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AC523-2023 (2023-00833-00)
AC523-2023
Radicación n° 11001-02-03-000-2023-00833-00
Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil veintitrés (2023).
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá y Primero Civil del Circuito de Cali, en relación con el conocimiento de la demanda ejecutiva singular impetrada por José Alfonso Méndez Guerrero contra Fiduciaria Corficolombiana S.A.
ANTECEDENTES
1. El actor presentó su escrito introductor ante los jueces civiles del circuito de Bogotá, pretendiendo que se libre mandamiento ejecutivo de pago «por el valor de los perjuicios ocasionados (…), por razón del incumplimiento del contrato de encargo fiduciario (…)». En el acápite de competencia, indicó que la misma venía dada «por la naturaleza del [asunto], el domicilio de las partes y su cuantía (…), y por el domicilio de la demandada Oficina Principal en la ciudad de Bogotá».
2. El Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá rechazó «de plano» la demanda, pretextando que «conforme a los numerales 1 y 3 del artículo 28 del CG del P, esta sede judicial carece de competencia por razón del denominado fuero territorial, en tanto, el demandado encuentra su domicilio para notificaciones judiciales, conforme al certificado de existencia y representación legal [en Cali]», agregando que «la restitución de recursos de inversión que entregó el demandante a la Fiduciaria demandada, como administradora del encargo fiduciario de administración de recursos en fase previa denominado Estación San Pedro, habría de cumplirse en el municipio de Espinal (Tolima)».
3. El despacho receptor, Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, también rehusó conocer el asunto, aduciendo que en tratándose «de un proceso ejecutivo, la competencia territorial para conocerlo, la determina el juez del domicilio del demandado (art. 28-1 GGP), o al del lugar señalado para el cumplimiento de las obligaciones (art. 28-3 ibidem), a elección del demandante (competencia a prevención)», y en el libelo, «expresa escogencia sobre el juez que debe conocer de la demanda, atendiendo al domicilio del demandado, lo cual está dentro de las opciones que le brinda el legislador (…)».
Con ese fundamento, resolvió provocar conflicto negativo de competencia, y como consecuencia, envió el expediente a esta Sala para que se surtiera el respectivo trámite.
CONSIDERACIONES
1. Aptitud legal para la resolución.
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.
2. Anotaciones sobre la competencia.
Aunque la jurisdicción, entendida como la función pública de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a través de pautas de atribución descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden público: las reglas de competencia.
En tratándose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribución en comento se realiza mediante la aplicación de diversos factores, así:
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de los litigantes, debiéndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la República (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicción), acorde con el artículo 30-6 del Código General del Proceso. Esto, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del artículo 28 ibidem, según el cual: «En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad».
La naturaleza consiste en una descripción abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunción entre ella y la pretensión en concreto; así ocurre con la expropiación, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito1, o la custodia, cuidado personal y visitas de los niños, niñas y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en única instancia2.
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria, se acudió, como patrón de atribución supletivo o complementario, a la cuantía de las pretensiones, conforme lo disponen los cánones 153 y 254 del estatuto adjetivo.
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categoría e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de mínima cuantía corresponde al juez civil municipal, en única instancia), que -por sí solas- son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en específico.
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuantía) habrá de acompañarse, en todo caso, del factor territorial, que señala con precisión el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el artículo 28 del Código General del Proceso.
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribución territorial (pues opera «salvo disposición legal en contrario»); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribución previstas en los numerales 2 (domicilio de los niños, niñas o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente) y 12 (último domicilio del causante) del citado canon 28.
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicación de los bienes, en aquellos asuntos en los que «se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos» (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en tratándose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11).
Y el fuero contractual atañe, finalmente, a «los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos» en los que «es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».
(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atención a las específicas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripción de grados de juzgamiento en la que actúan funcionarios diferentes, pero relacionados entre sí, de manera jerárquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripción judicial.
(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fenómeno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulación de partes –litisconsorcios–), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas.
3. Las normas de atribución territorial en el Código General del Proceso.
Como viene de verse, la pauta genérica de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1º del citado artículo 28 del Código General del Proceso, foro que opera «salvo disposición legal en contrario», lo que supone la advertencia de que aplicará siempre y cuando el ordenamiento jurídico no disponga una cosa distinta.
Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elección, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), así:
(i) Los fueros concurrentes por elección operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podrá radicar su acción ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho dañoso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del artículo 28).
(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer término, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podría recurrirse a la alternativa subsiguiente.
(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a título de ejemplo, con los procesos de restitución de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicación del respectivo predio (numeral 7 del artículo 28, ya citado).
4. Caso concreto.
En asuntos como este, convergen dos fueros de competencia: «domicilio del demandado» y «lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones», los cuales operan concurrentemente, a saber: (i) el previsto a manera de regla general en el numeral 1° del artículo 28 del Código General del Proceso («En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado…») y (ii) el que establece el numeral 3° del mismo precepto («En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones»).
En este caso, el demandante indicó que fijaba la competencia con sustento en su elección del foro general, de donde emerge que por ser la demandada «una persona jurídica», la hipótesis aplicable corresponde a la prevista en el numeral 5° del citado canon 28, esto es, que el juez cognoscente sería «el de su domicilio principal», sin perjuicio de que «cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta».
Sin embargo, no fue claro en dicha elección, toda vez que señaló que la competencia venía dada por «el domicilio de la demandada oficina principal en la ciudad de Bogotá», aseveración que no concuerda con la información contenida en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad demandada, pues este refleja que Fiduciaria Corficolombiana S.A., tiene su domicilio principal en la ciudad de Cali.
En las circunstancias descritas, se torna imperioso que el actor precise si la referida escogencia del juzgador se basa en el domicilio principal de la demandada (Cali), o por el de una de sus sucursales (Bogotá), y en este último evento, explicar la razón por la cual el asunto estaría vinculado a la oficina ubicada en la capital del país.
En ese escenario, como el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá, en lugar de rechazar de plano la demanda y remitirla al funcionario que estimó competente, debió solicitar las aclaraciones del caso, para establecer, con certeza, el juez al que corresponderá asumir el trámite del juicio, y al no hacerlo, se colige que dicho juzgador rehusó el conocimiento del caso de manera prematura.
Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido que «(…) el receptor no puede salirse de los elementos delimitantes expuestos explícita o implícitamente en la demanda; además, de no estar clara su determinación, está en la obligación de requerir las precisiones necesarias para su esclarecimiento, de manera que se evite su repulsión sobre una base inexistente, propiciando un conflicto antes de tiempo» (CSJ AC, 2 may. 2013, rad. 00946-00).
5. Conclusión.
Por lo anterior, se dispondrá la devolución de las diligencias a la autoridad judicial a la que inicialmente se le asignó su conocimiento, para que adopte las medidas de saneamiento que estime procedentes, tendientes a clarificar las variables relevantes para la atribución de competencia en este asunto.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
PRIMERO. DECLARAR PREMATURO el planteamiento del presente conflicto de competencia.
SEGUNDO. REMITIR el expediente al Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá, para que proceda de conformidad con lo expuesto en esta providencia.
TERCERO. COMUNICAR lo aquí decidido a las agencias judiciales involucradas en la contienda.
Notifíquese y Cúmplase,
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado
1 Artículo 20, numeral 5, Código General del Proceso.
2 Artículo 21, numeral 3, ídem.
3 «Corresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez civil».
4 «Cuando la competencia se determine por la cuantía, los procesos son de mayor, de menor y de mínima cuantía. Son de mínima cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)».