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ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado ponente
ATC5543-2016
Radicación n.° 25000-22-13-000-2016-00116-03
(Aprobado en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis)
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciséis (2016).
Se decide el grado jurisdiccional de consulta, respecto de la providencia dictada el doce de agosto de dos mil dieciséis por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
1. Diva Nidia Hernández Hernández en el año 2010 formuló demanda ordinaria de pertenencia contra los herederos indeterminados de Flavio o Flaviano Hernández Moreno y Anatilde Hernández de Hernández y personas indeterminadas con miras a que fuera declarada la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio de los predios ubicados en la calle 3 No. 1-40/42 identificado con matrícula inmobiliaria 152-28977 y en la carrera 2 No. 3 – 02/12 con matrícula 152-21962 de Fosca – Cundinamarca.
2. El asunto le correspondió al Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza, autoridad que emitió sentencia el 9 de diciembre de 2011 en la que negó la pretensiones al considerar que la parte activa no demostró que hubiera poseído de manera única, exclusiva y excluyente, pues detentó el bien raíz en nombre de la sucesión de Flavio o Flaviano Hernández Moreno y Anatilde Hernández de Hernández.
3. El Tribunal Superior de Cundinamarca el 23 de agosto de 2012, confirmó la decisión adoptada en atención a que el extremo demandante no acreditó su condición de poseedora exclusiva.
4. Posteriormente en el año 2014, Diva Nidia Hernández Hernández nuevamente promovió demanda contra los herederos indeterminados y personas indeterminadas de los referidos causantes con el fin de obtener la titulación de la posesión material de los aludidos inmuebles.
5. El proceso le correspondió al Juzgado Promiscuo Municipal de Fosca, autoridad que admitió la demanda y dispuso tramitarla conforme a la Ley 1561 de 2012.
7. En desacuerdo con la decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación.
8. La impugnación le correspondió al Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza, que el primero de marzo de 2016 revocó parcialmente el fallo en el sentido de negar las pretensiones respecto al bien ubicado en la carrera 2 No. 3 -02/12 con matrícula inmobiliaria No. 152-21962 por tratarse de un bien imprescriptible y confirmó en lo demás.
9. Inconformes con la decisión, Diva Nidia y Jairo Danilo Villalba Hernández instauraron acción de tutela contra el Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza, por considerar quebrantados sus derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia por emitir decisión de segunda instancia sin tener en cuenta el precedente judicial contenido en la providencia dictada el 23 de agosto de 2012 por el Tribunal Superior de Cundinamarca en un proceso de pertenencia anterior adelantado por las mismas partes.
10. El conocimiento de dicho trámite correspondió a la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, que en sentencia de 20 de junio de 2016, tuteló los derechos invocados y por consiguiente declaró sin valor ni efecto lo actuado desde el fallo de segunda instancia para que en el término de diez días hábiles contados a partir de la notificación se pronuncie nuevamente sobre el recurso de apelación por cuanto omitió examinar el asunto referente a la intervención de la calidad de tenedora de los inmuebles pretendidos en nombre de la comunidad herencial a poseedora por parte de la demandante. [Folios 1-9, c. Tribunal]
11. La anterior determinación fue confirmada por esta Corporación el 4 de agosto de 2016. [Folios 119-125, c.1]
12. Mediante proveído fechado 12 de julio siguiente, el despacho accionado emitió una nueva determinación confirmando parcialmente en cuanto al bien identificado con matrícula inmobiliaria No. 152-28977 y revocando en torno con el inmueble distinguido con el No. 152-21962 por tratarse de un predio imprescriptible. [Folios 51-75, c.1]
13. Los reclamantes promovieron incidente de desacato, pues a su juicio el fallo de tutela no fue acatado, por cuanto el accionado no dictó cabalmente la nueva sentencia conforme las consideraciones del juez constitucional. [Folios 77-80, c.1]
II. El trámite del incidente
1. En proveído de fecha primero de agosto de 2016 se dio apertura al incidente de desacato y se requirió a la autoridad accionada para que en el término de un día, informara sobre el cumplimiento a la orden de tutela impartida. [Folio 82, c.1]
2. Dentro de la oportunidad concedida, la juez Civil del Circuito de Cáqueza – Cundinamarca solicitó el archivo de la actuación tras considerar que con la decisión adoptada el 12 de julio de 2016 se dio cumplimiento a lo ordenado en el fallo constitucional. [Folios 97-102, c.1]
3. Mediante decisión fechada 4 de agosto siguiente, la Corporación tuvo como prueba la actuación surtida por el juzgado demandado y prescindió de la etapa probatoria. [Folio 104, c.1]
4. El 12 de agosto de 2016, el Tribunal resolvió imponer sanción por desacato a la doctora Alba Rocío Ávila Ávila en calidad de Juez Civil del Circuito de Cáqueza – Cundinamarca consistente en dos días de arresto y multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras estimar que no acató el mandato impartido en la sentencia, así mismo, a efectos de surtir la consulta de tal determinación, dispuso enviar el expediente a la Corte. [Folios 126-132, c. Tribunal]
III. CONSIDERACIONES
1. La sentencia que se profiere en virtud de una acción de tutela no sólo goza de plena fuerza vinculante, propia de toda decisión judicial, sino que, al encontrar fundamento directo en la Constitución Política que la instituyó de modo específico para la guarda y protección de los derechos fundamentales, reclama la aplicación urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo a partir de su notificación, la responsabilidad del destinatario de ese mandato judicial, so pena de incurrir en las sanciones previstas en la ley.
Por su especial carácter, al juez que conoce del desacato no le es lícito volver sobre las valoraciones que fueron objeto de debate en el trámite constitucional, pues reviviría una controversia concluida, de ahí que su actuación se encuentre delimitada por la parte resolutiva de la decisión que se acusa incumplida, limitación con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden de protección, su contenido y el término otorgado para su cumplimiento.
Tras esa verificación inicial, es deber del juzgador ocuparse no solo del aspecto objetivo, cual es el hecho del incumplimiento del fallo de tutela, sino también del factor subjetivo, dado que la desatención que se censura es aquella que proviene de una actitud consciente y voluntaria de parte de quien debía cumplir la orden de protección, de modo que se impone atender elementos propios de un régimen sancionatorio, como lo atinente a la culpa con que haya actuado el funcionario, su intención de desobedecer y las posibles circunstancias de justificación. Establecida la infracción, tendrá que determinarse si ésta fue total o parcial, así como las razones por las cuales se produjo, con el fin de definir las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho.
Como lo ha comprendido la jurisprudencia, el desacato «(…) supone una responsabilidad subjetiva del trasgresor, en la medida que es imperativo apreciar, no solo el incumplimiento, sino, también, las condiciones en las que éste se produjo, vale decir, el descuido o negligencia que le sean imputables, a través de juicios valorativos que den cuenta de su ánimo rebelde».1
2. De acuerdo con las premisas que anteceden, está autorizada legalmente la imposición de sanciones cuando quien está llamado a cumplir la orden que se le imparte, no acata tal mandato en la forma y término señalados por el juez de tutela. Empero, esa desatención debe estar plenamente demostrada, de forma tal que subjetivamente el sujeto destinatario de la acción haya desobedecido por capricho, incuria, negligencia o por otra cualquiera razón semejante que revele su falta de disposición para atender lo resuelto en el amparo.
A efectos de establecer si en el asunto la incidentada incurrió en el desacato que se le censura y como quiera que el alcance de la orden de protección constitucional constituye la base para valorar si el receptor de ese mandato ha entrado en franca rebeldía con lo decidido, es preciso remitirse a la sentencia de tutela.
En aquella decisión, se ordenó al Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza – Cundinamarca, dentro del plazo allí señalado, «vuelva a pronunciarse sobre el recurso de apelación, teniendo cuenta las consideraciones y los apartes jurisprudenciales anotados en la parte motiva…» por cuanto omitió adelantar toda averiguación probatoria necesaria a fin de determinar cuándo mudó el título de la parte demandante de administradora de la herencia a poseedora común, ni tampoco efectuó inspección acerca de esa posesión de comunero en la herencia referida en la actuación. [Folios 1-9, c. Tribunal]
Ahora bien, en el escrito incidental presentado el 25 de julio de 2016, la inconformidad de los incidentantes se circunscribe a que el demandado emitió un nuevo fallo pero desobedeció lo ordenado por el juez constitucional pues hizo «esguince a lo planteado y ordenado…llegando para ello a citar apartes de consideraciones del Honorable Tribunal Superior de Cundinamarca, apartes a los cuales les da un alcance producto de apreciación subjetiva – que no objetiva- con lo que pretende justificar su desobediente conducta» [Folios 77-80, c. Tribunal]
No obstante, se observa que después de emitida la sentencia sancionatoria por desacato a la orden de tutela, la funcionaria incidentada allega el proveído fechado 22 de agosto de 2016 en el que emite una nueva decisión revocando en su integridad la sentencia proferida en primera instancia tras considerar que:
«Tal y como lo dispuso el Señor Juez Constitucional, los actos descritos por los aludidos testigos como en ejercicio de la posesión de parte de la señora demandante en la calidad invocada en el escrito de la demanda, no pueden ser considerados tales, por cuanto la señora DIVA NIDIA HERNANDEZ entró al inmueble en litigio en calidad de heredera, es decir, mera tenedora, así debe entenderse que se mantiene y ahora no se le puede tener como poseedora propietaria. En consecuencia, siendo tal presupuesto indispensable para la prosperidad de las pretensiones de la demanda, al estar desprovista de prueba, no queda otro camino que negar las pretensiones de la demanda en relación con este inmueble, situación que lleva a revocar en su integridad la sentencia impugnada.». [Folios 6-22, c.1]
Así las cosas, ante una situación como la registrada, esto es, cuando «el accionado aun cuando extemporáneamente, acató el referido fallo», esta Corporación debe imponer la misma solución dispuesta en otras oportunidades para casos de similares características al que ahora se analiza, vale decir, que «dejará sin efectos la sanciones que le fueron impuestas por el juzgado, pues el fin perseguido con el trámite del desacato ya se cumplió».
Sobre dicho tema, la Corporación ha sostenido:
«como el accionante aun cuando extemporáneamente, acató el referido fallo, la Corte dejará sin efectos la sanciones que le fueron impuestas por el juzgado, pues el fin perseguido con el trámite del desacato ya se cumplió. (…) Cabe acotar, que la Corte Constitucional sobre el tema ha precisado que ‘(…) se puede deducir que la finalidad del incidente de desacato no es la imposición de la sanción en sí misma, sino la sanción como una de las formas de búsqueda del cumplimiento de la sentencia. Al ser así, el accionante que inicia el incidente de desacato se ve afectado con las resultas del incidente puesto que éste es un medio para que se cumpla el fallo que lo favoreció. (…) la imposición o no de una sanción dentro del incidente puede implicar que el accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción, deberá acatar la sentencia. (…) En caso de que se haya adelantado todo el trámite y resuelto sancionar por desacato, para que la sanción no se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá evitar ser sancionado acatando. Al contrario, si el accionado no acepta la existencia de desacato y el juez, por incorrecta apreciación fáctica, determina que éste no existió, se desdibujará uno de los medios de persuasión con el que contaba el accionado para que se respetara su derecho fundamental. Al tener un carácter persuasivo, el incidente de desacato sí puede influir en la efectiva protección de los derechos fundamentales del accionante y en esa medida existiría legitimación para pedir la garantía del debido proceso a través de tutela. (sentencia T-421 de 23 de mayo de 2003). (CSJ STC 30 ene. 2014, rad. 00115-00, reiterado en STC 25. Jun. 2013, rad. 01339-00).
En este orden de ideas, y como quiera que constituye la finalidad del incidente de desacato la eficacia de las órdenes proferidas tendientes a proteger el derecho fundamental reclamado por los actores, considera la Corte que en las actuales circunstancias no resulta justificada la sanción impuesta, por lo que se dejará sin efecto las sanciones ordenadas a la doctora Alba Rocío Ávila Ávila en calidad de Juez Civil del Circuito de Cáqueza – Cundinamarca, mediante proveído fechado 12 de agosto de 2016.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, DEJA SIN EFECTO las sanciones impuestas a la doctora Alba Rocío Ávila Ávila en calidad de Juez Civil del Circuito de Cáqueza – Cundinamarca, mediante proveído fechado 12 de agosto de 2016.
Por secretaría, devuélvase la actuación surtida al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, para que integre el expediente. Ofíciese.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a los interesados.
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 Auto de 14 de septiembre de 2009. M.P. Dr. Pedro Octavio Munar Cadena, exp. 01417-00.