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AC1890-2022 (2022-01011-00)
AC1890-2022
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-01011-00
Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022).
Se decide el conflicto de competencia surgido entre el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá y el despacho Primero Civil Municipal de Oralidad de Medellín, atinente al conocimiento del trámite de aprehensión y entrega de garantía mobiliaria interpuesto por GM Financial Colombia S.A. contra Walter José Urribarri Vera.
I. ANTECEDENTES
1. En la demanda presentada al «Juez Civil Municipal – Reparto Bogotá D. C.», la parte actora reclamó de la jurisdicción «La aprehensión del vehículo automotor de Placas JKM855, afectado con prenda sin tenencia del acreedor y afianzado con garantía mobiliaria prioritaria de adquisición y la posterior entrega real y material del mismo al Acreedor Garantizado GMF y/o al suscrito, con facultad expresa de recibir (…)»1. En consecuencia, «sírvase requerir los servicios de la Policía Nacional–División Automotores- con sede en Bogotá, como el organismo rector a nivel nacional debe cumplir con dicho acto de aprehensión y entrega del solicitado rodante, a través de sus unidades policiales en cualquier parte del País donde sea localizado. (…)2». Además, indicó que la competencia le concernía a dicha autoridad judicial, «(…) en virtud del fuero concurrente por elección, en armonía con la reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (…)»3.
2. El escrito incoativo fue asignado al Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá, el cual -con proveído del 22 de febrero de 2022- resolvió rechazar la demanda por falta de competencia. Para ello, manifestó que:
«Una vez revisadas las documentales aportadas al plenario se evidencia que el vehículo objeto de aprehensión se encuentra ubicado en Medellín – Antioquia, lugar donde tiene el domicilio el deudor, en tal virtud, se hace necesario referir que mediante providencia AC 747 de 2018, la Corte suprema de Justicia explicó que la solicitud de aprehensión contemplada en la ley 1676 de 2013, es una diligencia especial, que deben conocer los Jueces Municipales del lugar donde se encuentren ubicados los bienes muebles objeto de la garantía o del domicilio de la persona con quien debe cumplirse el acto, en este caso el deudor que también tiene su domicilio en la ciudad antes referida, lugar donde fue registrado el rodante, donde se constituyó́ la garantía inmobiliaria»4.
3. Cumplidos los trámites pertinentes, el expediente fue repartido al Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad de Medellín. Sin embargo, este -mediante auto del 22 de marzo de 2022- se abstuvo del conocimiento del asunto. Y, promovió el conflicto negativo que ocupa la atención de la Corte. Al respecto, destacó que:
«Mediante auto del 22 de febrero de 2022, el Juzgado capitalino rechazó la demanda argumentando que conforme a lo estipulado en el artículo 28 del Código General del Proceso, la competencia territorial se fija por el lugar de domicilio del demandado y conforme al numeral 14 de la misma norma, según la cual, el juez competente para la práctica de diligencias varias, como el presente asunto es el del domicilio de la persona con quien deba cumplirse el acto.
…Empero, resulta necesario no avocar el conocimiento del presente asunto y en su lugar se propondrá́ conflicto de competencia de carácter negativo entre este Despacho Judicial y el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá́, dado que los argumentos plasmados en la providencia calendada 22 de febrero de 2022 no son razones válidas para asignar la competencia del presente trámite de pago directo a los Juzgados Municipales de la Ciudad de Medellín, porque desconoce la jurisprudencia decantada en torno al tema de competencia en estos asuntos y que el mismo apoderado solicitante puso de relieve en su escrito genitor»5.
4. Así las cosas, conforme al canon 139 del Código General del Proceso, se entra a desatar el asunto con base en las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
1. Sea lo primero anotar, que como el conflicto planteado se ha suscitado entre dos despachos de diferente distrito judicial -Bogotá y Medellín-, la Corte es la competente para definirlo, tal y como lo establece el artículo 16 de la ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, reformado como quedó por el artículo 7º de la ley 1285 de 2009.
2. Para la determinación de la competencia debe precisarse que la selección del juez a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa surge como el resultado de la conjugación de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde está ubicado el inmueble, la cuantía o naturaleza del asunto, etc. Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros, puesto que el legislador privativamente determina la potestad e indica de manera precisa el funcionario que, con exclusión de cualquier otro, está llamado a encarar el debate.
3. De las pautas de competencia territorial consagradas en el artículo 28 del Código General del Proceso, la del numeral 1º constituye la regla general, esto es, que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado (…)». Empero, tratándose de asuntos suscitados, entre otros, en los que se «ejerciten derechos reales», conforme al numeral 7º del precepto en comento, se prescribe que es competente de modo privativo el funcionario judicial del lugar donde se hallen ubicados los bienes. Es decir, que:
«[e]n los procesos que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes mostrencos, será competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si éstos comprenden distintas jurisdicciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante» (se subraya).
Con respecto a la competencia privativa, esta Corporación, entre otros, en auto CSJ AC, 23 marz. 2022, rad. 2021-04273-00, en el que reiteró lo dicho en proveído CSJ AC, 14 dic. 2020, rad. n° 2020-02912-00 y AC909-2021, expuso en lo concerniente que:
«(…)‘[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicación del bien involucrado en el debate pertinente, no pudiéndose acudir, bajo ningún punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (…)».
4. Tal circunstancia fija la competencia para conocer de la comentada acción. Ello pues, al tratarse este de un proceso en el cual se pretende la aprehensión y posterior entrega del vehículo de propiedad del demandado sobre el cual pesa una garantía mobiliaria, es la precitada regla la aplicable. De suerte que, la competencia radica privativamente en los jueces de la jurisdicción territorial donde se ubica el bien objeto del gravamen, descartándose desde cualquier punto de vista la aplicación de otro foro.
Sobre el tema, la Sala en AC, 18 ene. 2022, rad. 2021-04721-00, en el que reiteró lo dicho en proveído CSJ AC, 10 jun. 2019, rad. n° 2019-01769-00, precisó que:
«ciertamente se está en ejercicio del derecho real de prenda, a efecto de poder el acreedor satisfacer su crédito sin necesidad de acudir a los jueces, salvo, claro está, para que se retenga y entregue el bien pignorado y del cual reclama la tenencia. Y en ese orden de ideas, la regla de competencia territorial que de manera más cercana encaja en el caso, es la del numeral 7º del referido artículo 28, la que a su vez posibilita cumplir con principios como los de economía procesal e inmediación, puesto que el juez que mejor y más fácil puede disponer lo necesario para llevar a término lo pretendido, sin duda, es al del sitio en el que se halle el bien afectado» (CSJ AC2218–2019, 10 jun. 2019)
Ahora bien, en el caso en concreto se especificó que «el Accionante desconoce» la localización del automotor6, lo cual resulta apenas razonable a la luz de su calidad de bien mueble. Sobre este tipo de situaciones, esta Corporación ha optado por dejar al criterio del demandante la circunscripción territorial en que habrá de ejercer su derecho de acción. Al respecto, puntualizó en auto AC2218-2019 que:
«(…) sin que en la solicitud de entrega voluntaria de dicho bien, ni en alguna otra de las documentales allegadas se estipule obligación en contrario que pueda generar confusión al respecto, lo que irroga al acreedor la liberalidad para solicitar la aprehensión y entrega del bien, en múltiples circunscripciones (…). Al respecto, precisó recientemente la Sala en un caso con contornos similares, que “si se afirma que el lugar de ubicación del bien es el “territorio de la República de Colombia”, esta es una categoría integrada por múltiples circunscripciones territoriales, por tanto, tratándose de un ‘rodante’, cualquiera de ellas puede ser elegida por el actor, conforme a la parte final de la regla 28-7 del Código General de. Proceso”»
5. Por lo expuesto, forzoso es colegir que la atribución para tramitar la acción de aprehensión y entrega de la garantía mobiliaria que pesa sobre el vehículo del demandado radica en cabeza del Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá. Esto pues, se reitera, «la manifestación realizada en el libelo genitor por parte de la sociedad convocante evidencia la variabilidad de localización del bien mueble objeto de la aprehensión, lo cual le permite instaurar la acción ante cualquier autoridad judicial del territorio nacional» (CSJ AC3557-2020, 18 ago. 2021, rad. n° 2021-02806-00).
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
PRIMERO: Declarar que el conocimiento del proceso de la referencia deberá continuar por cuenta del Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá.
SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Despacho Primero Civil Municipal de Oralidad de Medellín, acompañándole copia de este proveído.
TERCERO: Remitir el expediente a la célula judicial referida en el numeral primero de esta decisión.
CUARTO: Por secretaría, librar los oficios correspondientes y dejar las constancias del caso.
NOTIFÍQUESE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado
1 Folios 30-36, archivo 01Cuadernoprincipal.pdf. Expediente digital
3 Ibídem.
4 Archivo 04AutoRechazaporcompetencia2022-113.pdf. Expediente digital.
5 Archivo 06AutoConflictoCompetenciaAprehension.pdf. Expediente digital.
6 Folios 30-36, archivo 01Cuadernoprincipal.pdf. Expediente digital.