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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado ponente
STC1204-2017
Radicación n.° 66001-22-13-000-2016-01128-01
(Aprobado en sesión de primero de febrero de dos mil diecisiete)
Bogotá, D. C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).
Decídese la impugnación interpuesta frente a la sentencia de 15 de diciembre de 2016, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por Javier Elías Arias Idárraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, trámite al cual se vinculó a la Alcaldía y Personería Municipales de esa localidad, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, con ocasión de las acciones populares impulsadas por el aquí actor a el Centro de Servicios Crediticios, sucursal Zipaquirá y Neiva radicadas bajo los números 2016-00394 y 2016-00395, respectivamente.
1. ANTECEDENTES
1. El gestor suplica la protección de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por la autoridad accionada.
2. Como sustento de su inconformidad señala, en síntesis, que el estrado convocado rechazó las memoradas acciones populares por no cumplir el “(…) requisito de aportar el certificado de existencia y representación legal de la entidad accionada, sin embargo, dicha exigencia no la contempla el art. 18 de la Ley 472 de 1998 (…)”.
3. Pide, en concreto, (i) ordenar la admisión de las demandas en los mentados pleitos; (ii) se allegue “(…) un listado de todas las acciones populares donde se [le] han exigido requisitos inexistentes (…)”; y (iii) requerir a la Corte Constitucional y al delegado del Ministerio Público para que se manifiesten “(…) acerca de la legalidad (…)” de los “rechazos» objeto de este resguardo.
a. El estrado convocado allegó copias en medio magnético de los litigios en discordia, sin pronunciarse frente a los hechos soporte del auxilio (fls. 10 a 11).
b. La Alcaldía Municipal de Pereira, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, exigió su desvinculación y aludió al principio de autonomía judicial como sustento para denegar las actuales pretensiones del quejoso (fls. 12 a 15).
1. La sentencia impugnada
El juez constitucional de primer grado, negó el amparo, al estimar que “(…) el accionante pretermitió agotar el recurso de reposición (…) frente a los proveídos que rechazaron la acciones populares, cuando ese era el mecanismo ordinario y expedito que tenía para procurar que el estrado judicial accionado reconsiderara aquella determinación (…)” (fls. 24 a 30).
1.3. La impugnación
La formuló el promotor sin argumentar la inconformidad (fl. 33).
1. CONSIDERACIONES
1. El gestor censura los proveídos de 17 de noviembre de 2016, a través los cuales se “rechazaron” los libelos demandatorios de las mentadas acciones populares.
2. Se negará el auxilio por la desatención del principio de subsidiariedad, teniendo en cuenta que el querellante no utilizó los instrumentos a su alcance para atacar las providencias ahora reprochadas. En efecto, aun cuando los “rechazo[s] de la[s] demanda[s]” por no haberse subsanado conforme lo ordenó el juez instructor, eran susceptibles de impugnar mediante el recurso de reposición procedente a voces de lo establecido en el artículo 361 de la Ley 472 de 1998, herramienta de la cual el interesado no hizo uso2, e idónea, conforme lo ha señalado esta Sala al exponer:
“(…) Y, no se diga que el recurso de reposición es ineficaz porque el funcionario que emitió el proveído recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondría en entredicho sería la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variaría su decisión, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que animó al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinación y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, propósito que, aparte de acompasar con los principios de economía y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicción de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en única instancia (…)”3.
No es dable acudir a esta acción excepcional para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa al interior del proceso.
En lo concerniente al citado requisito, esta Colegiatura ha adoctrinado:
“(…) [L]a accionante (…), no cuestionó la decisión adoptada por la funcionaria judicial acusada, (…) a través del recurso (…) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acción debido a su carácter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepción esto es, de afectación y peligro para los atributos básicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a través de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acreditó que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condición (…)”4.
3. Sobre la solicitud dirigida a que se emita un listado de las acciones populares promovidas por el señor Arias Idárraga “(…) donde se [le] han exigido requisitos inexistentes (…)”, se advierte que además de responder tal apreciación a la opinión del tutelante, éste puede efectuar dicho pedimento directamente ante las oficinas judiciales correspondientes, o en su defecto, consultar tal información en el portal web de la Rama Judicial (www.ramajudicial.gov.co), pues como bien se sabe, las demandas que ingresan a los juzgados se encuentran radicadas en el sistema de Gestión Siglo XXI.
4. Finalmente, en cuanto a la reclamación relativa a requerir a la Corte Constitucional y al Ministerio Público para que se pronuncien sobre la legalidad de los rechazos de los libelos incoados por el gestor en los casos fustigados, se le pone de presente al interesado que esa pretensión desborda los límites de este mecanismo extraordinario, el cual está previsto, concretamente, para establecer la vulneración o amenaza de garantías fundamentales y adoptar las determinaciones del caso, conforme al artículo 86 de la Constitución Política.
7. Por los argumentos anteriores, el amparo deprecado será desestimado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia.
SEGUNDO: Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 “Recursos de Reposición. Contra los autos dictados durante el trámite de la Acción Popular procede el recursos de reposición, el cual será interpuesto en los términos del Código de Procedimiento Civil.”
2 Las diligencias arrimadas en medio magnético, dan cuenta que los autos que ordenaron los rechazos de las demandas, fueron notificados por estado, sin que el accionante haya interpuesto recursos en el término de ejecutoria.
3 CSJ STC, de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo año, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00.
4 CSJ. STC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente.
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