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AC986-2021 (2020-02634-00)
AC986-2021
Radicación n° 11001-02-03-000-2020-02634-00
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintiuno (2021)
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Tabio y Veintinueve Civil Municipal de Bogotá.
ANTECEDENTES
1.- Ante el primer despacho, Grupo de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. presentó demanda de imposición de servidumbre contra Raúl Cristancho Pedraza y Jacqueline Gómez Blanco, justificando la escogencia de esa oficina por la ubicación del predio sirviente, denominado «Monte Bello».
2.- El estrado judicial declaró su incompetencia para tramitar el libelo, porque que de conformidad con el numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso y lo señalado por esta Corporación en AC 27 nov. 2018, rad. 2018-03148-00, corresponde privativamente a los jueces del domicilio de la entidad pública, decisión que no reexaminó cuando la actora interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación, pues los halló improcedentes.
3-. El otro estrado involucrado igualmente repelió el asunto, propuso colisión y envió el expediente para que esta Sala la defina, acogiéndose al salvamento de voto del AC140-2020 que sostiene la prevalencia del fuero real previsto en el numeral 7º idem.
CONSIDERACIONES
1.- Comoquiera que la divergencia que se analiza se trabó entre juzgados de diferentes distritos judiciales, a esta Corporación le concierne dirimirla como superior funcional común de ellos, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como lo establecen los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el 7º de la 1285 de 2009.
2.- Para distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales asentadas en la geografía nacional, el ordenamiento acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. Mediante el primero, indica cuál es el juez que en razón de la circunscripción debe conocer del litigio, y para concretarlo establece los «foros o fueros», de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos acude al «personal» cuando radica la competencia en el funcionario del lugar del domicilio del demandado, o en el de su residencia; además, consagra otros especiales, como el denominado «forum rei sitae» o «real», referido al escenario donde ocurrieron los hechos o a la ubicación de los bienes objeto de la lid. Igualmente, impone el fuero contractual, según el cual el fallador llamado a conocer el asunto es el del lugar de cumplimiento de las obligaciones emanadas de un negocio jurídico.
Varios de esos fueros pueden confluir en una misma causa, lo cual genera una pluralidad de jueces habilitados para tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a zanjar la disputa; empero, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y privativamente determina la potestad, indicando de forma precisa y categórica el funcionario que con exclusión de cualquier otro debe encarar el debate.
Frente a este último punto, en AC3744-2018, la Corte destacó que
(…) el concepto «privativo» que constituye el común denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones señaladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa índole (…).
Ahora bien, atinente a las contiendas sobre servidumbres, sea imposición, variación o extinción, el numeral 7 del artículo 28 ejusdem establece una «competencia privativa», asignándolas en forma exclusiva, única y excluyente al juzgador del lugar donde esté el bien involucrado en la litis, en cuanto prescribe que «[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (…) en los de servidumbre….», será competente, «de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante». Es pues, un claro ejemplo de fuero real exclusivo.
No obstante, el numeral 10º ídem previene que «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad», de donde emerge otro fuero privativo de carácter general que se funda en la calidad del sujeto para asignar la competencia al juez de su domicilio.
Como en muchas ocasiones la demandante es un organismo que responde al memorado criterio subjetivo y es vecino de una provincia distinta de aquella donde se encuentra el inmueble sobre el que aspira obtener el gravamen, deviene palmario que en la práctica surge un enfrentamiento entre los parámetros atributivos en comento.
Dilema que conforme el criterio mayoritario de la Sala, plasmado en AC140-2020, del que el suscrito ponente disintió con salvamento de voto, pero que conforme dijera en AC388-2020, en sometimiento a los principios de igualdad y seguridad jurídica en lo sucesivo aplicaría a los casos semejantes, tiene solución en el inciso primero del artículo 29 del Código General del Proceso, según el cual «es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes», por lo que en todos los trámites que participe un organismo de linaje «público» habrá de preferirse su «fuero personal».
En tal sentido, en dicha providencia se indicó que «la colisión presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7° (real) y 10° (subjetivo) del artículo 28 del Código General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ibidem, razón por la que prima el último de los citados».
De tal suerte que, aunque antes de esa determinación unificadora este Despacho sostenía una tesis diferente, que incluso expresó en el salvamento de voto, desde entonces ha aplicado con todas sus consecuencias la que prevaleció, puesto que la finalidad de esa resolución conjunta era superar la divergencia que se presentaba entre los diferentes magistrados de la Sala frente a una situación fáctica y jurídica idéntica.
3.- El asunto que originó la colisión concierne a la imposición de una servidumbre de conducción de energía eléctrica sobre el lote «Monte Bello» situado en Tabio, que Grupo de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. promovió ante el Juzgado Promiscuo Municipal de esa población, quien lo remitió a sus pares de esta capital, correspondiéndole al Veintinueve Civil Municipal, el cual igualmente rehusó la competencia, acogiéndose el primero a los precedentes de la Sala que se inclinaban por el fuero personal y el segundo a lo expuesto en un salvamento de voto que acogía el real.
Así las cosas, de conformidad con el AC140-2020, que el Despacho aplica plenamente, opera el privilegio reconocido a favor del organismo estatal, para que en su sede se adelante el litigio, pues tratándose de una competencia por el factor subjetivo se impone a la establecida en consideración al lugar donde se sitúan los inmuebles.
4.- En consecuencia, se definirá la disputa, asignando el asunto al juez de Bogotá y se comunicará lo definido al otro involucrado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar que el Juzgado Veintinueve Civil Municipal de Bogotá es el competente para conocer el proceso de imposición de servidumbre iniciado por Grupo de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. contra Raúl Cristancho Pedraza y Jacqueline Gómez Blanco.
Segundo: Enviar el expediente al prenombrado despacho e informar lo decidido al Juzgado Promiscuo Municipal de Tabio.
Tercero: Librar, por Secretaría, los oficios correspondientes.
Notifíquese,
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado