SC003 2021

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SC003-2021 (2010-00682-01)

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado Ponente

SC003-2021

Radicación n.° 11001-31-10-018-2010-00682-01

(Aprobado en sesión virtual de seis de agosto de dos mil veinte)

Bogotá D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021).

Una vez derrotada la ponencia original, la Corte procede a decidir los recursos de casación propuestos por Liliana María Posada Arboleda y Antonio María Zuluaga Betancourt, frente a la sentencia de 22 de marzo de 2013, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Familia, en el proceso ordinario que la primera promovió contra el segundo.

ANTECEDENTES

1. En el escrito principal se deprecó que se declarara que «entre la señora Liliana Matria (sic) Posada Arboleda… y el señor Antonio María Zuluaga Betancourt… existió unión marital de hecho desde el 11 de abril de 1.992, hasta el 21 de noviembre del año 2.009», así como el reconocimiento de «la existencia, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial» (folio 30 del cuaderno 1).

2. Las súplicas se soportaron en que «Liliana María Posada Arboleda convivió con el señor Antonio María Zuluaga Betancourt desde el 11 de abril de 1.992, hasta el 21 de noviembre del año 2009», lo que permitió conformar una sociedad patrimonial integrada por múltiples inmuebles y un automotor.

3. El convocado se notificó personalmente el 20 de junio de 2011; en su contestación aceptó unos hechos, aclaró y negó otros, y propuso las excepciones que intituló «prescripción de la acción conforme a la ley 54 de 1.990», «existencia de vínculo matrimonial y sociedad conyugal vigente por parte del demandado» e «inexistencia de la unión marital de hecho y por ende inexistencia de la sociedad patrimonial» (folios 67 a 72).

4. Tramitada la primera instancia, el Juzgado Tercero de Familia de Descongestión de Bogotá D.C. resolvió negar los pedimentos del libelo genitor (folios 266 a 282).

5. Después de que la demandante apelara el fallo, el ad quem reconoció la ligazón de hecho para el interregno comprendido entre el 11 de abril de 1992 y el 21 de noviembre de 2009, y negó la sociedad patrimonial al abrigo de la defensa «inexistencia de la sociedad patrimonial»; además, declaró «no probadas las excepciones de mérito denominadas ‘inexistencia de unión marital de hecho’ y ‘existencia de vínculo matrimonial y sociedad conyugal vigente por parte del demandado’» (folios 50 y 52 del cuaderno 7).

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

1. Después de recordar los elementos de la unión marital de hecho, en los términos del numeral 1° de la ley 54 de 1990, hizo un recuento de las pruebas obrantes en la foliatura, a partir de lo cual concluyó que entre Antonio Zuluaga y Liliana Posada existió idoneidad heterosexual y legitimación marital, pues «si bien es cierto el demandado se encuentra casado desde el 25 de abril de 1981 (ver prueba documental No. 19), también lo es, que esta situación no afecta la idoneidad de los sujetos para conformar la unión marital de hecho que se solicita» (folio 41).

Frente a la singularidad marital, asintió en que Antonio Zuluaga tenía una «unión marital de hecho con la señora Liliana María Posada Arboleda, y por la otra, que se encuentra casado con la señora Flor Alba Forero Velásquez…, las cuales se deben analizar individualmente cada una…; claro está, que esta pluralidad de uniones maritales, infringen el principio de la monogamia e impiden su propósito, de allí que tal situación sea lícita pero no perfecta, por lo que… no ha de producir todos sus efectos» (folios 42 y 43).

En cuanto a la comunidad de vida marital de la pareja Zuluaga-Posada encontró demostrado: (i) el consentimiento, a partir de la decisión de querer conformarla; (ii) la comunidad de vida originada en el hecho la convivencia, con independencia de que fuera temporal; (iii) la vida marital porque «ante el grupo social se veían como una relación de marido y mujer, y en el campo íntimo, de tratos mutuos familiares, fue la reciprocidad de sus esfuerzos personales y económicos de mantener la familia» (folio 44); (iv) la permanencia del vínculo por 19 años -1990 a 2009-, máxime porque «la ley no consagra plazo cierto alguno… sino lo deja a la apreciación fáctica del juez» (folio 45); y (v) la causa marital fue compartir sus vidas.

Repudió que el convocado viviera exclusivamente con su esposa, en tanto las pruebas desmienten a los testigos que efectuaron esta afirmación; por el contrario, los deponentes de cargo comprueban que existió una relación de marido y mujer entre los convivientes, como lo ratificó la hija común en su entrevista.

2. Denegó los efectos patrimoniales de la unión marital de hecho con fundamento en el artículo 2° de la ley 54 de 1990, por cuanto «la sociedad conyugal conformada en el matrimonio por él contraído con la señora Flor Alba Forero Velásquez (ver documento folio 49), no está disuelta ni liquidada, lo que impide indiscutiblemente declarar la sociedad patrimonial, pues el efecto de la ley es el de impedir la concurrencia de sociedades patrimoniales o conyugales» (folio 47), en fundamento de lo cual trascribió la sentencia de 10 de septiembre de 2003.

3. Para fijar los extremos temporales de la relación tuvo como hito inicial la fecha señalada en la demanda, al no ser desmentida por el opositor, y la finalización fue definida con base en las declaraciones de Luz Mary Londoño y Graciela Carlina Sánchez, las cuales contradicen las afirmaciones de Carlos Arturo Clavijo Aguilar.

LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS

El orden lógico impone estudiar primero la demanda de casación propuesta por Antonio María Zuluaga Betancourt, por pretender el quebranto de toda la sentencia confutada; con posterioridad se analizarán los embistes formulados por la demandante.

Adviértase que las impugnaciones serán analizadas a la luz del Código de Procedimiento Civil -CPC-, por haberse propuesto la casación antes de 1º de enero de 2016, en aplicación de los artículos 624 y 625 -numeral 5°- del nuevo estatuto adjetivo.

DEMANDA DE ANTONIO MARÍA ZULUAGA BETANCOURT

CARGO ÚNICO

Alegó el desconocimiento del artículo 1° de la ley 54 de 1990, por yerros en la valoración de los testimonios que desmienten el elemento de la singularidad, pues «da por hecho la existencia de dos uniones, la unión marital con Liliana María Posada Arboleda y la unión marital con Flor Alba Forero Velásquez, unión esta ultima (sic) que solo la aprecia desde el punto de vista puramente formal… dejando de lado lo que en verdad… manifiestan [los testigos]… pues dan fe sobre una verdadera existencia de comunidad de vida entre el demandado y su cónyuge… no reuniéndose por tanto la singularidad exigida por la norma, respecto de la convivencia» (folio 47 del cuaderno Corte).

Transcribió acápites de las atestaciones de Arnulfo Aguirre Aguirre, Hernando Rayo Castillo, Carlos Arturo Clavijo Aguilar y Flor Alba Forero Velásquez, para insistir en que el demandado tenía una doble y simultánea convivencia familiar.

Aseguró que la singularidad, entendida como exclusividad o ausencia de pluralidad conforme a las sentencias de la Corporación, debe convergir para el surgimiento de una unión marital, así como mantenerse durante toda su vigencia, lo que no se acreditó en el caso.

Concluyó con la aseveración de que el error fue trascendente, pues el fallo debió ser confirmatorio del de primer grado.

CONSIDERACIONES

1. La casación fue concebida como un remedio excepcional caracterizado por unos estrictos requisitos para su procedencia, en puntos tales como la legitimación, causales, providencias susceptibles de censura, requisitos del escrito de sustentación, entre otros.

La naturaleza extraordinaria del recurso de casación se expresa, en otras formas, en el establecimiento de una serie de requisitos para su procedencia, con el fin de evitar que sea utilizado como una instancia adicional para reabrir la controversia de una manera panorámica.

De allí que los artículos 365, 366, 368 y 374 del Código de Procedimiento Civil acoten, entre otros, los fines de la casación, las sentencias susceptibles de ser recurridas, las causales de procedencia y la libertad en la formulación de los cargos, como forma de salvaguardar su naturaleza.

Postura explicable por cuanto los litigios, salvo situaciones extraordinarias, encuentran su punto final en el fallo proferido por el superior, el cual llega revestido de la doble presunción de legalidad y acierto, que impide a cualquier otra autoridad judicial modificarlo o adicionarlo, salvo que se trate de recursos excepcionales (SC5340, 7 dic. 2018, rad. n.° 2003-00833-01).

2. Por esta razón el canon 374 del Código de Procedimiento Civil prescribe que la demanda de casación debe contener «[l]a formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa. Si se trata de la causal primera, se señalarán las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas»; además, «[c]uando se alegue la violación de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre».

En consecuencia, la adecuada sustentación de una censura por yerro fáctico debe observar, entre otros, los siguientes requisitos: (i) identificar las normas sustanciales conculcadas, con la explicación sobre la forma en que se presentó la vulneración; (ii) individualizar las pruebas pretermitidas, supuestas o tergiversadas; (iii) parangonar la hermenéutica probatoria del sentenciador y la que reluce objetivamente de los medios suasorios; (iv) explicar de forma perspicua el yerro, el cual debe mostrarse abiertamente; (v) criticar con acierto el centro de la argumentación judicial; (vi) derruir la totalidad de las bases del fallo confutado; y (vii) ser trascendente la acusación frente al sentido de la decisión.

Sobre estos requerimientos la Sala ha dicho:

1.1 Entre esas exigencias conviene destacar aquella según la cual el libelo debe contener la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa (numeral 3º del precepto Ibídem), esto es, sin ambigüedad alguna, de suerte que no surja duda sobre la identificación del error denunciado.

1.2 Adicionalmente, el cargo operante en el recurso de casación es únicamente aquél que se refiere íntegramente a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objetivo de desvirtuarlas, por cuanto que, «si alguno de tales soportes no es atacado o su censura resulta insuficiente y por sí mismo le presta apoyo suficiente al fallo impugnado éste debe quedar en pie, haciéndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura». (CSJ SC Auto de Ago. 22 de 2011, radicación n. 2007-00285).

1.3 Del mismo modo, el embate debe guardar absoluta correspondencia y simetría respecto de las bases que sostuvieron la sentencia; a riesgo de tornarse desenfocado si, “deja de lado la razón toral de la que se valió el ad quem para negar las pretensiones (…) Ignorado fue, entonces, el núcleo argumentativo del fallo impugnado, haciendo del cargo una embestida carente de precisión, pues apenas comprende algunas de las periferias del asunto, lo cual anticipa su ineficacia para propiciar el pronunciamiento de la Corte”. (Auto de 30 de agosto de 2010, radicación n. 1999-02099-01)”.

1.4 También el ataque exige ser trascendente, es decir que la violación de la ley sustantiva tenga relevancia significativa en la parte resolutiva de la sentencia que se cuestiona, pues la existencia del error en las consideraciones de la providencia, sin esa indiscutible incidencia en el decisum, no es bastante para alcanzar el éxito del recurso (SC6267, 16 may. 2016, rad. n.° 2005-00262-01).

Recientemente insistió:

Cuando el ataque se construye sobre la base de haberse incurrido en transgresión indirecta de la ley sustancial en razón de la comisión de un yerro fáctico, según el precepto 368 del Código de Procedimiento Civil, actualmente, ordinal 2º del canon 336 del Código General del Proceso, su acreditación presupone, entre otras exigencias, que la inferencia probatoria atacada sea abiertamente contraria al contenido objetivo de la prueba, lo cual comporta su estructuración cuando el desacierto es tan notorio que se advierte a simple vista, es decir, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o de tal magnitud que se percibe discordante frente a lo evidenciado en el proceso.

Adicionalmente, como las sentencias llegan a la Corte amparadas por la presunción de legalidad y acierto, le incumbe al recurrente desvirtuarla, para lo cual ha de efectuar una crítica concreta, coherente, simétrica y razonada frente a los aspectos del fallo que considera desacertados, con indicación de los fundamentos generadores de la infracción a la ley, evidenciar la trascendencia del yerro y referirse a todos los pilares de la decisión (SC004, 24 en. 2019, rad. n.° 2006-00028-01).

3. En desatención de las directrices enunciadas el casacionista cometió múltiples dislates en la formulación de la acusación, razón para denegar su estudio de fondo.

3.1. En primer lugar, omitió particularizar los errores de hecho achacados al juzgador pues la censura se acotó a plantear una relectura de las pruebas que le favorecen, sin rebatir la evaluación efectuada por el sentenciador de segunda instancia.

3.1.1. Total, como ya se dijo, la adecuada sustentación de un embate por error de hecho supone particularizar los medios suasorios difamados, comparar su recto entendimiento con el dispensado por el juzgador y concretar su trascendencia.

La Corte ha afirmado:

[E]l ataque orientado a demostrar que [e]l fallo del Tribunal quebrantó disposiciones sustanciales por la senda indirecta, al incurrir en yerros en la valoración de los testimonios, documentos y la declaración de la demandante, impone la severa tarea argumentativa de acreditar la protuberante inconsistencia entre lo que objetivamente se desprende de tales pruebas y las conclusiones de aquél, así como la trascendencia del dislate sobre lo resuelto.

Al respecto, la Corte ha dicho que ‘Al denunciarse en el punto la comisión de errores de hecho probatorios, pertinente resulta memorar que no cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casación, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dialéctico, así sea acertado, frente a unas conclusiones también razonables del sentenciador, dejaría de ser evidente, pues simplemente se trataría de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecería la del juzgador, puesto que la decisión ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunción de acierto’ (CSJ SC de 9 de agosto de 2010, Rad. 2004-00524-01) (SC10809, 13 ag. 2015, rad. n.° 2009-00139-01).

Dicho de otra forma, los cargos en casación no pueden acotarse a plantear un renovado análisis suasorio y, con base en el mismo, imputar el desconocimiento de normas sustanciales, sino que deben enfocarse a derruir las bases demostrativas que sirvieron al ad quem para soportar su determinación.

3.1.2. En el sub lite, por la senda opuesta, la acusación consistió en la transcripción de varios acápites de las atestaciones de Arnulfo Aguirre, Hernando Rayo, Carlos Arturo Clavijo y Flor Alba Forero, sin hacer un parangón entre el contenido objetivo de las mismas y las conclusiones que sobre ellas extrajo el Tribunal, con el propósito de mostrar que las últimas eran contraevidentes.

Por tanto, el ataque transita hacia una simple alegación de instancia, lejano de una crítica al sentenciador de segundo grado, en desatención de cuál es el tema decisum de la impugnación extraordinaria como es el fallo que resuelve la apelación. Y es que «la finalidad excepcional del remedio extraordinario… supone cuestionar la sentencia como thema decisum, sin que sea dable reabrir el debate de instancia o proponer lecturas novedosas de la controversia para buscar una decisión favorable» (SC2779, 10 ag. 2020, rad. n.° 2010-00074-01), aspecto ignorado por el impugnante.

La Sala tiene decantado:

[E]s insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habría incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opinión divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por sí sola, retumbe en el proceso. ‘El impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurrió el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adoptó una decisión que no debía adoptarse’ (CCXL, pág. 82), agregando que ‘si impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como mínimo, explicar qué es aquello que se enfrenta, fundar una acusación es entonces asunto mucho más elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de razón, sino que impone, para el caso de violación de la ley por la vía indirecta, concretar los errores que se habrían cometido al valorar unas específicas pruebas, y mostrar de qué manera esas equivocaciones incidieron en la decisión que se repudia’ (auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088), (…). En suma, la exigencia de la demostración de un cargo en casación, no se satisface con afirmaciones o negaciones panorámicas -o generales- sobre el tema decidido, así éstas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciación o descripción del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposición de la evidencia del error y de su incidencia en la decisión adoptada (SC, 2 feb. 2001, rad. n. ° 5670).

3.1.3. La anterior deficiencia resulta insalvable en orden a acometer el estudio de la demanda casacional.

3.2. Se suma a lo expuesto que la censura carece de enfoque, por dejar de lado el planteamiento nuclear del veredicto de 22 de marzo de 2013 respecto al elemento de la singularidad en la unión marital de hecho.

3.2.1. El legislador estableció, como carga para el impugnante, que dirija con precisión su ataque al centro de la argumentación del ad quem, de suerte que derribe sus premisas decisionales y, como consecuencia de esto, devenga imperiosa la anulación del veredicto.

Es pacífico que «la demanda de casación debe desandar los pasos del tribunal para derruir todos y cada uno de los pilares que sirven de apoyo a su sentencia, porque en la medida en que sus argumentos basilares se mantengan incólumes, la presunción de legalidad y acierto que ampara la labor del ad quem deviene inquebrantable» (SC4901, 13 nov. 2019, rad. n.° 2007-00181-01).

3.2.2. En el punto que interesa al remedio extraordinario el Tribunal arguyó:

Singularidad marital. Establece que la relación marital sólo puede unir a dos personas idóneas para ello, lo cual es completamente distinto a decir que la relación marital tenga que ser única.

Cuando se habla de que la relación sólo puede unir a dos personas idóneas para ello, se esta diciendo es que esa relación debe estar conformada sólo entre dos personas, y no una o más de dos, esto es, no varios hombres y una mujer, o varias mujeres y un hombre o varios hombres y mujeres conformando esa relación, pues no se ajustaría a la función de constitución familiar monogámica que se pretende con el reconocimiento de la unión marital de hecho.

Cosa diferente es que existan varias uniones, situación objeto de estudio en el presente caso, donde se predica de una parte, que el señor Antonio María Zuluaga Betancourt, sostuvo unión marital de hecho con la señora Liliana María Posada Arboleda, y por la otra, que se encuentra casado con la señora Flor Alba Forero Velásquez…

De ahí que si el señor Zuluaga Betancourt, sostuvo uniones maritales, de derecho (matrimonial) y de hecho (extramatrimonial), como así lo indicó en la contestación de la demanda y en el interrogatorio de parte que rindió, tales uniones se ajustan a la ley porque se encuentran ‘formadas entre un hombre y una mujer’ las cuales deben analizarse individualmente cada una (art. 1° ley 54 de 1990); claro está, que esta pluralidad de uniones maritales, infringen el principio de monogamia e impiden su propósito, de allí que tal situación sea lícita pero no perfecta, por lo que… no ha de producir todos sus efectos (folios 41 a 43 del cuaderno 7).

Dicho en breve, el ad quem interpretó el requisito de singularidad en el marco de cada relación afectiva, bajo la consideración de que Antonio Zuluaga podía tener dos (2) vínculos amatorios estables al mismo tiempo, susceptibles de reconocimiento jurídico al unísono (Zuluaga-Posada y Zuluaga-Forero), siempre que en el interior de cada uno de ellos se garantice la individualidad.

3.2.3. Frente a esta dilucidación el demandante se limitó a señalar que las pruebas son demostrativas de una «comunidad de vida entre el demandado y su cónyuge Flor Alba Forero Velásquez, comunidad de vida que según los testigos de la demandante también existió entre Antonio María Zuluaga Betancourt y la señora Liliana María Posada Arboleda» (folio 47 del cuaderno Corte).

Significa que la acusación, en lugar de contradecir las aseveraciones del Tribunal, reafirmó la corrección de sus inferencias suasorias, en punto a la duplicidad de vínculos; por tanto, olvidó refutar el argumento que alrededor de la misma se hizo en el fallo de alzada, como es que la coexistencia de dos (2) o más vínculos afectivos de ninguna manera impide la singularidad, pues ésta debe analizarse frente a cada uno de ellos.

Descuella en este contexto el desatino de la censura, pues en lugar de socavar la fundamentación fáctica de la providencia, la compartió y dejó incólume, de allí que resulte fútil abordar su estudio ante su insuficiencia para derruir los razonamientos de instancia.

4. En compendio, por los yerros en su formulación, el cargo propuesto por el convocado no es susceptible de estudio en casación, de allí que deba denegarse su prosperidad.

DEMANDA DE LILIANA MARÍA POSADA ARBOLEDA

Tres (3) cargos formuló la convocante con el fin de cuestionar el no reconocimiento de la sociedad patrimonial resultante de la unión marital. El primero por la senda directa, los dos restantes por la indirecta, los cuales serán resueltos en el orden de proposición, con la advertencia de que el segundo y tercero se despacharán de forma conjunta por fundarse en idénticas razones.

Acusó el desconocimiento del literal b) del artículo 2° de la ley 54 de 1990, en atención a que la interpretación del Tribunal y de la Corte «vulnera derechamente los derechos de las parejas que han adquirido el estatus de compañeros permanentes, al ser éste inequitativo y violatorio del derecho a la igualdad previsto en la Constitución Política para todos los ciudadanos» (folio 13 del cuaderno Corte).

Argumentó que la norma invocada, en realidad, consagró una presunción legal sin alcance impeditivo para que los compañeros permanentes demuestren, incluso en los eventos de pluralidad de relaciones, la adquisición de activos por medio del esfuerzo mutuo. Máxime porque el argumento esgrimido para justificar la imposibilidad de su conformación, como es la existencia de una sociedad conyugal preexistente y la evitación de la confusión patrimonial, en nada se socava de admitirse que el artículo 2° de la ley consagró una presunción, siempre que sea «perfectamente posible determinar cuáles fueron los bienes habidos dentro de la sociedad patrimonial de hecho» (ídem).

Después de invocar el artículo 66 del Código Civil sostuvo la casacionista que la presunción establecida en ley 54 de 1990 es legal o de hombre, de allí que «cuando uno de los compañeros permanentes no quiera hacer uso de la presunción… tiene la carga de demostrar con fundamento en el artículo 177 del C.P.C. cu[á]les fueron los bienes habidos dentro de la sociedad patrimonial de hecho. Valga decir, que esta no surge de la presunción, sino de la vida en común de los compañeros permanentes» (folio 15).

Arguyó que la defectuosa redacción del artículo 2° de la ley 54 de 1990 fue clarificada por los cánones 13 y 42 de la Constitución Política, que reconocen la igualdad de todas las formas de familia. Así las cosas, la interpretación del Tribunal desconoce los mencionados preceptos, por establecer un trato diferente entre el matrimonio y los compañeros permanentes, pues a los últimos se les veda la posibilidad de demostrar que adquirieron bienes en vigencia de su vínculo, cuando uno de ellos por negligencia o mala fe omitió disolver la sociedad conyugal preexistente.

Sostuvo «que si una persona forma o mantiene varias familias, todas tienen el derecho al mismo tratamiento y desde el punto de vista de la parte demandante, ambas, en este caso, tienen derecho al reconocimiento de la formación de la sociedad de gananciales durante el tiempo de su duración, como en el caso se le reclama para la familia que el demandado form[ó] con la actora y con su hija Laura» (folio 18).

Insistió en que «la posición mayoritaria que le da el carácter de requisito sine que no[n] a la disolución previa de la sociedad conyugal, cuando uno de los compañeros tiene impedimento para contraer matrimonio, confundiendo la presunción que trae la ley con un requisito para su nacimiento, que no es el otro que el hecho de convivir como compañeros permanentes y crear un capital fruto del esfuerzo familiar conjunto» (idem).

CONSIDERACIONES

1. Anticípese que la acusación carece de vocación de prosperidad porque no se configuró la incorrección interpretativa achacada al sentenciador de alzada, como se explicará a continuación.

2. La violación de normas sustanciales por el camino recto exige que el interesado demuestre que el juez de conocimiento, al momento de construir la premisa mayor de su razonamiento jurídico, incurrió en un juicio falso, bien porque no tuvo en cuenta las normas que disciplinan el caso, aplicó mandatos que le son extraños, o a pesar de haber acertado en su selección les dio una hermenéutica de la cual carecen.

Este tipo de error se configura, entonces, en los eventos en que el juzgador incurre en indebida aplicación, falta de consideración o interpretación errónea del marco normativo que gobierna la controversia, sin trasegar hacia cuestiones de valoración probatoria.

La Sala ha establecido:

Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesión producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acción u omisión, en la labor de escogencia y exégesis de la regulación que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador… En tal sentido ha precisado la Corte que la ‘violación directa de las normas sustanciales, que como motivo de casación contempla la causal primera del artículo 368 ibídem, acontece cuando el sentenciador, al margen de toda cuestión probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposición sustancial a que debía someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extrañas al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposición rectora del asunto, yerra en la interpretación que de ella hace, y que, por lo mismo, cuando el ataque en casación se funda en la causal que se comenta, compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o erróneamente interpretados, prescindiendo, desde luego, de cualquier consideración que implique discrepancia con las apreciaciones fácticas del sentenciador, cuestión esta que sólo puede abordarse por la vía indirecta (CSJ SC de 17 nov. 2005, rad. 7567, reiterada CSJ SC de 15 nov. 2012, rad. 2008-00322) (SC5297, 6 dic. 2018, rad. n.° 2007-00217-01).

La errónea interpretación, en suma, «se verifica en todos aquellos casos en que el juez, aun reconociendo la existencia y la validez de la norma apropiada al caso, yerra al interpretarla» (SC2468, 29 jun. 2018, rad. n.° 2008-00227-01), esto es, «les da un alcance o efecto que no acompasa ni se ajusta a la situación examinada» (SC12015, 9 sep. 2015, rad. n.° 2008-00253-01).

Este precepto es parte de la respuesta legislativa a tantos años de desdén hacia las entonces denominadas uniones concubinarias, con el fin de permitirles a sus integrantes la conformación de una comunidad de activos análoga a la que naturalmente nace del matrimonio.

Tal efecto, de contenido eminentemente patrimonial, sin incidencia frente al estado civil o las demás consecuencias personales de la convivencia, debe ser analizado de cara a su contenido y sin desconocer que el legislador nacional estableció un marco regulatorio especial para las uniones de hecho, diferente al vigente para el casamiento.

3.1. De acuerdo con el criterio de interpretación literal, reconocido en el artículo 27 del Código Civil, el artículo 2° de la ley 54 de 1990 gobierna los requisitos exigidos para que pueda: (a) presumirse la comunidad de activos entre compañeros permanentes, en cuya virtud se releva al demandante de su demostración y se deja en manos de la parte convocada la carga de probar que no se conformó un patrimonio conjunto en el tiempo de la convivencia; y (b) declararse en el trámite jurisdiccional respectivo la existencia de la sociedad patrimonial, eventualidad que, por el artículo 1° de la ley 979 de 2005, también puede reconocerse por el «mutuo consentimiento declarado mediante escritura pública» o «manifestación expresa mediante acta suscrita».

Así se extrae del inciso inicial del canon en comento, en el que se hizo referencia expresa a la presunción de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, así como a la viabilidad de declararla judicialmente.

Dicho de otra manera, los requerimientos fijados por el legislador con relación al fondo patrimonial no sólo sirven para presumir su nacimiento por el hecho de la cohabitación, como lo asegura la casacionista, sino que también hacen dable el reconocimiento judicial o voluntario.

A contrario sensu, la ausencia de cualquiera de los elementos constitutivos de la unión marital de hecho, la permanencia del vínculo por un término inferior a dos (2) años o la preexistencia de una sociedad conyugal sin disolver en cabeza de cualquiera de los compañeros permanentes, impedirán que el juzgador cognoscente pueda asentir en la conformación de la sociedad patrimonial fundada en la convivencia.

Este es el entendimiento dispensado por la doctrina constitucional:

Como puede observarse, la primera parte de la disposición establece dos normas: el nacimiento de una presunción de sociedad patrimonial y la potestad de declararla judicialmente. Ambas operan bajo dos condiciones: (i) dos años de existencia de la unión marital en parejas sin impedimento para casarse y (ii) dos años de existencia de la unión marital en parejas con impedimento para casarse, de uno o de los dos miembros, si la(s) sociedad(es) conyugal(es) anterior(es) se ha(n) disuelto al menos un año antes del inicio de la unión marital (CC, C-257/15).

3.2. Los requisitos mencionados han sido compilados por la Sala de la siguiente manera:

(a) comunidad de vida entre los compañeros, quienes deciden unirse con la finalidad de alcanzar objetivos comunes y desarrollar un proyecto de vida compartido (CSJ, SC, 12 dic. 2012, rad. n.° 2003-01261-01);

(b) singularidad, que se traduce en que los consortes no pueden establecer compromisos similares con otras personas, ‘porque si alguno de ellos, o los dos, sostienen además uniones con otros sujetos o un vínculo matrimonial en el que no estén separados de cuerpos los cónyuges, esa circunstancia impide la configuración del fenómeno’ (CSJ, SC11294, 17 ag. 2016, rad. n.° 2008-00162-01);

(c) permanencia, entendida como la conjunción de acciones y decisiones proyectadas establemente en el tiempo, que permitan inferir la decisión de conformar un hogar y no simplemente de sostener encuentros esporádicos (CSJ, SC, 20 sep. 2000, exp. n.° 6117);

(d) inexistencia de impedimentos legales que hagan ilícita la unión, como sucede, por ejemplo, con el incesto (CSJ, SC, 25 mar. 2009, rad. n.° 2002-00079-01); y

(e) convivencia ininterrumpida por dos (2) años, que hace presumir la conformación de la sociedad patrimonial (CSJ, SC268, 28 oct. 2005, rad. n.° 2000-00591-01)… (SC128, 12 feb. 2018, rad. n.° 2008-00331-01).

A los cuales habrá que añadirse, que «si alguno o ambos lo tienen, ‘que la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas’» (SC, 20 sep. 2000, exp. n.° 6117, reiterada en SC11949, 26 ag. 2016, rad. n.° 2001-00011-01).

3.3. En este contexto debe entenderse la doctrina probable de la Corporación, que de forma lineal ha señalado que la declaración judicial de la sociedad patrimonial de hecho exige la comprobación, tanto de los requisitos generales de la unión marital, como los especiales a que se refiere el artículo 2° de la ley 54 de 1990.

Al respecto, esta Corporación tiene depurado:

[S]on requisitos fundamentales para su estructuración [de la unión marital de hecho], la diversidad de sexos entre los miembros de la pareja, pues se acepta como tal únicamente la conformada por un hombre y una mujer; que no sean casados entre sí, pues obviamente de estarlo quedan sujetos a las reglas del matrimonio; y que exista comunidad de vida con las características de permanente y singular. Y para que se presuma la existencia de una sociedad patrimonial entre los miembros de la pareja, denominados legalmente compañeros permanentes, que habilite declararla judicialmente, el artículo segundo exige una duración mínima de dos años, si no tienen impedimento para contraer matrimonio; y si alguno o ambos lo tienen, ‘que la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho’ (negrilla fuera de texto, SC, 20 sep. 2000, exp. n.° 6117).

Tesis reiterada el 15 de noviembre de 2012 en los siguientes términos:

La sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, a que refiere el artículo 2° de la misma Ley 54 de 1990, si bien depende de que exista la ‘unión marital de hecho’, corresponde a una figura con entidad propia que puede o no surgir como consecuencia de la anterior, desde su inicio o durante su vigencia, siempre y cuando se cumplan los demás presupuestos que señala la norma, esto es, que el vínculo se haya extendido por más de dos años y, que de estar impedido legalmente uno o ambos compañeros permanentes para contraer matrimonio, hayan disuelto sus sociedades conyugales, así se encuentren ilíquidas…

De tal manera que no puede predicarse la conformación de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes sin que se acredite la unión marital de hecho, pero establecida esta última, no quiere decir que se produzca espontáneamente aquella, debiéndose demostrar los demás elementos que le dan origen (negrilla fuera de texto, SC, rad. n.° 2008-00322-01).

Y posteriormente agregó:

En el punto, cabe destacar que ‘[l]a sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, a que refiere el artículo 2° de la misma Ley 54 de 1990, si bien depende de que exista la ‘unión marital de hecho’, corresponde a una figura con entidad propia que puede o no surgir como consecuencia de la anterior, desde su inicio o durante su vigencia, siempre y cuando se cumplan los demás presupuestos que señala la norma’ (Cas. Civ., sentencia de 15 de noviembre de 2012, expediente No. 7300131100022008-00322-01) (negrilla fuera de texto, SC, 11 sep. 2013, rad. n.° 2001-00011-01).

De forma novedosa se confirmó que «la existencia de una unión marital de hecho puede dar lugar al surgimiento de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el ya citado artículo 2º de la Ley 54 de 1990, esto es, que aquélla supere el término de dos años y que los miembros de la pareja no estuvieren impedidos para contraer matrimonio o que, estándolo, hubiesen disuelto las sociedades conyugales anteriores, ‘por lo menos un año antes’ al inicio del nuevo vínculo» (negrilla fuera de texto, SC16891, 23 nov. 2016, rad. n.° 2006-00112-01).

En concreto, frente a la comunidad de bienes, dijo que «[e]n muchos casos, salvo excepciones, se permite que florezca una sociedad universal de bienes y su coexistencia con otras. Esto explica la razón por la cual, frente a la existencia de un impedimento dirimente de uno o de ambos convivientes para contraer nupcias, el artículo 2º, literal b) de la Ley 54 de 1990, modificado por el artículo 1º de la Ley 979 de 2005, proscribe el nacimiento de la sociedad patrimonial. Para el efecto se exige que las sociedades conyugales anteriores se encuentren disueltas, así no hayan sido ‘liquidadas’, cual arriba quedó precisado» (negrilla fuera de texto, SC3466, 21 sep. 2020, rad. n.° 2013-00505-01).

En suma, conforme a la doctrina probable de la Sala, el artículo tantas veces mencionado, además de fijar una presunción sobre la existencia de una comunidad de activos, como fue alegado en el remedio extraordinario, fijó los requerimientos que deben probarse para acceder judicialmente a su declaración, pues de forma inequívoca prescribió que sólo frente a su cumplimiento hay lugar a declararla judicialmente, lo cual no será procedente «cuando los compañeros cesan la vida común antes de satisfacerse el plazo legal, por la preexistencia de una sociedad conyugal o patrimonial de alguno de los partícipes, o por la ausencia de un fondo común» (SC2222, 13 jul. 2020, rad. n.° 2010-01409-01).

3.4. La hermenéutica antes señalada de ninguna manera constituye una transgresión a los principios constitucionales de igualdad y reconocimiento de todas las formas de familia, como lo asegura la impugnante; por el contrario, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la disposición, al asentir en las diferencias esenciales que separan la unión marital de hecho y el matrimonio.

Así se extrae de los variados pronunciamientos de la Corte Constitucional en los que ha asentido en que la Carta Fundamental, al definir la familia, no consagró un igualitarismo entre todas sus formas, pues el artículo 42 diferenció la que nace del matrimonio de las demás formas, de allí que sea admisible un trato legislativo diferenciado entre las mismas1.

A título de ejemplo, en la sentencia C-239/94 se aseguró que «es erróneo sostener, como parece hacerlo el demandante, que la Constitución consagre la absoluta igualdad entre el matrimonio y la unión libre, o unión marital de hecho, como la denomina la ley 54 de 1990. Basta leer el artículo 42 de la Constitución para entender por qué no es así».

Y de forma más cercana reiteró: «No se desconoce el derecho a la igualdad por la diferente regulación que el Legislador ha otorgado a la sociedad conyugal y a la patrimonial. En efecto la Constitución no establece la obligación de dar un tratamiento igual a estas dos instituciones ni a los efectos patrimoniales de las mismas. Por el contrario, faculta ampliamente al Legislador para regular la materia… No se trata entonces de supuestos iguales ni de situaciones que exijan ser reguladas de la misma manera por la ley» (C-278/14).

Por tanto, el hecho de que legislativamente se impida la declaración judicial de una sociedad patrimonial ante la existencia de una sociedad conyugal en cabeza de cualquiera de los compañeros permanentes, sin que suceda lo mismo en el caso contrario, encuentra soporte en que la Constitución Política no equiparó estos vínculos, sino que defirió a la libertad de configuración del Congreso de la República el señalamiento de las normas que gobiernan a una u otra, así como sus efectos.

Máxime porque el trato diferente tiene un propósito constitucionalmente admisible, como es evitar la confusión patrimonial que puede generarse ante la coexistencia de las universalidades jurídicas emanadas de diversas fuentes, sin que existan otros instrumentos legales menos gravosos que permitan la satisfacción de esta finalidad.

Huelga enfatizarlo, como la sociedad conyugal y la patrimonial, salvo las excepciones legales, se conforman por todos los bienes adquiridos en vigencia de las mismas, con independencia del aporte que hubieren realizado los integrantes, permitir su coexistencia trasluciría una mixtura de irremediable solución. Frente a esta eventualidad, es constitucionalmente admisible que se prohíba su simultaneidad, incluso si para estos fines se impide la conformación del fondo patrimonial entre compañeros permanentes, hasta tanto no se liquide la preexistente sociedad conyugal.

La Corte tiene definido:

[L]o que se propuso el legislador fue evitar la preexistencia de sociedades conyugales y patrimoniales entre compañeros permanentes, porque como lo tiene explicado la Corte, ‘si el designio fue, como viene de comprobarse a espacio, extirpar la eventual concurrencia de sociedades, suficiente habría sido reclamar que la sociedad conyugal hubiese llegado a su término, para lo cual basta simplemente la disolución. Es esta, que no la liquidación, la que le infiere la muerte a la sociedad conyugal’. Lo destacable, agrega, es que ‘cuando ocurre cualquiera de las causas legales de disolución, la sociedad conyugal termina sin atenuantes. No requiere de nada más para predicar que su vigencia expiró. En adelante ningún signo de vida queda’ (CSJ SC de 23 de marzo de 2011, exp. 2007-00091-01) (SC4829, 14 nov. 2018, rad. n.° 2008-00129-01).

En el mismo sentido se expresó el órgano de cierre constitucional:

[L]a exigencia de la disolución cumple la finalidad de evitar la coexistencia de sociedades universales en las cuales se puedan confundir los patrimonios, lo cual significa que la sociedad patrimonial no puede presumirse en su existencia si no ha sido disuelta la sociedad conyugal…

Es más, cuando por diferentes razones la sociedad conyugal no fue disuelta y se incumple el hecho básico de la presunción de sociedad patrimonial denominado disolución de la sociedad conyugal, ni los compañeros permanentes ni el haber social constituido por los bienes producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos, quedan desamparado por el Estado porque para esos casos el legislador diseñó otro proceso judicial como lo es la sociedad de hecho -antes entre concubinos- para que el patrimonio común sea distribuido en partes iguales entre los socios (negrilla fuera de texto, C-193/16).

Ahora bien, en caso de que los convivientes deseen evitar las consecuencias de la inhabilidad legal deberán adoptar las medidas tendientes a esta finalidad, procediendo a la disolución reclamada, para lo cual la jurisprudencia constitucional ha admitido la posibilidad de que el compañero débil «acud[a] a los estrados judiciales para que mediante proceso declarativo verbal residual, se fije la obligación del otro compañero de disolver la sociedad conyugal» (C-193/16); claro está, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre sociedad de hecho concubinaria.

Y es que, desde muchos años antes de la ley 54 de 1990, que se mantuvo con posterioridad, la jurisprudencia acudió a la figura de la sociedad «comercial» de hecho con la finalidad de solventar la iniquidad generada por la ausencia de efectos patrimoniales de las uniones convivenciales, aunque sometida al cumplimiento de los requisitos de la convención societaria.

Recuérdese la posición de la Corte sobre la materia en aquél entonces:

[Q]uienes sin casarse entre sí, se hayan unido para vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, aunque convivan bajo un mismo techo y de manera pública y estable, a la manera de los legítimamente casados, carecen de derecho para reclamar, fundados únicamente en que existe la unión concubinaria, que se les otorgue participación en las utilidades que su compañero haya obtenido durante el tiempo en que han cohabitado. Ni a la concubina ni al concubinario, por el solo hecho de ser tales, les confiere la ley derecho alguno sobre los bienes que su amante haya adquirido durante el tiempo en que la unión natural se haya desarrollado.

El concubinato, pues, no genera por sí ningún tipo de sociedad o de comunidad de bienes entre concubinarios. La cohabitación, per se, no da nacimiento a la compañía patrimonial (SC, 18 oct. 1973, G.J. CXLVII, n.° 2372-2377, p. 92).

Figura que fue remozada para servir a los casos en que, por no cumplirse con los requisitos legales, debe rechazarse la sociedad patrimonial de hecho, siempre que se satisfagan las condiciones señaladas jurisprudencialmente:

En el terreno de la sociedad de hecho “concubinaria”, la Corte, estimó menester además de los anteriores requisitos, los siguientes específicos: “1º Que la sociedad no haya tenido por finalidad el crear, prolongar, fomentar o estimular el concubinato, pues si esto fuere así, el contrato sería nulo por causa ilícita, en razón de su móvil determinante. En general la ley ignora las relaciones sexuales fuera del matrimonio, sea para hacerlas producir efectos, sea para deducir de ellas una incapacidad civil, y por ello, en principio, no hay obstáculo para los contratos entre concubinos, pero cuando el móvil determinante en esos contratos es el de crear o mantener el concubinato, hay lugar a declarar la nulidad por aplicación de la teoría de la causa; 2º Como el concubinato no crea por sí solo comunidad de bienes, ni sociedad de hecho, es preciso, para reconocer la sociedad de hecho entre concubinos, que se pueda distinguir claramente lo que es la común actividad de los concubinos en una determinada empresa creada con el propósito de realizar beneficios, de lo que es el simple resultado de una común vivienda y de una intimidad extendida al manejo, conservación, administración de los bienes de uno y otro o de ambos”. (XLII, 476)…

Delante de esta problemática, como advirtió la Sala, la exigencia estricta probativa del animus societatis con “actividades cardinalmente distintas al desenvolvimiento de la vida familiar, se justificaba en el contexto socio-jurídico en el que la Corte acuñó su jurisprudencia concerniente con los elementos estructurales de la sociedad de hecho entre concubinos”, enmarcada en odiosa e injustificada estigmatización, reprobación social e ilicitud del concubinato a contrariedad de la época contemporánea por su aceptación, protección normativa y el reconocimiento de la familia en la Constitución Política de 1991, ya por vínculos jurídicos matrimoniales, ora naturales y por la voluntad responsable de un hombre y una mujer, de donde “no puede exigirse, en forma tan radical, para el reconocimiento de la sociedad de hecho entre concubinos, que la conjunción de aportes comunes, participación en las pérdidas y ganancias y la affectio societatis surja con prescindencia de la unión extramatrimonial y que no tenga por finalidad crear, prolongar o estimular dicha especie de unión, pues, por el contrario en uniones concubinarias con las particularidades de la aquí examinada no puede escindirse tajantemente la relación familiar y la societaria, habida cuenta que sus propósitos económicos pueden estar inmersos en esa comunidad de vida (…)” (cas. civ. sentencia de 27 de junio de 2005, exp. 7188)… (SC, 24 feb. 2011, rad. n.° 2002-00084-01).

Las más recientes palabras sobre la materia resultan ilustradoras sobre su alcance y contenido:

Frente a una demostrada relación concubinaria, por lo tanto, los elementos de la sociedad de hecho no pueden ser apreciados al margen de esa convivencia, sino con vista en ella, pues fuera de no obstaculizarla ni desnaturalizarla, las labores del hogar, domésticas y afectivas, usualmente conllevan actividades de colaboración y cooperación de los socios o concubinos, tendientes a forjar un patrimonio común, precisamente soporte para el desenvolvimiento en otros campos, como el personal y el social.

En efecto, el concubinato, es una realidad social, histórica y jurídica que ha acompañado la evolución de la familia, y aún subsiste. Es la convivencia more uxorio, que entraña una modalidad equivalente al matrimonio porque una pareja hace vida común duradera con el propósito de formar una familia, cohabitar e integrar un hogar; viven juntos, no en procura de simples devaneos, no como mero noviazgo ni en pos de un trato sexual casual, es la práctica sostenida de una vida común con carácter permanente.

No es un matrimonio, sino una relación paralela; por ello, concubinato, etimológicamente viene de cum cubare, (acostarse con) y traduce una comunidad de hecho que apareja la existencia de relaciones coitales por fuera del matrimonio o de carácter extramatrimonial, sea de una persona casada con otra soltera, en fin; o de dos solteras que sin contraer matrimonio se unen, arquetipo éste último que se tipifica en la unión marital de hecho…

En esas condiciones, más allá del carácter sentimental o de la simple comunidad marital en la relación de pareja, cuando sus componentes exponen su consentimiento expreso o, ya tácito (15) o “implícito” (16) , derivado de hechos o actos inequívocos, con el propósito de obtener utilidades y enjugar las pérdidas que llegaren a sufrir y, además, hacen aportes, hay una indiscutible sociedad de hecho.

De consiguiente, en muchas hipótesis, puede existir al margen del matrimonio o de la vigente unión marital de hecho prevista en la Ley 54 de 1990, y de las correspondientes sociedad conyugal o patrimonial, una sociedad de hecho comercial o civil (17) , pudiendo coexistir ésta última con la sociedad conyugal, o con la sociedad patrimonial, pero cada cual con su propia naturaleza, identidad y autonomía jurídica. Todo ello, de la misma manera cómo puede existir la sociedad conyugal, y adlátere, en forma simultánea, una sociedad mercantil regular integrada por los cónyuges o por uno de estos con terceros… (SC8225, 22 jun. 2016, rad. n.° 2008-00129-01).

4. La interpretación antes referida encontró refrendación en la sentencia C-193 de 20 de abril de 2016, donde la Corte Constitucional analizó la exequibilidad de la norma en comentario.

4.1. Justamente, en ejercicio de la acción pública de constitucionalidad se pretendió la inexequibilidad del literal b (parcial) del artículo 2º de la ley 54 de 1990, por consagrar un requisito que otorga primacía a la sociedad conyugal sobre la patrimonial de hecho.

El promotor, después de explicar las posibles interpretaciones de este precepto, señaló que la «presunción de derecho» consistente en que habrá confusión patrimonial entre los fondos conyugal y de hecho al permitirse su coexistencia, «no se puede aplicar porque en la actualidad el juez de familia cuenta con diferentes herramientas probatorias para rastrear los bienes y determinar cuáles pertenecen a la sociedad conyugal y cuáles fueron adquiridos en vigencia de la sociedad patrimonial».

4.2. El máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, al evaluar los argumentos de la demanda, sostuvo in extenso:

63. Revisando los antecedentes legislativos de esta Ley y de su modificación, a través de la presunción de sociedad patrimonial y los requisitos que operan como hechos básicos para eximir de la carga de probar el hecho presumido, es decir, la sociedad patrimonial, la Sala observa que su finalidad es evitar la coexistencia de sociedades universales con gananciales comunes -sociedades conyugal y patrimonial- y la confusión entre estos patrimonios en procura de impedir defraudaciones, además de otorgar certeza temporal frente al patrimonial…

Frente al precepto demandado, la Corte no advierte que la igualdad de derechos y deberes que le asisten a la pareja se desconozca, habida cuenta que el argumento que expone el demandante parte del supuesto de la mala fe del compañero permanente con sociedad conyugal disuelta, al indicar que por incuria o dolo premeditado no va a disolver dicha sociedad para bloquear la presunción de la sociedad patrimonial. De acuerdo con el artículo 83 Superior, se presume la buena fe en todas las actuaciones y gestiones que adelanten los particulares, motivo por el cual la Corte no puede inferir la actuación incorrecta e irresponsable de un compañero en detrimento de la sociedad patrimonial, como parece asegurarlo el demandante.

Tampoco se desconoce la protección integral a la familia natural, habida consideración que por incumplir el requisito de la disolución si bien no se presume la sociedad patrimonial, lo cierto es que la unión marital de hecho como lazo familiar natural sí es declarada y como tal garantizada en sus efectos personales. Por ejemplo, así lo reconoció la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 28 de noviembre de 2012 que se referenció…

Así las cosas, la Corte considera que la exigencia de la disolución que se viene estudiando, cumple con los supuestos de precisión, seriedad y concordancia que se tornan más flexibles cuando se trata de presunciones legales o iuris tantum. De esta forma, no afecta el derecho la igualdad inherente a ambos compañeros permanentes frente a la sociedad patrimonial (negrilla fuera de texto).

Con la anterior fundamentación arribó a las siguientes conclusiones:

Corresponde entonces a la Sala analizar cada uno de los pasos del juicio de proporcionalidad.

a) La finalidad que persigue la medida acusada es legítima a la luz de la Constitución: La exigencia de disolver la sociedad conyugal anterior que tiene vigente el compañero permanente con impedimento legal para contraer matrimonio, como uno de los hechos indicadores de la presunción de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, tiene por finalidad evitar la coexistencia de sociedades universales de gananciales que se puedan yuxtaponer confundiendo el haber social, es decir, el patrimonio mismo. La Sala considera que dicha finalidad expuesta por el legislador al establecer esta medida, desarrolla el valor constitucional del orden justo y la propiedad privada de los bienes establecidos en cabeza de la sociedad conyugal ya empezada. Solo hasta su finalización mediante la disolución, es posible presumir y reconocer judicialmente la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes.

No pierde de vista la Corte que la falta de disolución de la sociedad conyugal anterior, impide que se aplique la presunción legal, afectando el derecho sustancial que le asiste a los compañeros permanentes del reconocimiento judicial de la sociedad patrimonial.

b) La medida de disolver la sociedad conyugal anterior como uno de los hechos básicos para que opere la presunción de sociedad patrimonial, es necesaria: la Corte considera que no existe otra medida igualmente eficaz para garantizar el cumplimiento de la finalidad de evitar la coexistencia y confusión de patrimonios de las sociedades universales de gananciales, y de esa forma fundamentar el orden justo constitucional.

Finalmente resolvió: «[d]eclarar EXEQUIBLE las expresiones “siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas” y “antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho”, contenidas en el artículo 2° literal b) de la Ley 54 de 1990, modificado por el artículo 1° de la ley 979 de 2005, por los cargos analizados en la presente demanda».

4.3. Este veredicto, por mandato del artículo 243 de la Constitución Política, «hace tránsito a cosa juzgada constitucional» y, por tanto, «[n]inguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución». Adicionalmente, el fallo es «de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva», en aplicación del numeral 1° del canon 48 de la ley 270 de 1996.

Sobre el punto, el órgano de cierre constitucional tiene dicho: «La cosa juzgada constitucional es pues una institución jurídico procesal que tiene su fundamento en el artículo 243 de la Constitución Política y mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia de constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. De ella surge una restricción negativa consistente en la imposibilidad de que el juez constitucional vuelva a conocer y decidir sobre lo resuelto» (C-100/19).

Así las cosas, una vez declarada la exequibilidad de la regla contenida en el literal b) del artículo 2° de la ley 54 de 1990, esta determinación es de imperativo acatamiento, sin que pueda desconocerse, máxime porque en el presente caso la recurrente no expuso argumentos diferentes a los analizados por el órgano de cierre constitucional.

Se agrega a lo expuesto la reconocida obligación de seguir la jurisprudencia de los órganos de cierre, como garantía de los derechos a la igualdad y seguridad jurídica de los ciudadanos, que podrían verse socavados en los eventos en que frente a casos similares se arriben a conclusiones diferentes.

Bien dijo Hernando Morales Molina que «[e]l estado democrático requiere de un órgano que como juez haga observar la ley objetivamente considerada, e imprima una interpretación uniforme de las normas jurídicas. El tribunal de casación cumple así una función de control sobre los tribunales inferiores, o sea que ejerce una censura represiva»2.

De allí que el artículo 230 de la Constitución Política estableciera que la jurisprudencia es un criterio auxiliar de la actividad judicial; excepcionalmente, claro está, podrán desconocerse los precedentes vertical y horizontal, siempre que cumplan «con la carga de exponer los motivos por los cuales no se atiende» (STC8847, 11 jul. 2018, rad. n.° 2018-00144-01).

La Sala ha reiterado que «el precedente judicial del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria tiene un cierto carácter vinculante, para cuya separación es menester que el juez ofrezca razones suficientes de su distanciamiento» (SC5686, 19 dic. 2018, rad. n.° 2004-00042-01).

En el mismo sentido la Corte Constitucional aseguró:

La sujeción del juez al ordenamiento jurídico le impone el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta, y caracteriza su función dentro del Estado social de derecho como creador de principios jurídicos que permitan que el derecho responda adecuadamente a las necesidades sociales. Esta doble finalidad constitucional de la actividad judicial determina cuándo puede el juez apartarse de la jurisprudencia del máximo órgano de la respectiva jurisdicción. A su vez, la obligación de fundamentar expresamente sus decisiones a partir de la jurisprudencia determina la forma como los jueces deben manifestar la decisión de apartarse de las decisiones de la Corte Suprema como juez de casación (C836/2001).

5. Por lo expuesto se descarta que el Tribunal mal interpretara la norma invocada por el impugnante, en punto al requisito de la idoneidad exigido para que proceda la declaración judicial de la sociedad patrimonial de hecho, sino que por el contrario su interpretación se aviene con su literalidad y teleología, hermenéutica armónica con la Constitución Política, motivo para rehusar la acusación.

CARGO SEGUNDO

Al abrigo de la causal primera de casación se achacó al ad quem el desconocimiento indirecto del artículo 2º de la ley 54 de 1990, como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las pruebas demostrativas del matrimonio celebrado entre Antonio María Zuluaga Betancourt y Flor Alba Forero Velásquez.

Sostuvo la recurrente que el registro civil de matrimonio obrante a folio 49 del cuaderno principal, único documento tenido en cuenta para acreditar el casamiento, a la luz de los artículos 2º, 5º, 8º, 10, 11, 22, 44, 67, 68, 69, 89, 101, 102, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970, no satisface los requisitos de publicidad y oponibilidad.

Lo anterior, pues el matrimonio no fue inscrito en el registro civil de nacimiento del señor Antonio María Zuluaga Betancourt, faltando así a la publicidad que es esencial en esta materia, de lo que deviene que sea inoponible a Liliana María Posada Arboleda; máxime porque ella no ha tenido acceso a la prueba exigida legalmente con el fin de comprobar que está legalmente casado, si hubo capitulaciones matrimoniales, o si la sociedad conyugal está disuelta o liquidada, «pues la prueba de ese estado civil no reposa en el proceso y el documento tenido en cuenta por el Tribunal no alcanza a demostrar dichos hechos, a tal punto que amén de la obligación del funcionario de dar cuenta de estos hechos cuando se presentan y es deber informar los datos del registro civil de nacimiento, es una carga del interesado solicitar o adelantar su inscripción en dicho registro» (folio 27).

Aclaró que tanto el matrimonio civil, como el católico, debe inscribirse en el registro civil de nacimiento de los contrayentes, en razón de que «no se p[uede] exigir a una compañera permanente que verifique si en alguna [n]otaría del país reposa un acta de matrimonio de su compañero permanente» (folio 28), en procura de establecer su verdadero estado civil, de allí que todo deba quedar asentado en el registro de nacimiento.

En refuerzo de lo anterior, el censor trajo a colación el artículo 3º del decreto 2668 de 1998, en el que se exige, para la celebración de matrimonio ante notario, que con la solicitud se aporte el registro civil de nacimiento de los pretendientes y, si se trata de segundas nupcias, se allegue, además, el de defunción del cónyuge con el que estuvo unido el respectivo contrayente, o los registros civiles donde figure inscrito el divorcio, la nulidad o la dispensa pontificia, así como un inventario solemne de bienes, en caso de existir hijos menores.

CARGO TERCERO

Con apoyo en el motivo inicial de casación la demandante acusó la sentencia de vulnerar la norma invocada en el embiste precedente, por fuerza del canon 177 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el decreto 1260 de 1970, el cual establece que el estado civil tiene unas reglas específicas para su demostración.

En lo demás insistió en los argumentos del embiste anterior, que pueden compendiarse de la siguiente manera: (i) conforme a los cánones 2°, 5°, 8°, 10, 11, 22, 44, 67, 69, 89, 101, 106 y 107 se echa de menos que el matrimonio se anotara en el registro civil de nacimiento de Antonio María Zuluaga Betancourt; (ii) la omisión de este requisito de publicidad hace que el acto devenga inoponible frente a terceros, como sucede con la compañera permanente; (iii) no puede exigirse a la conviviente que verifique en todas las notarías del país si su compañero tiene un acta de matrimonio; y (iv) para la celebración del matrimonio debe acompañarse el registro de nacimiento, lo que permitirá el registro de aquél.

CONSIDERACIONES

1. Del compendio de los cargos finales refulge que al unísono cuestionan que se tuviera por oponible el matrimonio celebrado entre el enjuiciado y Flor Alba Forero Velásquez, ante la carencia de inscripción en el registro civil de nacimiento de aquél; por tanto, al fundarse en argumentos comunes, es menester hacer su estudio de forma conjunta.

Este alcance fundamental se explica por la necesidad de que las personas puedan establecer su rol en «la familia y la sociedad», así como determinar «su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones» (artículo 1° del decreto 1260 de 1970); total que la filiación «es la situación jurídica que un individuo ocupa en la familia y la sociedad y que le confiere determinados derechos y obligaciones civiles, [y] para su protección se han consagrado las acciones de estado» (SC, 28 mar. 1984, GJ n.° 2415).

En aras de garantizar el anterior propósito, el estado civil fue caracterizado como «indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley» (artículo 1° del decreto 1260 de 1970). Rasgos que se traducen, respectivamente, en que un mismo hecho sólo puede generar un estado civil; el cual no puede ser objeto de negociación, transacción o disposición, «salvo en cuanto a los derechos patrimoniales que de él se derivan»; su reconocimiento podrá reclamarse en cualquier momento, «porque salvo excepción legal ni se gana ni se pierde por el transcurso del tiempo»; y su contenido y alcance está regulado «por normas de orden público, como quiera que interesa a la sociedad en general, y por ende los preceptos legales que lo gobiernan no pueden derogarse por convenios particulares ni ser objeto de renuncias» (SC, 25 ag. 2000, exp. n.° 5215).

La Sala tiene dicho:

Es el estado civil una calidad invaluable que en razón de su esencia no ingresa al patrimonio ni admite cotización en el mercado. Constituye un atributo de la personalidad humana, que marca su posición en la familia y en el grupo social a que pertenece. No puede cederse ni enajenarse, ni ser objeto de transacción. El derecho lo protege, eso sí, como a todos los valores imponderables que integran el acervo moral en que reposa la dignidad y estimación de las gentes (SC, 31 ag. 1961, GJ n.° 2242, 2243 y 2244).

3. El registro del estado civil, en sus inicios, estuvo administrado por delegados clericales; sin embargo, con el decreto 1260 de 1970 se dio un cambio trascendental, al suprimir las partidas eclesiásticas como un mecanismo idóneo para su demostración, quedando aquéllas vigentes únicamente para acreditar los hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva regulación. El Estado colombiano, entonces, tomo el monopolio de administrar y controlar lo concerniente al estado civil de las personas naturales.

Y es que, si bien con la ley 92 de 1938 se creó un sistema de registro dirigido por alcaldes y notarios, lo cierto es que las certificaciones parroquiales mantuvieron su carácter subsidiario, lo que permitió la dispersión de información e impidió su unificación.

Para superar lo anterior el decreto 1260 ordenó que «[l]os hechos y los actos relativos al estado civil de las personas, deben ser inscritos en el competente registro civil» (artículo 5°), bajo la premisa de que «[e]l estado civil debe constar en el registro del estado civil» (artículo 101); inscripción que «será válida siempre que se haga con el lleno de los requisitos de ley» (artículo 102), por tanto «[n]inguno de los hechos, actos o providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetas a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público, si no ha sido inscrito y registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente e la formalidad del registro» (artículo 106).

La Sala, al referirse a la materia, señaló «a partir de vigencia del Decreto 1260 de 1970, las inscripciones de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas están sometidas las reglas del mismo» (SC, 5 jul. 1989, GJ CXCVI, n.° 2435). Esto debido a que:

…de conformidad con el artículo 5° del Decreto 1260 de 1970 los hechos y actos relativos al estado civil de las personas deben ser inscritos en el registro civil y, de conformidad con el 105, los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938 se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos. Los estados civiles generados antes de 1938 pueden probarse mediante copias eclesiásticas o del registro civil, los posteriores pero anteriores al 5 de agosto de 1970 lo pueden ser con el registro civil y en subsidio con las actas eclesiásticas y a partir de 1970 sólo con copia del registro civil (SC5686, 19 dic. 2018, rad. n.° 2004-00042-01).

4. Dentro de este contexto se explica que la falta de registro, por regla de principio, conduzca a que el hecho o acto no produzca efectos jurídicos frente a terceros, como lo previene el canon 107 del decreto 1260 de 1970, a saber: «Por regla general ningún hecho, acto o providencia relativos al estado civil o la capacidad de las personas, y sujeto a registro, surtirá efecto respecto de terceros, sino desde la fecha del registro o inscripción» (negrilla fuera de texto).

Ha sido la jurisprudencia la encargada de establecer los casos en que, a pesar de no haberse efectuado el registro, el acto alcanza oponibilidad erga omnes, para lo cual ha acudido a dos (2) nociones: (i) el principio de la indivisibilidad del estado civil, por cuya fuerza es imposible que frente a una misma situación se tengan estatus diferentes; y (ii) el thema decidendi del caso concreto, con el fin de evitar la afectación de los derechos de quienes no han sido vinculados al proceso.

Así lo ha señalado la Corte:

1. Como la sentencia atacada y el recurso interpuesto contra ella gira en torno a la interpretación del artículo 107 del Decreto 1260 de 1970, debe destacarse que dicha norma no contiene un carácter absoluto ni un mandato inmodificable, corno quiera que comienza por establecer que por regla general (o sea, no siempre) los hechos, actos o providencias relativos al estado civil no producen efectos respecto de terceros, sino desde la fecha del registro o inscripción.

Tal redacción significa, a contrario sensu, que por vía, excepcional sí pueden producirlos.

2. La unidad del estado civil es principio indiscutible (Art. 1° ib.), así esté atemperado para determinadas circunstancias por la inoponibilidad, en ciertos casos, de dicho estado, o mejor de sus efectos, especialmente los de índole patrimonial, como lo contempla el último inciso del artículo 10 de la Ley 75 de 1968.

Pero para, tener en cuenta, esta inoponibilidad que, por vía de excepción, llegue a reducir el ámbito de la unidad del estado civil, es indispensable que el conflicto verse directamente o exclusiva sobre el estado civil en discusión o sobre sus directas consecuencias, o mejor dicho sobre sus alcances primarios y específicos (negrilla fuera de texto, SC, 20 ag. 1981, GJ CLXVI n.° 2407).

Postura que fue adicionada de forma reciente:

Por ello, se insiste en que no es dable equiparar los efectos de la falta de ‘registro’ de asuntos atinentes al ‘estado civil’, con los que produce esa omisión en los demás sucesos sometidos a tal exigencia, pues si bien es verdad que conforme al canon 107 del decreto 1260 de 1970 ‘[p]or regla general ningún hecho, acto o providencia relativos al estado civil o la capacidad de las personas y sujeto a registro, surtirá efecto respecto de terceros, sino desde la fecha del registro o inscripción’, también lo es que, la ley ha de interpretarse buscando ‘su verdadero sentido’ y ‘del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural’ (arts. 26 y 32 C.C.), teleología que en palabras de la Corte ‘el juez no solo puede sino que debe tener presente a la hora de desentrañar el espíritu y el genuino entendimiento de las disposiciones legales’ (Sentencia CSJ SC, 1° oct. 2004, rad. 1998-01175-01).

En este orden de ideas, dado que ‘[e]l estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad’, se itera, el ‘registro’ que permite su acreditación no puede conllevar la negación del ‘hecho o acto’ que lo genera, hasta cuando aquel se efectué, porque ello conduciría al absurdo de considerar que una persona murió antes de nacer, si su fallecimiento se presentó y registró sin haberse inscrito su nacimiento (SC7019, rad. n.° 2002-00487-01).

Dicho en otras palabras, si bien el estado civil y el registro son diferentes, lo cierto es que entre ellos hay una inescindible interconexión, en tanto el último condiciona los efectos de aquél frente a terceros; de allí que, la ausencia de la anotación conduzca a la inoponibilidad del acto o hecho, salvo en los casos subsiguientes: (i) deba darse prelación al principio de indivisibilidad y, por tanto, evitar la duplicidad de estatutos frente a una misma condición; (ii) el asunto en discusión no verse de forma directa sobre el estado civil que se pretende inoponible; y (iii) el hecho o acto sea constitutivo del estado civil, sin más requisitos, por los efectos indeseables de asentirse en la hipótesis opuesta.

Por tanto, queda fuera de dubitación el carácter relativo de la inoponibilidad consagrada en el artículo bajo comentario, análisis que deberá hacerse caso por caso.

5. Dentro de este contexto conviene analizar las normas que gobiernan el registro del matrimonio, por tratarse de uno de aquellos actos que deben asentarse en el registro civil conforme al mandato 5° del decreto 1260 de 1970.

5.1. Para estos fines, el canon 8° de dicho estatuto creó el registro de matrimonios, organizado en folios destinados a personas determinadas (artículo 9°), en cual deberán asentarse los matrimonios, nulidades, divorcios, separaciones de cuerpos y bienes (artículos 67 y 72), aunque el mismo es concurrente a la anotación «en el de registro de nacimiento de los cónyuges» (numeral 4° del artículo 44).

Dicho de otra manera, el negocio matrimonial y cualquier acto modificatorio deberá inscribirse, tanto en los registros individuales de nacimiento, como en el especial de matrimonio.

5.2. No obstante, para evitar que los interesados tengan que efectuar múltiples registros, el estatuto impuso a las autoridades competentes la carga de remitir la información necesaria a su homólogo, con el fin de que cada uno haga las anotaciones del caso.

En efecto, el artículo 71 del decreto 1260 de 1970 dispuso: «El funcionario del estado civil que inscriba un matrimonio, de oficio, o a solicitud del interesado, enviará sendas copias del folio a las oficinas locales donde se hallen los registros de nacimiento de los cónyuges y de los hijos legitimados, y a la oficina central».

Reliévese, entonces, que una vez los consortes efectúan el registro en el acta especializada, corresponde a las autoridades administrativas encargarse de las gestiones requeridas para que se actualicen los registros de nacimiento de los contrayentes, quienes confían razonablemente en su realización, de allí que una omisión en su adelantamiento no puede aparejarles consecuencias negativas, como la inoponibilidad.

5.3. Cualquier otra hermenéutica debe rechazarse, no sólo por traslucir el traslado de una carga pública a los particulares, sino para salvaguardar el principio de indivisibilidad del estado civil matrimonial, que en el contexto del artículo 42 de la Constitución Política y el principio de monogamia allí reconocido, impone que únicamente sea admisible un único vínculo conyugal por persona, cuyo nacimiento depende del cumplimiento de los requisitos legales de celebración. Y es que, de permitirse que puedan rehusarse efectos al matrimonio por la ausencia de un registro, se llegaría al sinsentido de que dos (2) personas diferentes puedan alegar válidamente que son consortes de la misma persona, ante la inoponibilidad pretendida, con los problemas que esto aparejaría frente al mencionado principio, la conformación de múltiples fondos comunes, el cumplimiento de deberes de fidelidad y otros objetivos connaturales al vínculo marital.

6. Aplicadas las consideraciones precedentes al sub lite, descuella que los cargos propuestos carecen de vocación de prosperidad, pues la inoponibilidad pretendida no se configuró y, en todo caso, los cargos resultan contrarios a la técnica de casación, como más adelante se explicará.

6.1. Es cierto que el registro de nacimiento de Antonio María Zuluaga Betancourt, asentado en la Notaría Única del Círculo de Marquetalia-Caldas (folio 39 ibidem), que fue allegado como anexo a la demanda, carece de cualquier anotación relativa al casamiento de esta persona o los efectos de éste.

Sin embargo, con la contestación se arrimó la copia del acta de matrimonio ubicada en el Tomo 9 folio 321 de la Notaría 21 del Círculo de Bogotá, el cual da cuenta de que «[e]n la República de Colombia Departamento de Cundinamarca Municipio de Bogotá a las 6 p.m. del día veinticinco 25 del mes de abril de mil novecientos ochenta y uno 1981 contrajeron matrimonio Católico en Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro el señor Antonio María Zuluaga Betancourt… y la señor (sic) Flor Alba Forero Velásquez» (folio 49 del cuaderno principal). Conforme a la certificación notarial, la «fotocopia fue tomada del original que reposa en los archivos de esta notaría» (folio 49 reverso idem).

Luego, fuera de duda se encuentra que la pareja Zuluaga-Forero satisfizo su deber de efectuar la anotación en el registro del estado civil, para lo cual acudieron a una notaría ubicada en el lugar de celebración del casamiento, lo que es suficiente para reconocer efectos jurídicos a su acto marital, incluso frente a terceros.

6.2.1. Frente al primero de los tópicos se advierte que en el escrito inaugural únicamente se pretendió «declarar que… existió una unión marital de hecho desde el 11 de abril de 1.992, hasta el 21 de noviembre del año 2.009», y «como consecuencia de lo anterior se declare [l]a existencia, disolución y [l]iquidación de la sociedad patrimonial que entre ellos se conformó» (folio 30 del cuaderno 1). No hubo súplica alguna en relación con el matrimonio conformado por el convocado y Flor Alba Forero, menos aún para que se reconociera su inoponibilidad.

Incluso, después de que el convocado contestó la demanda y aseguró estar «legalmente casado y con sociedad conyugal vigente con la señora Flor Alba Forero Velásquez desde el día 25 de Abril de 1.981» (folio 67 ejusdem), la promotora descorrió las excepciones con la aseveración de que «no se desconoce el vínculo matrimonial anterior en virtud del matrimonio realizado» (folio 128), sin proponer una reforma a la demanda que permitiera debatir lo tocante a los efectos del matrimonio y sus consecuencias patrimoniales.

Materia que, por demás, fue por completo extraña a los alegatos de conclusión en primera instancia, a pesar de que la interesada se refirió expresamente al casamiento, aunque para rechazar que el demandado pudiera alegar en su favor la «desidia al no disolver y liquidar la sociedad conyugal anterior» (folio 255), así como que la «preexistencia de un matrimonio anterior… no era obstáculo para la formación de una unión marital de hecho» (idem). En este punto conviene llamar la atención sobre el hecho de que la ley 54 de 1990 sólo hace referencia a la disolución de la sociedad conyugal, sin regular expresamente lo referente al matrimonio que contraigan los compañeros.

Por último, en la sustentación del recurso de apelación se reiteraron las reflexiones antes efectuadas, con la insistencia de que no era necesaria la liquidación de la sociedad conyugal para reconocer la sociedad patrimonial de hecho (folios 11 y 12 del cuaderno 7), sin referencia alguna al tema de la inoponibilidad.

La invalidez del acto matrimonial, entonces, constituye una materia accidental a la controversia, introducida de forma tardía en la controversia, de allí que mal podría erigirse como un motivo para pretender derruir la sentencia del Tribunal.

6.2.2. Se agrega a la anterior reflexión que, en garantía de los derechos de defensa y contradicción, era menester que al trámite se vinculara como sujeto procesal a Flor Alba Forero Velásquez, para que pudiera propender por sus intereses respecto a los activos que están llamados a integrar la sociedad conyugal conformada con Antonio María Zuluaga.

Y es que, de admitirse la inoponibilidad pretendida en casación, se daría paso a la conformación de una sociedad patrimonial de hecho entre el accionado y Liliana María Posada, circunstancia que no es admisible por estar vigente una sociedad conyugal, como se expuso anteriormente, por la imposibilidad de coexistencia entre estas dos universalidades por expreso mandato de la ley.

Por tanto, en aplicación del debido proceso, debió vincularse al litigio a todas las personas que resultarían perjudicadas con la declaración de inoponibilidad, por lo que al no procederse de esta manera debe rehusarse tal pedimento.

6.2.3. Por último, advierte la Corte que las pruebas que reposan en la foliatura dan cuenta de que Liliana María Posada Arboleda conocía el vínculo matrimonial de su compañero sentimental, a partir de lo cual era dable que verificara el estado civil de éste.

Así se extrae del reconocimiento efectuado por la demandante en el escrito de respuesta al traslado de excepciones, en el cual asintió en que «es cierto no se desconoce el vínculo matrimonial anterior en virtud del matrimonio realizado», sólo que creyó que el mismo estaba extinguido en tanto «Antonio María Zuluaga Betancur (sic)… siempre… manifestó… que él se había separado de su primera esposa» (folio 128 del cuaderno 1). Afirmación esta última que, de haberse demostrado y siempre que se originara en comportamiento torticero del accionado, pudo haber generado responsabilidad, el cual tampoco se pretendió.

Afirmación ratificada en el interrogatorio de parte de 24 de febrero de 2012, pues ante la pregunta «[d]iga como es cierto si o no que usted conoció a la señora Flora (sic) Alba Forero», la actora respondió: «[s]i es verdad, ella me visitó en el apartamento 405 de Era 2000, dos años después de yo estar casada con Antonio[,] ella fue a mi apartamento y me agregó que no tenía nada con él que había sido su primera esposa» (folio 194).

Reconocimiento del cual dio cuenta Hernando Rayo Castillo, amigo común de la pareja Zuluaga-Pasada, quien al ser inquirido sobre el «conocimiento [de] la señora Liliana Posada… [sobre] que el señor Antonio Zuluaga era casado con la señora Flor Alba Faoreo (sic)», aseguró: «Si (sic) tenía pleno conocimiento porque ese era un tema en que algunas oportunidades se trataba entre nosotros de manera jocosa… Liliana, Antonio y yo y en algunas oportunidades yo les decía que no era doña Flor y sus dos maridos sino don Antonio y sus dos mujeres… Yo creo que en ningún momento la intención haya sido la de formalizar esa relación, porque de otra forma se hubiera separado de doña Flor» (folio 163).

Declaración que guarda coherencia con el aserto de Carlos Arturo Clavijo Aguilar, quien comentó: «Liliana quería contraer matrimonio con él… cuando se tocaba el tema yo si le llegue a decir que porque no solucionaba ese problema para mi doble convivencia unas veces aquí y otras veces allí y él me decía que no quería separarse definitivamente de Flor Alba dejar su hogar e irse a convivir permanentemente con Liliana entre otras cosas porque Liliana le exigía la separación legal de Flor Alba y él no estaba dispuesto a hacer eso[;] mas (sic) sin embargo Antonio seguía sosteniendo una relación esporádica con Liliana pero la relación en vez de fortalecerse lo que yo puedo percibir» (folio 187).

La concordancia de las pruebas es demostrativa de que Liliana Posada conocía del matrimonio de su compañero permanente, lo que desestima que se tratara de un acto oculto y, por ende, debe rechazarse su inoponibilidad.

7. En todo caso no puede dejarse de lado que, del recuento efectuado en precedencia, refulge que las censuras en casación constituyen un medio nuevo, lo que trasluce una pifia técnica que impide asentir en su prosperidad

7.1. Es pacífico en la jurisprudencia que «un alegato sorpresivo que la doctrina denomina ‘medio nuevo’, esto es, aquel que uno de los litigantes guarda para erigirlo cuando han fenecido las oportunidades de contradicción previstas en el ordenamiento jurídico o… para revivirlo a pesar de que lo abandonó expresamente», debe ser repelido en el escenario extraordinario, por ir en desmedro «del principio de lealtad procesal para con el estamento jurisdiccional y con su contendora» (SC131, 12 feb. 2012, rad. n.° 2007-00160-01).

Total, si las partes voluntariamente dejan por fuera de controversia algunas materias, no puede permitirse que con posterioridad sean introducidas de forma extemporánea e intempestiva, menos aún en el trámite de la casación, pues este remedio está limitado a las precisas causales señaladas por el legislador y su objeto se acota a la sentencia de segundo grado, razón para repeler su utilización como un nuevo grado jurisdiccional (cfr. SC, 16 jul. 1965, GJ n.° 2278-2279, p. 106).

En otros términos, «este instrumento extraordinario no habilita un nuevo juzgamiento de la controversia, sino que se circunscribe a la evaluación de la providencia censurada a la luz de los yerros que le son endilgados por el recurrente. Así las cosas, no puede emplearse para retomar el estudio de la causa petendi y, menos aún, innovar en los hechos que le sirven de soporte» (SC19300, 21 nov. 2017, rad. n.° 2009-00347-01).

7.2. En desatención de lo anterior, los cargos segundo y tercero fueron empleados para argüir, por primera vez en el proceso, la inoponibilidad del matrimonio Zuluaga-Forero, por la ausencia de inscripción en el registro civil de nacimiento del consorte.

Se trata, entonces, de una alegación sorpresiva, que por izarse en casación impidió al demandado que pudiera recabar las pruebas que sirvieran para desmentir las alegaciones, de allí que deba ser repelida.

8. El inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil establece que, cuando se desestima el recurso de casación, debe imponerse costas en contra del impugnante; sin embargo, como en el sub lite ambos sujetos procesales hicieron uso del remedio extraordinario, ninguno de los cuales salió airoso, no es dable realizar dicha imposición en favor de ninguno.

DECISIÓN

Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, no casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Familia, en el proceso que Liliana María Posada Arboleda promovió contra Antonio María Zuluaga Betancourt.

Sin condenas en costas en casación.

Oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.

Notifíquese

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Presidente de Sala

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Con Salvamento de Voto

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

LUIS ALONSO RICO PUERTA

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

Radicación número 11001-31-10-018-2010-00682-01

SALVAMENTO DE VOTO

Con todo respeto por los Magistrados que conforman la Sala Civil de Casación que resolvió el asunto de la referencia, en sentencia cuyo proyecto se aprobó en sala virtual del 6 de agosto de 2020, me permito manifestar mi SALVAMENTO DE VOTO respecto de la decisión tomada, por medio de la cual se resolvió lo relativo a los recursos de casación que tanto la demandante, señora LILIANA MARÍA POSADA ARBOLEDA, como el accionado, señor ANTONIO MARÍA ZULUAGA BETANCOURT, interpusieron contra la sentencia PROFERIDA el 22 de marzo de 2013 por El Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogotá, Sala de Familia, en el proceso ordinario entre ellos rituado.

Mi disenso con la decisión tomada por la Sala, se encamina a sostener que ha debido prosperar el recurso extraordinario presentado por la actora en cuanto critica lo expuesto por el Tribunal en la sustentación del fallo para negar la existencia de la sociedad patrimonial entre las partes, ya que considero que una interpretación sistemática de los hechos y de las normas jurídicas que han debido aplicarse al caso debió llevar a casar la sentencia impugnada y en su lugar a proferir sentencia sustitutiva acogiendo las pretensiones de la demanda.

Se sabe que en el libelo con el que se dio inicio al litigio, que milita en los folios 30 a 34 del cuaderno No. 1, subsanado con el escrito de folios 40 y 41 siguientes, se solicitó declarar que entre las partes “existió una unión marital de hecho desde el 11 de abril de 1992, hasta el 21 de noviembre de 2009” y la correspondiente sociedad patrimonial, así como disponer la disolución y liquidación de esta última, señalando como sustento de dichos pedimentos, que la gestora adujo que convivió con el demandado durante el lapso comprendido entre las fechas atrás indicadas; que en ese tiempo procrearon a Laura Zuluaga Posada, quien fue reconocida como hija por aquél; que en virtud de dicho vínculo, surgieron tanto la unión marital de hecho como la sociedad patrimonial cuyo reconocimiento solicita; que la última está conformada por los bienes relacionados en el mismo libelo; y que la referida relación terminó cuando el accionado abandonó el hogar común.

En la primera instancia el juzgado de conocimiento negó las pretensiones y apelado el fallo por la promotora del juicio, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, mediante el suyo, que data del 22 de marzo de 2013 (fls. 19 a 51, cd. 7), resolvió, entre otras decisiones, DECLARAR que entre ANTONIO MARÍA ZULUAGA BETANCOURT y LILIANA MARÍA POSADA ARBOLEDA existió una unión marital de hecho desde el día once (11) de abril de mil novecientos noventa y dos (1992) y hasta el día veintiuno (21) de noviembre de dos mil nueve (2009) Y NEGAR el reconocimiento de la sociedad patrimonial pretendida.

El ad quem infirió la satisfacción de la totalidad de los supuestos que permiten el reconocimiento jurídico de la unión marital de hecho, según se desprenden del artículo 1º de la Ley 54 de 1990, en particular, la “idoneidad marital”, la “singularidad”, la “comunidad de vida” y la “causa marital”.

En relación con la segunda de tales premisas, destacó que en el sub lite Zuluaga Betancourt afirmó, “de una parte, que (…) sostuvo unión marital de hecho con la señora LILIANA MARÍA POSADA ARBOLEDA, y por la otra, que se encuentra casado con la señora FLOR ALBA FORERO VELÁSQUEZ”, y precisó:

El señor demandado quiere mostrar la relación que sostuvo con la señora LILIANA desde una perspectiva diferente de la que se alega, pero no logra probarlo, aunque sus testigos así lo respalden con el argumento principal de que era casado y vivía con su esposa e hijos, puesto que sus testimonios y documentos aportados como pruebas no dan la certeza de que así fuera, debido a que visitaban o veían a la pareja de esposos en contadas ocasiones, entonces en realidad ellos no tenían conocimiento de cómo era verdaderamente la relación del señor ANTONIO con la señora FLOR ALBA; cosa diferente sucede con las pruebas aportadas por la demandante, pues logran probar su dicho, ya que sus testimonios, no tachados de falsos por la contraparte, narran la situación familiar de los contendientes, la que pudieron percibir de manera directa dado que frecuentaban a la pareja (reuniones, paseos) así como a su hogar, advirtiendo entre ellos, trato de marido y mujer, así como la conformación de una familia junto a su hija LAURA, menor que en entrevista rendida ante al a-quo, aseguró que desde pequeña y hasta la fecha en que sus padres se separaron, siempre convivieron como una familia. De otra parte, los informes psicológicos de la señora LILIANA expedidos por la EPS Compensar (ver prueba documentos No. 37), así como el caso de la señora LILIANA y el señor ANTONIO tramitado en la Comisaría Once de Familia de Bogotá (…) (ver prueba documental No. 46) se agregan a lo anteriormente analizado, para concluir la existencia de la unión marital de hecho solicitada (se subraya).

Finalmente, sobre los “efectos patrimoniales de la unión marital de hecho”, trajo a colación el mandato del artículo 2º de la Ley 54 de 1990 y estimó que el presente asunto podría, en principio, subsumirse dentro de la hipótesis contemplada por “el literal b) de la norma reseñada, esto es, existencia de unión marital de hecho por un lapso superior a dos años y con impedimento legal para contraer matrimonio por parte del demandado, sino (sic) fuera por el hecho de que la sociedad conyugal conformada en el matrimonio por él contraído con la señora FLOR ALBA FORERO VELÁSQUEZ (ver documento folio 49), no está disuelta y liquidada, lo que impide indiscutiblemente declarar la sociedad patrimonial, pues el efecto buscado por la [l]ey es el de impedir la concurrencia de sociedades patrimoniales o conyugales” (se subraya), planteamiento que sustentó con reproducción parcial de un fallo de esta Corporación.

En esa forma el Tribunal coligió, en primer lugar, la pertinencia de reconocer la unión marital de hecho demandada, “señalándose como fecha de inicio la indicada en el libelo gestor, es decir, el 11 de abril de 1992, teniendo en cuenta que el demandado no se opuso a la misma y la mayoría de los testigos hacen alusión a dicha anualidad (época del falso matrimonio entre los aquí litigantes o inicio del ‘romance’), y como fecha de terminación, el día 21 de noviembre de 2009, conforme a la demanda, toda vez que las testigos LUZ MARY LONDOÑO DELGADO y GRACIELA CARLINA ESTHER SÁNCHEZ PEÑARANDA, así como la hija común de las partes, joven LAURA ZULUAGA POSADA, coinciden en afirmar que aconteció en el mes de noviembre de 2009 aproximadamente, aseveración ésta que no logra desvirtuar el accionado con la versión de su testigo señor CARLOS ARTURO CLAVIJO AGUILAR, quien sólo refirió que sucedió a principios del año 2009, máxime si se tiene en cuenta que a los demás deponentes, nada les consta al respecto”.

Y, en segundo término, que “no habrá lugar, al reconocimiento de la pretendida sociedad patrimonial, ante la vigencia del vínculo matrimonial contraído entre ANTONIO MARÍA ZULUAGA BETANCOURT y FLOR ALBA FORERO VELÁSQUEZ, así como de la sociedad conyugal que de ella emerge, en atención a lo previsto en el artículo 2º de la ley 54 de 1990”.

Como ya se dijo, las dos partes impugnaron la sentencia del Tribunal. La demandante, en el libelo con el que sustentó el recurso extraordinario, propuso tres cargos, todos soportados en la causal primera de casación, dirigidos a combatir la desestimación que el Tribunal hizo de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, peticionada en el escrito con el que se dio inicio a la controversia.

Por su parte, el accionado, en pro del cuestionamiento que formuló, planteó un único cargo, con el que buscó resquebrajar el fallo en cuanto declaró la existencia de la unión marital de hecho que halló acreditada entre las partes, habida cuenta que, en concepto del recurrente, el requisito de “singularidad” fue desvirtuado con las pruebas de proceso.

De los cuatro cargos presentados contra la sentencia de segunda instancia, considero que ha debido prosperar el CARGO SEGUNDO formulado por la demandante LILIANA MARÍA POSADA ARBOLEDA con fundamento en la causal primera de casación, mediante el cual reprochó el quebranto indirecto del artículo 2º de la Ley 54 de 1990, como consecuencia de los errores de hecho en que incurrió el ad quem al apreciar las pruebas del proceso que luego individualizó.

En la acusación, tras advertir que el Tribunal negó el reconocimiento de la sociedad patrimonial a la luz del literal b) de la norma arriba indicada y debido a que la sociedad conyugal conformada por el hecho del matrimonio del demandado con la señora Flor Alba Forero Velásquez no se encuentra disuelta, el censor afirmó que la base probatoria de ese razonamiento “no tiene asidero en el orden legal colombiano”. Al respecto explicó que la prueba que tuvo en cuenta el Tribunal para arribar a tal inferencia, fue el registro civil de matrimonio obrante a folio 49 del cuaderno principal y, en torno del mismo, previa invocación y reproducción de los artículos 2º, 5º, 8º, 10º, 11, 22, 44-4, 67, 68, 69-2, 89, 101, 102, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970. A continuación aclaró que tanto el matrimonio civil, como el católico, deben inscribirse en el registro civil de nacimiento de los contrayentes; añadió que “no se p[uede] exigir a una compañera permanente que verifique si en alguna [n]otaría del país reposa un acta de matrimonio de su compañero permanente”, en procura de establecer su verdadero estado civil; precisó que, por ende, la forma de efectuar tal constatación, es con el registro civil de nacimiento; y reiteró que, por ende, es aplicable aquí el mandato del artículo 107 del Decreto 1260 de 1970, cuando ordena que “ningún hecho, acto o providencia relativos al estado civil o la capacidad de las personas y sujeto a registro, surtirá efectos respecto de terceros, sino desde la fecha del registro o inscripción”.

En refuerzo de lo anterior, el censor trajo a colación el mandato del artículo 3º del Decreto 2668 de 1998, en el que se exige, para la celebración de matrimonio ante notario, que con la solicitud se aporte el registro civil de nacimiento de los pretendientes y, si se trata de segundas nupcias, se allegue, además, el de defunción del cónyuge con el que estuvo unido el respectivo contrayente, o los registros civiles donde figure inscrito el divorcio, la nulidad o la dispensa pontificia, así como un inventario solemne de bienes, en caso de existir hijos menores.

El cargo, en esencia, refirió que el ad quem erró de hecho cuando, con apoyo exclusivo en el indicado registro civil de matrimonio, dedujo que el accionado era casado y que estaba vigente la sociedad conyugal conformada por su matrimonio, toda vez que era indispensable que el advertido nexo conyugal se inscribiera también en el registro civil de nacimiento de los esposos, sin que en el del señor Zuluaga Betancourt aparezca nota alguna al respecto, como se constata en el que aportó la accionante al subsanar la demanda, que dicho sentenciador no apreció, por lo que el mencionado vínculo le es inoponible a aquélla, al tenor de lo reglado en el artículo 107 del Decreto 1260 de 1970.

Con relación al Estado Civil y sus fines, se ha dicho que la vida en sociedad, cada vez más compleja, exige la individualización de sus integrantes, como expresión del reconocimiento de su personalidad jurídica, derecho en favor de todos previsto en el artículo 14 de la Constitución Política.

Con ese objetivo, se impone al Estado y, por contera, a la ley, fijar las reglas que permitan determinar la posición que cada quien ocupa en el conglomerado, para lo cual, el punto de partida es el sitio que el sujeto tiene en la familia dentro de la que nació y/o que llegue a conformar.

Dicha individualización constituye el estado civil de las personas que, en los términos del artículo 1º del Decreto 1260 de 1970, es la “situación jurídica en la familia y la sociedad” atribuible a cada quien, que “determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones”.

De los principios anteriormente reseñados, se infiere que ocurridos los hechos, o celebrados los actos, o ejecutoriadas las decisiones judiciales o administrativas correspondientes, se radica en los asociados el estado civil que la ley fija como consecuencia de unos y otras.

Es así como del hecho del nacimiento, se infiere el género de la persona, su nacionalidad, edad y filiación extramatrimonial o legítima en relación con sus progenitores, entre otros factores. A su turno, acaecida la muerte, sobreviene forzosamente el fin del sujeto.

En tratándose de actos, es claro que el reconocimiento voluntario de hijos o su legitimación, una vez se realizan, varían la filiación del reconocido o del legitimado; y que la celebración del matrimonio, concede a quienes así proceden el estatus de casado, estado civil que, sin duda, traduce para ellos la adquisición de nuevos derechos y obligaciones, que antes no tenían.

Por su parte, igual incidencia tienen, en el ámbito del estado civil de las personas, las sentencias judiciales que resuelven las acciones de estado -reclamación o impugnación de la maternidad y/o de la paternidad-, las relativas a la capacidad de las personas, las tocantes con la vigencia del matrimonio y la sociedad conyugal, así como las concernientes con la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, para sólo citar algunas.

Como se ve, el estado civil es el efecto jurídico que se radica automáticamente en cabeza del respectivo interesado, como consecuencia de la ocurrencia de ciertos hechos, o de la celebración de unos determinados actos, o de la firmeza de unas especificas providencias, según la calificación que al respecto contempla la ley.

En palabras de la Corte:

Los hechos, actos o providencias que determinan el estado civil, otorgan a la persona a quien se refieren, una precisa situación jurídica en la familia y la sociedad y la capacitan para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones. El estado civil, pues, surge una vez se reali[zan] los hechos constitutivos del mismo, como nacer de padres casados, o inmediatamente ocurra el acto que lo constituye como el celebrar matrimonio, o, en fin, cuando queda en firme la sentencia que lo determina, como en el caso de la declaración de paternidad [extramatrimonial]. Un determinado estado civil se tiene, entonces, por la ocurrencia de los hechos o actos que lo constituyen o por el proferimiento de la respectiva providencia judicial que lo declara o decreta3 (se subraya).

De esa comprensión se infiere, a la vez, la gran importancia que para cada quien tiene el estado civil, pues la individualización que él comporta, constituye el inicio del reconocimiento de la personalidad jurídica, con todo lo que ella supone, y se erige como la puerta de acceso a muchos de los derechos y de las obligaciones que el orden jurídico reconoce.

La existencia de la persona humana, que principia con el nacimiento, da el derecho, entre muchos más, a conservar la vida y la integridad personal, a la libertad, al nombre y a tener una familia (arts. 11 a 14 y 44 de la Constitución Política).

La condición de ciudadano habilita el derecho a votar, a “ser elegido” y a “desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción” (art. 99, ib.).

La mayoría de edad determina, en líneas generales, la plena capacidad para el ejercicio de todos los derechos políticos y civiles (arts. 34 y 314, numeral 3º, del Código Civil, en concordancia con la Ley 27 de 1977).

Sólo los mayores de 18 años, pueden casarse libremente (art. 116 del Código Civil).

Los correlativos negativos, permiten entrever las restricciones que del estado civil se desprenden.

Se trata, pues, de un atributo inmanente a la persona humana, necesario para que sea titular de los derechos y obligaciones que se derivan de “‘(…) la singular posición o situación jurídica del sujeto frente al Estado, la sociedad y la familia (…)’”4.

En consonancia con lo anterior, el mismo Decreto 1260 de 1970 estableció el registro del estado civil de las personas e impuso el deber de inscribir en él todos y cada uno de los hechos, actos y providencias que lo configuran, como pasa a constatarse.

Art. 5º.- Los hechos y los actos relativos al estado civil de las personas deben ser inscritos en el competente registro civil, especialmente los nacimientos, reconocimientos de [hijos extramatrimoniales], legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, emancipaciones, habilitaciones de edad, matrimonio, capitulaciones matrimoniales, interdicciones judiciales, discernimientos de guarda, rehabilitaciones, nulidades de matrimonio, divorcios, separaciones de cuerpos y de bienes, cambios de nombre, declaraciones de seudónimos, manifestaciones de avecindamiento, declaraciones de ausencia, defunciones y declaraciones de presunción de muerte, así como los hijos inscritos, con indicación del folio y el lugar del respectivo registro (se subraya).

Art. 6º.- La inscripción de las providencias judiciales y administrativas que afecten el estado civil o la capacidad de las personas, se hará en el competente registro del estado civil (se subraya).

En desarrollo de ello, previó que su archivo estuviese compuesto por los siguientes elementos: “1. El registro de nacimientos. 2. El registro de matrimonios. 3. El registro de defunciones. 4. Los índices de los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones. 5. El libro de visitas, y 6. El archivador de documentos” (art. 8º).

Adicionalmente, fijó las reglas generales sobre el registro (arts. 18 a 43) y las particulares concernientes con los registros de nacimiento (arts. 44 a 66), de matrimonio (arts. 67 a 72) y de defunción (arts. 73 a 87); estableció el régimen para la corrección y reconstrucción de las inscripciones (arts. 88 a 101); reguló todo lo atinente a las pruebas del estado civil (arts. 101 a 107); se ocupó de la expedición de copias y certificados (arts. 110 a 117); y determinó los funcionaros encargados de llevar el registro (arts. 118 a 122).

En relación con este sistema de registro, debe destacarse que sirve a tres fines específicos: brindarle publicidad a los hechos, actos y decisiones concernientes con el estado civil; revestir a unos y otras de seguridad; y servir de prueba del estado civil de las personas.

En tanto que, como ya se señaló, el estado civil corresponde a la situación que cada quien tiene en la sociedad, en virtud de la cual la ley confiere a las personas determinados derechos y/o les impone ciertas obligaciones, es evidente que él trasciende la esfera personal del respectivo titular y, de esta manera, incide o afecta a otros.

Enseña la doctrina nacional, que el referido instituto “tiene tres finalidades fundamentales que son la publicidad, la seguridad y la prueba. (…). Se dice que el fin principal del registro del estado civil es la publicidad de ‘los hechos, actos, providencias, manifestaciones y declaraciones que constituyen o afectan el estado civil, para que el conglomerado social pueda conocer estas circunstancias en cuanto le incumban, a fin de que con justeza pueda predicarse la condición erga omnes del estado civil y sus calidades’ (Derecho Notarial Colombiano. Manuel Cubides Romero, página 396). Publicidad que no debe vulnerar la intimidad de las personas, por lo cual, por ejemplo, cuando se expide copia del acta de nacimiento, sólo se insertan los datos relativos a la filiación cuando son necesarios para comprobar el parentesco para ejercer derechos tales como el de herencia” (se subraya)6.

En cuanto hace a la publicidad del registro, se colige que es ella la que otorga al estado civil efectos erga omnes.

Con base en las pautas generales que se dejan consignadas, es del caso puntualizar que, entre otros, son sujetos de registro todos los hechos, actos y providencias relativos al matrimonio y a su régimen económico (sociedad conyugal), como lo consagra el artículo 5º atrás reproducido.

En cuanto hace al matrimonio, propio es notar que por su importancia en la vida de las personas, particularmente, porque de su celebración surge la familia constituida por vínculos jurídicos (art. 42, C.P.), se trata de un acto calificado expresamente por la ley como incidente del estado civil y, por lo mismo, sujeto de registro.

Estas condiciones, como es lógico entenderlo, se comunican a la plenitud de los hechos, actos y providencias que de manera importante afectan ese nexo o que conciernan con el régimen patrimonial que de él se desprende.

Ello explica que el sistema de registro del estado civil contemple que el matrimonio, todo lo relativo a él y a la sociedad conyugal que emerge de su celebración, se inscriba en una partida especial, el “Registro de matrimonios”, y, además, en el registro civil de nacimiento, como pasa a verificarse.

Por mandato del artículo 67 del Decreto 1260 de 1970, todos los matrimonios realizados en el país, “se inscribirán en la oficina correspondiente al lugar de su celebración”; y los verificados en el extranjero “entre dos colombianos por nacimiento, entre un colombiano por nacimiento y un extranjero, entre dos colombianos por adopción, o entre un colombiano por nacimiento y uno por adopción, (…), en la primera oficina encargada del registro del estado civil en la capital de la República”, hoy en cualquiera del Distrito Capital.

A su turno, según voces del artículo 72 ibídem, en “el folio de registro de matrimonios se inscribirán las providencias que declaren la nulidad del matrimonio o divorcio, o decreten la separación de cuerpos o la de bienes entre los cónyuges, en vista de copia auténtica de ella, que se conservará en el archivo de la oficina. (…). El funcionario del registro del estado civil que inscriba una de tales providencias enviará, de oficio, o a solicitud de parte, sendas copias de la inscripción a la oficina central y a aquéllas que tengan el folio del registro del nacimiento de los cónyuges” (art. 72).

De forma general, los artículos 10 y 11 del ordenamiento jurídico de que se trata, imponen el deber de que en el registro civil de nacimiento se inscriban “todos los hechos y actos concernientes al estado civil y a la capacidad” de las personas (se subraya).

En desarrollo de esa directriz, el artículo 44 del estatuto en comento, norma especial del registro civil de nacimiento, señala que en éste “se inscribirán: 1 (…) 4. Los reconocimientos de hijo [extramatrimonial], legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, emancipaciones, habilitaciones de edad, matrimonios, capitulaciones matrimoniales, interdicciones judiciales, discernimientos de guarda, rehabilitaciones, nulidades de matrimonio, divorcios, separaciones de cuerpos y de bienes, cambios de nombre, declaraciones de seudónimo, declaraciones de ausencia, defunciones y declaraciones de presunción de muerte, y en general, todos los hechos y actos relacionados con el estado civil y la capacidad de las personas” (se subraya).

Complementariamente, el artículo 22 dispone: “Los hechos, actos y providencias judiciales o administrativas relacionados con el estado civil y la capacidad de las personas, distintos de los nacimientos, los matrimonios y las defunciones, deberán inscribirse: los atinentes al matrimonio y sus efectos personales y patrimoniales, tanto en el folio del registro de matrimonios, como en el del registro de nacimiento de los cónyuges; y los restantes, en el folio de registro de nacimiento de la persona o personas afectadas. (…) El notario que otorgue la escritura contentiva del acto, y el funcionario o corporación judicial que dicte la providencia, advertirán a los interesados la necesidad del registro” (se subraya).

La armónica comprensión de los precedentes mandatos legales, permite concluir que el matrimonio y todos los hechos, actos y providencias relativos a él y/o al régimen económico del mismo (sociedad conyugal), deben ser doblemente inscritos: de un lado, en el registro civil de matrimonio; y, de otro, en el de nacimiento de cada uno de los cónyuges.

Y no es que en el segundo deba efectuarse algún asiento marginal o accesorio, carente de significación legal. No.

Como expresamente figura en los artículos 11, 22 y 44 atrás reproducidos, la obligación que ellos imponen es la de inscribir, se resalta, en el folio donde conste el nacimiento todos los hechos, actos y providencias relativos al estado civil, entre ellos, los relacionados con el matrimonio y la sociedad conyugal.

Al respecto, debe recabarse en que, conforme al artículo 11 del Decreto 1260 de 1970, el registro civil de nacimiento es “único y definitivo” y, sobre todo, que es como consecuencia de estas especiales características, que en él deben inscribirse “todos los hechos, y actos concernientes al estado civil, y a la capacidad” del registrado.

Esa imposición obedeció, precisamente, a que se trata de un registro “único”, esto es, según el Diccionario de la Lengua Española, “[s]olo y sin otro de su especie”; y, adicionalmente, “definitivo”, que según la misma obra, significa “[q]ue decide, resuelve o concluye”.

Ostensible es, por lo tanto, la muy especial naturaleza del registro civil de nacimiento.

Él, más que dar fe de la ocurrencia de ese hecho -el nacimiento-, recauda y, concordantemente con ello, refleja toda la historia registral de las personas. Desde el nacimiento hasta la muerte. Está concebido para que de su examen, puedan colegirse todos los factores que integran el estado civil de las personas: lugar de nacimiento, género, edad, filiación, si es soltero o casado, su capacidad de ejercicio e, incluso, si tiene hijos.

Ni el registro civil de matrimonio, ni el de defunción, que en principio sólo tienen la vocación de acreditar tales acto y hecho, respectivamente, pueden reemplazarlo o substituirlo, por tratarse de un registro “único”, amén que él, y sólo él, es concluyente en cuanto hace al estado civil de las personas, debido a su condición de ser “definitivo”.

Ninguna duda queda, entonces, que la anotación que en el registro civil de nacimiento debe hacerse de todo hecho, acto o providencia determinante del estado civil, es una verdadera inscripción y que tiene por fin que dicha partida sea la prueba, por excelencia, del estado civil, entendido en sentido global o panorámico y no como un factor aislado, o como el hecho, acto o providencia que lo determina, individualmente considerado o considerada.

Ahora, sobre los efectos de la inscripción, reza el artículo 107 del Decreto 1260 de 1970:

Por regla general, ningún hecho, acto o providencia relativo al estado civil o la capacidad de las personas y sujeto a registro, surtirá efecto respecto de terceros, sino desde la fecha del registro o inscripción.

Se trata, pues, de un supuesto legal de oponibilidad condicionada o restringida, como medida de protección a los terceros, en tanto que, como se aprecia, la norma sienta como regla general que los hechos, actos y providencias concernientes con el estado civil de las personas, sujetos a registro, sólo producen efectos frente a éstos, a partir de su debida inscripción.

Correlativamente, puede colegirse que la norma contempla un caso de inoponibilidad por defecto de publicidad.

Llegados a este punto, debe puntualizarse que si bien es verdad los actos jurídicos, en sentido amplio, por regla de principio, solamente están llamados a materializarse en frente de quienes los celebraron, también lo es que muchos de sus efectos indirectos o de rebote, pueden recaer en los terceros, quienes, de darse así las cosas, se verían afectados.

Dicha figura, en su verdadera esencia, no es una sanción propiamente dicha de los actos y negocios jurídicos, pues no compromete la validez de los mismos, sino que es “una medida de protección que permite a los terceros desconocer [las] consecuencias indirectas de los actos o contratos ajenos, cuando aquellas le sean perjudiciales”7.

Sobre la base de que todos los actos y contratos despliegan su potencial en frente de quienes los celebran -efectos directos8-, pero que pueden afectar a personas extrañas a ellos -efectos indirectos9-, se advierte que la inoponibilidad sólo opera respecto de los segundos y, más exactamente, en relación con el específico efecto indirecto que afecta negativamente al tercero.

Como se ve, el objetivo de la figura en comento no es invalidar el acto, ni impedir que produzca efectos, sino proteger al tercero de una determinada consecuencia perjudicial que de él se deriva, a la que le quita eficacia.

Manteniéndose válido el acto, propio es reconocer que él conserva toda su fuerza intrínseca y que, por lo mismo, sigue irradiando los efectos que le son propios frente a quienes lo celebraron (eficacia directa), así como los que no son perjudiciales a los extraños (eficacia indirecta).

El único efecto que se torna inoponible es, por consiguiente, el que afecta al tercero. Los demás, directos e indirectos, se siguen generando.

En palabras de autorizados expositores extranjeros, los “terceros están facultados, pues, para oponerse a que los alcancen los efectos de un acto jurídico válido o los de la nulidad, revocación o resolución del acto, efectos que los perjudican” (se subraya)10.

En punto de la inoponibilidad por falta de publicidad, propio es observar que ella tiene cabida frente a los actos en relación con los cuales “la ley establece ciertos requisitos de publicidad que permiten presumir que los terceros están informados de [su] existencia (…)”11. El incumplimiento de estas formalidades, como es lógico entenderlo, habilita pensar lo contrario, es decir, que los terceros ignoran el acto y que, por lo mismo, en sus relaciones jurídicas, no están compelidos a contemplar los efectos del mismo.

En el ámbito del derecho chileno, asimilable al colombiano, se ha dicho:

Por otra parte, cabe tener en cuenta que si se revisan los diversos supuestos que en general la doctrina propone como casos de inoponibilidad -bajo las categorías antedichas de forma y fondo- se advierte que todos ellos pueden, también, presentarse como dos categorías que se organizan a partir del fundamento que las justifica:

– la protección a la apariencia jurídica y, por consiguiente, a la seguridad del tráfico y

– la anterioridad o los derechos adquiridos.

En efecto, supuestos relevantes se vinculan con la ausencia de formalidades de publicidad, destinadas a dar a conocer a los terceros la celebración de un acto, o la creación o modificación de una situación jurídica. De ahí que frente a la ignorancia o desconocimiento de la realidad por parte del tercero se le confiere protección por haber desplegado su propia actuación confiando en la apariencia que se generó por dicha omisión, permitiéndole comportarse conforme a ella y no a la realidad12.

Surge como corolario de lo anterior, que el acto que por mandato de la ley debe ser publicitado, únicamente está llamado a producir efectos en relación con los terceros, a partir de cuándo se cumpla con su divulgación.

Sentadas esas premisas generales, pertinente es deducir la compatibilidad del fenómeno examinado con los hechos, actos y providencias determinantes del estado civil de las personas, independientemente de que en este supuesto, el fundamento de la inoponibilidad sean las reglas de protección de la apariencia, o de la anterioridad, o la combinación de ambas.

Enseña el profesor español Ragel Sánchez:

A través de la inoponibilidad, se faculta a una persona, a quien se suele llamar tercero, por ser extraño a una actuación jurídica determinada, para no respetar los efectos indirectos que el acto ajeno produce, cuando no ha tenido posibilidades de tomar conocimiento de esa realidad.

Hemos analizado en el apartado anterior el supuesto más sencillo, consistente en la adquisición de los derechos del tercero, cuando es anterior a la fecha de realización de la actuación jurídica ajena.

Estudiaremos a continuación algunos supuestos en que, combinando las normas de protección a la apariencia y las normas de protección a la anterioridad, se llega a un resultado de inoponibilidad. Cuando la norma reguladora de una actuación jurídica hace una reserva en favor de los terceros de buena fe que confían en la apariencia, en tanto no se produzca la constancia pública o registral de aquel acto, o el conocimiento efectivo por parte del tercero, puede llegarse a un resultado de inoponibilidad, aunque la adquisición de los derechos por el tercero no sea anterior al acto jurídico ajeno.

(…)

Lo mismo sucede con el matrimonio celebrado y, por lo tanto, válido entre los contrayentes, que será inoponible para el tercero que lo desconozca, mientras no se haya inscrito en el Registro civil. La primera parte del artículo 61 del Cc. significa que el matrimonio tiene efectos inter partes desde el mismo momento de la celebración. El marido y la mujer están casados y tienen todos los derechos y obligaciones dimanantes del matrimonio, háyase o no inscrito tal matrimonio en el Registro civil. Sin embargo, los efectos del matrimonio no inscrito no son totales con respecto a los terceros que desconozcan esa situación jurídica, que están especialmente protegidos por el Derecho: pueden considerar como no existente el matrimonio de esas otras personas, que no ha sido inscrito, ni se le ha dado a conocer.

(…)

El tercero que entra en contacto patrimonial con una persona, ignorando que está casada, tiene derecho a considerarla soltera o, en otros términos, puede actuar como si no se hubiera celebrado -es inoponible- el matrimonio que no está inscrito en el Registro civil. Los artículos 61 y 64 del Cc. protegen al tercero que contrata con uno de los cónyuges con posterioridad a la celebración del matrimonio, ignorando su existencia, por no habérsele hecho saber y por no constar inscrito en el Registro civil.

Sin embargo, cuando el tercero es advertido de la realidad, discrepante de la apariencia que se infiere del Registro, con anterioridad a la adquisición de su derecho, ya no podrá alegar la inoponibilidad de la actuación jurídica ajena, porque la conoció efectivamente y la tuvo en cuenta antes de emitir su consentimiento; en otras palabras, la actuación ajena le es oponible, aunque la apariencia que dimana de lo que publica el Registro sea distinta. En tales casos, el tercero ya no es un tercero de buena fe, pues conoce efectivamente la realidad.

En conclusión, el juego combinado de normas que protegen la apariencia y de las normas que protegen la anterioridad dan como resultado la idea de que, para el tercero de buena fe que confía en la apariencia, la fecha del acto jurídico ajeno es la de su inscripción en el Registro correspondiente o la del día en que le fue comunicada la existencia de ese acto, si aún no se había verificado la inscripción.

El momento trascendental, a los fines de nuestra investigación, será el del acceso del acto jurídico a un Registro o el momento a partir del cual puede probarse en contra del tercero la realidad que se quiere imponer. Los derechos que adquiera el tercero con anterioridad a ese momento, cuando la ley contemple esa medida protectora, podrán ejercitarse como si el acto no se hubiera producido (inoponibilidad), mientras que los derechos que adquiera con posterioridad a ese momento tendrán que acomodarse a la nueva situación jurídica (oponibilidad) (se subraya)13 y 14.

Similares prédicas caben hacerse respecto del artículo 107 del Decreto 1260 de 1970, que se estudia.

La debida inscripción en el registro civil de las personas de los hechos, actos o providencias determinantes del estado civil, marca el momento a partir del cual todos los efectos indirectos o reflejos que de esas situaciones jurídicas dimanan, particularmente, los patrimoniales, se proyectan a los terceros.

Por consiguiente, en el caso del matrimonio, ninguna relación jurídica de persona distinta a los contrayentes, puede verse incidida negativamente por los efectos de ese acto, si para el momento de consolidarse aquélla, éste no había sido inscrito en el registro civil con plena sujeción a la ley y no era conocido por el tercero.

En relación con los artículos 106 y 107 del “Estatuto del Registro del Estado Civil de las Personas”, la doctrina nacional ha observado que ellos prevén “que ninguno de los hechos, actos o providencias referentes al estado civil de las personas o a la capacidad de estas, hace fe en ningún proceso ni ante ninguna autoridad si no se ha cumplido con el requisito de su inscripción en el registro, con excepción, como es obvio, de los hechos cuya demostración no exija legalmente la formalidad del registro. Y en cuanto al efecto acerca de terceros, el art. 107 estatuye que en las condiciones establecidas por el artículo anterior, solamente lo producirá desde la fecha de la respectiva inscripción. Como se observa, preocupación primordial del estatuto es el logro de un fin básico: que todo hecho, acto o providencia judicial que se refiera al estado civil de las personas, conste, de manera forzosa, en el registro; de ahí que de esta formalidad haga depender en la práctica, su validez, y que solo desde la fecha del registro reconozca los efectos que el hecho, acto o providencia tenga con relación a los terceros” (se subraya)15.

Y sobre el último de esos preceptos, la Corte en un viejo fallo que, hay que decirlo, no es dechado de claridad, admitió que el principio relativo a la “unidad del estado civil” está “atemperado para determinadas circunstancias por la inoponibilidad (…) de dicho estado, o mejor de sus efectos, especialmente los de índole patrimonial, como lo contempla el último inciso del artículo 10 de la Ley 75 de 1968”, tras lo cual precisó que “[p]ara tener en cuenta esta inoponibilidad que, por vía de excepción, llegue a reducir el ámbito de la unidad del estado civil, es indispensable que el conflicto verse directa(…) o exclusiva[mente] sobre el estado civil en discusión o sobre sus directas consecuencias, o mejor dicho sobre sus alcances primarios y específicos”16 (se subraya), planteamientos que, como se sigue de ellos, no pueden ser blandidos para afirmar que esta Corporación, desde entonces, negó de plano la inoponibilidad del estado civil, pues, por el contrario, como se observa, aceptó su ocurrencia excepcional, especialmente, tratándose de los efectos patrimoniales.

Ahora bien, si como ya se precisó, la inoponibilidad deriva de la falta de registro y opera únicamente en relación con el efecto jurídico indirecto que perjudica al tercero, mal podría afirmarse que ella comporte el desconocimiento, por una parte, del estado civil, en sí mismo considerado; por otra, de los efectos directos que de él se desprenden; y, finalmente, de sus efectos indirectos, en tanto sean indiferentes o benéficos para el tercero, ideas que habilitan el siguiente desarrollo:

Ya se sabe, porque está explicado, que dados los hechos, actos y providencias determinantes del estado civil, éste se configura en cabeza de su titular.

De suyo, entonces, la falta de inscripción de unos y otras, carece por completo de injerencia en la individualización jurídica del sujeto y, además, no impide que los efectos directos que de ella se derivan, se produzcan.

Nacer o morirse son hechos que, por su simple ocurrencia, marcan en el plano jurídico el inicio y la extinción de la persona humana, con todas las consecuencias que de uno y otro evento se desprenden.

Contraer matrimonio, es un acto que desde el mismo momento de su celebración, asigna a los cónyuges el estado civil de casados y acarrea que ellos, entre sí, adquieran los derechos que el vínculo les concede o resulten gravados con las obligaciones que él les impone.

La firmeza de una sentencia que declara que una persona es hija extramatrimonial de otra, concede certeza de que esa es la filiación del así reconocido y trae consigo el surgimiento de las prerrogativas y deberes que de dicha relación surge para ellas, conforme a la ley.

Evidente es que, como se dijo, ni el estado civil, ni los efectos directos que de él fluyen, sufren mengua o, siquiera, alteración, por falta de registro del hecho, acto o providencia determinante del primero.

Algo parecido ocurre con los efectos indirectos. Se siguen produciendo, salvo los que sean perjudiciales a los terceros.

Si el acto de reconocimiento de un hijo por parte del padre no se ha inscrito, es claro que aquél, en caso de fallecer el progenitor, no podría, sin cumplir con esa formalidad, exigir alimentos al padre de éste, por tratarse de un efecto perjudicial para dicho tercero a la relación filial, propiamente dicha. El abuelo podrá aducir en su favor, la inoponibilidad del estado civil del nieto reclamante, habida cuenta la falta de registro del referido reconocimiento.

Empero ello no significa que en el mismo supuesto, el último no pueda reclamarle al primero alimentos, en caso de necesitarlos. Se trata aquí de un efecto indirecto beneficioso para el tercero (el abuelo), que de ser ejercitado, no podrá ser contrarrestado por el obligado (hijo reconocido) pretextando la falta de registro del mencionado acto, aunque sí por otras razones, como es lógico entenderlo.

No inscribir las capitulaciones matrimoniales mediante las cuales uno de los que va a contraer matrimonio torna social un inmueble propio, hace inoponible esa previsión en frente del acreedor que, sin conocer tal estipulación, aceptó la constitución por parte de aquél de un gravamen hipotecario sobre el bien y que pretende el pago del crédito protegido con el mismo.

Pese a lo anterior, la advertida carencia de publicidad no impedirá que ese activo, luego de satisfecha la obligación garantizada con el gravamen hipotecario, se utilice en beneficio de los restantes acreedores, para el pago de las demás deudas quirografarias sociales, o que éste como tal entre a la liquidación del haber social.

Este nuevo estudio y comprensión del verdadero sentido del artículo 107 del Decreto 1260 de 1970, permite dejar en claro, a diferencia de lo que en ocasión anterior estimó la Corte17, que esos son sus alcances, de suyo bastante restringidos, los cuales no comportan soslayar o invalidar el estado civil de las personas, ni desconocer el principio de unicidad que lo caracteriza; tampoco impedir los efectos directos que de él se derivan; ni siquiera obstaculizar los indirectos, que sean indiferentes o benéficos para los terceros.

La única consecuencia que se sigue de la inoponibilidad que se infiere de dicho precepto, es la ineficacia del concreto efecto jurídico indirecto de un estado civil que resulta perjudicial para un tercero, en favor de quien, por consiguiente, es posible hacer actuar esa medida de protección.

Por eso en el caso concreto, es patente que el Tribunal sí incurrió en los desaciertos que el censor le imputó.

Si para esa autoridad, la vigencia de la sociedad conyugal constituida entre el demandado y la señora Flor Alba Forero Velásquez, impidió el surgimiento de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes cuyo reconocimiento solicitó la aquí accionante, forzoso es colegir, por lo tanto, que esa Corporación opuso al derecho reclamado por la señora Liliana María Posada Arboleda, tercero al indicado nexo marital, el efecto patrimonial derivado del mismo.

Siendo ello así, hay que entender que para el ad quem, el matrimonio de los nombrados era cuestión susceptible de ser conocida por la actora, debido a su registro, o de la que ella, efectivamente, estaba informada, porque de lo contrario no hubiese podido haberle hecho producir efectos en frente de esta última.

Ahora bien, como toda esa construcción dialéctica la soportó el sentenciador de segunda instancia únicamente en el registro civil de matrimonio que milita en el folio 49 del cuaderno principal, ello traduce que fue de esa prueba, y nada más que de ella, que dedujo la debida inscripción del matrimonio en cuestión.

Adicionó el contenido objetivo del aludido registro civil de matrimonio, en tanto que, como viene de puntualizarse, de él dedujo que el contrato matrimonial celebrado por los nombrados esposos se inscribió correctamente, lo que significa que con vista en esa probanza infirió que el señalado acto, de un lado, dio lugar a la elaboración del mentado registro y, de otro, fue anotado en los registros civiles de nacimiento de los cónyuges, circunstancia esta última que en forma alguna se desprende de dicho documento.

Y pretirió el registro civil de nacimiento del accionado, que reposa en el folio 39 del mismo cuaderno, toda vez que carece de la inscripción del matrimonio celebrado por su titular.

Así las cosas, es inocultable la trascendencia de esos yerros, pues fue como consecuencia de ellos que el juzgador tuvo por debidamente registrado el matrimonio del demandado y, en tal virtud, opuso a la demandante el efecto patrimonial derivado de él (sociedad conyugal), para negarle el reconocimiento de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, que ella suplicó.

Con otras palabras, si hubiere notado que el referido matrimonio no fue registrado en debida y legal forma, pues no se inscribió en el registro civil de nacimiento de, por lo menos, el cónyuge aquí accionado, habría colegido que el precisado efecto patrimonial (sociedad conyugal) era inoponible a la aquí demandante y que, por lo mismo, él no se erigía en obstáculo para reconocer el derecho invocado por la señora Posada Arboleda, salvo que estuviera probado que esta última, al momento de dar inicio a la unión marital que sostuvo con Zuluaga Betancourt, sabía de la vigencia de la sociedad conyugal que él de antes tenía constituida con la señora Flor Alba Forero Velásquez, evaluación que tampoco realizó.

Así las cosas, el cargo debió prosperar, por lo que una vez casada la sentencia impugnada en recurso extraordinario, se ha debido proferir sentencia sustitutiva con los alcances antes señalados. Es decir, declarando dejando en firme la decisión en cuanto declaró la existencia de la unión marital de hecho que existió entre las partes, desde el 11 de abril de 1992 y hasta el 21 de noviembre de 2009 y de declaró no probadas las excepciones relacionadas con ese tópico del proceso, en concreto, las de “INXISTENCIA DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO” y “EXISTENCIA DE VÍNCULO MATRIMONIAL”, pero con el acogimiento del cargo segundo con el que la actora sustentó el recurso de casación que propuso contra el mismo proveído, se debe dar la infirmación de las determinaciones de negar la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y de declarar igualmente la excepción de “INEXISTENCIA” de la misma.

Por lo tanto, ha debido la Corte, en sede de segunda instancia, resolver tales aspectos del proceso, en relación con los cuales son pertinentes las siguientes apreciaciones:

Se parte en este salvamento de que el matrimonio de la señora Flor Alba Forero Velásquez y el aquí accionado no fue debidamente registrado, toda vez que no aparece inscrito en la partida civil de nacimiento del último, como con facilidad puede constatarse en la copia auténtica de ella, que la actora aportó al subsanar la demanda y que milita en el folio 39 del cuaderno principal, omisión que constituye un claro incumplimiento del mandato de los artículos 10, 11 y 44 del Decreto 1260 de 1970 que ordenan que en ese folio deben anotarse, los dos primeros, todos los hechos, actos y providencias relativos al estado civil de las personas y, el último, el “matrimonio” del inscrito.

Esa deficiencia registral torna, como igualmente ya se dijo, inoponible cualquier efecto indirecto derivado del aludido vínculo matrimonial, especialmente, los de carácter patrimonial, que puedan afectar negativamente una relación jurídica de un tercero, salvo que éste, pese a la falta de publicidad del acto, hubiese conocido el mismo y/o el efecto perjudicial que lo lesiona, antes de dar comienzo a su propia actuación, pues en tal supuesto se trataría de un tercero de mala fe, en favor de quien no podría hacerse actuar el referido mecanismo protector.

Sobre el particular, debe recordarse que la buena fe, se presume y que la mala fe, debe probarse (artículos 83 de la Constitución Política y 769 del Código Civil).

En este orden de ideas, síguese a ver si en el caso sub lite se acreditó que su promotora, no obstante el indebido registro, al momento de dar inicio a la unión marital de hecho que sostuvo con el señor Zuluaga Betancourt, sabía que éste conservaba vigente la sociedad conyugal que surgió de su matrimonio, carga demostrativa que recaía en la parte demandada, en tanto que a ella le correspondía desvirtuar la buena fe de aquélla.

Como quiera que el basamento principal de la contestación de la demanda y, por ende, de la defensa que el accionado adujo en el presente proceso, fue que era “legalmente casado y con sociedad conyugal vigente con la señora FLOR ALBA FORERO VELÁSQUEZ desde el día 25 de [a]bril de 1981”, la actora, al descorrer el traslado de las excepciones que aquél propuso con ese fundamento fáctico, aseveró que el señor Zuluaga Betancourt, desde el inicio de su relación, ocultó ese estado de cosas, al punto que “con engaños (…), la llev[ó] a matrimonio civil en la ciudad de Medellín, para lo cual aporto registro fotográfico, donde aparece contrayendo matrimonio civil, posteriormente, le dice a mi poderdante que ese matrimonio no fue válido”.

Contrastadas las referidas posiciones de las partes con las pruebas recaudadas, se concluye, en primer lugar, que no existe en el proceso ninguna que acredite fehacientemente que la señora Liliana María Posada Arboleda, al momento de empezar la convivencia con el demandado, conocía la vigencia de la sociedad conyugal conformada por éste y su cónyuge, señora Forero Velásquez.

Aquélla, en el interrogatorio de parte que absolvió, al ser preguntada de si “tenía conocimiento de la existencia del vínculo matrimonial de la sociedad conyugal vigente entre ANTONIO y FLOR ALBA”, contestó: “No tenía conocimiento, es falso de toda falsedad, ANTONIO me dijo que se había separado de ella y que vivía solo en Multicentro en un apartamento del edificio Livin en la transversal 13 donde tuve la oportunidad de visitarlo”.

Esas manifestaciones, pese a que refirieron que Antonio estaba separado de una relación anterior, no permiten entender que la absolvente sabía que la sociedad conyugal surgida con ocasión del matrimonio de él con la señora Forero Velásquez, continuaba vigente.

En segundo término, se establece que, por el contrario, sí obran en el proceso los medios de convicción que dieron cuenta de la realización de una ceremonia de matrimonio entre las partes, de manera pública, la cual tuvo ocurrencia en los primeros meses del año 1992, en la ciudad de Medellín.

Al respecto, el propio demandado, en el interrogatorio de parte que absolvió, admitió que ese acto sí tuvo lugar, aunque le dio una explicación distinta y procuró disimular su participación en el mismo. Sobre el particular manifestó: “No es cierto que fuera una relación formal porque en dicha ceremonia no había ningún notario que certificara la relación sino que fue una fiesta con el propósito de mostrarle a la mamá de LILIANA que se estaba formalizando para ella poder salir de la casa para Bogotá donde quería estar, compartir, trabajar con la colaboración mía, fue una fiesta donde se tomaron unas fotos para ella mostrarle principalmente a la mamá porque la fiesta la organizó HERNAN POSADA, LILIANA para convencer a la mamá de dicha relación” (fls. 181 a 184, cd. 1).

Adicionalmente, la gestora de la controversia trajo el registro fotográfico que aportó con el escrito mediante el cual descorrió el traslado de las excepciones meritorias, documentos que obran en los folios 76, 76 vuelto, 77 y 77 vuelto del cuaderno principal, los cuales fueron tenidos en cuenta como prueba en el auto del 13 de enero de 2012 (fls. 137 y 138, cd. 1), sin reproche alguno del accionado.

Añádense las declaraciones de los señores Erika Fernández Posada (fls. 148 a 150, cd. 1), Jhon Jairo Posada Arboleda (fls. 155 a 157, cd. 1) y Carlos Arturo Clavijo Aguilar (fls. 186 a 190, cd. 1), quienes relataron la ocurrencia del comentado hecho, al punto que los dos primeros deponentes precisaron haber asistido al mismo.

Hay lugar a pensar, entonces, que fue verdad la realización de un matrimonio falso entre los litigantes, el cual, si bien es cierto, no representa la existencia de un vínculo jurídico atendible que los ate, sí denota que la demandante estaba convencida de que el señor Zuluaga Betancourt no tenía impedimento para casarse, entendimiento de la situación del que se extracta que para ella, él no tenía un nexo marital vigente.

La ponderación conjunta de los medios de convicción de que aquí se dispone, en particular, los atrás relacionados, descarta el conocimiento investigado y, por lo mismo, permite colegir que la accionante, al comenzar la unión marital de hecho al lado del demandado, estaba convencida de que él no estaba gravado por una sociedad conyugal derivada de un matrimonio anterior suyo.

Ratifica la buena fe de la actora, la imposibilidad en que ella estuvo de verificar, por sus propios medios, el estado civil de su compañero permanente, toda vez que, como ya se consignó, en el registro civil de nacimiento de éste, no figuraba inscrito su matrimonio.

La mediana diligencia que era, y es, exigible a la señora Posada Arboleda, no permite pensar que ella estaba obligada a consultar todas las notarías del país, en procura de verificar si Zuluaga Betancourt era o no casado y, en caso de serlo, si estaba vigente la correspondiente sociedad conyugal, actividad que, sin duda, supera dicho estándar de comportamiento.

Por ello, la existencia del registro civil de matrimonio soporte del juicio del Tribunal (fl. 49, cd. 1), no es suficiente para inferir falta de diligencia o cuidado en las actuaciones de la aquí accionante.

En definitiva, se establece que la sociedad conyugal constituida por el hecho del matrimonio de los señores Flor Alba Forero Velásquez y Antonio María Zuluaga Betancourt, como efecto patrimonial derivado de dicho acto, es INOPONIBLE al derecho que la aquí demandante tiene de que, como consecuencia de la unión marital de hecho que sostuvo con el nombrado señor, se declare la existencia de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, por el mismo tiempo que perduró aquella, según las previsiones del artículo 107 del Decreto 1260 de 1970.

Ahora bien, como dicha inoponibilidad significa que la identificada sociedad conyugal no existe en cuanto hace a la aquí demandante, al menos por el tiempo que duró la unión marital de hecho aquí tratada, sin afectar en lo demás las relaciones existentes entre los mencionados cónyuges, y, particularmente, a la referida súplica, se colige la pertinencia de acceder a dicho pedimento de declarar que durante ese tiempo existió la sociedad patrimonial, toda vez que están cumplidos cabalmente los requisitos del literal b) del artículo 2º de la Ley 54 de 1990, como quiera que la unión marital de las partes superó, con creces, el término de dos años allí previsto y puesto que la mentada sociedad, no está llamada a producir efectos jurídicos en este caso concreto.

La prosperidad de la pretensión en comento, trae consigo la necesidad de estudiar las excepciones aducidas para enervarla, la cuales no están llamadas a prosperar toda vez que están cimentadas en la vigencia de la sociedad conyugal derivada del matrimonio de los señores Forero Velásquez y Zuluaga Betancour que, se repite, es inoponible a la actora.

No quiere decir que la sociedad conyugal no existe, sino que durante el tiempo de la unión marital Zuluaga-Posada, se toma como si no existiera para todos los efectos legales. Otra cosa será la responsabilidad del cónyuge en una eventual disolución de la sociedad conyugal, asunto que haría falta que se tratara ahora sino en caso de acudir a esa responsabilidad en contra del contrayente.

En lo que hace a la prescripción extintiva aducida con fundamento en el artículo 8º de la Ley 54 de 1990, se encuentra que la unión marital de hecho que existió entre las partes concluyó el 21 de noviembre de 2009, según lo determinó el Tribunal en su fallo, pronunciamiento que no fue objeto de reclamo en casación y que se conservó inalterado ante la improsperidad del cargo que en desarrollo del dicho recurso extraordinario introdujo el demandado.

Partiéndose de esa fecha, se establecería la tempestividad de la demanda, en tanto que fue presentada el 22 de junio de 2010, es decir, mucho antes del vencimiento del año contemplado en la norma invocada. En tal virtud, habría debido entenderse, con sujeción al parágrafo del mismo precepto, que la prescripción se interrumpió desde la realización del indicado acto procesal y que, por lo mismo, no se configuró.

Recapitulando, la Corte ha debido acceder a reconocer la conformación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes reclamada en la demanda, durante el mismo lapso que perduró la unión marital de hecho que vinculó a los extremos procesales y disponer su disolución ordenando que se procediera a su liquidación.

Queda por decir que como aquí operaría la inoponibilidad de la sociedad conyugal de los esposos Forero Velásquez y Zuluaga Betancourt respeto de la sociedad patrimonial solicitada por la demandante, como ya se dijo, todos los bienes adquiridos por los compañeros durante el tiempo de vigencia de la unión marital de hecho se han debido tomar como pertenecientes a la sociedad patrimonial sin lugar a confundirlos con los de la sociedad conyugal y sin referencia a aquella que conformó el demandado con su cónyuge en la cual deberá responder en su momento de acuerdo con los efectos personales y responsabilidades que sus actos le impondrían.

Como lo explica uno de los autores ya citados:

En determinadas ocasiones, la ley permite que no se produzca la eficacia indirecta de un acto jurídico, facultando a los terceros para que no cuenten con la existencia de la actuación ajena verdaderamente efectuada: se trata de una medida protectora, que no es otra cosa que la inoponibilidad.

Cuando otras personas realizan actuaciones jurídicas que afectan o pueden afectar a mis derechos, el [o]rdenamiento jurídico me permite en ciertas ocasiones ignorar o considerar irrelevantes tales actuaciones, en relación a mi esfera jurídica.

Obsérvese que estamos empleando el término ignorar de una manera ficticia. El sujeto puede llegar a tener constancia de la actuación ajena; de hecho, tarde o temprano ha de conocerla para que se produzca la situación conflictiva que desencadena el mecanismo de la inoponibilidad. En tal supuesto, el sujeto protegido no ignora verdaderamente lo que ha acontecido. A pesar de haber conocido la actuación ajena, con posterioridad al momento en que adquirió sus derechos, el sujeto protegido por la inoponibilidad tiene derecho de considerarla como si no existiera.

Es la ley la que concede al tercero esa facultad de considerar no existente la actuación jurídica ajena, como medida de protección frente a actos que son potencialmente perjudiciales. El mecanismo de la inoponibilidad supone una filigrana jurídica, un rasgo de finura utilizado por la norma jurídica: El sujeto protegido puede fingir que ignora la actuación ajena y el [d]erecho le protege, como si tal actuación ajena no se hubiera realizado.

Estamos frente a una auténtica ficción jurídica, que ‘tiene por objeto asimilar, en sus efectos, dos cosas distintas, considerar algo como si fuese de manera distinta a la que es’18.

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

1 Entre otras C-821/05, C-700/13, C-278/14 y C-257/15.

2 Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General, Editorial ABC, 1991, 11ª Ed., p. 637.

3 CSJ, SC del 22 de marzo de 1979, G.J., t. CLIX, págs. 76 a 82.

4 CSJ, SC del 9 de diciembre de 2011, Rad. n.° 2005-00140-01.

5 Artículo 101 del Decreto 1260 de 1970, que dice: “El estado civil debe constar en el registro de estado civil. (…). El registro es público, y sus libros y tarjetas, así como las copias y certificaciones que con base en ello se expidan, son instrumentos públicos” (se subraya).

6 Arango Mejía, Jorge. “Derecho Civil Personas”. Bogotá, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 1991, pág. 221.

7 Brantt Zumarán, María Graciela. “La inoponibilidad como mecanismo de protección de los terceros en la regulación patrimonial del matrimonio en el derecho chileno”. En “Revista chilena de derecho privado”, versión On- line ISSN 0718-8072. Santiago, julio de 2015, pág. 9.

8 “La eficacia directa significa que el acto jurídico vincula a las partes y, a falta de ellas, a sus respectivos herederos, que están obligadas a efectuar el comportamiento proyectado y, en su caso, están facultadas para exigir a la otra parte la prestación”. Ragel Sánchez, Luis-Felipe. “Protección del tercero frente a la actuación jurídica ajena: La inoponibilidad”. Valencia, Tirant lo blanch, 1994, pág. 49.

9 “La eficacia indirecta, por el contrario, se refiere al influjo que la actuación jurídica ajena ejerce sobre los legítimos intereses de los terceros, que deberán contar en el futuro con ella, aunque no estén obligados al cumplimiento de lo pactado. Ese contar en el futuro con la actuación jurídica ajena significa la necesidad de actuar conforme a esa realidad, sin posibilidad de eludirla jurídicamente”. Ragel, Sánchez, Luis-Felipe, ob. cit., pág. 61.

10 Alessandri R., Arturo; Somarriva U., Manuel; y Vodanovic H., Antonio. “Tratado de Derecho Civil. Partes Preliminar y General. Tomo II”. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1998, pág. 353.

11 Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. “Teoría General del Contrato y de los demás Actos o Negocios Jurídicos”. Bogotá, Temis, 1994, pág. 400.

12 Brantt Zumarán, María Graciela, ob. cit., págs. 9 y 10.

13 Ragel Sánchez, Luis Felipe. “Protección del tercero frente a la actuación jurídica ajena: La inoponibilidad”. Valencia, Tirant lo Blanch, 1994, págs. 126 a 133.

14 Las normas del Código Civil español citadas por el autor, rezan lo siguiente:

“Artículo 61. El matrimonio produce efectos civiles desde su celebración. (…). Para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su inscripción en el Registro Civil. (…). El matrimonio no inscrito no perjudicará los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas”.

“Artículo 64. Para el reconocimiento del matrimonio secreto basta su inscripción en el libro especial del Registro Civil Central, pero no perjudicará los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas sino desde su publicación en el Registro Civil ordinario”.

15 Carrejo, Simón. “Derecho Civil. Tomo I”. Bogotá, Temis, 1972, pág. 369.

16 CSJ, SC del 20 de agosto de 1981, proceso ordinario de Luz Graciela Urrea de

Chávez contra los herederos de Ricardo Márquez Bedoya, G.J., t. CLXVI, págs. 505 a 514.

17 CS, SC 7019 del 13 de junio de 2014, Rad. n.° 2002-00487-01.

18 Ragel Sánchez, Luis-Felipe, ob cit., págs. 87 a 89.

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