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SC-069-2005 [05001-31030121997-16062-01]
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL
Magistrado Ponente
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO
Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil cinco (2005)
Referencia: Exp. No.05001-3103-012-1997-16062-01
Decídese el recurso de casación interpuesto por la señor FERNANDO LONDOÑO BOTERO respecto de la sentencia proferida el 8 de agosto de 2002 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario por él promovido frente a la sociedad ALMACENES EXITO S.A.
ANTECEDENTES
1. Solicitó el demandante que se declarara al demandado civilmente responsable de todos los daños y perjuicios por él sufridos en el accidente ocurrido el 16 de agosto de 1997, en las inmediaciones del Almacén Éxito de la Avenida Colombia, al recibir un fuerte golpe en el ojo como consecuencia de la caída sobre la reja o cerramiento que dispuso la entidad demandada y, consecuencialmente, que se le condenara a pagarle la suma aproximada de 74 millones de pesos a título de perjuicios materiales, más el equivalente a mil gramos oro por concepto de perjuicios morales y dos mil gramos oro por perjuicios fisiológicos, condenas que pidió fueran actualizadas en el momento del fallo.
2. La causa petendi puede compendiarse así:
A. Almacenes Éxito S.A. es una sociedad dueña de diferentes locales comerciales que funcionan en las principales ciudades del país.
B. Uno de los primeros locales comerciales identificado como Almacén Éxito Avenida Colombia, está ubicado en la carrera 66 No. 49-01 de la ciudad de Medellín, y ha sido sometido a varias reformas y mejoras, consistentes, entre otras, en colocar grama en lugares cercanos a su entrada principal y en cercarla, rodearla y protegerla con unas rejas o cercas metálicas, pintadas de blanco y de una altura no superior a cincuenta centímetros.
C. El 16 de agosto de 1997 a las once y media de la mañana, el actor llegó acompañado de su pequeña hija al referido establecimiento comercial con el fin de efectuar algunas compras. Como venía procedente de un barrio alejado del centro de la ciudad, debió utilizar los servicios de un vehículo para su transporte, el taxi de placas TIS-673 que lo dejó cerca de la puerta principal.
D. Al ir a pagarle al conductor del vehículo de nombre Carlos Wilmar Vargas Posada, este quiso cobrar una suma exagerada por el servicio, por lo cual se presentó un desacuerdo con el pasajero. El señor Londoño le dejó un billete de diez mil pesos y se dirigió al interior del almacén. El conductor del taxi lo siguió sin que el actor se diera cuenta y lo golpeó por la espalda haciéndole caer cerca de unas bancas de cemento allí colocadas, golpeando su cabeza contra una de las varillas o elementos que conforman la reja construida por la demandada para proteger la grama sembrada en los alrededores del local.
E. La reja o cerca construida por almacenes Éxito viola las normas reguladores de la construcción expedidas por el Concejo de Medellín.
F. Como la varilla con la cual se golpeó el actor termina en forma peligrosa, el trauma que sufrió le ocasionó graves lesiones en su ojo izquierdo. De acuerdo con la descripción que hicieron los médicos del Hospital General del Medellín a donde fue conducido, sufrió un trauma severo orbital, con fractura de la órbita, luxación del globo ocular y hematomas en esa área.
G. Al demandado se le diagnosticó durante su tratamiento una incapacidad de más de 6 meses, y como secuelas definitivas, la pérdida total, anatómica y funcional del ojo izquierdo con incapacidad permanente; la deformación anatómica de párpados por ptosis y cicatrices fibrosas; la pérdida parcial de la función motora y sensitiva de los nervios infraorbitarios y la contracción parcial de la cavidad orbitaria por pérdida del globo ocular.
H. El actor tenía un ingreso mensual aproximado de un millón quinientos mil pesos.
I. La Fiscalía 171 de la Unidad de Vida de la ciudad de Medellín, adelanta la investigación por las lesiones sufridas por el señor Londoño, en la que aparece como sindicado el señor Carlos Filmar Vargas Posada.
J. Los perjuicios ocasionados al demandante no son solo los materiales, daño emergente y lucro cesante, sino también los morales originados en el impacto emocional sufrido al verse gravemente lesionado y al borde de la muerte, y los fisiológicos que resultan de haber sido afectado por la pérdida funcional y anatómica del ojo izquierdo, lo cual modifica notoriamente su comportamiento vital hacía el futuro.
3. La sociedad demandada dio contestación a la demanda, oponiéndose a sus pretensiones, formulando las excepciones de fondo que denominó “acto doloso de un tercero” y “rompimiento del nexo de causalidad”. Adicionalmente llamó en garantía a Seguros de Colombia S.A. CIGNA, entidad que también se opuso a las pretensiones del demandante y formuló excepciones de mérito.
4. La sentencia de primera instancia, desestimatoria de las súplicas de la demanda, fue confirmada en su integridad por el Tribunal Superior de Medellín, mediante providencia dictada el 8 de agosto de 2002, frente a la cual el actor interpuso, como antes se dijo, recurso de casación.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Después de aludir a los antecedentes del proceso, el Tribunal abordó el tópico de la responsabilidad civil, del cual afirmó que se estructura por el hermanamiento de un hecho ilícito, culpa o dolo y daño. El primero consiste en la infracción al deber jurídico de respeto impuesto por el art. 95 inc 3º de la Constitución Política; el segundo, en actuar sin la atención e interés reclamados, es decir, con negligencia, imprudencia, inexperiencia, impericia, ineptitud o descuido, o con la intención positiva de vulnerar el deber jurídico.
Agregó que el art. 1516 del Código Civil requiere la prueba del dolo y el 1604 inc. 3º ib. presume la culpa, presunción que se desmorona con la prueba de caso fortuito, entendido como el suceso imprevisto por lo extraordinario, que puede derivar de la conducta de la víctima, de un tercero extraño, del comportamiento de animal o cosa ajena, de hecho de la naturaleza o de orden legitima de autoridad competente.
Mencionó, enseguida, que el art. 11 de la Constitución consagra el derecho subjetivo fundamental a la vida, género que comprende la especie ‘derecho subjetivo fundamental a la integridad corporal’, del que era titular el demandante para el 16 de agosto de 1997, fecha en que resultó lesionado en su ojo izquierdo, proposición en la que se sustentan las pretensiones del libelo, en torno a la cuales –expresó- no existe controversia.
Concretando su atención a las circunstancias modales del accidente, manifestó el sentenciador que se contaba con la versión inserta en la demanda, según la cual el demandante cayó sobre la varilla de la verja colocada en el jardín exterior del almacén Éxito; que en ese lugar y fecha se encontraba el señor Gerley Antonio Loaiza, pero que “cuando llegó ya había ocurrido el accidente”; que la médica oftalmóloga Marta Elena Vasquez “quien atendió la urgencia comunicó que atendida la magnitud del lesionamiento sin duda alguna podía concluirse que el ojo fue empujado por una fuerza de choque muy intensa y con objeto contuso, no puntiagudo porque no se produjo estallido del ojo, sino fractura del piso de la órbita ocular y luxación del ojo hacía atrás, que bien pudo ser varilla con punta roma, patada o golpe muy fuerte; abanico de posibilidades que entonces no conduce a la certeza”, a lo cual agregó: “incertidumbre que igualmente adjetiva el informe técnico forense rendido en el proceso penal adelantado contra el señor Carlos Wilmar Vargas Posada, y porque parte de la premisa de que el golpe se produjo contra la varilla, lo que constituye suposición sin prueba que lo ratifique” (fl. 102), informe que -en su sentir- “no alcanza mérito como prueba trasladada porque en el proceso penal no intervinieron la parte demandada ni la llamada en garantía (art. 185 Código de Procedimiento Civil); y el Tribunal no ejerció el poder de decretar pruebas de oficio en el sentido de ponerlo en conocimiento de las partes para los efectos del art. 243 inc. 2º ib., dado el defecto anotado de dar por cierto una premisa no demostrada con prueba regular y oportunamente arrimada, como lo exige el art. 174 ib., en obedecimiento al art. 29 inc. final Constitución Nacional”. Para el sentenciador, situación similar impidió decretar de oficio la declaración de la hija del demandante, prueba que consideró “insular y débil” como para deducir la responsabilidad civil de la demandada.
Finalizó el ad quem, manifestando que no acreditada la culpa de la demandada, procedía la desestimación de la pretensión, lo que imponía la confirmación de la sentencia apelada.
LA DEMANDA DE CASACION
CARGO PRIMERO
Se acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, “porque a consecuencia de errores evidentes en la apreciación de la prueba, quebrantó por falta de aplicación los arts. 1613, 1614, 2341 y 2344 del Código Civil y el art. 16 de la Ley 446 de 1998”.
Afirmó el censor que el Tribunal incurrió en un “gravísimo error de derecho” en la evaluación probatoria, que llevó a la mayoría de la Sala a inaplicar el art. 59 del Código de Procedimiento Penal. Expresó que “ese error de considerar que las determinaciones, providencias y dictámenes practicados dentro del proceso penal, que fueron solicitadas oportunamente dentro del término probatorio del proceso civil sin oposición o resistencia pero si con conocimiento, notificación y participación de la parte demandada, no hacen parte del acervo probatorio o elementos que el juez civil debe tener en cuenta para resolver la controversia sobre los mismos hechos, debe enmendarse” (fl. 12).
Concluyó el censor, afirmando que como consecuencia del anotado yerro que desconoció “valor probatorio a las diligencias y providencias proferidas en el proceso penal, donde se investigaron y juzgaron los mismos hechos, los mismos elementos fácticos, la mayoría de la sala de decisión del honorable Tribunal no encontró prueba suficiente de la culpa de la entidad demandada y la absolvió dejando de aplicar los arts. 1613, 1614, 2341, 2344 del Código Civil y el art. 16 de la Ley 446 de 1998 que consagran el derecho sustancial de la indemnización de perjuicios cuando se sufre un daño imputable a otra persona”.
CONSIDERACIONES
La Sala prestamente observa que el reparo medular del censor con la sentencia impugnada radica en que no se hubiere dado valor probatorio a los dictámenes periciales practicados en el proceso penal, aspecto que tiene relación con la validez de la prueba trasladada a un proceso civil de otro juicio.
Sobre el referido tópico, por regla, las probanzas recaudadas en un proceso, son admisibles en un juicio posterior y así lo establece con meridiana claridad el art. 185 del Código de Procedimiento Civil, en los términos siguientes: “Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella” (Se subraya).
Como puede apreciarse, no toda prueba trasladada de un proceso a otro, per se, puede ser apreciada o valorada por el juez, sino solo aquellas que fueron producidas en el juicio a que pertenecían con intervención o concurso de la parte contra la cual se oponen, lo que tiene su plausible razón de ser en los principios de publicidad y contradicción que de antiguo informan el régimen probatorio patrio, los cuales garantizan a las partes los derechos de igualdad y lealtad.
Ahora, con prescindencia de la validez de la prueba trasladada, lo cierto es que el juez del proceso posterior tiene la posibilidad de formarse un criterio diverso del que tuvo el primigenio juez en la valoración probatoria, o lo que es lo mismo, el nuevo juez, con arreglo a los aquilatados principios de la sana crítica, es soberano para formar su propio y personal criterio sobre los hechos controvertidos, sin que en tal laborío pueda oponerse el principio de la cosa juzgada, pues esta Sala ya ha puntualizado que “únicamente la solución del proceso penal [es] lo que se juzga erga omnes y, por lo tanto, autoridad con semejante extensión es predicable tan solo de aquellas comprobaciones con efectos punitivos que, efectuadas por el juez penal y por mandato expreso de la ley, son de tal naturaleza que se las deba considerar como base necesaria e insustituible de la responsabilidad criminal declarada” (CCXLVI,422,423), es decir que la influencia de la cosa juzgada “…no guarda relación alguna con la validez de las pruebas practicadas en el proceso penal, ni impide que puedan ser trasladadas a otra actuación, si por lo demás se han cumplido los requisitos que exige al efecto el art. 185 del Código de Procedimiento Civil y que en esta última, por consiguiente, puedan ser apreciadas como elementos de convicción” (CCLVI, 437).
Ha señalado también esta Corporación que “El artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, se refiere a la prueba que ha sido válidamente practicada en un proceso, para establecer que ella pueda ser allegada a un proceso distinto, reproducida en copia auténtica, siempre que en el nuevo proceso figuren como partes las que tuvieron tal carácter en el primero; en cuyo caso no se exige formalidad adicional alguna. Pero si la prueba trasladada se practicó sin audiencia de la parte contra la cual se aduce en el nuevo proceso, es necesario que dentro de éste sea ratificada por los declarantes, a fin de darle oportunidad a quien no estuvo presente en el primer proceso, de contra-interrogar a los testigos o solicitar la práctica de pruebas adicionales, tendientes a desvirtuar el contenido de las declaraciones trasladadas, con lo cual se satisfacen los principios de publicidad y contradicción de la prueba. Sin este último requisito las declaraciones trasladadas carecen de valor probatorio” (se subraya; CLXXXIV, 232).
En el presente asunto, el Tribunal estimó que el dictamen pericial practicado dentro del juicio penal seguido en contra del conductor del taxi –aunque obraba en el plenario- no podía ser admitido como prueba trasladada en este proceso, toda vez que la parte demandada no había tenido la oportunidad de controvertirlo, razonamiento que a la luz de la doctrina de esta Sala, antes transcrita y que ahora se reitera, descarta la existencia del yerro de derecho que denuncia el censor. Lo contrario, sería tanto como pretermitir el acerado derecho de defensa del demandado, el que amerita respeto, como igualmente lo amerita el del demandante. Por lo tanto, en las descritas condiciones es claro que aquél no pudo ejercer soberanamente, el precitado derecho, de rango legal y constitucional, con las consabidas secuelas, ya anotadas, pues en esta materia se justifica plenamente el celo y la cautela del legislador.
CARGO SEGUNDO
Se acusó la sentencia de violar la ley sustancial por un evidente error de derecho al exigir a la parte demandante la prueba de la culpa con fundamento en el art. 177 del Código de Procedimiento Civil, lo que llevó a la mayoría de la Sala a inaplicar los arts. 1613, 1614, 2341 y 2344 del Código Civil y el 6º de la Ley 446 de 1998.
Según el censor, la culpa no es un hecho, es un concepto, es la evaluación de una conducta, no un supuesto fáctico como lo exige el art. 177 del c. p.c., y por ello quienes fundamentan en esa tendencia subjetiva la responsabilidad civil, exigiendo la prueba de la culpa como elemento integrante de la misma, se equivocan porque mientras el hecho, el nexo causal y el daño, son elementos objetivos de la responsabilidad que exigen su prueba por parte del perjudicado, el elemento subjetivo culpa no es un elemento fáctico o hecho.
Después de aludir al salvamento de voto y la tesis mayoritaria del Tribunal, expresó que los hechos que menciona la mayoría “…permiten deducir la culpa porque la colocación de la reja se hizo sin la autorización de las autoridades encargadas del control del espacio público y permite deducir un error de conducta por cuanto una persona prudente no coloca esas rejas o varillas en un espacio público, donde circulan numerosas personas y menos compuestas por varillas de hierro que son potencialmente dañinas por su forma aun terminen en punta roma” (fl. 13).
Según el casacionista, debe definirse si la culpa, como concepto se prueba, o se prueban los hechos fácticos o materiales de los cuales se deduce, por lo cual “ese error de derecho de exigir la prueba de un concepto como es la culpa llevó a la sala a la violación de los preceptos enunciados”.
Manifestó la censura que “No es posible que se ponga en duda, como lo hace el fallo de segunda instancia impugnada, que la lesión que ocasionó la pérdida del ojo izquierdo del demandante fue una varilla de las que hacen parte de la reja protectora del Exito S.A. La concordancia de los diferentes elementos probatorios arrimados al proceso penal y al proceso civil, sobre los mismos hechos, permiten reconstruir lo sucedido. Pretender desconocer que la colocación de esa reja… es una conducta imprudente, negligente, culposa, va contra todo el acervo probatorio arrimado” (fl. 14).
CARGO TERCERO
En este cargo se acusó la sentencia de violar en forma indirecta la ley sustancial por falta de aplicación de los arts. 1613, 1614, 2341, 2344 y art. 16 de la Ley 448 (sic) de 1998, por un error de hecho manifiesto al desconocer elementos probatorios aportados al proceso, lo que dio como resultado una sentencia absolutoria que no se hubiere proferido si se analizan y tienen en cuenta los diferentes probanzas aducidas.
En su desarrollo aludió el censor al salvamento de voto hecho a la sentencia impugnada, al que se remitió para demostrar que se “… pasaron por alto elementos probatorios de indiscutible valor de convicción que demostraban los elementos esenciales de la responsabilidad civil extracontractual que se reclama”, entre los que destacó el testimonio del doctor Escobar Ramírez, el dictamen de los peritos Muñoz Hincapié y Chica Gutiérrez, la declaración del profesional que lo atendió en el Hospital General de Medellín, la respuesta de la demandada al hecho cuarto de la demanda, así como la versión que el conductor Vargas Posada dio de los hechos al indicar que el señor Londoño Botero cayó encima de una reja de las que tienen los almacenes Éxito, pruebas –que en opinión del censor- se dejaron de apreciar, y que “permiten deducir una actuación imprudente, negligente, violatoria de los reglamentos municipales, esto es la culpa”. Según el recurrente, en el proceso aparecen las constancias del Municipio de Medellín, oficina de planeación que indican que esa reja, sobre la cual cayó el perjudicado, fue construida en un lugar público y sin las autorizaciones requeridas.
Más adelante, expresó que “no puede quedar la menor duda que fue una de las varillas que conforman la reja protectora de la zona verde de Almacenes Éxito la que ocasionó las lesiones o daños que reclama el demandante. Así lo reconoce, analiza y fundamenta, el magistrado que salvó el voto. La disculpa que fue una patada que le dio el conductor en el rostro no pasa de ser una simple estrategia defensiva para crear una duda en quien no analice conjuntamente la prueba recogida en el proceso penal y en el proceso civil y que desaparece si se analiza en conjunto el acervo probatorio recogido en el proceso civil”. Prosiguió el censor, diciendo que la descripción de las lesiones y la forma como se encontró el globo ocular, convertido en un reloj de arena descarta toda posibilidad de una patada. La profundidad donde se encuentra no permite que una patada llegue hasta ese lugar, solo puede hacerlo un objeto como la varilla, así tenga la punta roma y no aguda.
CARGO CUARTO
Se acusó la sentencia de incurrir en un error de derecho en la apreciación de la prueba, pues a pesar de existir una confesión en la respuesta de la demanda, no se le dio aplicación a los arts. 194 y 197 del Código de Procedimiento Civil y como consecuencia de ese error no se apreció como confesión lo manifestado en la respuestas de la demanda, lo que motivó que se dejaran de aplicar los arts. 1613, 1614, 2341, 2344 del Código Civil y el art. 16 de la Ley 446 de 1998.
Después de transcribir los arts. 194 y 197 del C. de P.C. manifestó el censor que las respuestas dadas por los apoderados de las partes comprometen a sus poderdantes. Es decir confiesan por ellos y esa confesión se entiende como judicial con todas sus implicaciones.
Se refirió, entonces, al hecho cuarto de la demanda y su correspondiente contestación, citando los pasajes pertinentes de una y otra, para expresar que “No hay duda que se acepta, se confiesa que realmente Almacenes Éxito S.A. si colocaron la reja protectora de la zona verde, compuestas por varillas de hierro que terminaban en puntas romas, chatas. Por lo tanto esa confesión judicial se convierte en un elemento probatorio suficiente para deducir la culpa de la entidad demandada puesto que acepta haber colocado la reja compuesta por varillas….que fue la que ocasionó el daño cuya indemnización estamos reclamando”.
Se solicitó, en consecuencia, casar la providencia impugnada, y en su lugar reemplazarla con una sentencia condenatoria en contra de la demandada.
CONSIDERACIONES
Como es de fácil apreciación, aunque los cargos sub examine vienen denunciando errores de derecho [el segundo y el cuarto] y de hecho [el tercero], en su esencia los tres giran en torno al mismo aspecto: que las rejas ubicadas en las instalaciones del Almacén Exito fueron colocadas violando disposiciones municipales y que una de ellas fue la que causó la lesión al señor Londoño Botero, lo que amerita su despacho conjunto, como antes se anticipó.
Memórase que el Tribunal no consideró que estuviera demostrada la culpa de la demandada y fue esa precisamente la razón medular por la cual desestimó las pretensiones de la demanda, conclusión que apoyó en la declaración de Marta Elena Vásquez Jiménez.
En efecto, según se expresó en el fallo combatido, la declarante, oftalmóloga de profesión, “quien atendió la urgencia comunicó que atendida la magnitud del lesionamiento sin duda alguna podía concluirse que el ojo fue empujado por una fuerza de choque muy intensa y con objeto contuso, no puntiagudo porque no se produjo estallido del ojo, sino fractura del piso de la órbita ocular y luxación del ojo hacía atrás, que bien pudo ser varilla con punta roma, patada o golpe muy fuerte; abanico de posibilidades que entonces no conduce a la certeza” (se subraya; fl. 102).
De manera que el Tribunal, con estribo en el referido testimonio, no encontró acreditado que fuera una de las rejas ubicadas en el Almacén Éxito la que se incrustó en el ojo del actor, pues no se descartaba que la lesión hubiere sido causada por las otras causas descritas por la declarante, lo que obligaba al censor a demostrar que el ad quem había incurrido en error de hecho en la apreciación de tal probanza, ignorando o alterando lo dicho por la declarante, agregando o modificando la versión de aquella.
El ataque, empero, consistió en una enunciación ayuna de demostración, stricto sensu, pues en el cargo segundo el censor se limitó a expresar que “la concordancia de los diferentes elementos probatorios arrimados al proceso penal y al proceso civil sobre los mismos hechos, permiten reconstruir lo sucedido. Así se hizo en el salvamento de voto. Pretender desconocer que la colocación de esa reja (que la parte demandada acepta haber colocado desde la respuesta de la demanda aunque con puntas romas) es una conducta imprudente, negligente, culposa, va contra todo el acervo probatorio arrimado” (fl. 14).
Del mismo modo, en el cargo tercero expresó el censor que “…las dos magistradas que suscribieron la sentencia pasaron por alto elementos probatorios de indiscutible valor de convicción que demostraban los elementos esenciales de la responsabilidad civil extracontractual que se reclama. El testimonio del Dr. MARIO ESCOBAR, el dictamen de los peritos MARGARITA MARIA MUÑOZ HINCAPIÉ Y JOHN JAIRO CHICA GUTIERREZ, la declaración del profesional que lo atendió en el Hospital General de Medellín, la respuesta de ALMACENES ÉXITO S.A. al hecho cuarto de la demanda”. Líneas adelante, agregó que “…la decisión mayoritaria dejó de apreciar los diferentes elementos probatorios aportados al proceso que se mencionaron y que permiten deducir una actuación imprudente, negligente, violatoria de los reglamentos municipales, esto es la culpa”.
Finalmente, en el cuarto cargo manifestó, de cara a la respuesta dada a uno de los hechos de la demanda, que “…puede deducirse que Almacenes Éxito S.A. sí colocó la reja compuesta por varillas de hierro, que terminaban en ángulos chatos, mochos. De acuerdo con las lesiones detectadas por los médicos ellas fueron ocasionadas precisamente por una varilla en esas condiciones”.
Como se evidencia, desde la perspectiva casacional, muy otra a la de las instancias, no se demostró en ninguna de las censuras -como correspondía-, que en la apreciación del testimonio de la médica Vasquez Jiménez el Tribunal hubiere incurrido en manifiesto e inequívoco error de hecho y ello, consecuentemente, deja en pie la conclusión que apoya la exoneración de la entidad demandada, con prescindencia de su real acierto.
En ninguno de los cargos, se ocupó el censor de demostrar los yerros alegados, no bastando para tal propósito con aludir a “los diferentes elementos probatorios arrimados al proceso penal y al proceso civil”, “al testimonio del Dr. ESCOBAR RAMIREZ”, al “dictamen de los peritos MUÑOZ HINCAPIE y CHICA GUTIERREZ”, a la “declaración del profesional que lo atendió en el Hospital General de Medellín”, sino que era necesario citar o transcribir los pasajes que consideraba más relevantes de tales pruebas y confrontarlos luego, con lo dicho por el Tribunal en la sentencia impugnada, de manera tal que se evidenciara ante la Sala después de tal cotejo, los mayúsculos, amén que trascendentes yerros endilgados al ad quem, laborío que, en puridad, no fue hecho.
Desde otro punto de vista, aun admitiendo que el casacionista tuviere razón en que la colocación de la reja en la zona peatonal donde ocurrió el accidente debe considerarse una conducta imprudente o negligente que puede constituirse en un factor generador de una eventual obligación indemnizatoria, lo cierto es que sin que exista la certeza de que fue una de las varillas integrantes de tal elemento la que causó la lesión al actor [aspecto este que la declarante cuya versión sirvió de apoyo al sentenciador, no pudo diáfanamente asegurar], no podría afirmarse, categóricamente, que el Tribunal incurrió en contraevidencia al apreciar tal testimonio, toda vez que aquel no hizo nada distinto que reconocer en su fallo la existencia de las varias causas probables que, según la médica, pudieron ocasionar la referida lesión ocular, pero sin la posibilidad de otorgarse, a una de ellas, en forma clara, el status de causa adecuada del daño experimentado.
En efecto, la testigo interrogada sobre la causa que pudo causar la pluricitada lesión, expresó que “No conozco efectivamente la causa pero como médica…este traumatismo orbitario podría explicarle como un mecanismo de trauma inducido con gran fuerza contra un objeto confuso”, agregando en respuesta a sí pudo haber sido generado por una patada, que “Si efectivamente si, pero sería una patada con un zapato duro, es decir con un zapato fuerte y duro. También pudo haber sido generado por un golpe de una persona pero con muchísima fuerza” (fl. 31), haz de posibilidades que fueron puestas de presente por el Tribunal en su fallo, y que no le permitieron deducir, como se acotó, la responsabilidad civil de la entidad demandada, máxime cuando es probable que en la producción del daño participen o incidan distintas circunstancias o condiciones, lo que implicaba establecer posteriormente –ello es capital- cuál de ellas, fue la más adecuada de cara a la causación del daño (causalidad adecuada), laborío que, por sus no ocultas connotaciones, deber ser lo más fidedigno y preciso posible (prognósis póstuma), con miras a no incurrir en el terreno de la mera especulación causal.
Por consiguiente, si la declarante cuyo testimonio antes fue transcrito, se mostró dubitativa o vacilante en cuanto a la causa que pudo causar el daño ocular al demandante, y ello se deja ver abiertamente en la providencia impugnada, resulta vano el intento del censor por demostrar que fue precisa e irrefragablemente una varilla la que produjo tal resultado, y por tal camino endilgar yerro fáctico de carácter colosal al ad quem, pues en el plano causal ninguna de las probanzas demuestra categóricamente tal aserto. Ahora bien, aun cuando es cierto que el “informe técnico” practicado en el juicio penal, ello se da por establecido, no lo es menos que tal probanza no fue tenida como prueba trasladada por el Tribunal por no cumplir con el requisito previsto en el art. 185 del C. de P.C., aspecto que fue analizado por la Sala al despachar el primero de los cargos formulados.
De otro lado, es pertinente expresar que los médicos no señalaron que las lesiones por ellos detectadas necesariamente hubieren sido causadas por una varilla, pues, por el contrario, en el documento que obra a folio 10 del cuaderno 4, firmado por el doctor Elkin Cuartas quien atendió la consulta en el Hospital General de Medellín el día de accidente se lee lo siguiente: “agredido por un taxista recibió patada en ojo izquierdo produciéndole estallido ocular”, e igualmente, en la historia clínica del actor suscrita por el doctor Jorge Rodríguez, que obra a folio 12 ib. se dejó sentado como motivo de la consulta y enfermedad que “recibió patada en ojo izquierdo”.
Incluso, en la complementación del dictamen rendido por los peritos Ballen y Mesa, los auxiliares conceptuaron que “Es posible que el suceso se diera en la reja, como también es posible que un accidente se de en cualquiera de los amoblamientos que existen en los alrededores del Almacén” (fl. 15 cdno. 5)
Frente a tales probanzas no es dable asegurar que la lamentable lesión que sufrió el demandante fue causada de manera clara o indubitable con una de las varillas integrantes de las rejas, y aunque la Corte no pueda desconocerla en un plano abstracto, lo cierto es que ello, in concreto, ha debido ser debida y suficientemente acreditado ante los jueces de instancia y no lo fue a juicio del mismo, como ha quedado visto por la transcripción del fallo del Tribunal que muestra su perplejidad ante la dificultad de establecer la causa real y adecuada del daño que se tradujo en el detonante de la pérdida del ojo del señor Londoño, fallo que al no ser infirmado queda revestido de la presunción de legalidad y acierto que lo escolta. Por lo tanto, igualmente como lo ha repetido una y otra vez, allí donde se enseñoree la duda o la hesitación, no se abre paso la casación, pues ello supone evidencia irrefragable.
No sobra recordar que el error de hecho en la función estimativa de las pruebas “…debe aparecer de manera incontrovertible, cierta, que no deje resquicio alguno por donde pueda insinuarse un ápice de duda” (LXXVII 149 ), pues como dijo esta Sala “si márgenes de duda permitieran a esta sustituir con otro el criterio adoptado por el sentenciador de instancia en la apreciación del material probatorio, entonces, se desfiguraría el recurso de casación para tornarse en una instancia más del proceso. No es a la Corte, sino a los juzgadores de instancia, a quienes la ley ha confiado la ponderosa tarea de decidir sobre los extremos del litigio, apreciando con tal propósito la integridad del material probatorio y concediendo o negando a cada medio el valor de persuación de que los encuentre investidos” (Se subraya, CLXXXVIII, 56 y CCXXXVII, 645, entre otras). Por lo tanto, igualmente como lo ha repetido una y otra vez, allí donde se enseñoree la duda o la hesitación, no se abre paso la casación, pues esta supone evidencia irrfragable.
Por tal razón, la Corte ha sostenido también que la demostración del yerro alegado, “…no se puede reducir a la simple referencia de las pruebas que se estiman mal apreciadas, así se acompañe de una crítica razonada sobre la tarea evaluativa que en torno a ellas hizo el fallador, siendo necesarios, por el contrario, “argumentos tan concluyentes que la sola exposición del recurrente haga rodar por el piso la labor probatoria del Tribunal” (cas. civ. de 23 de febrero de 2000, Exp. 5371), propósito que no se alcanza contraponiendo “la interpretación que de las pruebas hace el censor con la que hizo el Tribunal”, sino confrontando “la sentencia con el derecho objetivo y la violación patente del sentenciador”, por manera que para exhibir la evidencia y la trascendencia del error, se torna indispensable “cotejar lo expuesto en el fallo con lo representado por la prueba, a fin de que de esa confrontación brote el desacierto del sentenciador, de manera clara y evidente” (cas. civ. 29 de febrero de 2000, Exp. 6184), pues “si impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige como mínimo, explicar qué es aquello que se enfrenta, fundar una acusación, es entonces asunto mucho más elaborado, como quiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de razón,” (cas. civ de 27 de febrero de 2001, Exp. 5839), laborío éste, sin duda más exigente. Al fin y al cabo, como tantas veces se ha explicitado, la casación dista de una mera instancia, al punto que no lo es. De allí que la tarea impugnaticia en torno al juicio del Tribunal, sea cualificada, a la par que sujeta a precisas y puntuales exigencias” (cas. civ. 11 de marzo de 2003, Exp. 7322).
En consecuencia, no prosperan los cargos segundo, tercero y cuarto.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín en el proceso ordinario a que se hizo referencia en el encabezado de la presente providencia.
Condénase a la parte demandante a pagar las costas del recurso de casación.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO
CESAR JULIO VALENCIA COPETE
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA