ATC569-2020

ATC569-2020
Radicación n.° 05001-22-03-000-2020-00182 – 01 (Aprobado en sesión virtual de veintidós de julio de dos mil veinte)

Bogotá, D. C., veintidós (22) de julio de dos mil veinte (2020)

Sería del caso decidir la impugnación interpuesta frente a la sentencia proferida el 12 de junio de 2020, mediante la cual la Sala Segunda Civil de Decisión del Tribunal Superior de Medellín negó la acción de tutela instaurada por Francisco Alberto Montoya Callejas contra el Presidente de la República y el Ministro de Salud y Protección Social. No obstante, en la actuación surtida se advierte una causal de nulidad que afecta la actividad desplegada, como a continuación se procede a explicar.

1. ANTECEDENTES

1. El tutelante implora la protección de las prerrogativas a la “dignidad humana”, salud mental, libertad, salud física, igualdad y “derechos de las personas de la tercera edad”, presuntamente transgredidas por las autoridades convocadas.
2. Como sustento de su inconformidad, manifiesta que la nueva medida de “confinación preventiva inteligente”, impuesta por la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud y Protección Social, no es equitativa al situarlo, por la edad, en un grupo de personas que sólo pueden salir tres veces por semana durante media hora para hacer ejercicio y disfrutar del aire libre.

Afirma ser “un profesional de la química, fotografía y docencia universitaria” a quien la pandemia ha dejado cesante y confinado en su apartamento, condenado por el gobierno a “un peligroso sedentarismo”.

Aduce que la “medida exorbitante de confinamiento”, adoptada respecto a los mayores de 70 años, les suprime, tajantemente, el derecho a participar de la vida social, en condiciones iguales a las del resto de la población, lo cual se aleja bastante de los principios de un Estado Social de Derecho.

3. Pide, en concreto, revocar el Decreto 749 de 28 de mayo de 2020, expedido por el Ministerio del Interior y en su reemplazo “autorizar a las personas mayores de 70 años a disfrutar de los mismos derechos de los ciudadanos de 18 a 69 años”.

4. El 1 de junio de 2020, el Juzgado Trece Penal del Circuito de Medellín, mediante auto interlocutorio 047, manifestó no tener competencia para conocer sobre el asunto; en consecuencia, ordenó remitir las diligencias al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

5. Mediante providencia de 4 de junio de 2020, la Sala Civil de la mencionada Corporación, admitió el resguardo y dispuso comunicar la actuación a los sujetos interesados.

6. El tribunal a-quo negó el amparo al considerar lo siguiente:

“(…) nuestro máximo órgano constitucional, es el que determina sobre la constitucionalidad de los decretos expedidos por el Gobierno, relacionados con la intención de superar la crisis, control al que puede acudir al actor, para argüir la vulneración de los derechos que alega como vulnerados (…)”.

Indicó que la acción de tutela es improcedente para revocar decretos legislativos dictados por el Presidente en uso de las facultades señaladas en el artículo 215 de la Constitución Política, toda vez que, para su revisión, el legislador estableció un procedimiento, preceptuado en el parágrafo del aludido canon.

7. El querellante presentó impugnación, la cual le fue concedida para que fuera desatada por esta Sala.

2. CONSIDERACIONES

1. Del examen del caso planteado, se colige la ausencia de competencia de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, para desatar el resguardo incoado por Francisco Alberto Montoya Callejas frente al Presidente de la República y el Ministro de Salud y Protección Social, pues, en realidad, el reparo no se dirige a estos funcionarios, en tal condición, sino contra las entidades públicas por ellos dirigidas, pertenecientes al Gobierno Nacional.

2. Revisada la queja, se observa que la misma se orienta a censurar el Decreto 749 de 2020, del Ministerio del Interior “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”, por cuanto, según el solicitante, la medida adoptada respecto a los mayores de 70 años, les suprime, tajantemente, el derecho a participar de la vida social en condiciones iguales a las del resto de la población.

3. La acción de tutela como trámite judicial de defensa de las prerrogativas esenciales, no obstante estar caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas del referido derecho fundamental, dentro de las cuales se contempla que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, tal como lo disponen los cánones 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1983 de 2017.

4. Bajo ese supuesto, advierte la Corte, en el presente caso, el reclamo no compromete de manera directa una actuación específica del Presidente de la República, en virtud de la cual se habilitara al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, para conocer del auxilio en primera instancia.

Esto, por cuanto las medidas que se han tomado para superar la crisis padecida por la pandemia del Covid-19 corresponden al Gobierno Nacional, conformado por los ministerios y los departamentos administrativos.
En efecto, el jefe de estado, en lo atinente a la emisión de los aludidos decretos legislativos, concurre como miembro del Gobierno Nacional, tal como lo prevé la Constitución Política en el precepto 115, y será él, junto a los ministros, los competentes para modificar las circunstancias de acuerdo con la declaratoria del Estado de Excepción (art. 214 ejúsdem)1.

Así las cosas, la vinculación directa del jefe de estado resulta aparente, por cuanto la tutela no se dirige contra alguna actuación desplegada por él sino frente a actos procedentes de organismos del sector central de la administración pública del orden nacional.

Sobre la “queja aparente” contra el Presidente de la República, la Sala precisó:

“Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Sala la falta de competencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para resolver en primera instancia la presente acción, al advertirse que como la pretensión cardinal se circunscribe a que se ordenen las «transferencias» de los recursos del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas AESGPRI, a favor de la Comunidad Wounaan Unión Agua Clara del Río Bajo San Juan del municipio de Buenaventura, tal reclamo no compromete de manera directa una actuación específica del Presidente de la República, que habilitaría para conocer del auxilio a esa corporación en las condiciones en que lo hizo.

En efecto, con sujeción a lo previsto en los artículos 356 y 357 de la Carta Política, la Nación transfiere recursos a las entidades territoriales para la financiación de los servicios asignados conforme a la Ley 715 de 2001, complementada por los Decretos 1953 y 2719 de 2014, en donde se definieron los parámetros y los procedimientos para que los resguardos indígenas registrados ante el Ministerio del Interior, acrediten experiencia y buenas prácticas para la administración y ejecución de tales dineros entregados por el Departamento de Planeación Nacional – DNP, y su implementación fue radicado en cabeza de la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible.

De ahí que en ese proceso no hay intervención directa del Presidente de la República, pues es sabido que frente a la reglamentación normativa o emisión de actos administrativos, él participa como parte del Gobierno Nacional constituido, conforme a lo contemplado por la Constitución Nacional, conjuntamente con el Ministro o el Director de Departamento correspondiente (artículo 115), estando a cargo de estos últimos la representación de la entidad, órgano u organismo estatal (art. 159), advirtiendo que la representación legal de la Presidencia de la República, no se radica en el Presidente sino en el Director de ese Departamento Administrativo (Ley 3ª de 1898; Decreto 133 de 1956; Ley 489 de 1998 y Decreto 179 de 2019).

Entonces, la vinculación aparente emerge porque la tutela no se dirige contra alguna actuación desplegada por el Presidente de la República, sino contra actos emanados de otras entidades del sector central de la administración pública del orden nacional y conforme a las funciones legalmente atribuidas a sus funcionarios, lo que excluye el conocimiento del amparo aludido en el numeral 3º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 (…)”.2

5. En ese orden, al tenor de lo previsto en el numeral 2º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el precepto 1° del Decreto 1983 de 2017, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín no era el llamado a conocer la petición de amparo y emitir el fallo impugnado. Según quedó evidenciado, el reproche se encuentra enfilado contra autoridades o entidades públicas del orden nacional, correspondiendo su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría.

6. La situación descrita permite la aplicación del canon 138 del Código General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acción de tutela en virtud de lo consagrado en el artículo 4° del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretación de los preceptos regulatorios de dicho trámite, en cuanto no contraríe sus propias disposiciones.

7. Bajo la égida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasión de puntualizar:
“(…) respecto a que los jueces ‘no están facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000’ el cual ‘(…) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto (…), [pues para esta Corporación el aludido Decreto] reglamenta el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acción de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes”.
“[Por lo tanto,] “(…) aunque el trámite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez está indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (artículo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administración de justicia, de donde, ‘según la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insanable y la constatación de la misma no puede pasarse por alto, por más urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (…) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso” (Auto 304 A de 2007), ‘el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio’ (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)”3.

8. De conformidad con lo discurrido, se declarará la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la presente demanda constitucional y se dispondrá su remisión al Juzgado Trece Penal del Circuito de Medellín, a quien fue repartido el asunto inicialmente, debiendo, por tanto, asumir su conocimiento en primer grado.

En cuanto a la orden impartida, no está demás memorar lo indicado por esta Corte:

“(…) [N]o cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categoría al superior, pues la historia jurídica ha patentizado desde épocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organización judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarquía tan básico para una recta administración de justicia, pues de lo contrario se llegaría a la anarquía y perdería el concepto de autoridad fijado en la misma ley (…)”.
“En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el núcleo esencial, tal y como ocurrió con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adoptó el Código de Procedimiento Civil, confirmando la regla que ‘El juez que reciba el negocio no podrá declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jerárquico o por la Corte Suprema de Justicia’. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3º del artículo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia (…)”4.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado en la acción de tutela promovida por Francisco Alberto Montoya Callejas frente al Presidente de República y al Ministro de Salud y Protección Social, a partir del auto admisorio, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los términos del inciso 2º del artículo 138 del Código General del Proceso.

Segundo: Por lo tanto, se ordena remitir el expediente al Juzgado Trece Penal del Circuito de Medellín, para lo de su competencia. Ofíciese.

TERCERO: Comuníquese lo así resuelto a la Corporación de origen y a las partes mediante comunicación electrónica o por mensaje de datos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

LUIS ALONSO RICO PUERTA

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

1 Artículo 214. “Los Estados de Excepción a que se refieren los artículos anteriores se someterán a las siguientes disposiciones:
1. Los decretos legislativos llevarán la firma del Presidente de la República y todos sus ministros y solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria del Estado de Excepción.
(…)
6. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los artículos anteriores, para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento”.
2 CSJ ATC1275-2019, ago. 15 de 2019, rad. 2019-00176-01
3 CSJ. ATC de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01.
4 CSJ. ATC de 16 de julio de 2010, exp. 81001-22-08-000-2010-00022-01; reiterado el 9 de agosto de 2010, exp. 63001-22-14-000-2010-00064-01; y el 28 de febrero de 2014, exp. 08001-22-13-000-2013-00648-01.