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AC5470-2021 (2017-00056-01)
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado ponente
AC5470-2021
Radicación n° 68001-31-03-008-2017-00056-01
(Aprobado en sesión virtual de trece de mayo de dos mil veintiuno)
Bogotá, D. C., veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la que Otilia Anaya Galvis y Reinaldo Cabrera Archila dicen sustentar el recurso de casación que formularon contra la sentencia proferida el 03 de abril de 2019 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, en el proceso verbal de pertenencia promovido por los aquí recurrentes contra la sociedad Cemex Colombia S.A. y personas indeterminadas.
I. ANTECEDENTES
A. La pretensión
Pretenden los demandantes que se declare en su favor el dominio pleno y absoluto del predio llamado «Finca Buenos Aires», ubicada en la vereda Angelinos, corregimiento 1, del municipio de Bucaramanga, por haberla adquirido por prescripción extraordinaria de dominio «ejercida por más de VEINTINUEVE (29) años».
B. Causa petendi
Adujeron que celebraron contrato de compraventa sobre el inmueble con la señora Dominga Mendoza de Torres a través de documento privado suscrito en 1987. Por ello, desde tal año han detentado el bien en calidad de poseedores al haber ejercido desde esa data actos de señor y dueño, «efectuando la explotación económica y mejoras sobre el bien inmueble antes mencionado».
Explicaron que el fundo (finca Buenos Aires) forma parte integral de otro de mayor extensión denominado Surata, de propiedad de la sociedad Cemex Colombia S.A. Sin embargo, aseveran que tal parcela «fue poseída de manera pública, pacífica e ininterrumpida y explorada económicamente, desde el año 1.949 por la señora DOMINGA MENDOZA DE TORRES hasta la fecha en que se realizó la compraventa a nombre de mis prohijados, es decir el año 1.987». En tal sentido, al sumarse las posesiones de la vendedora con la de los demandantes, se advierte que esta excede los sesenta y seis (66) años continuos e ininterrumpidos, suficientes para adquirir el dominio por prescripción extraordinaria.
Como «información complementaria», se afirmó que el señor Reinaldo Cabrera Amaya transfirió los derechos de posesión de dos lotes de terreno a los señores Daniel González Jaimes y Olga Lucía Cabrera Anaya.
C. Posición de la demandada
D. Primera instancia
La clausuró el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga con sentencia del 3 de agosto de 2018, por la cual denegó las pretensiones de la demanda.
E. Segunda instancia
El recurso de apelación formulado contra el veredicto de primera instancia fue desatado por el Tribunal, con sentencia del 03 de abril de 2019. Allí confirmó en su totalidad el fallo apelado.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
El Tibunal comenzó por relatar el devenir procesal, así como la postura del juez de primera instancia y los argumentos expuestos en el recurso de apelación presentado por la activa. Hecho esto, se procedió a anunciar que mantendría la sentencia del a quo. Para tal efecto, se precisó que si bien el testimonio de la señora Dominga Mendoza de Torres es fuerte para sostener la postura tomada por el inferior, lo cierto es que no es la única prueba que se puede esgrimir para mantener incólume el proveído.
En tal sentido, especificó que «al analizar de manera conjunta las pruebas en realidad no es clara la posesión durante veinte años». Manifestó el Colegiado que, de conformidad con el dicho de la señora Dominga, esta le vendió una mejora a los demandantes con la advertencia de que Cemex era la dueña «y de que hasta ese momento le habían reconocido partes, es decir, derechos y de que CEMEX en cualquier momento reclamaría el predio». Aunado a ello, se advirtió que «las construcciones de que da cuenta el expediente en efecto tienen señales de ser muy recientes, no son construcciones de hace 20 años o más, como podría pensarse para derivar de ahí unos actos posesorios. Tampoco la parte demandante ha pagado impuestos, no hay prueba en ese sentido».
Por su parte, aun cuando hay pruebas de actos posesorios, «en realidad no hay unas pruebas contundentes precisas que nos digan en qué momento los señores Reinaldo Carbera Archila y Otila Anaya Galvis se convirtieron en poseedores». En otras palabras, no se acreditó a partir de qué momento se presentó la interversión del título, teniendo en cuenta que los demandantes «inicialmente entran al predio bajo la advertencia de que el predio es ajeno y de que en cualquier momento se lo van a reclamar. Es decir, ellos saben que no entran propiamente como poseedores sino como simple tenedores y que CEMEX, en efecto, sigue pagando los impuestos, (…)».
Así las cosas, concluyó que los actores «entraron como simples tenedores y sabían y tenían la certeza de que CEMEX era el propietario y estaban advertidos y sin embargo no demuestran en qué momento cambiaron su postura frente al predio de meros tenedores en poseedores (…). Cultivos, mejoras, no hay esa actitud de que esos actos de posesión lleven más del tiempo que prevé la ley».
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
Se formuló un cargo único contra la sentencia del Tribunal, que la Corte resumirá y a continuación determinará las razones técnicas que impiden su estudio de fondo y conducen a su inadmisibilidad.
CARGO ÚNICO
Con estribo en la causal primera de casación, el recurrente censuró la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial al «no darse la validez plena a las pruebas anteriormente detalladas y de esa forma calificar siempre de SIMPLES TENEDORES a mis Poderdantes y no como a la luz de a verdad que fueron y son POSEEDORES con todos los elementos y presupuestos que la ley exige para solicitar el dominio pleno del inmueble que se pretende usucapir por este medio».
En particular, reprochó el desconocimiento de los alcances jurídicos contenidos en los artículos 762 y 981 del Código Civil comoquiera que «en el acervo probatorio allegado y existente al expediente, obran clara y contundentemente los elementos probatorios indicadores de estas acciones como presupuestos para adquirir la posesión del inmueble objeto de esta litis, por parte de mis mandantes». Pese a ello, el censor cuestiona que no se hizo ninguna alusión a los elementos de prueba presentados en el plenario para acreditar la posesión.
IV. CONSIDERACIONES
1.- Sabido es que el escrito dirigido a sustentar el recurso de casación debe cumplir con todos los requisitos formales previstos en la ley, so pena de que sea declarado inadmisible (numeral 1º, artículo 346, del Código General del Proceso). Dicha consecuencia tiene su razón de ser en el carácter extraordinario de este medio impugnativo, en el que campea, por regla general, el principio dispositivo del que se desprende que sólo dentro del marco trazado por el recurrente ha de discurrir la actividad de la Corte, en orden a determinar si la sentencia combatida se ajusta o no a la ley sustancial o procesal, según el caso, sin que le sea a ésta permitido hacer interpretaciones para llenar vacíos o para replantear cargos deficientemente propuestos.
1.1.- Adicionalmente, el recurrente no puede olvidar que este remedio procesal no atañe al aspecto fáctico de la controversia judicial (thema decidendum). Tampoco está concebido como una nueva oportunidad para debatir el factum del litigio y, mucho menos, constituye una tercera instancia. El objetivo principal es escudriñar el contenido del fallo proferido por el ad-quem (thema decissum), tratando de visualizar los yerros cometidos, y así, en una confrontación idónea, quebrar el proveído emitido, por lo que ha sido reiterativa esta Corte al apuntar que:
«… toda acusación o cargo debe trascender de la simple enunciación, al campo de la demostración, haciéndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificación concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resolución combatida» (CSJ. AC. Ene. 12 de 2016. Rad. 1995-00229-01).
1.2.- Esas exigencias que debe reunir la demanda de casación se encuentran previstas en el artículo 344 del CGP, que, para el caso en particular, se resalta la consagrada en el numeral 2, que prescribe:
«La demanda de casación deberá contener:
[…]
2. La formulación, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa y con sujeción a las siguientes reglas:
a) Tratándose de violación directa, el cargo se circunscribirá a la cuestión jurídica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria.
En caso de que la acusación se haga por violación indirecta, no podrán plantearse aspectos fácticos que no fueron debatidos en las instancias.
Cuando se trate de error de derecho, se indicarán las normas probatorias que se consideren violadas. Si se invoca un error de hecho manifiesto, se singularizará con precisión y claridad, indicándose en qué consiste y cuáles son en concreto las pruebas sobre las que recae. En todo caso, el recurrente deberá demostrar el error y señalar su trascendencia en el sentido de la sentencia».
2.- Cuando se esgrime la violación directa de la norma sustancial, contemplada como causal de casación en el numeral primero del artículo 336 del Código General del Proceso, la discusión se ceñirá a «la cuestión jurídica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada cómo se produjo la vulneración ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo regían o, a pesar de acertarse en la selección, terminar reconociéndoles implicaciones que no tienen» (CSJ AC3599-2018 de 27 de agosto de 2018 rad. 2015-00704). Ello significa que el censor estará llamado a ajustar sus reparos exclusivamente a los textos legales que, a su juicio, resultaron quebrantados en las modalidades anotadas, sin que le sea dado adentrarse en consideraciones que impliquen disentimiento con las apreciaciones fácticas del juzgador, pues estas se deberán realizar mediante la acusación por la vía indirecta.
Frente a la demostración del cargo cuando se aduce «violación directa de normas sustanciales» ha dicho esta Corporación que se
«requiere de la aceptación de todos los hechos que en ella se tuvieron por probados y sin que se pueda exteriorizar inconformidad con los medios de convicción obrantes en el plenario, toda vez que la labor argumentativa del censor sólo puede estar orientada a descubrir los falsos juicios sobre las normas materiales que regulan el caso, ya sea por falta de aplicación, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicación indebida, al incurrir en un error de selección que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, presentándose una interpretación errónea. (…) Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesión producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acción u omisión, en la labor de escogencia y exégesis de la regulación que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador» (CSJ SC de 15 de nov. de 2012, exp.2008-00322-01, reiterada el 4 de abril de 2013, exp. 2004-00457-01).
3.- La causal segunda del artículo 336 del C.G.P. contempla la hipótesis de violación de normas jurídicas sustanciales de manera indirecta, como consecuencia de «error de derecho» derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por «error de hecho» manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda, de su contestación o de una determinada prueba.
3.1.- Cuando se aduce «error de hecho», implica inconformidad con la labor investigativa del juzgador en el campo probatorio, y ocurre por una equivocada aplicación del derecho sustancial o su no aplicación, por deficiencias en el ámbito de la apreciación de la prueba, que a voces de la Corte tiene lugar en los eventos que «el fallador se equivoca al apreciar materialmente los medios de convicción, ya sea porque supone el que no existe, pretermite el que sí está o tergiversa el que acertadamente encontró, modalidad ésta que equivale a imaginar u omitir parcialmente el elemento probatorio, alterando su contenido de forma significativa» (CSJ AC 4689-2017 de 25 de julio de 2017).
El «error de derecho» supone la conformidad con el contenido objetivo de la prueba, pero se reclama su indebida valoración, por mediar la violación de normas de disciplina probatoria que atañen con la aportación, admisión, producción o estimación de esta, error que conduce a la infracción indirecta de normas sustanciales. «[E]n esta clase de error, diversamente a lo que sucede con el de hecho, siempre se parte de que el juzgador es consciente de la presencia del medio, solo que al evaluarlo no lo hace con sujeción a la preceptiva legal» (CSJ SC 137 de 13 de oct. de 1995, exp.3986).
3.2.- Estas causales tienen como característica principal el quebrantamiento de una «norma sustancial», circunstancia que impone al recurrente indicar con claridad y precisión la disposición de ese linaje que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del gestor, haya sido infringida. Ahora bien, esta Corporación ha dispuesto que tienen esta naturaleza aquellas normas que «en razón de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación […] de manera que no son de esa naturaleza aquellas que se limitan a definir fenómenos jurídicos o a descubrir los elementos de éstos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo» (CSJ, CS, sentencia 19 de diciembre de 1999. En igual sentido, entre otras, sentencias del 9 de marzo de 1995, 30 de agosto, 9 de septiembre y 9 de diciembre de 1999 y 3 de septiembre de 2004; autos del 5 de mayo de 2000, 5 de agosto de 2009, exp. 1999-00453-01 y 23 de mayo de 2011, exp. 2006- 00661-01).
Con relación a la exigencia anterior, la Corte ha establecido que
«[…] en el marco de dicho motivo casacional es deber del impugnante precisar las normas sustanciales violadas, cualquiera que sea la vía que haya escogido para perfilar su acusación; la directa o la indirecta, sin que, tratándose de esta última, pueda excusarse su señalamiento a pretexto de la demostración de los errores de apreciación probatoria que se le endilgan al fallo, o de la determinación de las normas probatorias supuestamente quebrantadas – cuando se predique la comisión de un yerro de derecho –, pues si a esto último se limitare el recurrente, omitiendo la mencionada exigencia, quedaría trunca la acusación, en la medida en que no podría la Corte, al analizar el cargo, establecer oficiosamente cuáles disposiciones materiales habrían sido quebrantadas a consecuencia de los yerros que se hubieren acreditado» (CSJ AC, 7 Dic. 2001, Rad. 1999-0482); exigencia que se explica porque la demanda constituye «pieza fundamental» en el recurso extraordinario de casación, «…que a manera de carta de navegación, sujeta a la Corte en su tarea de establecer si la sentencia acusada violó o no, la ley sustancial» (CSJ AC, 18 Jul. 2002, Rad. 1999-0154).
4.- Se advierte que el cargo formulado no tiene vocación de admisibilidad, puesto que no satisface las exigencias que legal y jurisprudencialmente se imponen para abrirle paso, como seguidamente se expone:
4.1. El recurrente soportó la impugnación en un cargo con sustento en la causal primera del artículo 336 del Código General del Proceso, que refiere a la violación directa de una norma sustancial. De acuerdo con lo antes visto, debía indicar las normas de estirpe sustancial que considera trasgredidas por el juzgador -lo que no se hizo-. En efecto, el actor censuró como vulnerados los artículos 762 y 981 del Código Civil. Respecto de estas normas se encuentra que:
a. El artículo 762 es definitorio de la posesión. Por ello, no es de linaje sustancial comoquiera que no advierte una consecuencia jurídica específica (que puede ser declarar, crear, modificar o extinguir una relación jurídica) a aplicar al caso en concreto. Así lo ha señalado reiteradamente esta Corporación la que, en AC1774-2018 sostuvo que: «[l]os artículos 762 y 2512 del Código Civil traen el significado de figuras jurídicas como son la posesión y la prescripción, pero como se indicó en CSJ AC 3243-2017 del inicial «la norma citada como transgredida no tiene categoría de sustancial» toda vez que «contiene una definición, y no crea, extingue o modifica una relación jurídica concreta», lo que igualmente se dijo frente al último en CSJ AC 28 jun. 2012, rad. 2004-00222».
«(…) debe insistirse en que, cuando el recurso se finque en la transgresión (directa o indirecta) de normas de carácter sustancial, es tarea del impugnante invocar al menos un precepto de esa naturaleza que, «constituyendo base esencial del fallo, o habiendo debido serlo», haya sido infringido por la decisión que se censura. Ahora bien, como lo tiene sentado la jurisprudencia de esta Sala,
«[U]na norma es de estirpe sustancial cuando contiene una prescripción enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas concretas” (G.J. CLI, pág.254) y por ende carecen de tal connotación “los preceptos materiales que se limitan a definir fenómenos jurídicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria” (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-2000-24058-01)» (CSJ AC4591-2018, 19 oct.).
Ello es trascendente porque en el cargo formulado, la inconforme citó gran cantidad de pautas legales y constitucionales que no revisten la aludida naturaleza, como el artículo 29 de la Carta Política, los artículos 762, 764, 765, 768, 769, 2512, 2518, 2522, 2527, 2531 y 2534 del Código Civil, además de varios preceptos del Código General del Proceso, ninguno de los cuales corresponde a una norma sustancial en el sentido explicado, sino a reglas probatorias, consagración de derechos fundamentales abstractos y criterios de interpretación judicial, que no son aptos para estructurar un embate por la causal primera o segunda de casación».
b. Lo dicho también se predica con respecto al artículo 981 del Código Civil, que refiere a la prueba de la posesión. De su texto se observa que tal disposición es de carácter procedimental, tal como lo aseguró esta Corporación SC10295-2014. «el artículo 981 conformante del titulo que trata de las acciones posesorias (…) no es sustancial como lo estableció la Sala en auto de 19 de abril de 1996».
4.2. Aun cuando lo anterior fuera suficiente para inadmitir la demanda, esta presenta otra inconsistencia que apoya la negativa. A saber, que no obstante versar el ataque sobre la violación directa de los aludidos preceptos del Código Civil, el censor desatendió el deber de circunscribir su inconformidad al campo de lo jurídico. En efecto, se advierte que en el desarrollo del cargo único, se incorporaron cuestiones relativas a las pruebas, en especial, las dirigidas a comprobar la existencia de acciones materiales «sobre el bien o la cosa como si fuera el dueño, y por supuesto que de manera independiente sin tener la anuencia o permiso del que se crea dueño de la misma». En tal sentido, adujo que en las sentencias de primera y de segunda instancia no «se hace ningún tipo de mención siquiera superficial de estos elementos de prueba», así como tampoco se aludieron «las casas que datan de más de veninte años de construídas por parte de mis prohijados como la “casa paterna”. Nunca se mencionó las plantaciones ni sementeras, jamás se mencionó la construcción de vías de acceso a la finca con maquinaria pesada, para nada se mencionó la gestión e instalación de servicios públicos como luz eléctrica y agua veredal a costas y nombre de mis representados».
De manera que se presentó una mixtura entre las causales invocadas, lo que vuelve inadmisible el embate planteado por el actor. Tal como se dijo en precedencia, el literal a) del numeral 2 del artículo 344 del Código General del Proceso indica que: «Tratándose de violación directa, el cargo se circunscribirá a la cuestión jurídica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria»; lo que impone, se reitera, que en la exposición del reproche no se viertan consideraciones de índole fáctico, so pena de su improcedencia.
En tal sentido, en reciente jurisprudencia, esta Sala argumentó lo siguiente:
«Si la violación de disposiciones sustanciales se encausa por la vía directa, los argumentos de la impugnación deben limitarse al campo jurídico sin referirse a la plataforma fáctica ni la valoración de los medios de convicción. Expresado de otra manera, será defectuoso el embiste que, pese a fincarse en la vulneración inmediata de la ley sustancial que gobernó el litigio, critica los asertos suasorios y fácticos elaborados en el fallo de última instancia, pues el mismo debe limitarse a demostrar que el Tribunal dejó de aplicar, hizo actuar indebidamente o interpretó de forma equivocada un precepto sustancial» (AC2708-2020).
4.3. Aunado a lo anterior, en parte alguna del escrito se especificó de qué manera fueron inaplicadas o empleadas de forma incorrecta las normas. Por el contrario, el casacionista enfiló sus esfuerzos en demostrar que sí había prueba de la ejecución de actos materiales que demostraban sus calidades de señor y dueño. Empero, tal argumentación impide comprender en dónde se asienta la inconformidad -más allá de que se hubiera negado la usucapión-.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
PRIMERO. INADMITIR la demanda presentada tendiente a sustentar la impugnación formulada.
SEGUNDO. ORDENAR la devolución del expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA