Asistente Jurídico Inteligente
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LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
Radicación n.º 11001-02-03-000-2017-00450-00
(Aprobado en sesión de veintidós de marzo de dos mil diecisiete)
Bogotá, D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).
Decide la Corte la acción de tutela interpuesta por Javier Elías Arias Idárraga contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, concretamente contra la Magistrada Ángela Giovanna Carreño Navas, así como frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, trámite al que fueron citadas las partes e intervinientes en la acción popular 2015-00148-02.
ANTECEDENTES
1. El actor quien actúa en su propio nombre, reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.
Pide que se ordene: (i) «al tutelado DE MANERA INMEDIATA DAR APLICASION (sic) A LA NULIDAD DE PLENO DERECHO, YA QUE EL SENTENCIADOR NUNCA VINCULO AL PROPIETARIO DEL INMUEBLE DONDE PRESTA EL SERVICIO AL PUBLICO LA ENTIDAD ACCIONADA EN MI ACCION POPULAR, PESE A QUE LO SOLICITE, DESCONOCIENDO SUS GARANTIAS PROCESALES, E INAPLICANDO ART 133, NUMERAL 8 CGP» (ii) que se escanee copia de la tutela y del fallo y se le remitan a su correo electrónico, y (iii) «TRAMITAR TUTELA CONTRA LA DEFENSORA DEL PUEBLO EN MANIZALES A FIN DE DETERMINAR SI VIOLA LEY 734 DE 2002, RESOLUCION 638 DEL 6 DE JUNIO DE 2008, NUMERAL 5.NUMERAL 3 DEL ART 282 en, ART 5 NUMERAL 10 DEL DECRETO 025 DE 2014, ARTICULOS 10,13,31, 46 DEL DECRETO 2591 DE 1991, ART 12, DELEGACION DE FUNCIONES EN LAS DEFENSORIAS REGIONALES, LEY 24 DE 1992, SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL T 119 DE 2012 AL NEGARSE A IMPETRAR TUTELAS Y ACCIONES POPULARES A MI NOMBRE E INCUMPLIR SU FUNCION DEBER, PESE A SOLICITARLO A SACIEDAD QUE PRESENTE TUTELAS A FIN DE GARANTIZARME EL DEBIDO PROCESO, YA QUE NO SOY ABOGADO» (sic) (f. 1, mayúscula fija en texto).
2. En apoyo de tales pretensiones, aduce en síntesis, que presentó la acción popular No. 2015 00148-02 contra el Banco Sudameris, en la que solicitó la construcción de una unidad sanitaria para ciudadanos en condición de discapacidad, y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales en sentencia de 16 de septiembre de 2016 negó su pretensión, razón por la cual apeló y la Magistrada accionada «NO DECRETO LA NULIDAD QUE PEDI AL NO VINCULAR AL PROPIETARIO DEL INMUEBLE DONDE PRESTA EL SERVICIO AL PUBLICO LA ENTIDAD DEMANDADA EN MI ACCION POPULAR, CONFIGURANDOSE UNA NULIDAD PROCESAL INTEGRAL, NUMERAL 8 DEL ART 133 CGP. SOLICITO SE ORDENE A LA TUTELADA DECRETE LA NULIDAD AL NEGARSE A VINCULAR AL PROPIETARIO DEL INMUEBLE DONDE PRESTA EL SERVICIO AL PUBLICO LA ENTIDAD ACCIONADA EN MI ACCION POPULAR, GENERANDO UNA NULIDAD» (sic) (ff. 1 y 13, mayúscula fija, negrilla y subraya en texto).
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y CITADOS
1. El Tribunal Superior de Manizales informó que recibido el expediente de la acción popular de Javier Elías Arias Idárraga contra el Banco GNB Sudameris Colombia, para resolver el recurso de apelación interpuesto por el accionante frente a la sentencia del 16 de septiembre de 2016 proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales, se admitió mediante auto de 31 de octubre de 2016, providencia que fue notificada en estado del 1º de noviembre.
Agregó que el 4 de noviembre el actor popular presentó memorial en el que se excusaba de asistir a la audiencia que se fijara de sustentación y fallo, y pidió realizar la «AUDIENCIA POR Skype», solicitando igualmente oficiar al comando de Policía Nacional Eje Cafetero para que informara las medidas y acciones que había realizado a fin de garantizarle su integridad y vida, y finalmente suplicó declarar nulidad del trámite de primera instancia porque consideraba que era necesario la vinculación del propietario del inmueble donde funcionaba la entidad demanda.
Manifestó que por auto de 18 de noviembre de 2016, se fijó el 28 de ese mes como fecha para celebrar audiencia de sustentación y fallo de conformidad con el artículo 327 del Código General del Proceso y se resolvieron las solicitudes realizadas por el actor popular, y llegado el día y la hora de la audiencia, como ninguna de las partes compareció, se declaró desierto el recurso impetrado de conformidad con el inciso final del artículo 322 ibídem (f. 45), a su escrito se anexó copia de la actuación en esa instancia que se agregó a folios 46 a 63.
2. La Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación, solicitó desestimar la protección frente a esa Entidad por falta de legitimación por pasiva, en tanto que no es la causante del daño o perjuicio a los derechos fundamentales que el actor asevera le han sido vulnerados y por ende la llamada a responder por presuntos perjuicios que haya podido sufrir el accionante (ff. 66 y 67).
CONSIDERACIONES
1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es el mecanismo idóneo para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación «con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure vía de hecho», y en el entendido que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que «no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo» (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, citada entre muchas en STC683-2016).
Así las cosas, el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que sólo procede ante la ausencia de un instrumento jurídico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violación o amenaza, y por lo tanto, no puede considerársele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneración, pues su finalidad no consiste en remplazar los trámites establecidos por el legislador para la protección de los derechos de los ciudadanos.
En armonía con esos postulados, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que regula la acción de tutela, estableció las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de «otros recursos o medios de defensa judicial», dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como «mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable», advirtiendo eso sí que la existencia de esos medios sería apreciada «en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante».
2. Ante el supuesto que se analiza, el amparo se advierte improcedente, toda vez que el accionante contó con la oportunidad de censurar a través del recurso de reposición consagrado en el artículo 318 del Código General del Proceso, la providencia proferida el 18 de noviembre de 2016 por la que el Tribunal en Sala Unitaria al señalar la fecha para la audiencia de alegación y fallo, resolvió las solicitudes realizadas por el actor popular, entre ellas la « IV) que se declare la nulidad bajo la consideración de que era necesaria la vinculación del propietario del inmueble donde funciona la entidad demandada, a lo que ha de indicarse que en modo alguno se colige ello imperioso; ni siquiera es indispensable indagar quien es el titular del derecho de dominio sobre dicho bien, puesto que es suficiente con la asistencia como parte de la entidad financiera demandada, toda vez que en caso de trasgresión a derecho colectivo alguno y de emitirse algún ordenamiento, sería solo ésta la obligada a cumplir y no el dueño del bien» (ff. 53 y 54), sin embargo, el reclamante dejó de utilizar un mecanismo defensivo que podía ejercer al interior del juicio y a esa incuria no se le puede dar solución por esta vía, puesto que la acción de tutela no sirve al propósito de recuperar términos u oportunidades que se perdieron en el curso del proceso por el desdén o el descuido de los interesados, en razón a que
3. Además, valga señalar, que esta Corporación al abordar un caso semejante al de estudio, puso de presente, en CSJ STC13506-2016, 21 sep. 2016, rad. 2016-02598-00, que «finalmente, la petición atinente a que se decrete la nulidad de la sentencia, por cuanto no fue vinculado a ese trámite el propietario del inmueble donde funciona EPS Servicio Occidental de Salud S. O. S., será despachada adversamente porque el actor carece de interés para reclamar ese supuesto vicio, dado que no es afectado por esa supuesta omisión» (citada en CSJ, STC3286-2017, 9 mar. rad. 00467-00).
4. Ahora, el reproche contra la Defensoría del Pueblo de Manizales tampoco tiene vocación de prosperidad y será negada conforme al artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 por incurrir el promotor en temeridad, pues ha acudido en múltiples oportunidades a esta especial jurisdicción, planteando el mismo asunto respecto de la citada entidad, como así lo dijo la Sala en recientes oportunidades CSJ STC3120-2017, 8 de marzo, radicado 00478-00 y STC3286-2017, 9 de marzo, radicado 00467-00.
5. Finalmente y en relación con las demás pretensiones, se ordena que por secretaría se remita esta decisión al e-mail del interesado. En conclusión, el resguardo examinado no está llamado a abrirse paso y será desestimado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a través de la acción de tutela referenciada.
Comuníquese lo aquí resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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