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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada ponente
STC1763-2015
Radicación n.° 11001-02-03-000-2015-00280-00
(Aprobado en sesión de dieciocho de febrero de dos mil quince)
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de febrero de dos mil quince (2015).
Se decide la acción de tutela instaurada por Luis Carlos Hurtado Segura frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de esta misma ciudad, extensiva a la Sala de Casación Penal de esta Corporación.
ANTECEDENTES
1. El gestor demanda la protección de los derechos fundamentales a la libertad, igualdad, defensa y «contradicción», presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas al emitir las sentencias de 14 de abril y 2 de septiembre de 2010, respectivamente, mediante las cuales fue condenado tanto en primera como en segunda instancia a purgar 96 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado.
2. Arguye, como sustento de su reclamo, en síntesis, lo siguiente:
2.1. Fue capturado el 2 de febrero de 2009, encontrándose en servicio en el CAI de la Estación de ciudad Bolívar «adscrita a la Policía Metropolitana de Bogotá» y, el día 3 de ese mismo mes y año se realizó la audiencia de «legalización de captura imputación de cargos y medida de aseguramiento», diligencia que se efectuó con los otros detenidos por los mismos hechos, asegurando la fiscalía que él «era el encargado de evadir la acción de las autoridades cuando los señores antes [mencionados] realizaban actos ilícitos».
2.2. Uno de los imputados «aceptó cargos y lo convirtieron en el testigo clave, persona que observé por primera vez el día de la audiencia de imputación de cargos, al igual que a los otros procesados«, como podrá apreciarse «en esta presunta investigación en mi contra se está hablando de más de quince (15) personas con las cuales no tengo, ni he tenido ningún vinculo, hasta el día de mi captura la cual fue producto de una fábula artificiosa de la Policía Nacional, protagonizada por el señor subintendente para la fecha…, con el auspicio del señor Fiscal…, en el momento en que me presenta con estas personas en audiencia de imputación».
2.3. Asevera que en su caso «las pruebas están mal producidas, y mal apreciadas por los falladores de instancia, ya que no se hizo una valoración integral de los elementos probatorios, que de hacerlo el resultado hubiese sido diferente», dado que las acreditaciones allegadas no demuestran su responsabilidad y, «teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de casación fue inadmitido, y no se me notificó regularmente, por lo que no me fue posible realizar recurso de insistencia, utilizo la presente acción de ya que no cuento con otro mecanismo de defensa judicial para solicitar el amparo de mis derechos fundamentales de ser juzgado conforme a la ley preexistente, esto es la 906 de 2004 en concordancia con el artículo 29 de la carta superior, y la aplicación del debido proceso (Art. 29 CN)».
2.4. Aduce que «instauré recurso extraordinario de casación el cual fue inadmitido en enero de 2014 (sic), de lo cual me enteré en diciembre de 2014».
3. Solicita, conforme lo relatado, que se revoque las sentencias cuestionadas.
4. La acción fue inicialmente formulada ante la Sala de Casación Penal, empero al advertir que había inadmitio la demanda de casación formulada por el actor, consideró que «se encuentra demandada en el presente asunto, al estar legitimada en la causa por pasiva» y, por auto de 2 de febrero de 2015 remitió por competencia el expediente a esta Sala (fls. 206 y 207).
LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS
El Magistrado Ponente de la Sala Penal de esta Corporación manifestó, en resumen, que en la decisión de 11 de diciembre de 2013, se precisó que «el escrito no solo incumplía las condiciones mínimas de claridad, concreción y debida fundamentación exigidas para su estudio de fondo, sino que existía una total ruptura conceptual entre los errores que se denunciaban y su desarrollo, y no se advertía, además, que éstos hubieran tenido existencia»; que «la pretensión del accionante, de que el juez de tutela revoque la decisión del tribunal y lo declare no responsable, resulta a todas luces inaceptable, si se toma en cuenta que la tutela no es una instancia adicional, ni un mecanismo alternativo al que pueda libremente acudirse en procura de revivir procesos clausurados, o reintentar oportunidades procesales ya finiquitadas» (fls. 225 a 227)
CONSIDERACIONES
1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es el mecanismo idóneo para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación «con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure “vía de hecho”», y bajo los presupuestos de que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que «no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo» (ver entre otras, CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00).
El concepto de vía de hecho fue fruto de una evolución jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional, en razón de la necesidad de que todo el ordenamiento jurídico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noción de «Estado Social de Derecho» y la disposición contemplada en el artículo 4 de la Carta Política. Así hoy, bajo la aceptación de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admiten por excepción la posibilidad de proteger esa afectación constitucional siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: «a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela» y, 2. Especiales: «a) Defecto orgánico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto fáctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente y h) Violación directa de la constitución» (C-590 /2005, reiterada, entre otras, SU-913 / 2009 y T-125 /2012).
2. El actor pretende que se «revoquen» las sentencias cuestionadas por incurrir los juzgadores acusados en un defecto fáctico y sustantivo.
3. Obran como pruebas, en lo concerniente con la queja constitucional, las siguientes:
3.1. Fallo de 14 de abril de 2010, mediante el cual el funcionario del circuito encartado resolvió «CONDENAR a Luis Carlos Hurtado Segura a NOVENTA Y SEIS (96) MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE DOS MIL SETECIENTOS (2.700) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, como autor responsable del delito de concierto para delinquir agravado para extorsionar y homicidio» (fls. 63 a 95).
3.2. Providencia de 2 de septiembre de 2010, emitida por el tribunal querellado, confirmando en su integridad la decisión del a quo (fls. 96 a106).
3.4. Copias de los telegramas números 29190 y 28614, enviados por la Secretaría de la Sala de Casación Penal el «18 y 13 de diciembre de 2013» al procesado (aquí accionante« y a su defensor en las direcciones registradas, notificándoles la anterior determinación (fls. 247 y 249).
4. En este orden de ideas, advierte la Corte que el amparo deprecado resulta improcedente, habida cuenta el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez, toda vez que ha trascurrido un holgado tiempo desde cuando las autoridades acusadas profirieron las resoluciones cuestionadas (sentencias condenatorias de 4 de abril y 2 de septiembre de 2010 y, auto que inadmite la demanda de casación de 11 de diciembre de 2013, respectivamente), hasta la presentación de la tutela (29 de enero de 2015), lapso superior al establecido por esta Corporación (seis meses) para suplicar la protección constitucional, lo cual desvirtúa, por sí sólo, el carácter urgente e impostergable de la salvaguarda implorada, sin que sirva de excusa la esgrimida por el actor consistente en que «el recurso de casación fue indamitido en enero de 2014, lo cual me enteré en diciembre de 2014 (sic)», por cuanto la determinación en mención fue dictada por la Sala de Casación, como quedó visto, el «11 de diciembre de 2013» y, no en la fecha que indica en el libelo de tutela, siéndole notificada oportunamente; amén que resulta claro que sabía de la existencia del proceso, luego debió estar atento al desarrollo del mismo para elevar oportunamente sus peticiones en defensa de sus intereses.
Sobre esta materia la Sala tiene dicho que:
(…) si bien no existe un término límite para el ejercicio de la acción, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protección y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentación de la acción de tutela debe realizarse dentro de un término razonable, que permita la protección inmediata del derecho fundamental a que se refiere el artículo 86 de la Carta Política’. Por lo tanto, resultará improcedente la acción de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricción tiene como finalidad preservar el carácter expedito de la tutela para la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acción u omisión de la autoridad pública. (Sentencia T-797/02 de 26 de septiembre de 2002).
(…) “Así las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostró, ni invocó siquiera, justificación de tal demora por el accionante…” (CSJ STC 2 Ago. 2007, Rad. 00188 -01, reiterada, entre otros, en CSJ STC 22 Abr. 2008, Rad. 00373 -01, 3 Sep. 2009, Rad. 00302-00, 14 Dic. 2010, Rad. 02470-01, 13 Jun. 2011, Rad. 00893-01, 16 Feb. 2012, Rad. 00006-01 y 12 Dic. 2012, Rad. 02527 -01).
5. De acuerdo con lo discurrido, no se otorgará la protección impetrada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada.
Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ