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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
Magistrado ponente
STC9855-2015
Radicación n.º 11001-02-03-000-2015-01617-00
(Aprobado en sesión de veintinueve de julio de dos mil quince).
Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil quince (2015).
Se decide la tutela instaurada por Francisco José Arias Mejía frente a la Sala Civil Familia del Tribunal de Pereira del Distrito Judicial, extensiva al Juzgado Primero Civil del Circuito, ambos de Pereira, María Eugenia Ossa Rodríguez, Luis Alberto Vélez Rincón, Eduard Leandro Vélez Ossa, Diana Isabel Ossa, Clínica Los Rosales, Seguros del Estado S.A. y Liberty Seguros S.A.
I. ANTECEDENTES
1.- Obrando en nombre propio, el actor sostiene que le fueron transgredidos los derechos al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia.
2.- Señala como contrario a sus garantías el fallo de segunda instancia que revocó el absolutorio del a quo y, en su lugar, acogió las pretensiones en el juicio de responsabilidad médica que en su contra y de la Clínica Los Rosales formularon María Eugenia Ossa Rodríguez, Luis Alberto Vélez Rincón, Eduard Leandro Vélez Ossa y Diana Isabel Ossa.
3.- Apoya el libelo en los supuestos fácticos que pasan a compendiarse (folios 86 al 99).
a.-) Que el pleito de la referencia tenía por objeto la indemnización de perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de una intervención quirúrgica realizada a María Eugenia Ossa Rodríguez el 24 de abril de 2008.
b.-) Que el juzgado dictó sentencia absolutoria, por estimar que el comportamiento profesional fue exento de culpa.
c.-) Que apelada por los desfavorecidos, con argumentos antes no debatidos, el ad quem la infirmó, condenándolo a él y absolviendo a la Clínica.
d.-) Que dicha posición va en contravía del <<acervo probatorio que demuestra que la conducta médica fue adecuada y con apego a los protocolos respectivos>>; además, se fundamentó en que <<no existe… prueba de haber cumplido con la obligación de informar a la paciente los riesgos del procedimiento y de haber obtenido un consentimiento para tal fin>>.
4.- Pide, en consecuencia, se deje sin efecto la mencionada providencia y, en su lugar, confirme la de primer grado (folio 94).
II.RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS
1.- El Tribunal de Pereira se remitió a los argumentos consignados en el pronunciamiento opugnado, porque se basó en la apreciación razonada de las pruebas conforme a la ley (fls. 114 al 116).
2.- Los demás intervinientes guardaron silencio.
III. TRÁMITE
Agotada la instrucción prosigue resolver la salvaguarda planteada.
III. CONSIDERACIONES
1.- El conflicto se centra en precisar si la autoridad querellada vulneró el <<debido proceso, defensa y el libre acceso a la administración de justicia>> invocados por Francisco José Arias Mejía, al declararlo civilmente responsable, en el litigio de responsabilidad médica que interpusieron María Eugenia Ossa Rodríguez, Luis Alberto Vélez Rincón, Eduard Leandro Vélez Ossa y Diana Isabel Ossa en contra suya y de la Clínica Los Rosales, según el gestor <<por indebida valoración probatoria>>.
2.- Las determinaciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la protección consagrada en el artículo 86 de la Carta Política; la excepción, lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, se presenta en los eventos en que resultan ostensiblemente arbitrarias, es decir, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configure una <<vía de hecho>>, y bajo los presupuestos de que el interesado acuda dentro de un término razonable a interponer la queja, y no tenga o haya desaprovechado otros remedios efectivos para conjurar la agresión alegada.
3.- Para el estudio que se realiza, está demostrado:
a.-) Que María Eugenia Ossa Rodríguez y su familia, reclamaron judicialmente de Francisco José Arias Mejía y la Clínica Los Rosales, el pago de los daños morales, estéticos y a la vida de relación por la práctica a aquella de una cirugía ortognática, llevada a cabo el 24 de abril de 2008, por falta de ética, sin explicarle los riesgos que la misma conllevaba, ni hacerle firmar el consentimiento exigido para tal evento.
b.-) Que se propusieron las excepciones denominadas:
(i)- Por Arias Mejía <<ausencia de culpa>>, << riesgo inherente a la cirugía ortognática>>, <<causa extraña>>, <<falta de legitimación por pasiva>>, <<la obligación del médico es de medios no de resultado>> y la <<genérica>>. Además, llamó en garantía a Liberty Seguros S.A., con base en la póliza de responsabilidad civil médica nº 890000.
(ii)- La Clínica Los Rosales <<inexistencia de los requisitos que configuran la responsabilidad>>, <<ausencia de responsabilidad>>, <<temeridad y mala fe de la demandada>> y la <<genérica>>. También citó a Seguros del Estado S.A., por el seguro nº 101000003.
(iii)- Liberty Seguros S.A. <<ausencia de culpa y consecuentemente responsabilidad del codemandado Francisco José Arias Mejía – interrupción del vínculo causal entre la conducta imputada y el perjuicios que se reclama – obligaciones de medio y no de resultado>>, << inexistencia de responsabilidad>>, <<inexistencia de la obligación de indemnizar – Ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil – no relación de causalidad>>, <<ausencia de relación de causalidad entre la conducta del médico… y los perjuicios alegados>>, <<inexistencia de omisiones en el procedimiento quirúrgico>>, <<Liberty Seguros S.A. no está obligad a indemnizar los perjuicios extrapatrimoniales>>, <<inexistencia de daños y perjuicios>>, <<cobro excesivo de perjuicios morales>>, <<sujeción de las partes al contrato de seguro… y a las normas legales que lo regulan>>, <<límite de amparo asegurado bajo la póliza objeto del llamamiento en garantía>>, <<falta de configuración actual del siniestro>> y la <<genérica>>.
c.-) Que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira declaró probada la <<inexistencia de culpa>>, negó las súplicas, absolvió a demandados y llamados en garantía, y le impuso costas a los vencidos (5 nov. 2013), folios 31 al 52.
d.-) Que Ossa Rodríguez y sus parientes impugnaron la resolución, aduciendo la no apreciación de la prueba con rigor científico y jurídico, que la historia clínica no reúne las exigencias de ley, y el no cumplimiento de requisitos en el <<consentimiento informado>>.
e.-) Que el superior la revocó, para en su lugar (21 may. 2015):
(i)- Exonerar de culpa a la Clínica Los Rosales, por falta de legitimación.
(ii)- Desestimar las defensas del galeno y de la aseguradora por él llamada.
(iii)- Declarar civilmente responsable a Francisco José Arias Mejía de los perjuicios morales causados, condenándolo al pago de cuatro millones de pesos ($4.000.000) a favor de María Eugenia Ossa Rodríguez, y de un millón de pesos ($1.000.000) para cada uno de los otros reclamantes.
(iv)- Lo penalizó con el cincuenta por ciento (50%) de las costas de ambas instancia.
(v)- Ordenó a Liberty Seguros S.A. reembolsar a Arias Mejía el setenta por ciento (70%) de lo que éste debe cancelar, con deducción de un millón de pesos ($1.000.000).
4.- No se acogerá la tutela por las razones que pasan a referirse:
a.-) Se ha dicho que en la tarea de administrar justicia, los funcionarios ordinarios gozan de una discreta y razonable libertad para la exégesis de la ley, motivo por el cual el fallador constitucional no puede inmiscuirse en sus decisiones, a no ser que incurran en una desviación evidente o grosera de la ley.
Así lo ha sostenido en varias ocasiones, al expresar que
“el Juez natural está dotado de discreta autonomía para interpretar las leyes, de modo que el amparo sólo se abre paso si ‘se detecta un error grosero o un yerro superlativo o mayúsculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la función judicial; en suma, cuando se presenta una vía de hecho, así denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jurídico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado …’, (CSJ STC 11 mayo 2001, exp. 0183, reiterada en STC 22 feb. 2008, exp. 2007-03702-01, STC 1° ag. 2013, exp. 01622-00, STC2446-2015, 5 mar. rad. 00392-00 y STC6984-2015, 4 jun. rad. 01127-00).
Frente a la sentencia de 21 de mayo de 2015, por medio del cual la Sala Civil Familia del Tribunal de Pereira, no acogió las excepciones del promotor, esta Corporación no encuentra vía de hecho que amerite la intervención que implora, porque expone un criterio plausible, con suficiente respaldo jurídico y probatorio.
En forma liminar, anunció que resolvería el asunto bajo la óptica de la acumulación de pretensiones: la de responsabilidad contractual respecto de María Eugenia Ossa Rodríguez y la extracontractual frente a los demás acusados.
Seguidamente, dedujo que Francisco José Arias Mejía estaba legitimado en causa pasiva, por ser el galeno que practicó los procedimientos quirúrgicos a Ossa Rodríguez, y con quien la EPS Coomeva contrató la prestación de los servicios médicos que estaba obligada a garantizar, pero que lo mismo no podía predicarse de la Clínica Los Rosales porque no se acreditó que aquél trabajara para ella, ni tampoco fue la que lo contrató para que asistiera la paciente.
En punto a la responsabilidad endilgada a Arias Mejía por Ossa Rodríguez, aseguró que la existencia de la lesión física (fractura intraoperatoria en el maxilar derecho y posterior deformidad del rostro, como consecuencia de la cirugía realizada), no fue controvertida, sino expresamente aceptada por éste al dar respuesta al libelo, y ratificada por un sin número de evidencias entre las que citó la historia clínica de María Eugenia, fotografías, dictamen pericial e interrogatorio de la contraparte.
También, el daño moral lo halló demostrado con las declaraciones de Sara Ofelia González Abadía, Miriam de Jesús Londoño Cardona, María Liliana Monsalve Correa, Cristina David Vargas Mejía, los que calificó de claros, completos y responsivos, atribuyéndoles valor probatorio idóneo, por provenir de personas que se han percatado de los hechos que narraron en razón del continuo contacto que tuvieron con la afectada y su parentela durante la época en que se practicaron los procedimientos médicos.
Sobre la culpa y el nexo causal, empezó por precisar, que <<no obra en el plenario prueba alguna de la que pueda inferirse que el citado profesional se obligó a obtener determinado resultado y sobre la demandante pesaba la carga de demostrar tal hecho, debe tenerse su obligación como de medio>>, agregando <<como la culpa no se presume, corresponde probarla a la parte demandante que reclama la reparación de perjuicios>>.
Resaltó, que de acuerdo con el escrito genitor, los perjuicios sufridos por Ossa Rodríguez se produjeron porque <<a) fue negligente la actividad del médico y b) este no le informó sobre las consecuencias desfavorables de la primera cirugía>>, concluyendo respecto del primer literal, y con apoyo en los medios de convicción, que
(…) los demandantes atribuyen responsabilidad al médico demandado por su negligencia en la prestación de los servicios médicos, pero las pruebas recaudadas no dan cuenta de hecho como ese y por el contrario, aquellas que se acaban de relacionar, permiten inferir la ausencia de culpa por el motivo que se le analiza, pues ese profesional le brindó la asistencia profesional parpa procurar su mejoría, así los resultados de las cirugías que le practicó hayan producido efectos diversos a los deseados, sin que están demostrados entonces que éste último hecho hubiese tenido como causa el descuido o la falla médica y por ende, tampoco puede considerarse la relación de causalidad entre la conducta negligente del profesional y los daños que padeció la citada señora pues las complicaciones que surgieron después de cada procedimiento no son atribuibles al galeno que la atendió y el resultado obtenido no es suficiente para presumir la culpa.
Frente al <<consentimiento informado>>, motivo de este amparo, citó previamente el artículo 15 de la Ley 23 de 1981, que prevé
<<el médico no expondrá a su paciente a riesgos injustificados. Pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensables y que puedan afectarlo física síquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible, y le explicará al paciente o a sus responsables de tales consecuencias anticipadamente>>
Luego, trascribió apartes de la sentencia de esta Corte, que en sede de casación se ocupó de la materia, señalando
(…) la omisión de la obligación de informar y obtener el consentimiento informado, hace responsable al médico, y por consiguiente, a las instituciones prestadoras del servició de salud, obligadas legalmente a verificar su estricta observancia, no sólo del quebranto de los derechos fundamentales del libre desarrollo de la personalidad, dignidad y libertad, sino de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales causados a la persona en su vida, salud e integridad sicofísica a consecuencia del tratamiento o intervención no autorizado ni consentido dentro de los parámetros legales, según los cuales, con o sin información y consentimiento informado, “la responsabilidad del médico por reacciones adversas, inmediatas o tardías, producidas por efecto del tratamiento, no irá más allá del riesgo previsto” (art. 16, Ley 23 de 1981), salvo si expone al “paciente a riesgos injustificados” (art. 15 ibídem), o actúa contra su voluntad o decisión negativa o, trata de tratamientos o procedimientos experimentales no consentidos expressis verbis, pues en tal caso, el médico asume los riesgos, vulnera la relación jurídica y existe relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño.
El consentimiento informado, es un acto dispositivo espontáneo, esencialmente revocable, singular al tratamiento o intervención específica, recepticio, de forma libre o consensual, puede acreditarse con todos los medios de prueba verbi gratia, documental, confesión, testimonios, etc, y debe ser oportuno (17 nov. 2011, exp. 1999-00533-01).
Resumió la inconformidad de María Eugenia en el asunto, indicando que lo que imputa a Arias Mejía es la falta de advertencia sobre los riesgos de la primera cirugía (ortonágtica) que efectivamente se le realizó, la que produjo una fractura del cuerpo mandibular que se corrigió intraoperatoriamente con osteosíntesis, con placa y tornillos y posteriormente, en el postoperatorio, presentó desplazamiento mandibular.
Concentrado en dicho tópico, expuso
(…) Y no puede encontrarse ese consentimiento informado en el documento preimpreso por la Clínica Los Rosales, suscrito por la citada señora y que hace parte de la historia clínica aportada por el médico demandado, en el que se lee que habiendo sido debidamente informada sobre la naturaleza y propósitos de la operación o procedimiento, posibles métodos alternativos de tratamiento, consecuencias, complicaciones y riesgos, autoriza al Dr. Francisco Arias para que le practique la osteomatía mandibular, así como las operaciones o procedimientos adicionales que a su juicio se requieran durante la misma y que firmó el mismo día en que se practicó la intervención.
En efecto, de tal documento no se evidencia quién fue la persona que advirtió a la paciente de los posibles riesgos y complicaciones de la cirugía y ha debido hacerlo el médico especialista que la practicó, pero este ni siquiera aparece suscribiéndolo. Además, como lo indicó ese profesional en el interrogatorio que absolvió, “en admisiones o antes de entrar a la cirugía o al quirófano se le entrega el consentimiento informado”, manifestación de la que no puede inferirse siquiera que lo haya hecho personalmente él. Y aunque adujo que antes de la intervención, en una de las valoraciones, le explicó el procedimiento a seguir y que a todos los pacientes se les indica el estado en que se encuentran “y de los cambios que van a suceder, sobre lo que va a pasar, cómo hacer las alteraciones, cómo va a hacer (Sic) su tiempo postoperatorio, los riesgos que este incluyen, tanto quirúrgicos como anestésicos y se propone una fecha de cirugía”, no quedó probado en el plenario que hubiese seguido ese protocolo con la señora mencionada.
Dedujo de ello que Arias Mejía no advirtió a Ossa Rodríguez sobre <<las posibles consecuencias desfavorables del primer procedimiento quirúrgico que le realizó>> y en tal forma dejó de cumplir su deber de obtener el <<consentimiento informado de la paciente>>, lo que lo hace culpable del daño causado de conformidad con la jurisprudencia trascrita.
Así las cosas, estimó reunidos los elementos de la responsabilidad civil médica, de naturaleza contractual, pero sólo por <<la ausencia del consentimiento informado>> para la primera de las cirugías que le practicó a María Eugenia Ossa Rodríguez, al igual que los de la extracontractual cuya declaración invocaron los demás accionantes, pues el menoscabo que padeció su esposa y madre, de manera indirecta debió afectarlos.
Sin necesidad de que la Corte haga propios los argumentos expuestos por la Corporación querellada, a los mismos no se les puede atribuir defecto sustantivo o probatorio, toda vez que fueron fruto de una hermenéutica jurídica respetable, lo cual significa que el simple descontento del quejoso no los descalifica ni los convierte en absurdos y con entidad suficiente para configurar una vía de hecho, “…pues para llegar a este estado se requiere que la determinación judicial sea el resultado de una actuación subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jurídica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales…” (CSJ STC, 1º ag. 2014, exp. 01269-01 reiterada en STC- 2015, 25 jun. rad. 01290-00).
b.-) Reiteradamente se ha recalcado que la acción de tutela no es el instrumento adecuado para recriminar la apreciación de los medios de convicción hecha por los juzgadores de instancia, dado que ese es el escenario en el que con mayor énfasis registra el principio constitucional de la autonomía judicial.
En el presente caso, las alegaciones del inconforme relacionadas con la valoración de las pruebas, que llevarían a una conclusión diferente, no son suficientes para el fin que persigue, como quiera que el auxilio no es una tercera instancia para realizar la ponderación desde otra perspectiva. Así lo ha dicho la Sala
(…) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoración de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera más certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la vía de hecho solamente puede tener una aplicación en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que sólo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jurídico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoración probatoria por fuera de las reglas básicas de realización, práctica y apreciación, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisión (STC3479-2015, 26 mar. rad. 00602-00, STC-2015, 4 jun. rad. 01141-00, STC-2015, 18 jun. rad. 01277-00 y STC-2015, 8 jul. rad. 01464-00).
5.- Por consiguiente, se desestimará el auxilio solicitado.
V.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA el resguardo reclamado.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y de no ser impugnado el fallo, oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ