013), absteniéndose de convertir los depósitos como había previsto en el proveído anterior, con lo cual desconoció que ella apenas es indicada, pues, no ha recibido imputación; sin embargo, al desatar su reposición (10 de febrero de 2014), revocó la segunda parte de tal resolución y mandó enviar el expediente a sus homólogos de ejecución una vez el secretario acatara la orden pendiente.
3.5.- Que omitiendo el trámite que debía satisfacer previamente, el empleado remitió el asunto, siéndole repartido al Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de la capital de la República.
3.6.- Que sin reparar en el mandato de su predecesor, el titular de esta última oficina resolvió inquirir nuevamente al ente acusador si había algún impedimento para entregar los fondos (26 de mayo), y aduciendo que ella no conforma ninguno de los extremos procesales se abstuvo de tramitarle el remedio horizontal con que cuestionó dicho pronunciamiento, (15 de julio).
3.7.- Que las “irregularidades” indicadas no sólo tienen origen en que los juzgadores encartados no se han informado de lo que sucede, sino en que la apoderada del acreedor con garantía real, Martha Sánchez Mateus, las ha “atizado” con reiteradas reclamaciones temerarias para que no se produzca el desembolso, indicio de que ha faltado a sus deberes profesionales.
3.8.- Que por lo expuesto, requirió “vigilancias administrativas” contra los Jueces Treinta y Uno (18 de marzo de 2014) y el Primero (11 de junio), de cuyos resultados no ha sido enterado su mandatario.
3.9.- Que no cuenta con otro medio para hacer valer el activo que persigue.
4.- Aspira a que se conmine a los despachos civiles a poner a órdenes del laboral la suma a su favor; a la Sala Administrativa del Consejo Seccional que ejerza la supervisión impetrada; y a la nombrada abogada a no desplegar actos dilatorios (folio 40).
II.- RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS
El Fiscal Seccional Setenta y Nueve al que se reasignó el caso penal rechazó algunas expresiones de Luz Nelly, destacando que la falta de vinculación formal de la misma al procedimiento que se le adelanta no implica per se su ausencia de responsabilidad y obedece a la alta carga de trabajo que la entidad tiene y a su concentración en la persecución de otros ilícitos, pero que a la sazón está cumpliendo la orden de trabajo que dejó su predecesor. Informó que aquélla no asistió a la audiencia de garantías prevista para el 1º de octubre último, en la que se proponía solicitar la “suspensión del poder dispositivo”. Puso de presente que no hay pretensiones concretas que ameriten su calidad de accionada (folios 50 al 52 y 336 al 338).
El Juez Treinta y Uno informó que en seguimiento del Acuerdo PSAA 13-9984 del Consejo Superior, el 14 de marzo pasado remitió a sus homólogos de ejecución el respectivo expediente, cuyos pormenores desconoce, pues, desempeña el cargo desde el 13 de junio postrero (folio 53).
El Juzgado Cuarto Laboral hizo un recuento del juicio que conoce, manifestando que no hay fondos a su disposición (folios 74 y 75).
El Primero de Ejecución también presentó una breve reseña del pleito que ritúa y defendió su legalidad, expresando que por existir investigaciones penales no ha sido posible enviar al precitado despacho las sumas pertinentes (folios 77 y 78).
La profesional Martha Sánchez Mateus aseguró que detrás de esta tutela se encuentra está el abogado de la quejosa. Expuso que la carencia de detalles sobre la averiguación por el fraude procesal en que ésta se halla incursa deriva de que el ente acusador no está obligado a revelar las actividades que adelanta, lo que no implica que falte motivo para evitar la entrega del producto de la subasta, como a su juicio presumió el Tribunal para conceder el resguardo en la sentencia que esta Corte anuló por no estar vinculados todos los interesados, prueba de lo cual es que Luz Nelly fue llamada a la diligencia que reseñó el Fiscal, la que constituye otro mecanismo judicial de defensa, pero no asistió. Además, se encuentran pendientes otras actuaciones e incluso hay suficientes elementos para enjuiciarla penalmente (folios 339 al 341).
Central de Inversiones S.A. dijo tardíamente que no tuvo acceso al libelo por causa del paro judicial (folio 353).
III.- FALLO DEL TRIBUNAL
Después de enmendar la tramitación invalidada, otorgó la protección debido a que el Juzgado Treinta y Uno incurrió en mora injustificada, al mandar el expediente a sus pares de Ejecución trasladar sin convertir los títulos con destino al Laboral, actuación omitida cuya procedencia ya había dilucidado en varias providencias al determinar que no había investigación que vinculara a la inconforme y de acuerdo con la graduación de créditos hecha el 11 de noviembre de 2010, máxime que los recursos económicos están desde que aprobó la licitación (14 de mayo de ese año). Aseveró que el tránsito del proceso no solucionó el problema, pues, el receptor se limitó a volver sobre los aspectos que su predecesor ya había examinado. En consecuencia, encontró oportuno ordenar al primer despacho adelantar las gestiones para “recuperar” el expediente y cumplir su proveído de 14 de febrero de 2014. Complementó que resulta inane cualquier pronunciamiento en torno a la autoridad administrativa, pues, el fin del amparo era lograr lo concedido; también, evidenció que no se le hace ninguna acusación a la Fiscalía (folios 343 al 351).
IV.- LA IMPUGNACION
Martha Sánchez Mateus se dolió de que estando en cese de actividades, el a-quo fallara el auxilio y no ponderara su contestación, en especial en cuanto ésta demuestra que la promotora tiene otro medio de defensa judicial ante el juez de control de garantías, quien la citó a una audiencia a la que fue renuente a comparecer. Alegó que la orden de entrega de dineros en que aquél fundó su resolución fue emitida a instancia del memorial del profesional Ortega Rodríguez, quien no estaba reconocido allí, configurándose nulidad por indebida representación. Expresó que no se ponderó que el poder dispositivo sobre los activos en disputa recae en la Fiscalía. Indicó que hay de por medio un fraude procesal en el que están involucradas las partes del juicio laboral (folios 421 al 424).
Delio Leonardo Toncel afirmó que el asunto tiene unas connotaciones que justificaron la vinculación de otras autoridades, no sólo del Juzgado Treinta y Uno, quien tenía la potestad para realizar las inquisiciones atinentes a las actuaciones punitivas, aunque por error accedió a una reposición que no procedía contra la prueba de oficio con la que pretendió hacerlas. Destacó que sí se sigue investigación a Gutiérrez Vélez, en la que ésta fue “emplazada” ante el funcionario municipal de garantías por haber indicios serios de responsabilidad, donde podrá defenderse de manera eficaz, tal y como el Juez de Ejecución expuso en su contestación. Indicó que la promotora no probó que la denuncia que la involucra esté archivada y que el ente acusador es el que puede definir la suerte del producto de la almoneda. Adujo que habría una contradicción al estar pendiente la mentada audiencia, pero a la vez ordenarse la conversión pretendida (folios 434 al 437)
Tomás Carrizosa Aparicio reclamó ser excluido, pues, no aparece como accionante, vinculado o demandado (folio 427)
El representante legal de Agropecuaria San Cayetano S. en C., hoy Carillanca S.A., expuso que la prueba que por su propia iniciativa decretó el Juzgado Treinta y Uno para determinar la existencia del asunto penal no admitía impugnación. Resaltó que como acreedor hipotecario y víctima del ilícito en averiguación tiene tanto derecho como la accionante, de tal manera que se le debe respetar su condición. Subrayó que ésta fue llamada a la diligencia penal, pero no asistió (folios 434 al 437).
1.- La controversia se circunscribe a establecer si en el quirografario de Arda y Cía. Ltda., al que se acumuló la ejecución con garantía real de la Caja Popular Cooperativa (hoy Carillanca S.A.), frente a Orientación Profesional y Asesorías Académicas Ltda., Ricardo González y Alcira Gómez de González, los juzgados civiles quebrantaron las garantías de Luz Nelly Gutiérrez Vélez al no poner a disposición de la ejecución laboral que ésta sigue a la sociedad demandada la parte del producto del remate del bien perseguido que previamente se dispuso trasladar.
2.- Las providencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acción consagrada en el artículo 86 de la Carta Política; la excepción a esto, lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, se presenta en los eventos en los que resultan ostensiblemente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que se configure una “vía de hecho”, y bajo los presupuestos de que la persona afectada acuda dentro de un término razonable a formular la queja, y no tenga ni haya desaprovechado otros remedios ordinarios y efectivos para conjurar la lesión.
3.- Están probados los hechos relevantes que se compendian así:
3.1.- Que en el proceso civil que entonces conocía el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá se radicó el oficio el 0912 (29 de agosto de 2007), comunicando la existencia del recaudo laboral para los efectos del artículo 542 del Código de Procedimiento Civil, siendo fue tenido en cuenta el 26 del siguiente mes (folios 338 y 342, actuación original).
3.2.- Que una vez aprobado el remate del inmueble embargado y secuestrado (14 de mayo de 2010), el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de la misma ciudad al que pasó el caso recaudó las liquidaciones en firme del crédito y las costas practicadas dentro del cobro coercitivo que tramita el Cuarto Laboral del lugar (17 de noviembre siguiente), folios 513, 551, 610 al 625, 716, 718, 720 al 730 y 756 al 763 ídem.
3.3.- Que tras informar a la Fiscalía General de la Nación y a las demás autoridades interesadas en el trámite, en proveído de 23 de mayo de 2013, el despacho civil aprobó la distribución del producto y mandó poner a disposición del laboral la suma de doscientos dos millones doscientos cincuenta y cuatro mil quinientos noventa y nueve pesos ($202.254.599), previa conversión y, de ser necesario, fraccionamiento del título existente (folios 801 al 804 ibídem).
3.4.- Que el Juez Treinta y Uno desestimó la solicitud de la apoderada de la beneficiaria del gravamen hipotecario de poner a órdenes del ente acusador los dineros, por no obrar requerimiento al respecto, pero informó a las partes que no los entregaría mientras careciera de claridad al respecto (29 de julio del año pasado), folios 806 y 815 ejusdem.
3.5.- Que al resolver la solicitud del apoderado de la quejosa (10 de febrero de 2014), por advertir que no hay investigación penal que la involucre, la juez mandó cumplir lo dispuesto en proveído de 23 de mayo anterior y la posterior remisión del expediente a sus pares de ejecución (folios 821 al 823 íd.).
3.6.- Que sin haber cumplido la segunda parte del referido mandato, la secretaría envió el proceso, correspondiéndole al Juez Primero de Ejecución Civil del Circuito de Bogotá (folios 828 y 829 ib.).
3.7.- Que dicha autoridad dispuso oficiar nuevamente a la Fiscalía Trescientos Sesenta y Cinco Seccional y al Juzgado Cuarto Laboral para inquirir si había algún impedimento para la entrega de títulos (22 de mayo de 2014) y el 15 de julio posterior se abstuvo tramitar al recurso horizontal del mandatario de la libelista, por ésta no ser parte (folios 834 al 841 ídem).
3.8.- Que en el juicio laboral obra certificación expedida el 12 de mayo de 2014 por la Fiscalía Trescientos Sesenta y Cinco Seccional, en el sentido de que la denuncia de Cayetano Melo Perilla por fraude procesal contra los contendientes del pleito laboral, radicado 2007-03499, “se encuentra en etapa de indagación” (folio 831 ejusdem).
3.9.- Que el 28 de julio pasado, por orden de la precitada autoridad, la policía judicial practicó diligencia de “inspección” al expediente civil reseñado (folios 842 al 844 ibídem).
3.11.- Que por virtud del fallo del Tribunal, se encuentran a disposición del Juzgado Laboral los fondos disputados (folio 5, Corte).
4.- Se confirmará el fallo impugnado por las siguientes motivaciones:
4.1.- La jurisprudencia de la Sala ha señalado que las situaciones de “mora judicial” que abren paso a este excepcional mecanismo de protección son aquellas que carezcan de defensa y sean el resultado de un comportamiento omisivo o apático de la autoridad convocada, cuando éste no obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas.
En tal sentido se ha expuesto que
(…) la protección del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificación objetiva de su calificación entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificación, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podrá predicarse la violación del derecho al debido proceso. Se insiste, la protección efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 sept. 2008, exp. 01138-00, 5 feb. 2014, exp. 00549-01)
4.2.- En el sub-lite, la decisión del Tribunal no podía ser distinta, como quiera que desde el 23 de mayo de 2013 el Juez Treinta y Uno Civil ordenó poner a disposición del Cuarto Laboral la suma que en dicha oportunidad aprobó para satisfacer la obligación que la actora cobra ejecutivamente ante esta oficina, decisión que ratificó el 10 de febrero de 2014 y previó que la secretaría cumpliera antes de enviar el expediente a otro despacho judicial.
Sin embargo, pasados más de quince meses a partir de que la primera determinación alcanzara firmeza y cinco desde que ocurrió lo mismo con la segunda, contados hasta que se radicó la tutela (1º de septiembre de 2014), no materializó su propio mandato, sino que sin satisfacerlo dejó el asunto en manos de los juzgados de ejecución, correspondiéndole al Primero que tampoco procedió conforme a tales resoluciones.
Si bien dichas oficinas han obrado así a raíz de que supieron que la Fiscalía adelanta una investigación por la denuncia de fraude procesal contra las partes del juicio laboral, lo cierto es que esta entidad ni ninguna otra autoridad les comunicó alguna decisión para que procedieran a retener el dinero, ni sobre la vinculación formal de Luz Nelly Gutiérrez Vélez a ese asunto, lo que no podría ser distinto, pues, a la fecha no le había formulado imputación ni dispuesto alguna medida que limitara la disposición de los recursos patrimoniales, pese a que hace siete años recibió la querella.
La mera formulación de la noticia criminal y las presumibles consecuentes averiguaciones del ente acusador, por adelantadas que estén como sugiere la impugnación, no se erigen en motivos suficientes para dejar en suspenso indefinido la orden de conversión de los títulos, pues, se requieren razones jurídicas fuertes y objetivas para omitir el cumplimiento de un mandato expedido por un juez de conformidad con los elementos obrantes en el plenario y la normatividad vigente. Admitir lo contrario sería camino expedito para entorpecer cualquier actuación con la mera radicación de querella, que lógicamente hace suponer la actividad de la Fiscalía para establecer su mérito, pero que para tener una incidencia en el juicio civil precisa, en los casos de prejudicialidad, su concreción mediante una vinculación del indiciado mediante imputación (Ley 904 de 2004), y/o la orden clara y precisa que suspenda el poder dispositivo sobre los dineros.
Cabe reiterar que el litigio laboral examinado no es un asunto que surgiera intempestivamente, de tal suerte que pudiera pensarse que el acreedor hipotecario y los juzgadores civiles se vieron sorprendidos con el reclamo del producto del remate, sino que del mismo y sus incidencias tuvieron conocimiento desde 2007, cuando fue radicado el oficio proveniente del Juzgado Cuarto para efectos de la prelación del crédito.
Desde esa perspectiva, ha pasado un tiempo más que razonable para que los apelantes gestionaran ante la Fiscalía el impulso de la actuación punitiva, precisamente en la calidad de víctimas que aducen, y a instancia de ésta, si es que hay fundamento para ello, se emitiera alguna orden específica que ameritara retener las sumas en discusión.
En modo alguno la Corte desdice de los poderes de ordenación e instrucción que asisten a los funcionarios judiciales para precaver la incursión en errores, como podría ser el desembolso de sumas a quienes no tengan derecho, pero ello no puede llevar al extremo de que bajo sospechas que a pesar del tiempo no han sido corroboradas, caigan en la inacción total, siendo que en concreto ha pasado un lapso a todas luces suficiente para que las personas interesadas y las autoridades competentes las confirmaran en legal forma, si es que en verdad tienen un sustento atendible.
Entonces, lo que se reprocha es que sin un apoyo legal definido, bajo la presunción de algún principio de responsabilidad no ratificado por la declaración de una autoridad competente sobre alguna anomalía en el juicio laboral, se retengan indefinidamente unos fondos que un juez de esta especialidad ha reclamado para el pleito que tramita y que acorde con ello se ordenó enviarle.
No resulta admisible la alegación de que el “poder dispositivo” sobre el dinero recae en la Fiscalía, como coincidentemente aducen los recurrentes, no porque esta Corporación entre a terciar y sostener un criterio contrario, sino porque no obra en el juicio civil ninguna comunicación en la que dicha autoridad, si es que estimaba tener esa facultad, la hubiera ejercido. En todo caso, la diligencia penal solicitada por la Fiscalía para la “suspensión” de dicha facultad justamente indica que requiere el concurso de un juez de garantías.
Ahora, el escenario judicial de defensa que provee dicha audiencia, en la medida que la indiciada puede asistir y oponerse a las pretensiones que formule el ente acusador ante el funcionario municipal encargado de presidirla, de ninguna manera constituye un medio alternativo que torne inoperante el resguardo, como aduce la impugnación, toda vez que no enerva la mora injustificada de los jueces civiles para el traslado de los títulos una vez ordenada la misma, que es el motivo de la protección deprecada y concedida.
Entonces, sin perjuicio del deber de colaboración con la justicia penal que recae en la reclamante, en particular de asistir a las diligencias a que se le cite, para cuya efectividad incluso de manera coercitiva las autoridades competentes sin duda han tenido a su disposición herramientas a partir de que recibieron la denuncia, tal circunstancia no enerva la obligación de trasladar los recursos, conforme lo previsto.
Tampoco es de peso la alegación de que el Juez Treinta y Uno adoptó decisiones a instancia de quien no era parte en el proceso que conoce, pues, sin desconocer la intervención del abogado de Luz Nelly, es claro que los autos de aprobación de la distribución del producto del remate y puesta a disposición del despacho que los reclamó los emitió en cumplimiento de sus deberes, enterado como se hallaba por oficios originados en el Cuarto Laboral de la ejecución por salarios y prestaciones cobradas allí y del monto liquidado y en firme de los mismos. Por otra parte, obedecieron a la comprobación objetiva que aquí también se ha hecho, de que aquella no estaba vinculada a un proceso penal.
Lo manifestado no significa que ahora que por virtud del fallo del a-quo las sumas están a órdenes del juez laboral, el funcionario no deba suspender la entrega de advertir que se configuran las circunstancias para ello, de acuerdo con las normas que rigen su especialidad, máxime que esta sentencia no lo cobija, pues, la actuación aquí cuestionada y, por ende, examinada es la de los civiles sobre los que la respectiva Sala del Tribunal tenía competencia para resolver el auxilio en primera instancia y esta Sala de la Corte en segunda.
5.- En consecuencia, se respaldará el fallo impugnado.
VI.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y oportunamente remítanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
El expediente recibido en calidad de préstamo, devuélvase al juzgado de origen.
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
(Presidente de Sala)
MARGARITA CABELLO BLANCO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA