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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

STC783-2016

“(…) que tiene una doble connotación –derecho constitucional fundamental y servicio público-. En tal sentido, todas las personas [pueden] acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (…)”1.

Esta garantía no solo incluye la física sino también la mental pues el artículo 47 de la Carta, que exige del Estado el desarrollo de una “política de previsión y rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (…)”, garantiza la promoción y ejecución de medidas en beneficio de grupos discriminados o marginados como es el caso de las personas que, por circunstancias económicas, físicas y mentales, se encuentran en estado de debilidad manifiesta.

La salud mental en el ámbito internacional ha evolucionado en pro de su protección; es así que en la Observación N° 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hizo mención a ella2; también en el párrafo 1° del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales3.

El consumo, abuso o adicción de sustancias psicoactivas ha sido reconocida, en el ámbito nacional e internacional, como una problemática social e individual que se deriva de las enfermedades de tipo mental. En este sentido la Organización Mundial de la Salud reconoció que “los trastornos mentales se encuadran en un abanico más amplio que incluye los trastornos neurológicos y los derivados del consumo de sustancias, que son asimismo una causa importante de discapacidad y exigen una respuesta coordinada del sector de la salud y el sector social”4.

En Colombia su regulación inició mediante la promulgación de la Ley 1122 de 2007 al incluir dentro del Plan de Salud Pública todas aquellas acciones orientadas a la promoción de salud mental, entre ellas, las correspondientes a tratamientos de trastornos de mayor prevalencia, a la prevención de la violencia, al maltrato, a la drogadicción y el suicidio (artículo 33 –literal k-).

Luego en el Decreto 3039 de 2007 el Ministerio de Protección Social adoptó un Plan Nacional de Salud Pública, cuyo objetivo consistió en la implementación de planes territoriales a la política nacional de salud mental y de reducción del consumo de sustancias en un 100%. Precepto legal donde además se establecieron como estrategias: (i) la promoción de la salud y la calidad de vida; (ii) la prevención de los riesgos y recuperación; (iii) la superación de los daños en la salud; y (iv) la vigilancia en salud y gestión del conocimiento.

Posteriormente el Gobierno Nacional reguló en la Ley 1306 de 2009 lo correspondiente al ámbito de protección para aquellas personas que padecían de discapacidades mentales, en el sentido de que “ningún individuo puede ser privado de su derecho a recibir tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, adiestramiento, educación y rehabilitación física o psicológica, proporcionales a su nivel de deficiencia, a efecto de que puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida (…)”.

A través de la Ley 1616 de 2013 se dio concreción a la protección de los sujetos que padecen de trastornos mentales, en el sentido de que el Estado a través del Sistema General en Salud garantiza la promoción, prevención y atención integral, la cual incluye un diagnóstico, un tratamiento y una rehabilitación (artículo 4°).

Ordenó a los entes territoriales y a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios la disposición de una red integral de prestación de servicios de salud mental pública y privada, en la que involucraran las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (artículos 12 y 13).

En el artículo 24 del Acuerdo 029 de 2011 se incluyó dentro del Plan Obligatorio de Salud la internación de aquellas personas que por su enfermedad mental colocaran en peligro la vida o integridad propia, de sus familiares o de la comunidad.

Dicha protección fue reiterada por el Ministerio de Salud y Protección Social, al expedir la Resolución 5521 de diciembre de 2013, por la cual define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud (POS) establecido en el acuerdo antes citado. En su artículo 121 y 123 reguló lo correspondiente a los tratamientos e internación en salud mental para las personas de 14 años a menores de 185.

Es precisamente en este marco legal como la jurisprudencia constitucional ha reconocido, de manera pacífica, el carácter iusfundamental independiente del derecho a la salud de las personas con discapacidades mentales, denominado concretamente derecho a la salud mental.

Lo anterior, por cuanto el carácter fundamental de ciertas prestaciones de salud de personas que se encuentran en condiciones de debilidad física o mental, tiene como sustento la necesidad de garantizar el principio de la dignidad humana que es una de las bases más importantes del modelo de Estado Social de Derecho y el presupuesto del carácter fundamental de los derechos6.

En este orden de ideas, las personas que padecen de farmacodependencia son concebidas, por el marco legal y la jurisprudencia, como sujetos de especial protección constitucional que ponen en riesgo su integridad personal, familiar y la social, por lo cual el Estado debe una atención especial mediante el Sistema General de Seguridad Social en Salud7, particularmente a través de las E.P.S. o E.P.S-S. No obstante, dicha auxilio no es absoluto pues debe mediar una orden del médico tratante o médico privado y la preservación del consentimiento de las personas que se sometan a estos tratamientos de rehabilitación8.

2.Descendiendo al presente asunto, se observa que el Tribunal acertó al acceder parcialmente al amparo y ordenar a la “Dirección de Sanidad de la Policía Nacional” autorizar la internación del menor de edad en un centro de rehabilitación idóneo para el manejo de los trastornos mentales que padece por el consumo de sustancias psicoactivas “(…) hasta tanto una valoración médica practicada directamente al paciente determine lo contrario (…)”, pues de la documental arrimada se aprecia que las circunstancias que indujeron al médico psiquiatra a disponer tal medida no han variado.

En efecto, si bien el 18 de noviembre de 2015 el grupo multidisciplinario integrado por un médico psiquiatra, una terapeuta ocupacional, un médico general y una psicóloga evaluaron la totalidad de la historia clínica del paciente concluyó que “[n]o se considera que en la actualidad [el paciente] requiera internación por salud mental en centro de rehabilitación en drogodependencias ya que se considera que su ‘deterioro mental’ no está asociado a ‘falta de tratamiento’(…)” (fls. 112 a 115 c-1), se observa que ningún hecho nuevo o sobreviniente distinto de los apreciados inicialmente por el galeno tratante los llevó a plasmar tal concepto. Ellos mismos sostienen que se arribó a tal inferencia analizando lo consignado en las historias clínicas del paciente, las mismas que estudió el psiquiatra tratante para disponer la internación; entonces, si la situación de salud mental del menor continúa intacta, no ha variado en beneficio suyo por haber ocurrido particularidades nuevas, el primer dictamen no puede colocarse en tela de juicio ni puede dársele mayor crédito o valoración a la elaborada últimamente solo por el hecho de haber sido realizada por un equipo interdisciplinario.

3.Resulta desatinada la orden referente a otorgarle a la querellante la atención integral deprecada para su hijo, pues como la misma impugnante lo precisó y así lo reconoció en su libelo, no se ha negado el servicio que ha requerido ni los medicamentos prescritos, en todas las crisis que ha padecido el afiliado ha sido atendido por urgencias y remitido a centro de reposo donde ha permanecido por varios días hasta que recupera el buen juicio, cuestión que impide acceder al resguardo en los términos del a quo constitucional.

Sobre lo expresado, esta Corte en un asunto análogo señaló:

“(…) En lo que atañe al tratamiento integral (…), se advierte la ausencia de prueba relativa a la prescripción médica de tal atención, y menos, que la entidad denunciada la esté negando, lo cual le imposibilita a la Corte pronunciarse al respecto, por cuanto la salvaguarda fue concebida para proteger el quebranto o amenaza de garantías fundamentales, circunstancia no predicable en el puntual tópico (…)”.

“Al respecto, ha indicado la Sala:

“(…) [L]a atención idónea y oportuna, los tratamientos médicos, la entrega de medicamentos, las cirugías, etc., tiene protección reforzada y por lo mismo se pueden reclamar por vía de tutela (…)”9.

“Empero, ha sido enfática en expresar:

“(…) [L]a protección de los servicios de salud hace relación con aquellos prescritos por su médico tratante, precisándose que tal garantía constitucional no puede ser obstaculizada, ni siquiera en aquellos eventos en que el medicamento o procedimiento solicitado no esté incluido en el plan obligatorio de salud (…), basta iterar lo dicho en párrafos precedentes, en que se trata la salud de un derecho fundamental, autónomo y de protección inmediata (…)”10, subraya la Corte (…)”11.

4.Finalmente, se desestima la pretensión de la acusada orientada a permitir el recobro del costo de la internación al Fosyga, porque conforme al criterio de esta Corporación

“(…) la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional es un organismo que pertenece al Sistema Especial de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía, regulado por la Ley 352 de 1997 y el Decreto 1795 de 2000, mientras que el Fondo de Solidaridad y Garantía fue creado por la Ley 100 de 1993 (arts. 218 y ss.) como una cuenta especial adscrita al Ministerio de Salud, hoy Ministerio de la Protección Social, cuya función principal es la de administrar y distribuir entre los afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud (art. 155) los recursos destinados, entre otras, a la subcuenta de solidaridad del régimen de subsidios en salud, de manera que no siendo aplicable esta ley a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, por disposición expresa de su artículo 279, lo mismo debe acontecer con la normatividad reguladora del FOSYGA, por la potísima razón de que su sistema de salud está regido por un régimen especial, dentro del cual no figura precepto alguno que autorice el recobro a esa cuenta del medicamento entregado por la entidad accionada (…)”12.

5.En consecuencia, se reformará la sentencia impugnada en cuanto revoca la concesión del tratamiento integral concedido al gestor y se confirmará en lo restante.

3.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCA la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada únicamente en lo atinente al tratamiento integral; en consecuencia, se CONFIRMA en lo demás.

SEGUNDO: Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados y remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Presidente de Sala

MARGARITA CABELLO BLANCO

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA