Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado Ponente
STC13766-2015
Radicación n° 66001-22-13-000-2015-00438-01
(Aprobado en sesión de siete de octubre de dos mil quince)
Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos mil quince (2015).-
Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo de 8 de septiembre de 2015, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de las acciones de amparo, acumuladas, promovidas por Javier Elías Arias Idárraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, trámite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de las acciones constitucionales a las que alude el escrito de tutela.
ANTECEDENTES
1. El promotor del amparo reclama la protección constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, al haber inadmitido la demanda de acción popular que presentó contra la sociedad Audifarma S.A., radicada bajo el No. 2015-00439.
2. En apoyo de tales pretensiones, aduce en síntesis, que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira inadmitió la acción judicial referida en líneas anteriores, al considerar que «como CIUDADANO no ten[ía] titularidad para impetrar[la] (…) [ni] poder para actuar, otorgado por parte del conglomerado que defiend[e] y menos prob[ó] ser discapacitado».
Indica que aunque contra esa determinación interpuso recurso de reposición, a través del mecanismo horizontal que formuló dentro de la acción popular con radicado No. 2015-385-00, pues solicitó «copiar [su] reposición y aportarla a cada acción popular [por él] referenciada», el Juzgado denegó tal petición por no disponer de los medios para ello, «inaplica[ndo] el art. 5 [de la] ley 472 de 1998», y dejando de lado que «est[á] frente a una acción Constitucional donde prima la celeridad, [el] impulso oficioso, [el ] derecho sustancial, [y la] economía procesal», lo que vulnera los derechos fundamentales invocados (ibídem).
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS
El Juzgado accionado y las entidades vinculadas guardaron silencio.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Juez Constitucional de primera instancia desestimó la protección invocada, por incumplir con el requisito de la subsidiaridad, pues el actor en el trámite de las acciones constitucionales cuestionadas «no interpuso recurso de reposición contra el auto que le inadmitió la demanda de acción popular (…), pudiendo hacerlo». De otro lado, estimó que «frente a la inadmisión de que fueron objeto, según afirma el demandante, salta a la vista que el presente amparo es prematuro, debido a que lo que corresponde enseguida es rechazar las demandas, y esa providencia también es susceptible del recurso de reposición, mediante el cual se le puede hacer ver a la jueza si su tesis de rechazo es equivocada, para que la corrija» (fls. 11 a 14, íd.).
LA IMPUGNACIÓN
El accionante impugnó el anterior fallo, señalando similares argumentos a los expuestos en el libelo genitor de tutela, a más de agregar, que el a quo sin fundamento legal alguno, acumuló las acciones de tutela que promovió (fl. 21, ibídem).
CONSIDERACIONES
1. Como es sabido, la acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de carácter residual y subsidiario, porque sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En tratándose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna aún más excepcional, pues sólo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervención del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneración de los derechos fundamentales.
3. Dicho lo anterior, se advierte, con vista en los elementos de juicio obrantes en estas diligencias, que la sentencia impugnada debe confirmarse, pues como recientemente lo dijo la Sala el pasado 1º de octubre en un caso de idéntica situación fáctica al que se estudia, precisamente incoado por el señor Arias Idárraga, frente a las razones que, por un lado, motivaron la inadmisión de otra acción popular, y por el otro, negaron la reproducción fotostática del escrito contentivo del recurso de reposición que interpuso dentro de la acción popular con radicado No. 2015-00385-00, con el fin de que se adosara dicho documento a las demás acciones populares que incoó ante la oficina judicial acusada, las cuales referenció en dicho memorial, dentro de las que se encuentra la debatida aquí (Rad. 2015-00439-00), el peticionario dejó de promover el recurso de reposición contra las determinaciones que cuestiona, el cual era procedente de conformidad con lo consagrado en el artículo 36 de la Ley 472 de 1998 y el inciso 3º del artículo 348 del Código de Procedimiento Civil1, incurriendo en una conducta incuriosa, generadora de la improcedencia del amparo.
Al respecto, en un caso de idénticos contornos, recientemente la Sala concluyó que:
«[E]s claro que el promotor del amparo, cuestiona que el juzgador tutelado no accediera a su solicitud de fotocopiar y anexar a cada una de las acciones populares que cursan en aquel Despacho, el escrito contentivo del recurso de reposición que presentó el 21 de agosto de 2015 contra el auto inadmisorio dictado por el fallador.
Sin embargo, olvida el peticionario que a través de auto de fecha 25 de agosto de 2015, la sede cuestionada le otorgó tres (3) días para que presentara el ejemplar del referido memorial dirigido a cada proceso o que aportara el valor de las expensas necesarias para proceder a su reproducción fotostática y transcurrido ese término, el actor guardó silencio cuando ha debido hacer uso del mismo para expresar los argumentos que por esta vía expone y/o solicitar la aplicación del amparo de pobreza si es que cumple con los requisitos para la admisión de tal figura jurídica en su caso.
Fue entonces, la propia incuria del gestor de la queja la que permitió la ejecutoria de la inadmisión de su acción popular, por lo que no puede pretender controvertir los argumentos que allí expuso el fallador para exigirle la presentación de poder para representar a la comunidad presuntamente afectada, a través de esta vía constitucional» (STC13316-2015).
4. Finalmente, de cara a la queja relacionada con la acumulaciones de las acciones constitucionales promovidas por el actor, es preciso advertir, que ello resultaba procedente en virtud de los fines del principio de la economía procesal, habida cuenta que se estructuran los supuestos previstos en artículo 3° del Decreto 1382 de 2000, precepto que aplica a este trámite excepcional.
Se arriba a la anterior conclusión, pues las diligencias se hallaban en igual etapa y, obviamente, se dirigen e involucran a las mismas autoridades, además las súplicas y los relatos que las soportan son idénticos, de modo que bien pudieron haberse acumulado en una sola petición.
5. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la sentencia controvertida por las razones expuestas en esta instancia.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
1 Frente a la negativa de las copias del recurso, por ser un hecho nuevo que se alegó con el mencionado medio de impugnación.