SC4580-2014 [1995-11450-01]

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

Magistrada Ponente

SC4580-2014

Radicación n° 76001-3103-009-1995-11450-01

Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil catorce (2014).

(Aprobado en sesión de veinticuatro de febrero de dos mil catorce)

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte actora, frente a la sentencia de 19 de agosto de 2011 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario promovido por Edgar Eduardo Tulande Salcedo (hoy fallecido), Enelia González vda. de Hurtado y Aída Lucía Herrera de González contra Ana Milena Tulande Salcedo, Mery Leida Ferrerosa de Ávila, Construcciones Tudigi Ltda., Marlene Elvira Bueno de Ortiz, Eduardo Antonio García López, Nelson A. Torres, Fernando Vargas Berrio, Ubaldino Tapias Hernández, Wilson Sánchez Daza, Orlando López Osorio, Marco Antonio Pachajoa, Maricel Torres Paya, Lucero Restrepo Loaiza,

Néstor López Osorio, Jesús Albán Zuluaga Sánchez, Adolfo Valdez Linares, Patricia Elena Osorio Pulgarín, Carlos Enrique Taborda Miranda, Hebert Muñoz Narváez, María Eugenia Taborda Ochoa, Fredy Vallejo Jiménez, Nhora Nelcy Ceballos Payan, Federman Flanklin Cano, Héctor Fabian Pachajoa Erazo, Isabel Rendón Rendón, Lily Montaña, María Leyda Álvarez de González, Francisco Javier González Álvarez, Ramiro Arturo Montoya Lozada, Henry Salazar Ortega, Diego Muñoz Ospina, Raquel Torres Parra, John Valdez López, Ángel Darío Dimate, Myriam Idali Velasco Torres, María Patricia Parra Pérez, Cementos del Valle S.A., Titan S.A. y Siderúrgica del Pacífico S.A. –Sidelpa.

I. EL LITIGIO

1. Los actores plantearon sus pretensiones a favor de la sucesión de la causante Graciela Salcedo Jiménez o de la «comunidad indivisa formada por los adjudicatarios de la herencia», y en el escrito con el que se reformó la demanda (c.1, fls.333-364), las concretaron a las siguientes:

1.1. En la primera petición principal, solicitaron declarar la «nulidad absoluta» del contrato que consta en la E.P. n° 1913 de 3 de diciembre de 1982 de la Notaria 9ª de Cali, por medio de la cual la señora Graciela Salcedo Jiménez (…), dijo venderle a la señora Mery Leida Ferrerosa de Ávila, los bienes con matrículas inmobiliarias No.370-143252, 370-330, 370-143253, y 370-105411 de Cali (…), por falta de capacidad mental que afectaba necesariamente su voluntad, tanto que a la postre fue declarada en interdicción judicial por esa causa y, se ordene las restituciones mutuas, tomando en cuenta que no hubo pago del precio.

a). Con carácter subsidiario, se invocó en primer lugar que en el caso de no prosperar la anterior por «insanidad mental de la vendedora», se declare la «nulidad absoluta» del citado negocio jurídico, porque carece de causa lícita y está viciada por error, fuerza y dolo, vicios generados por las señoras Mery Leida Ferrerosa de Ávila y Ana Milena Tulande Salcedo, en beneficio patrimonial de esta última en forma indebida y sin que la señora Graciela Salcedo Jiménez recibiera contraprestación alguna, engañada y llevada al error [por las antes nombradas], prevalidas (…) del conocimiento que tenían del estado de insanidad mental de doña Graciela Salcedo Jiménez y de cierta posición dominante que sobre esta última tenía su hija Ana Milena Tulande Salcedo.

b). Como «segunda pretensión subsidiaria», se propuso la “simulación absoluta” del señalado convenio, aduciendo que «no hubo pago del precio, porque no hubo intención de celebrar contrato de compraventa, porque los otorgantes del instrumento público supieron que el contrato fue aparente y no real y entendieron que no querían el acto que aparecieron celebrando, ni sus efectos».

1.2. En la «segunda súplica principal» se pidió «declarar la nulidad absoluta» del acuerdo plasmado en la escritura pública n° 2201 de 31 de diciembre de 1982 de la Notaría 9ª de Cali, consistente en una venta efectuada por Mery Leida Ferrerosa de Ávila a Ana Milena Tulande Salcedo, respecto de los predios registrados con las matrículas inmobiliarias 370-143252, 370-330, 370-143253, 370-143254 y 370-105411 de Cali, «porque carece de causa lícita y porque está plagada de mala fe, que no puede producir dividendos jurídicos en favor de quienes así actuaron».

De manera eventual a la precedente solicitud se planteó la «simulación absoluta» del aludido contrato, porque no hubo entre las contratantes intención de celebrar contrato de compraventa, que no hubo pago del precio, que las contratantes tuvieron plena conciencia en el momento del otorgamiento de la escritura pública y desde antes que no querían el acto que aparecieron celebrando, ni sus efectos, y que la única finalidad de este contrato fue traspasar la propiedad inscrita de los inmuebles, en forma gratuita, por la supuesta vendedora a la supuesta compradora.

1.3. Como consecuencia de las reseñadas pretensiones se reclamaron por concepto de «restituciones mutuas», el pago de los frutos tomando en cuenta la mala fe de los demandados y que «en ninguna de las dos aparentes compraventas de que tratan los títulos anteriores hubo pago de precios»

1.4. Ante la prosperidad de las «pretensiones de nulidad absoluta», se pidió la cancelación de los registros concernientes a los actos y convenios que recayeron sobre los bienes cuya restitución buscan los accionantes, que aparecen inscritos en los siguientes folios de matrícula inmobiliaria:

a). «N° 370-143252 de Cali»: «Venta» realizada por «Ana Milena Tulande Salcedo» a la sociedad «Construcciones Tudigi Ltda.», el fraccionamiento por ésta verificado y las enajenaciones efectuadas a favor de Hebert Muñoz Narváez, María Leyda Álvarez de González, Federman Franklin Cano, Diego Quiñonez Ospina y Raquel Torres Paya, Héctor Fabián Pachajoa Erazo e Isabel Rendón Rendón, Ramiro Arturo Montoya Lozada, Ubaldino Tapias Hernández, Marco Antonio Pachajoa Erazo y Maricel Torres Paya, Nohora Nelcy Ceballos Payan, Myriam Idali Velásquez Torres, Jesús Albán Zuluaga Sánchez, Orlando López Osorio, María Eugenia Taborda Ochoa, María Lucero Restrepo Loaiza, Fredy Vallejo Jiménez, Patricia Elena Osorio Pulgarín, Henry Salazar Ortega, Wilson Sánchez Daza, Néstor López Osorio, Jhon Valdez López y Lily Montaña.

b). «N° 370-330 de Cali»: «Hipoteca» constituida por «Ana Milena Tulande Salcedo» al acreedor de Marco Antonio Ochoa Ruiz y, la «venta» a Ovidio Rodrigo Parra Aristizabal.

c). «N° 370-143253 de Cali»: «Compra» de Marlene Elvira Bueno de Ortiz a «Ana Milena Tulande Salcedo» y la «venta» de aquella a Eduardo Antonio García López.

d). «N° 370-143254 de Cali»: «Venta» a María Patricia Parra Pérez.

e). «N° 370-105411 de Cali»: «Hipoteca» otorgada por Ana Milena Tulande de Montehermoso a favor de Ana Silvia Trujillo de Oliva y «venta de [aquella] (…), y la hipoteca constituida por estas adquirentes a favor de Darío Antonio Cortés Ángel (…)».

f). «N° 370-0256727 de Cali»: «Hipotecas» concedidas por «Ana Milena Tulande Salcedo de Montehermoso», como mandataria de «Graciela Salcedo Jiménez», a favor de Nelson A. Torres y otra para Fernando Vargas Berrio, respectivamente.

1.5. También de manera principal, se pidió la reivindicación a favor de la sucesión de la causante «Graciela Salcedo Jiménez», o en su lugar, en virtud de que «ya se hizo la partición con formación de hijuelas a favor de los demandantes y de otros como asignatarios, (…) para la comunidad indivisa formada por la adjudicación sucesoral de derechos en común y proindiviso de los bienes antes indicados», esto es, de los veintiséis lotes segregados del predio de mayor extensión con M.I. 370-143252, poseídos por los accionados nombrados en el «hecho 4°, [acápite de] bienes que integraron el activo de la sucesión de la causante Graciela Salcedo Jiménez, que fueron adjudicados, sin que hayan sido registrados» (c.1, fls. 336-342), junto con los respectivos frutos naturales o civiles.

1.6. Igualmente se solicitó declarar la «nulidad absoluta de los actos y contratos en los que actuó la señora Ana Milena Tulande Salcedo como supuesta mandataria de la señora Graciela Salcedo Jiménez para otorgar escrituras públicas, concretamente en cuanto a la escritura pública [1340] del 27 de mayo de 1991 de la Notaría 7ª de Cali, su escritura pública aclaratoria n°1872 del 17 de julio de 1991 de la misma Notaría, la escritura pública n°1341 de fecha 27 de mayo de 1991 de la Notaría 7ª de Cali y su escritura pública aclaratoria n°1873 del 17 de julio de 1991 de la misma Notaría y, en consecuencia, se disponga la cancelación de los títulos hipotecarios y sus registros.

a). Con carácter subsidiario a la anterior, se pretende la «declaratoria de nulidad absoluta por existencia de falsedad material del poder con que actuó la señora Ana Milena Tulande Salcedo dizque en representación de la señora Graciela Salcedo Jiménez» para el otorgamiento de las «escrituras públicas» relacionadas en el numeral que antecede, y se disponga su cancelación, al igual que la anotación en el folio de matrícula inmobiliaria 370-0256727.

b). En la «segunda pretensión subsidiaria», se propone «la nulidad absoluta de los contratos de hipoteca que aparecen en las [citadas] escrituras (…) y de [las] aclaratorias, incluidos los documentos –poder, por la omisión de requisitos o formalidades que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos».

1.7. De manera principal también se solicitó declarar que Ana Milena Tulande Salcedo, es responsable extracontractualmente de los daños generados a la causante Graciela Salcedo Jiménez, o a su herencia, o a la comunidad formada por los adjudicatarios de la misma y en consecuencia se le condene al pago de las sumas de dinero por concepto del precio de los inmuebles vendidos, el monto de los gravámenes hipotecarios constituidos, incluido capital, intereses y costas, los frutos naturales o civiles, excluyéndola de los beneficios que amerita esa pretensión, compensando en su lugar dichas cantidades con el valor de la hijuela que pueda corresponderle dentro del sucesorio de la de cujus nombrada.

2. La causa petendi admite el siguiente compendio:

a). La señora Graciela Salcedo Jiménez, falleció en Cali, el 14 de marzo de 1994, tramitándose el juicio sucesorio en el Juzgado Octavo de Familia de esa ciudad, en el que se reconoció a Edgar Tulande Salcedo y Enelia González vda. de Hurtado, como herederos y a Aida Lucía Herrera de Gonzáles, en calidad de cesionaria.

b). En el trabajo de partición elaborado y aprobado en el citado proceso liquidatorio, se incluyeron además de los predios con M.I. 370-0129075 y 370-0256727, los siguientes que se afirma «constituyen el objeto [de este] proceso»:

(i). Inmueble con M.I. 370-0143252, segregado de uno de mayor extensión que tenía la M.I. 370-0129075, ubicado en el barrio Lleras Camargo del municipio de Yumbo, con área de 3200 metros cuadrados, el que poseía una casa de habitación y lo ocupó la causante hasta el 24 de diciembre de 1990, utilizándolo «como potrero, para el pastaje de algunas vacas (…) y de otros animales», y aparece transferido por Graciela Salcedo Jiménez a Mery Leida Ferrerosa de Ávila, y por ésta a Ana Milena Tulande Salcedo, quien posteriormente se lo enajenó a Construcciones Tudigi Ltda., la que efectuó división material en 26 lotes y se los vendió a Ubaldino Tapias Hernández, Wilson Sánchez Daza, Orlando López Osorio, Marco Antonio Pachajoa y Marcel Torres Paya, María Lucero Restrepo Loaiza, Néstor López Osorio, Jesús Albán Zuluaga Sánchez, Adolfo Valdez Linares, Patricia Elena Pulgarín, Hebert Muñoz Narváez, María Eugenia Taborda Ochoa, Fredy Vallejo Jiménez, Nhora Nelcy Ceballos Payan, Federman Franklin Cano, Héctor Fabian Pachajoa Erazo, Lily Montaña, Francisco Javier González Álvarez, Ramiro Arturo Montoya Lozada, Henry Salazar Ortega, Diego Quiñonez Ospina y Raquel Torres Paya, Jhon Valdez López, Ángel Darío Dimate y Myriam Idaly Velasco Torres, respectivamente, conservando dicha empresa el dominio de tres de esas unidades.

(ii). Predio con M.I. 370-0000330, que comprende «casa para habitación y local», ubicado en la «carrera 2ª n° 9-30 de Yumbo», poseído por la de cujus hasta su deceso, lo explotaba arrendándolo y cuando se demandó figuraba a nombre de «Ana Milena Tulande Salcedo (…) quien ejecutaba sobre el mismo los siguientes actos de señor y dueño: a) ha ocupado dicho inmueble con su familia y también lo ha arrendado a diferentes personas; b) se encargaba de la vigilancia y mantenimiento del mismo; c) cancelaba los impuestos predial y complementarios».

(iii). Inmueble con M.I. 370-0143253, que corresponde a una «casa de habitación» sobre la «carrera 2ª entre calles 9ª y 10ª n° 9-48 del barrio Bolívar de Yumbo», rematado por el Juzgado 1º Civil Municipal de esa ciudad, «habiendo[lo] adquirido de Ana Milena Tulande de Montehermoso, la señora Marlene Elvira Bueno Ortiz» y ésta se lo vendió a Eduardo Antonio García López, en noviembre de 1990, quien lo ocupa con su familia y la causante tenía allí «un negocio de venta de leche».

(iv). Bien raíz con M.I. 370-0143254, localizado en la «carrera 2ª n° 9-56 de Yumbo», transferido por Graciela Salcedo Jiménez a Mery Leida Ferrerosa de Ávila, según E.P. 1913 de 3 de diciembre de 1982 de la Notaría 9ª de Cali; luego ésta lo traspasó a Ana Milena Tulande Salcedo, conforme a la E.P. 2201 del 31 del citado mes y año, habiéndoselo ella vendido a María Patricia Parra Pérez, mediante E.P. 929 de 19/07/1994 de la Notaría Única de Yumbo, afirmándose que «este inmueble fue poseído materialmente por la causante hasta el momento de su muerte [l]o explotaba económicamente arrendándolo», y la última adquirente mencionada, es la actual poseedora, lo ocupa con su familia, se encarga de la vigilancia y mantenimiento, cancela los impuestos de predial y complementarios.

(v). Mejoras construidas sobre un lote de propiedad del municipio de Yumbo, con M.I. 370-0105411, ubicado en la «carrera 2ª, distinguidas con los Nos. 7-36/48 y 7-50», respectivamente, del barrio Bolívar del señalado ente territorial, y según consta en las escrituras públicas reseñadas en el precedente punto, Graciela Salcedo Jiménez, se las transfirió a Mery Leida Ferrerosa de Ávila, y ésta a Ana Milena Tulande Salcedo, quien constituyó gravamen hipotecario sobre la primera construcción, a favor de Ana Silvia Trujillo de Oliva, conforme a la E.P. 424 de 04/07/1983 y sobre las dos «mejoras» reseñadas, como garantía para la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Solidarios Ltda., en los términos de la E.P. 2583 de 12/03/1991 y, se sostiene que «lo poseyó materialmente la causante hasta el momento de morir (…) y lo explotaba económicamente arrendándolo», así mismo, que cuando se demandó figuraban a nombre de «Ana Milena Tulande Salcedo”, quien las “ocupa[ba] con su familia y también lo ha arrendado a diferentes personas, (…) se encargaba de la vigilancia y mantenimiento (…), cancelaba los impuestos de predial y complementarios».

c). Los hechos que se invocan como sustento de «las pretensiones de declaración judicial de nulidades absolutas y simulaciones absolutas», aluden a que con la E.P. 1913 de 03/12/1982 de la Notaría 9ª de Cali, se celebró lo que en apariencia fue un contrato de compraventa por medio del cual la señora Graciela Salcedo Jiménez le transfiere en venta a la señora Mery Leida Ferrerosa de Ávila los bienes inmuebles [ahí relacionados] (…) [p]osteriormente, veintiocho (28) días después del otorgamiento de la escritura citada (…), la señora Mery Leida Ferrerosa de Ávila le traspasó o transfirió los mismos bienes de que tata la escritura n° 2201 de fecha 31 de diciembre de 1982, también de la Notaría 9ª de Cali, y para esa época la señora “Graciela Salcedo Jiménez», se hallaba mentalmente incapacitada, de lo cual tenía conocimiento la supuesta compradora «Mery Ferrerosa de Ávila», al igual que toda la familia, tanto así que tiempo después aquella fue declarada en interdicción judicial por esa causa.

d). La reseñada operación de transferencia de los bienes en mención, fue planeada y ejecutada por «Ana Milena Tulande Salcedo»”, utilizando como testaferro a «Mery Leida Ferrerosa de Ávila», quien a sabiendas, según el título a que anteriormente se hizo mención, enajenó a la primera nombrada los señalados predios, sin existir pago de precio alguno ni «intención de vender ni de comprar», infiriendo de ahí el dolo, el engaño, la ilicitud, [al] servirse sin escrúpulo alguno de la deficiencia mental de la señora Salcedo Jiménez, para obtener el traspaso de los bienes a la testaferro, sin recibir la vendedora absolutamente ningún precio y sin siquiera tener conciencia del acto de disposición que la llevó a realizar la su propia hija en connivencia con la testaferro, usando de presión sicológica a modo de fuerza sobre quien, como doña Graciela, por su avanzada edad y condiciones mentales deficientes no estaba en condiciones de vislumbrar siquiera la trama y el engaño de que estaba siendo objeto.

e). Sostienen los actores que constituye prueba de los citados hechos, el documento privado de fecha 17 de marzo de 1992, suscrito en la ciudad de Yumbo entre las siguientes personas: Ana Milena Tulande Salcedo, Enelia González viuda de Hurtado, Giomar Hurtado de Bonatelli, Edgar Eduardo Tulande Salcedo, Luis Alberto González Salcedo, Norman Henao González, Ana Francisca Henao de Valencia y Aida Lucía Herrera de González [en el que] consta lo siguiente: a) Que la señora Ana Milena Tulande Salcedo ha formulado al resto de suscribientes, entre los cuales se encuentran [los demandantes], una oferta consistente en transferir a sus hermanos o a las personas que los representen, o devolver a la misma señora Graciela Salcedo Jiménez, todos los bienes inmuebles objeto de las aparentes compraventas, contenidas en las escrituras n° 1913 de diciembre 3 de 1982 y n° 2201 de diciembre 31 de 1982, ambas de la Notaría 9ª de Cali. b) Una explicación de la situación jurídica que para la fecha del ameritado documento presentaban algunos de los bienes a que se refieren [los reseñados títulos]. c) Que la señora Ana Milena Tulande Salcedo adquirió estos compromisos: 1) se comprometió a presentar en el término de 8 días, contados a partir del 18 de marzo de 1992, un informe pormenorizado sobre la urbanización realizada en el lote de 3.200 m2, tocando en lo posible sobre licencia, gastos, proyectos, gravámenes, etc. 2) se comprometió también a rendir informe sobre los gravámenes existentes que afectan a los predios mencionados e igualmente sobre aquéllos gravámenes que afectan los predios que aun figuran a nombre de la señora Graciela Salcedo Jiménez. 3) La señora Ana Milena Tulande Salcedo se comprometió a sanear todos los inmuebles, respecto de los gravámenes que soportaban, para poder hacer las transferencias comentadas. 4) La misma señora se comprometió a no realizar negociación alguna sobre los bienes mencionados, quedando solo pendiente la resolución por parte de los hermanos o sus representantes de la oferta planeada, y que se mencionó la persona a quien se le presentaría el informe, además que acordaron una nueva reunión ocho días después de la entrega de ese documento, no habiendo cumplido la antes nombrada.

f). Con relación a los fundamentos fácticos de la «pretensión de falsedad material por suplantación de firma de los documentos poder y/o de los mismos contratos de hipoteca que obran en las escrituras #1340 [otorgada a favor de Nelson Torres] y # 1341 [que beneficia a Fernando Vargas Berrio]», constituidas sobre el inmueble con M.I. 370-0256727, se asevera que la firma impuesta en «los poderes como también al firmar como compareciente en la diligencia de autenticación, no corresponde a la que siempre utilizó en sus actos públicos y privados la causante Graciela Salcedo Jiménez», e inclusive en este último acto se le identificó como «Graciela Salcedo de Tulande», o sea de manera diferente a como figura en su cédula de ciudadanía; así mismo se cuestiona de simulados dichos negocios jurídicos, en virtud de que «ningún préstamo se hizo» y tampoco la hipotecante recibió dinero alguno, llamando la atención por el hecho de haberse autorizado afianzar obligaciones de la propia mandataria, además porque no se describió en el poder de forma adecuada el predio sobre el que se iba a constituir el gravamen, lo que genera nulidad absoluta.

g). En cuanto a la pretensión de «enriquecimiento injusto – sin causa e ilícito o acción de indemnización de perjuicios», se manifiesta proviene de que la accionada «Ana Milena Tulande Salcedo» hubiere vendido bienes y recibido frutos civiles que corresponden al activo de la sucesión de «Graciela Salcedo Jiménez», por lo que «se hace necesario cuantificar en el presente proceso, el monto de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la [nombrada] causante y/o a la sucesión de la misma».

h). Sobre los supuestos en que se apoya la acción reivindicatoria, se afirma que las personas citadas a enfrentar esa súplica, son poseedores materiales de los respectivos predios que detentan con los títulos que les sirvieron para entrar a ocuparlos y sus posesiones tienen como origen y fuente las escrituras públicas por medio de las cuales dicen haber adquirido derechos de propiedad, y las fechas de esos títulos son también las fechas del inicio de las respectivas posesiones.

3. Efectuada la notificación del auto admisorio de la demanda, como del que aceptó su modificación y surtidos los respectivos traslados, los convocados se manifestaron como a continuación se indica:

a). Ana Milena Tulande Salcedo, en cuanto a los hechos axiales sustento de las pretensiones, no los aceptó y se opuso a estas, propuso las defensas que denominó «prescripción de la acción de nulidad relativa, inoponibilidad de las acciones de simulación y nulidad absoluta (…), falta de legitimación por activa de los demandantes, pleito pendiente» (c.1, fls.174-179), sin que se hubiere pronunciado frente a la reforma. También formuló «excepciones previas» que fueron desestimadas (c. 2, fls.4-8).

b). Eduardo Antonio García López, expresó no estar de acuerdo con la reivindicación del predio por él poseído e invocó la defensa denominada «proceso acabado que hizo tránsito a cosa juzgada», aludiendo al ejecutivo con título hipotecario donde se le adjudicó el bien a Marlene Elvira Bueno de Ortiz, a quien él se lo compró (c.1, fls.189-192).

c). Los convocados al litigio en virtud de aparecer como dueños de los predios trasferidos por «Construcciones Tudigi Ltda.», rechazaron las pretensiones frente a ellos planteadas y formularon los medios enervantes intitulados «carencia del derecho en el demandante y oponibilidad» (c.1, fls. 214-218) y al replicar la reforma de la demanda reiteraron la oposición y propusieron la excepción de «prescripción de la acción de nulidad» (c.1, fls. 411-415).

d). Las curadoras ad-litem de Mery Leida Ferrerosa de Ávila, Nelson A. Torres, Fernando Vargas Berrio, Patricia Elena Osorio Pulgarin, Isabel Rendón y «Construcciones Tudigi Ltda.», aunque contestaron, no adujeron su disentimiento con las súplicas, solo indicaron que se atenían a la decisión que en derecho se adoptare (c.1A, fls. 603-607 y 610-613).

e). María Patricia Parra Pérez, expresó su desacuerdo con el petitum de los accionantes frente a ella planteado e invocó la «presunción de buena fe (…) ya que obró sin tener conocimiento adecuado del vicio que se dice afecta el título de su causante en el negocio que se tacha de simulado» (c.1A fls.446-451).

f). Cementos del Valle S.A., repelió lo solicitado y alegó que «ninguna simulación o nulidad absoluta ni relativa afecta [su] título hipotecario (…) sin que la ley les conceda a los demandantes interés jurídico para hacer peticiones contra ese título hipotecario» (c.1A fls.481-487).

g). Titan S.A., manifestó no aceptar las súplicas, sin que hubiere formulado defensas o excepciones de mérito (c.1A fls. 504-509).

h). Marlene Elvira Bueno de Ortiz, en su réplica expresó que se acogía al fallo que se dictare, dado que consideraba que no procedía la reivindicación y precisó que el predio pretendido es en la actualidad de Eduardo Antonio García López (c.1A fls. 534-538).

i). Con relación a la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Solidarios Ltda. y Good Year de Colombia S.A., se excluyeron al reformar el escrito introductorio del proceso (punto 5º, auto fl.365, c.1) y en cuanto a Siderúrgica del Pacífico S.A. –Sidelpa, se desistió de la demanda (c.1 A, fls.511-513).

4. La primera instancia culminó con providencia de 25 de octubre de 2010 (c.1A, fls. 801-815), denegando las pretensiones al no encontrar demostrada alguna de las causales que dan lugar a la «nulidad absoluta», como tampoco prueba de los hechos en que se apoyan las demás peticiones principales y subsidiarias.

5. Frente a esa determinación se formuló «recurso de apelación» por la actora, y fue decidido mediante sentencia de 19 de agosto de 2011, en la que se dispuso: Confirmar la sentencia apelada, salvo en cuanto a la última pretensión principal (…), en consecuencia se dispone: Primero. Declarar absolutamente nulas las escrituras públicas Nos. 1340 y 1341 del 27 de mayo de 1991, corridas en la Notaría Séptima de Cali, y las escrituras públicas Nos. 1872 y 1873 de 17 de julio de 1991, de esa misma Notaria, aclaratorias, por falsedad material del poder con que actuó Ana Milena Tulande, quien dijo actuar en representación de Graciela Salcedo Jiménez, igual suerte corren los contratos en ellas contenidos. Segundo. Cancelar el gravamen hipotecario que pesa sobre el bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 370-0256727 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali. (…). Tercero. Librar oficio tanto al señor Notario Séptimo de este Círculo, como al señor Registrador de Instrumentos Públicos de Cali para lo de su competencia, además se condenó en costas a la parte accionante (c. 7, 56-83).

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El Tribunal reseña lo concerniente al origen del litigio, la actuación surtida, el contenido de la decisión recurrida, los motivos de la apelación, y verifica la concurrencia de los presupuestos procesales y la ausencia de vicios de nulidad.

Luego en punto de la legitimación en la causa, precisa que la actora carece de esa condición respecto de la pretensión de nulidad absoluta de la escritura pública N° 2201 de diciembre 31 de 1982, corrida en la Notaría Novena de este círculo, celebrada entre Mery Leyda Ferrerosa de Ávila como vendedora y Ana Milena Tulande Salcedo como compradora, [porque no intervino en] dicha negociación, desconociendo así el principio de la relatividad de los contratos (…).

Critica el sentenciador, la falta de técnica en la elaboración de la demanda, afirmando en tal sentido que es palmario que algunas [pretensiones] se excluyen entre sí, a guisa de ejemplo no puede pretenderse que un contrato es a la vez absolutamente nulo, por incapacidad u objeto y causa ilícitos, y absolutamente simulado. Estas dos premisas son incompatibles y excluyentes bajo una simple lógica que no amerita mayor consideración, y en torno al orden para estudiar las súplicas señala que no es admisible «como lo pretende el recurrente olvidando de paso que fueron y necesariamente deben ser propuestas como subsidiarias o eventuales y no todas como principales».

Rememora que la pretensión de “nulidad absoluta” del contrato de compraventa plasmado en la E.P. n° 1913 de 3 de diciembre de 1982 de la Notaría 9ª de Cali, se apoya en la circunstancia de que fue celebrado por la vendedora cuando se encontraba «absolutamente incapacitada» a consecuencia de «demencia», y luego alude a las causales consagradas en el artículo 1741 del Código Civil, como también a los elementos generales para la validez de todo acto o convenio previstos en el 1502 ibídem, mencionando asimismo que de conformidad con el precepto 1504 ejusdem, «son absolutamente incapaces los dementes», y con base en el 553 ídem, resalta que los actos y contratos del demente posteriores al decreto de interdicción, serán nulos, aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido. – Y por el contrario, los actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción, serán válidos; a menos de probarse que el que los ejecutó o celebró estaba entonces demente.

En cuanto a las probanzas con las que la accionante considera acreditados los supuestos de hecho para la citada pretensión, el juzgador expone lo siguiente: (i) que Mery Ferrerosa de Ávila, no intervino como parte dentro del proceso de interdicción de Graciela Salcedo Jiménez, por lo que es improcedente aducir en su contra la prueba pericial practicada en ese juicio de jurisdicción voluntaria; (ii), respecto del escrito de «17 de marzo de 1992», estima que no es dable colegir de ahí una confesión, dado que no es ella su autora, sino Ana Tulande Salcedo; (iii) en lo concerniente a su inasistencia a la “audiencia” prevista en el canon 101 del Código de Procedimiento Civil, lo mismo que al interrogatorio de parte al que fuera citada, resalta la imposibilidad jurídica para derivar efectos procesales adversos, al encontrarse representada por un curador ad-litem, además en lo atinente a la citada «audiencia», considera que al desaparecer la perención como sanción para la actora, en ese mismo evento, mal podría mantenerse las consecuencias reseñadas tan solo para la parte accionada; (iv) con relación a los testimonios de Hernando Enrique Vergara y Hernando Gaviria Muñoz, deduce que no arrojan certeza acerca de la «incapacidad mental de la vendedora», toda vez que «ninguno declara de manera enfática y rotunda sobre la incapacidad para celebrar actos o contratos, o que esté comprometida de manera grave e intensa su capacidad síquica que suprima la libre determinación de la voluntad y menos que para le época de celebración de los contratos haya padecido esa patología».

De otro lado, cuestiona que si la vendedora en verdad estaba incapacitada mentalmente desde los años 1978 o 1979, por qué no acudieron a la justicia para declararla interdicta? Por qué tan solo trece años después presentaron dicha demanda y obtuvieron su separación de la administración de sus bienes? O es que realmente dicha incapacidad se presentó mucho tiempo después de los infartos? Por qué si la señora Graciela estaba incapacitada mentalmente su hijo la indagaba sobre la veracidad o realidad de la firma de algunas negociaciones y además le entregaba toda credibilidad a su dicho?.

Sostiene de igual manera que la prueba idónea para demostrar «la grave perturbación mental de la vendedora», no puede derivar del relato escueto y tangencial de dos deponentes, por lo que se hacía necesario practicar experticia por médicos especialistas, la que no fue solicitada, infiriendo de ahí descuido para acreditar que «la vendedora para el año 1982, esto es, antes de la declaratoria de interdicción, tenía seriamente comprometida su esfera volitiva e intelectiva que le impidiera tener conciencia sobre las consecuencias de sus actos», y le reprocha que se haya conformado con trasladar la peritación elaborada en el proceso de jurisdicción voluntaria, la que además de no ser oponible a quienes no fueron parte ahí, la descalifica porque los peritos «se limitan a conjeturar, deducir o presumir que a los 78 años de edad doña Graciela iniciara su proceso de demencia médica, sin entregar ninguna razón o fundamento, ni qué indagaciones hicieron, en tales términos ni siquiera es una conclusión sino que aparece como una mera hipótesis que no alcanzó ninguna acreditación».

También argumenta que la «declaratoria de interdicción judicial» tiene repercusiones a futuro y no retroactivamente, por lo que no es válido aseverar el desconocimiento de los efectos de la decisión que se adoptó en ese sentido con relación a la señora Graciela Salcedo Jiménez, ni afecta el convenio impugnado, porque fue celebrado diez años antes de establecerse procesalmente la discapacidad mental, de donde concluye que «no pudo desvirtuarse la presunción de capacidad de la vendedora y la validez de los contratos celebrados», lo que conduce a desestimar la primera pretensión principal.

En punto de la solicitud de «nulidad absoluta por objeto y causa ilícitos», arguye el fallador que el actor no expuso ningún soporte fáctico para respaldarla, dado que dirigió el discurso hacía los vicios del consentimiento derivados de error, fuerza y dolo, que en todo caso darían cabida a «nulidad relativa», respecto de la que estima ya venció el término para proponerla, por lo que opera la prescripción invocada.

Asimismo comenta que en los referidos negocios jurídicos, el objeto lo conforman inmuebles de propiedad privada que se hallaban en el comercio, sin recaer prohibición para su enajenación, por lo que aquellos son lícitos, y aunque en los mismos no se hace expresa mención al elemento causa, la pura liberalidad o beneficencia se reputa suficiente. Ante esas circunstancias, concluye que el señalado pedimento ha de fracasar.

Con relación a la petición subsidiaria de «simulación absoluta», con apoyo en la doctrina y la jurisprudencia se ocupa de definirla y de señalar sus efectos, al igual que los aspectos probatorios relevantes con incidencia para su demostración, y destaca la «prueba indiciaria» como el medio más adecuado, sin descartar los demás elementos de juicio, tales como la confesión, los documentos y testimonios, entre otros.

Al entrar examinar lo atinente al tema a probar, asevera el ad quem que por la confección misma de la demanda que la hizo girar axialmente sobre la discapacidad mental de la vendedora olvidó o extravió su norte probatorio pues dejó en la más absoluta orfandad el supuesto hecho de las restantes pretensiones, o al menos la de la simulación absoluta, al punto que ahora no habría prueba alguna de los hechos indiciarios para construir luego la inferencia lógica y llegar a la demostración del hecho desconocido que se pretende, y considera que cualquier inferencia se tornaría contraevidente.

Adicionalmente, menciona que ni siquiera la más socorrida del parentesco puede deducirse en este caso, y si bien tímidamente se habla que la vendedora siguió en posesión de sus bienes, esto al paso que desmentiría frontal y enfáticamente la pretendida incapacidad mental de la señora Graciela Salcedo, no debe olvidarse que los bienes fueron adquiridos casi inmediatamente por una de sus hijas, por tanto a la vista de los demás no hubo mayor mutación, y agrega que si esa circunstancia «aparece como altamente sospechos[a] y daría pábulo a la simulación, en honor a la verdad debemos admitir que sería el único hecho indiciario, pero ésta sola circunstancia no autoriza para acceder sin más a esa pretensión» dados los requisitos legalmente exigidos para tal efecto, además porque los contratos se hallan amparados por la presunción de veracidad, la que por no haberse desvirtuado, impide la prosperidad de aquella pretensión.

Frente al pedimento de «nulidad absoluta» del convenio que consta en la E.P. n° 2201 de 31 de diciembre de 1982 de la Notaria Novena de Cali, celebrado entre Mery Leida Ferrerosa de Ávila, como vendedora y Ana Milena Tulande Salcedo, en calidad de compradora, y la «simulación absoluta» formulada de manera eventual, observa el sentenciador la falta de legitimación de la demandante, como quiera que no concurrió a su celebración ni menos es causahabiente a cualquier título de ninguna de ellas, de otra parte no ha probado ser acreedora de la vendedora (…), en otras palabras, no ha acreditado ser titular de algún interés jurídico que lo habilite para demandar bien la nulidad o simulación del contrato referenciado, y agrega que si «lo pretendido por esta parte era recomponer el acervo hereditario dejado de por Graciela Salcedo le bastaba con demandar y demostrar bien la nulidad absoluta o la simulación absoluta de los contratos procedentes a que se contrae la pretensión principal, pues uno de sus efectos sería retrotraer las cosas al estado anterior», así mismo expone que dada la claridad de la situación presentada, queda relevado de hacer otros comentarios.

Sobre las pretensiones relativas a la «acción reivindicatoria», al igual que la restitución de bienes con sus frutos, estima el Tribunal que no alcanzan prosperidad «puesto que no era necesario acudir a su acumulación ya que se imponía su declaración como consecuencia necesaria y oficiosa en caso de haber prosperado la primera pretensión principal o la subsidiaria de simulación».

En cuanto a la nulidad absoluta de las escrituras públicas 1340 y 1341 del 27 de mayo de 1991 de la Notaría Séptima de Cali, contentivas tanto de un contrato de mutuo como de constitución de gravamen hipotecario, por incapacidad de la presunta deudora y constituyente, ora por la falsedad material del poder, ya por falta de las solemnidades recabadas para estos actos, como anteriormente se precisara, el sentenciador infirió la falta de demostración de la discapacidad mental de Graciela Salcedo Jiménez, que era la «primera causa» sustento de la impugnación de dichos negocios jurídicos, y en cuanto al «segundo motivo» reseñado, esto es, la «falsedad de los poderes» con base en los que actuó la mandataria Ana Milena Tulande Salcedo, toma en cuenta la prueba grafológica incorporada, en la que se conceptuó que «entre las firmas cuestionadas impuestas en los poderes y las firmas auténticas existen y hay disimilitudes, discordancias y diferencias de orden grafológico y dinamográfico que (…) permiten concluir que las firmas atribuidas a la señora Graciela Salcedo Jiménez son falsificadas, espurias», de donde infiere que la supuesta apoderada «jamás prestó su voluntad para la formación de los contratos reprochados, por obvias razones de ellos no puede decirse que los haya consentido en su formación, y que este consentimiento esté libre de los vicios de error, fuerza o dolo», determinando así el éxito de la aludida súplica, por lo que revoca en ese punto lo decidido por el a-quo.

III. LA DEMANDA DE CASACIÓN

Se apoya en dos (2) ataques, ambos cimentados en la «causal primera» bajo el supuesto de la «violación indirecta de la ley sustancial», el inicial por «error de hecho», en tanto que en el segundo además de aducir esa misma modalidad de yerro, adicionalmente se invoca «error de derecho», los que se estudiarán en el orden que han sido formulados, por ajustarse al sentido lógico.

1. Se acusa la sentencia de trasgredir de forma «indirecta» los artículos 1740, 1741, 1742, 1746, 1748, 2513 del Código Civil, así como los preceptos 4, 82 y 306 del Estatuto Procesal Civil.

2. Expone el censor, que se presenta por «(…) errónea interpretación parcial de la demanda (…), respecto de las pretensiones de nulidad absoluta por objeto y por causa ilícita de los dos contratos contenidos en la Escritura #1913 de Dic. 03/82 y en la escritura #2201 de Dic. 31/82», por las siguientes razones:

a). En el escrito de reforma se incluyeron (i) «hechos que tienen relación con el ejercicio de las pretensiones de declaración judicial de nulidades absolutas y simulaciones absolutas», haciéndose alusión a la pretensión principal de declaración judicial de existencia de nulidad absoluta relacionada con el acto o contrato consignado en la escritura pública n° 1913 de fecha 3 de diciembre de 1982 de la Notaría 9ª de Cali, [como también al] contrato contenido en la escritura pública n° 2201 de 31 de diciembre de 1982 [del citado despacho notarial]; (ii) que asimismo, en los fundamentos de derecho se citan «los artículos 1740 y 1741 del C. Civil y nunca el Art. 1750 del mismo código»; (iii) «obran una serie de pruebas documentales, testimoniales e indiciarias, encaminadas todas a acreditar las pretensiones de nulidad absoluta por causa ilícita de la unión de dos (2) contratos con dependencia bilateral entre sí»; (iv) al igual, «ambos contratos tienen una causa ilícita, ya que fueron el medio utilizado por Ana Milena Tulande Salcedo, en connivencia con el testaferro Mery Leida Ferrerosa para apoderarse en forma ilícita, dolosa, antisocial, inmoral y además punible, de los bienes de doña Graciela», y que por mencionar tales comportamientos «no por ello puede deducirse a la ligera, que la nulidad invocada es relativa y no absoluta», puesto que en forma clara se planteó que los reseñados convenios «carecen de causa lícita, vicio que produce nulidad absoluta y no relativa»; (v) además asevera que se configuró un hecho punible, dado que con los citados actos las antes nombradas incurrieron en el «concurso de delitos de estafa (…), falsedad ideológica de particular en documento público (…), abuso de las condiciones de inferioridad (…) y fraude procesal (…)». Concluye señalando, que por las referidas razones «fue procedente demandar en la forma como se hizo, acumulando en forma principal las pretensiones de nulidad absoluta de ambos contratos contenidos en las dos (2) escrituras citadas».

b). Por haber sostenido el ad quem que «si se atacan los contratos por adolecer de estos vicios del consentimiento la nulidad que engendraría sería relativa y por lo tanto el término para reclamar sería de cuatro años (art. 1750 C.C.), que estarían ostensiblemente vencidos, habiendo operado la prescripción que ha sido invocada», cuando existe claridad que se impugnaron dichos acuerdos por «nulidad absoluta por objeto y por causa ilícita y no de nulidad relativa», además porque la «prescripción de la acción» invocada por la accionada Ana Milena Tulande Salcedo, se declaró desierta, por su inasistencia a la audiencia del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, e insiste en que el sentenciador «tergiversó de modo evidente la primera pretensión subsidiaria del capítulo I y la pretensión principal del capítulo II».

c). En la circunstancia de que el Tribunal «finalmente nada resolvió sobre el recurso de apelación interpuesto contra la parte de la sentencia de 1ª instancia que niega las pretensiones de nulidad absoluta por causa ilícita» de los contratos a que se ha venido haciendo mención, al haber entrado a examinar el tema de la «nulidad relativa», cuando no era esa la pretensión, negándose a avocar el estudio, a pesar de haber pedido la complementación del fallo con ese propósito.

d). Por el hecho de que el fallador hubiera expresado que «no se expuso ningún soporte fáctico para apuntalar la pretensión sobre la nulidad absoluta de los contratos por objeto y causa ilícitos», apreciación esta que no es cierta, porque en la «reforma de la demanda» se plasmaron de forma conjunta los hechos en que se fundamentan las pretensiones de nulidad absoluta por causa ilícita de que quedaron afectados los dos (2) contratos [mencionados]”, consistentes en que “Mery Leida Ferrerosa de Ávila sirvió de testaferro de la celebración del contrato consignado en la escritura # 1913 de Dic. 03/82 (…) Ana Milena Tulande S. para el día 3 de diciembre /82, en que se corrió la escritura #1913, utilizó a la testaferro demandada Mery Leida Ferrerosa de Ávila, en el entendimiento que no podía hacer el traspaso lícito en forma directa y que la situación de insania mental de doña Graciela Salcedo Jiménez servía como anillo al dedo para los propósitos innobles de Ana Milena Tulande Salcedo y Mery Leida Ferrerosa de Ávila, para su colusión, y valiéndose de su cercanía a ella y de cierta preponderancia sobre la madre y amiga, respectivamente, lograron convencerla de traspasar los bienes en la forma que se indicó en el primer hecho, para obtener un provecho económico y patrimonial ilícito, pues medió engaño y aprovechamiento de la deficiencia mental de doña Graciela, y con la obvia intención de mermar el patrimonio de esta última señora en provecho propio exclusivo y sin dar contraprestación alguna, pues no hubo pago del precio en ningún momento; también se menciona que en el numeral 6º del capítulo II, se manifestó que el referido traspaso de bienes fue fraguado, planeado y prácticamente ejecutado por Ana Milena Tulande Salcedo, quien se sirvió de la señora Ferrerosa como testaferro necesario a su propósito innoble e ilícito, pero a conocimiento pleno de [ésta] sobre lo que hacía y sucedería en menoscabo del patrimonio ajeno y en provecho de su cómplice Ana Milena Tulande Salcedo; que adicionalmente informó que pocos días después, o sea el 31 de diciembre de 1982, por medio de la escritura pública n° 2201 de la Notaría 9ª de Cali, la señora Ferrerosa cumplió lo planeado con Ana Milena Tulande Salcedo, entregándole a ésta en aparente contrato de compraventa, los bienes defraudados a doña Graciela Salcedo J., pero sin que se le pagara en absoluto un solo peso por el precio que se indicó en el instrumento público y sin que hubiera ni intención de vender ni comprar, y resalta que existe un propósito definido claramente en los actos o contratos de compraventa aparentes. Primero, se destaca, el dolo, el engaño, la ilicitud, servirse sin escrúpulo alguno de la deficiencia mental de la señora Salcedo Jiménez, para obtener de ella el traspaso de bienes a la testaferro, sin recibir la vendedora absolutamente ningún precio y sin siquiera tener conciencia del acto de disposición que la llevó a realizar su propia hija en connivencia con la testaferro, usando […] presión sicológica a modo de fuerza sobre quien, como doña Graciela, por su avanzada edad y condiciones mentales deficientes no estaba en condiciones de vislumbrar siquiera la trama y el engaño de que estaba siendo objeto. Y segundo, el acto necesario para la conclusión del innoble propósito, la simulación de una compraventa para que los bienes llegaran con visos de legalidad al poder de Ana Milena Tulande Salcedo y poder aprovecharse de actos jurídicos que le permitieran hacer ventas y percibir provecho económico.

Con base en lo expuesto sostiene que sí fueron invocados fundamentos fácticos de la mencionada pretensión y que obran las pruebas que acreditan la causa ilícita que afectó los reseñados convenios.

e). En la argumentación del Tribunal atinente a que en el escrito introductorio de manera por demás farragosa [se] acude a la acumulación de pretensiones marginando una debida técnica procesal, si bien propuso algunas principales y otras como subsidiarias, al rompe se advierte que no era necesaria tanta dispersión, pues unas se revelan como consecuenciales necesarias de otras (por ejemplo, la restitución de los bienes se logra si se declara la nulidad o simulación, sin que tenga que pedirse por aparte la reivindicación; o la nulidad absoluta bien puede edificarse de una vez en las varias razones que esgrime el demandante, por ejemplo la incapacidad de la vendedora, o por objeto o causa ilícitos, sin que sea necesario su pedimento separado, etc.), criterio éste que cuestiona, porque a la luz de las disposiciones legales y la jurisprudencia de esta Corporación, es equivocado, pues se ajustó a los parámetros que orientan la elaboración de la demanda, ya que la nulidad absoluta por objeto y causa ilícitos, y la simulación, se proponen como principal y subsidiaria, respectivamente, asimismo se formularon como consecuenciales las restituciones que procedan ante la prosperidad de aquellas, y en cuanto a la reivindicación se apoya en que algunos de los bienes se encuentran en cabeza de terceros, por transferencia que les hiciera Ana Milena Tulande Salcedo, por lo que era necesario plantearla, sin que constituya una indebida acumulación.

f). Al deducir el sentenciador que la parte demandante no está legitimada para impugnar el contrato que consta en la E.P. 2201 de 31 de diciembre de 1982, toda vez que desconoce el artículo 1742 del Código Civil, conforme al cual la «nulidad absoluta ‘puede alegarse por todo el que tenga interés en ella’ (…)» y que para el caso surge el citado presupuesto en virtud de que los actores son «herederos de la causante Graciela Salcedo Jiménez y las pretensiones fueron formuladas para la sucesión o herencia de dicha causante», y porque tratándose de la unión de contratos con dependencia bilateral entre sí, a diferencia de la unión simplemente externa, la declaración de nulidad absoluta, afecta necesariamente a toda la unión, los efectos de la sentencia se extienden a todas las partes procesales y las pruebas practicadas dentro del proceso son oponibles también a todas las partes procesales (…) y por tanto [las partes en los referidos negocios jurídicos] se encuentran legitimadas en la causa por pasiva, para dirigir contra ambas las pretensiones de nulidad absoluta.

Además señala el censor como desacierto, el relativo a la prueba de la «nulidad absoluta», dado que el ad quem no advirtió que se encontraba acreditada con los testimonios de Francisco Hernando Gaviria Muñoz y Hernando García Vergara, puesto que el primero de los nombrados es enfático en calificar, con sus propias palabras, utilizando términos como inconsciente, incipiente, el estado de demencia en que quedó doña Graciela hacia 1979, después de haber sufrido dos infartos coronarios”, y que “Milena aprovechándose del estado mental en que quedó doña Graciela hacia 1978 y 1979, después de haber sufrido dos infartos coronarios, le hizo firmar unos traspasos de sus bienes a la testaferro Ferrerosa y para calificar la ilicitud de esos traspasos afirma: Que ‘no se hizo el negocio’ y que ‘no se pagó’ ningún precio. Que dichos traspasos ‘no eran legales (…), no son correctos’. Que doña Graciela, a pesar de los traspasos, siguió en poder de los bienes, siguió administrándolos, a través de su hijo, el demandante, Edgar Eduardo Tulande, y de lo expresado por el segundo declarante, reproduce lo atinente a que «doña Graciela se enfermó de la mente, doña Graciela tuvo dos infartos y en el segundo quedó loquita, bastante mal, perdió la mente’ (…) ‘ella se encontraba demente hasta que murió’ (…)», hechos estos que le constaban «porque visitaba la casa de doña Graciela», y que Milena aprovechándose de esa situación «le hizo ‘firmar unos papeles de traspaso de lo que ella tenía’, de sus bienes a la testaferro Ferrerosa y para calificar la ilicitud de esos traspasos afirma: Que ‘eso fue un negocio ficticio’». Por lo tanto, considera que se ha desvirtuado la veracidad y licitud de las transferencias de los inmuebles en cuestión.

Así mismo, aduce el recurrente, que concurren algunos hechos indicadores de las siguientes probanzas:

(i). Documento de 17 de marzo de 1992, suscrito por Ana Milena Tulande y por los actores, en el que consciente de que las citadas escrituras quedaron afectadas por objeto y por causa ilícita, por ello propuso al resto de suscribientes, entre los cuales se encuentran [los demandantes], una oferta consistente en transferir o regresar a sus hermanos o a las personas que los representen, todos los bienes inmuebles objeto de las compraventas, contenidas en las citadas escrituras.

(ii). Sentencia de 2ª instancia de 19 de agosto de 2011, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, con la que se demuestra «que es una persona sin escrúpulos, que no se detiene ante nada», ya que ahí «se declaró probada la nulidad absoluta por falsedad material de algunas escrituras, porque Ana Milena para correr dichas escrituras utilizó un poder que se probó idóneamente que era espurio y sin embargo durante todo el proceso (…), sostuvo que era auténtico y que sí provenía de doña Graciela».

(iii). Indicio derivado del interrogatorio de parte que contestó la antes nombrada, el 5 de septiembre de 2006, en el que al planteársele que no se encontraba en condiciones de probar el pago del precio y la entrega de los bienes, manifestó que «pienso que no es cierto porque yo le pagué en efectivo a la señora Mery de Ferrerosa, no se realizaron actas de entrega de las propiedades», con lo cual considera se desvirtúa la veracidad de los contratos en mención, dado que en ellos «consta la entrega material y sin embargo Ana Milena menciona que no constó la entrega», y de otro lado, porque el testigo Gaviria Muñoz, sostuvo que a pesar de las enajenaciones, doña Graciela «siguió en poder de sus bienes», administrándolos su hijo Edgar Eduardo Tulande; además califica que se canceló un «precio pírrico», porque «para 1982 tenían un avalúo comercial en el orden de los $287.728.125» y, que el juzgador de segundo grado «incurrió en la omisión de la valoración probatoria del [reseñado] interrogatorio de parte».

(iv). El fallo proferido el 4 de diciembre de 1998 por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Cali, en el que se condenó a la señora Tulande Salcedo, a la pena de 42 meses de prisión, como autora de los delitos de estafa, en concurso con el innominado de violación de la Ley 66/68, punibles cometidos con relación a algunos elementos del activo de la señora Salcedo Jiménez, los que aunque no fueron traspasados mediante la utilización de poderes falsos, se celebraron promesas de compraventa, y ello evidencia «la ilicitud con que obra la demandada Ana Milena Tulande Salcedo, ya que mediante la misma se prueba que es una persona sin escrúpulos que no se detiene ante nada».

(v). Transferencia de bienes por «Ana Milena Tulande a sus hijas Ivette y Diana Montehermoso Tulande, después del registro de la demanda», al igual que a Ovidio Parra, por lo que de acuerdo con la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, ese hecho es constitutivo de mala fe, insistiendo por ello que «es una persona sin escrúpulos, que no se detiene ante nada».

3. Con base en las anteriores planteamientos se solicita casar parcialmente la sentencia, revocar la decisión del a-quo y despachar favorablemente la petición de «nulidad absoluta por objeto y causa ilícitos» de los negocios jurídicos plasmados en las escrituras públicas 1913 y 2201, a que se ha venido haciendo mención, y en su defecto, se acceda las «pretensiones subsidiarias de simulación absoluta” o la “principal reivindicatoria».

CONSIDERACIONES

1. En lo atinente a los aspectos que involucra la impugnación extraordinaria, se rememora que los actores plantearon a favor de la sucesión de «Graciela Salcedo Jiménez», de manera principal, la «nulidad absoluta» de los negocios jurídicos plasmados en las «E.P. Nos. 1913 y 2201 de 3 y 31 de diciembre de 1982 de la Notaría 9ª de Cali», que corresponden en su orden, a la venta de varios inmuebles efectuada por la nombrada causante a «Mery Leida Ferrerosa de Ávila», y de ésta a «Ana Milena Tulande Salcedo», aduciendo en cuanto al inicial convenio la «incapacidad absoluta» de la vendedora, derivada de «discapacidad mental», y respecto del segundo pacto, por «objeto y causa ilícitos», motivo este último que también se invocó para la invalidación eventual del primero de los contratos reseñado, y en caso de no prosperar tales súplicas, frente a ambos acuerdos se pidió decretar la «simulación absoluta».

2. El Tribunal no accedió a la “nulidad absoluta” del primero de los negocios jurídicos en mención, al verificar que no se había acreditado la «discapacidad mental» de la vendedora y respecto de la «nulidad por objeto y causa ilícita», la denegó porque los bienes se hallaban en el comercio, sin recaer prohibición para su enajenación y advirtió la ausencia de planteamientos fácticos que respaldaran las causales invocadas, dado que se orientó el discurso hacia hechos atinentes a vicios del consentimiento que darían lugar a «nulidad relativa», en tanto que la «simulación absoluta» de los «acuerdos» la desestimó por ausencia de elementos de convicción que la demostraran.

En cuanto al «negocio jurídico plasmado en la E.P. 2201», no acogió las aludidas peticiones por falta de legitimación de los demandantes, dado que no intervinieron ahí como parte y tampoco acreditaron ser acreedores de la vendedora que los habilitara para proponer tales súplicas.

3. Obran en autos los elementos de juicio que a continuación se relacionan, con trascendencia para la decisión que se está adoptando.

a). E.P. n° 1913 de 3 de diciembre de 1982 de la Notaría 9ª de Cali, en la que consta que Graciela Salcedo Jiménez le transfier[e] a título de venta real y efectiva, sin ninguna reserva ni limitación, a favor de la señora Mery Leida Ferrerosa de Ávila, (…), los siguientes inmuebles (…): A) Un lote de terreno ubicado en la ciudad de Yumbo (V) sobre la calle 6ª Norte, entre carreras 1ª Nte. Y 3ª Note. Barrio ‘Lleras Camargo’, (…), totalizando una cabida superficiaria de tres mil doscientos metros cuadrados (3.200 mts.2), (…) B) Una (1) casa de habitación, con local para negocio, (…), junto con su correspondiente lote de terreno, ubicado todo (casa y lote de terreno) en la ciudad de Yumbo, sobre la carrera 2ª entre calles 9ª y 10ª barrio Bolívar, (…), totalizando una cabida superficiaria de doscientos ochenta y cuatro metros cuadrados con noventa centímetros cuadrados (284,90 mts.2) (…). C) Otra casa de habitación ubicada en esta ciudad de Yumbo (V.), sobre la carrera 2ª entre calles 9ª y 10ª barrio Bolívar, distinguida en su puerta principal con el n° 9-48, (…). D) Otra casa de habitación, también ubicada en la ciudad de Yumbo (V) en el barrio Bolívar, sobre la carrera 2ª entre calles 9ª y 10ª distinguida en su puerta principal con el n° 9-56 de la carrera 2ª, con su correspondiente lote de terreno, (…). E) Otra casa de habitación con un apartamento o local contiguo, sobre la carrera segunda (2ª) entre calles 7ª y 8ª, distinguidas en su orden con los nos. 7-36 y 7-48 de la ciudad de Yumbo (V), en el barrio Bolívar, (…), inmueble que radican sobre parte de un lote de terreno de propiedad del municipio de Yumbo (V), con cabida superficiaria de ciento cuarenta y dos metros cuadrados (142 M2) (…), y F) Otra casa de habitación ubicada en la ciudad de Yumbo (V), sobre la carrera 2ª entre calles 7ª y 8ª del barrio Bolívar, (…), inmueble distinguido en su puerta principal con el n° 7-50 de la cra. 2ª, (…). Este inmueble radica sobre parte de un lote de terreno de propiedad del municipio de Yumbo, (…). El precio por el cual hago esta venta es la suma de ochocientos mil pesos ($800.000.oo) moneda legal colombiana, los cuales declaro recibidos de manos de la compradora, en esta fecha, (…). En esta misma fecha hago entrega real y material a la adquirente de todos los inmuebles (…) (c. 4, fls. 212-215).

b). E.P. n° 2201 de 31 de diciembre de 1982 de la Notaría 9ª de Cali, en la que aparece que Mery Leida Ferrerosa de Ávila le transfirió a Ana Milena Tulande Salcedo, «a título de venta real y efectiva», los mismos bienes descritos en el documento reseñado en el precedente literal (c.4, fls. 216-219).

c). Fotocopia autenticada del instrumento manuscrito de 17 de marzo de 1992, suscrito por Ana Milena Tulande S., Enelia González de Hurtado, Guiomar H. de Bonatelli, Luis Alberto González S., Francisca G. de Valencia, Jesús Marino Gutiérrez O., Edgar E. Tulande Salcedo, Norman Hurtado G., Aida Lucía H. de González y Eduardo Antonio Alamario, en el que se indica que los antes nombrados se reunieron para analizar la oferta formulada por la señora Ana Milena Tulande Salcedo consistente en transferir los bienes a nombre de sus hermanos o las personas que los representen o devolución a nombre de la sra. Graciela Salcedo Jiménez (hoy en interdicción provisional), los bienes a transferir son los relacionados en la escritura pública 2201 del 31 de diciembre de 1982 de la Notaría Novena de Cali, escritura mediante la cual la señora Mery Leyda Ferrerosa de Ávila, transfirió a nombre de Ana Milena Tulande Salcedo. Estos bienes corresponden igualmente a los referidos en escritura pública #1913 del 3 de diciembre de 1982 de la Notaría Novena de Cali, mediante la cual la señora Ferrerosa de Ávila había adquirido estos bienes de manos de la señora Graciela Jiménez Salcedo (sic). De los bienes relacionados en las escrituras públicas anteriores se aclara que el bien ubicado en la carrera 2ª #9-48 de esta ciudad de Yumbo fue rematado, que el bien de la carrera 2ª entre calles 9 y 10 de esta ciudad de Yumbo soporta una hipoteca por valor de $8’000.000 a favor de la Cooperativa ‘Solidarios’ y sobre el lote de terreno de 3.200 mts. éste en la actualidad figura a nombre de la sociedad ‘Tudigi’ la cual hizo sobre dicho terreno un reloteo de 26 lotes de los cuales en la actualidad hay vendidos 25 lotes con escritura todos (…) (c.1, fls. 4-7).

d). Reproducción fotostática de la providencia mediante la cual se declaró abierto y radicado en el Juzgado 8° de Familia de Cali, el proceso de sucesión intestada de la causante Graciela Salcedo Jiménez y se admitió como herederos a Edgar Eduardo Tulande Salcedo y Enelia González vda. de Hurtado, así mismo «por representación» de su padre José Libardo González Salcedo, a los señores Diego Francisco, José Libardo, Jesús Eduardo, Gabriel Eugenio, María Isabel, Gonzalo Eusebio, David y Luis Alfredo González Herrera, quienes cedieron sus derechos a Aida Lucía Herrera de González, reconociéndosele a ésta, tal condición (c.1, fls. 8-9).

e). Copia autenticada del trabajo de partición de los activos dejados por la de cujus Graciela Salcedo Jiménez y de la sentencia aprobatoria de 17 de julio de 1998, proferida por el citado despacho judicial, al igual que la confirmatoria de segunda instancia, dictada el 26 de febrero de 1999, por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali, distribuyéndose la herencia entre Edgar Eduardo y Ana Milena Tulande Salcedo, Enelia González viuda de Hurtado, ésta representada por Giomar Hurtado de Bonatelli, Luis Alberto González Salcedo, Martha Cecilia y Aida Sofía Henao González, en representación de Sofía González Salcedo, Aida Lucía Herrera de González, como cesionaria de los derechos de Diego Francisco, José Libardo, Jesús Eduardo, Gabriel Eugenio, Gonzalo Eusebio, David y Luis Alfredo González, quienes intervinieron en representación de su progenitor José Libardo González Salcedo; habiéndose especificado que de los bienes repartidos figuraban en cabeza de la causante los inmuebles con M.I. #s 370-129075 y 370-0256727, y que no aparecían a su nombre los registrados con M.I #s. 370-0143252, 370-0000330, 370-0143253, 370-0143254, y dos casas catalogadas como mejoras, construidas sobre un lote con M.I. 370-0105411 (c.4, fls. 14-61).

f). Sentencia de 18 de noviembre de 1992 proferida por el Juzgado 8º de Familia de Cali, en la que se decretó «la interdicción definitiva por demencia senil, de la señora Graciela Salcedo Jiménez», y se dispuso designar «como curador legítimo [de] la interdicta a su hijo Edgar Eduardo Tulande» (c.4, fls. 6-10).

g). Testimonio de Hernando García Vergara, quien conoció a la señora Graciela Salcedo, en el municipio de La Cumbre, como en el 78 e informó que ella se vino para Yumbo donde tenía unas propiedades, era un terreno grande y cinco viviendas que tenía al frente de la galería de Yumbo, pues eso ahí resulta que la señora Graciela se enfermó de la mente y de ahí aprovechó Milena, su hija que vivía con ella ahí, aprovechó para hacerle firmar unos papeles de traspaso de lo que ella tenía, para después le devolviera eso a ella, o que ella se lo devolvía a doña Graciela, y que Milena le hizo firmar unos poderes a la mamá, entonces fue cuando Milena negoció unos lotes de terreno, y la firma que decía que la mamá se la había dado resulta que esa no era la firma de ella, es decir de doña Graciela, repetidas ocasiones Edgar me comentaba eso del asunto de la firma que no era de la mamá, todo esto lo se porque yo era muy de la casa de los Tulande, porque trabajábamos juntos en transporte, nosotros fuimos transportadores hasta última hora, hasta que murió doña Graciela (…). Comentando a veces sobre esos terrenos con don Edgar me enteré de esto, porque nosotros éramos muy colegas, (…); al responder acerca de unos infartos sufridos por la antes nombrada, manifestó que «doña Graciela tuvo dos infartos, y en el segundo quedó loquita, bastante mal, perdió la mente, se porque yo era íntimo amigo de Edgar, y yo fui con él a la casa, se le notaba en su forma de ser y que Edgar se mantenía muy pendiente de ella», también precisó que «ella se encontraba demente hasta que murió»; con relación a la transferencia del dominio del lote de terreno de 3200 metros cuadrados, a la señora Ferrerosa de Ávila, expresó que «ese traspaso lo hicieron ficticio allí, era momentáneo y que después esa señora, no recuerdo su nombre le devolvía los bienes a doña Graciela, eso porque el señor Edgar me contó el problema ese», agregó que los pormenores de esos negocios «no los conozco» y reiteró lo antes dicho (c.4, fls. 64-66).

h). Declaración de Francisco Hernando Gaviria Muñoz, quien conoció a la causante a mediados del siglo pasado, por haber sido vecinos en La Cumbre, e indicó que ésta y su familia se bajaron a Yumbo donde tuvieron un lote de más o menos 3.500 metros, ella tenía su casa en dicho lote, de allí adquirió otras propiedades en el pueblo, como cinco casas, ella vivía del arriendo de esas casas, pero ella en el año 1979 sufrió de unos infartos y quedó con pérdida de memoria y allí fue cuando esta niña Milena le hizo hacer unos traspasos de unos papeles de venta de las casas a la señora Ferrerosa se lo regresa a Milena, ahí en donde Milena se apropia de todos los bienes de doña Graciela, aprovechándose de eso Milena le hace firmar a la mamá unos traspasos fue cuando don Edgar Tulande se dio cuenta que las firmas no eran las originales de la mamá, allí fue donde don Edgar entró en proceso de entablar el pleito, (…), al preguntársele si los actos mencionados eran verídicos, respondió que no eran legales, se estaban aprovechando la enfermedad de la mamá, la mamá estaba incipiente por eso lo hizo ella, conozco de ello porque le puedo decir casi me crié con ellos, éramos vecinos en Santa Inés, eso queda subiendo La Cumbre. Me di cuenta que Edgar me comentó, como yo siempre los visitaba, un día cualquiera la señora Graciela estaba hablando con don Edgar Tulande y ella le decía que ella no había firmado ninguno de los papeles que él estaba diciendo, que ella no sabía nada de ello, por eso dichos papeles no son correctos y, al indagársele si los bienes habían sido entregados, manifestó que «doña Graciela siguió administrando sus bienes a través de don Edgar», así mismo, en cuanto al precio, que «no se pagó» (c.4, fl. 68).

4. El último inciso del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, en torno al «yerro fáctico» establece que «[c]uando se alegue la violación de la norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre» (se subraya).

En lo concerniente a la errada interpretación de la demanda, aspecto este relacionado con algunas de los desaciertos denunciados, esta Corporación en fallo CSJ SC, 3 Nov. 2010, Rad. 2007-00100, en lo pertinente expuso:

(…), la violación de una norma de derecho sustancial puede ocurrir por error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su contestación o de determinada prueba, sea por suposición, ora ignorancia, bien alteración, ya por distorsión de su contenido, complementándolo o cercenándolo, y en tratándose del libelo, cuando el fallador ‘(…) tergiversa de modo evidente su texto, o lo hace decir lo que no expresa o, también cuando cercena su real contenido (G. J. Tomo LXVII, 434; CXLII, pág. 200)’ (cas. civ. sentencia de 22 de agosto de 1989), ‘fija los hechos y peticiones de la misma que en su sentir estructuran la disputa judicial de que conoce, y como consecuencia de ese ejercicio cae en la equivocación consistente en considerar uno o varios hechos ajenos a la causa o en definir una petición que no le ha sido formulada’ (cas. civ. sentencia de 8 de abril de 2003, Exp. N° 7844), hipótesis en las cuales, el yerro manifiesto, ostensible, protuberante o a simple vista, trascendente e incidente en la decisión, es reclamable por la causal primera de casación.

(…)

(…). Al margen de las consideraciones expuestas, esto es, cuando la demanda no contiene proposiciones jurídicas contradictorias o incompatibles que deben y pueden disiparse acudiendo al sentido normativo, lógico y racional que les corresponde, el juzgador ha de tener especial rigor en la labor hermenéutica de la demanda.

(…)

De cara al tema, no han sido pocos los pronunciamientos de esta Corporación en el sentido de indicar que ‘al juzgador le corresponde, respetando claro está las garantías fundamentales, darle sentido pleno a las formas y no sacrificarlas por la forma misma, justificándolas en tanto ellas estén destinadas a lograr la protección de los derechos de las personas, obviamente que de un modo racional, lógico y científico, amén de ceñido a la ley, examinando el contenido integral de la demanda e identificando su razón y la naturaleza del derecho sustancial que en la misma se hace valer. […] Esto, porque como lo tiene explicado la Corte, la ‘intención del actor muchas veces no está contenida en el capítulo de las súplicas, sino también en los presupuestos de hecho y de derecho por él referidos a lo largo de la pieza fundamental’. Basta, por lo tanto, que la intención del demandante aparezca clara en el libelo, ya de manera expresa, ora porque se deduzca de todo su texto mediante una interpretación razonable’ (SC No. 145 de 17 de octubre de 2006), tanto cuanto más si ‘no existe en nuestra legislación procedimental un sistema rígido y sacramental que obligue al demandante a señalar en determinada parte de la demanda o con fórmulas especiales su intención, sino que basta que aquélla aparezca claramente del líbelo, ya de manera directa o expresa, ya por una interpretación lógica basada en conjunto de la demanda’ (G.J. t. CXXXII, pág. 241), siempre teniendo en cuenta el sentenciador que como ‘el objeto de los procedimientos (art.4º. del C.P.C.) es la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial, una deficiente o incorrecta expresión usada en el petitum [o en la causa petendi, valga añadir] no puede ser pretexto para sacrificar el derecho de la parte demandante menos aún si de los hechos y de los fundamentos de derecho surge con suficiente claridad cuáles son las verdaderas pretensiones [o hechos] que ella aduce (…)’ (G.J. t. CLII, pág. 135; t. CCXVI, pág. 78)’. (SC No. 028 de 27 de febrero de 2001).

5. En consideración a los distintos aspectos que involucra la acusación, el estudio del cargo se realiza en el orden propuesto por el censor, conjuntando algunos de los desaciertos, tal como se especifica a continuación:

5.1. El sentenciador para desestimar la pretensión subsidiaria de «nulidad absoluta por objeto y causa ilícitos de los contratos contenidos en las E.P. 1913 de 03/12/1982 y 2201 de 31/12/1982», argumentó que en el escrito introductorio del proceso, no se expusieron los supuestos fácticos para respaldarla, puesto que las manifestaciones ahí plasmadas aluden a vicios del consentimiento, que darían cabida a la «nulidad relativa», la que ya habría prescrito; luego alude a los motivos que según los artículos 1521 y 1523 del Código Civil constituyen objeto ilícito, no hallándolo en dichos convenios, porque recayeron sobre inmuebles de propiedad privada que se hallaban en el comercio, y en cuanto al elemento «causa» reflexiona que aunque no se menciona, la pura liberalidad o beneficencia se reputa suficiente.

La impugnante, enfrenta las reseñadas inferencias atribuyéndole al ad quem los errores que enseguida se identifican, los que se examinan de forma conjunta, dada su conexidad.

En los señalados cuestionamientos, en síntesis, afirma el censor que se produjo desatino «por errónea interpretación parcial de la demanda», dado que juzgador «tergiversó de modo evidente la primera pretensión», al estudiar la «nulidad relativa», cuando se pidió la «nulidad absoluta» con soporte en las causales concernientes al «objeto y causa ilícitos», además porque la «prescripción de la acción» invocada por la accionada Ana Milena Tulande Salcedo, se declaró desierta, por su inasistencia a la audiencia del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, igualmente asevera que el Tribunal «tergiversó de modo evidente la primera pretensión subsidiaria del capítulo I y la pretensión principal del capítulo II» y, le recrimina porque «finalmente nada resolvió sobre el recurso de apelación interpuesto contra la parte de la sentencia de 1ª instancia que niega las pretensiones de nulidad absoluta por causa ilícita» de los contratos a que se ha venido haciendo mención, al proceder a examinar el tema de la «nulidad relativa», cuando no era esa la solicitud, negándose a avocar el estudio, a pesar de haberle pedido la complementación del fallo con ese propósito.

Al analizar las reflexiones del sentenciador y los planteamientos de la impugnante, se establece que no existen los mencionados «errores de hecho», porque a pesar de que el Tribunal argumenta que en la demanda se discurre ampliamente sobre los vicios del consentimiento, los que generarían «nulidad relativa», no ignora la petición de «nulidad absoluta» de los aludidos convenios, sino que advierte la ausencia de soportes fácticos para sustentarla.

Es evidente que tuvo presente la invocación de la reseñada pretensión, ya que se ocupó con base en los señalados preceptos 1521 y 1523 del Código Civil, de establecer los supuestos que configuran «objeto ilícito» y a partir del 1524 ibídem, explicó lo atinente a la «causa ilícita», habiendo descartado tales ilicitudes, como anteriormente se dijera, luego de verificar que los bienes enajenados se hallaban en el comercio y que aunque no hizo expresa referencia a la «causa», consideró que «la pura liberalidad o beneficencia puede ser causa suficiente».

Ahora, las manifestaciones del recurrente acerca de que la nulidad fue construida en virtud de una causa ilícita, dolosa, antisocial, inmoral y además punible, ya que dentro del proceso se encuentra idóneamente probado que el móvil o motivo de los traspasos hechos mediante las citadas escrituras, además de ser inmoral y antisocial, también fue punible, porque mediante dichos traspasos, la demanda Ana Milena Tulande Salcedo, con la coautoría de la testaferro Mery Leida Ferrerosa, se apoderó ilícitamente de los bienes de doña Graciela, incurriendo ambas en el concurso de delitos [que ahí menciona], no demuestran el «error de hecho» denunciado, puesto que se omite identificar los elementos de juicio regular y oportunamente incorporados, que evidencian aquellas conductas y que el juzgador hubiere dejado de apreciar o que valoró erradamente.

En cuanto a la crítica esbozada por haber considerado el Tribunal el tema de la «nulidad relativa» y que la misma se encontraba prescrita, es un aspecto que en principio podría configurar un «error de procedimiento» subsumible en una causal de casación distinta a la invocada para encauzar el cargo, ya que el censor expresa que no fue esa la modalidad de «nulidad» aducida, lo que en el fondo implica falta de consonancia, sin que la Corte válidamente pueda entrar a estudiarla, porque no le ha sido conferida esa facultad oficiosa.

Con relación al equívoco que presuntamente se presenta por «errónea interpretación parcial de la demanda (…) [porque] nada se resolvió sobre el recurso de apelación interpuesto contra la parte de la sentencia de 1ª instancia que niega las pretensiones de nulidad absoluta por causa ilícita de los [aludidos] contratos», al haber entendido el ad quem que «supuestamente se trataría de una nulidad relativa, resolvió sobre la misma e inclusive en forma implícita en la parte motiva la declaró prescrita, no obstante que (…) se declaró desierta, como sanción procesal por la inasistencia de la demandada Ana Milena Tulande a la audiencia de conciliación», sin que hubiera accedido a complementar el fallo, se advierte la inexistencia en ese aspecto del dislate invocado, porque a pesar de que el juzgador de segundo grado entendió que se aludía a circunstancias de la «nulidad relativa», no es que haya ignorado la solicitud de la «nulidad absoluta», sino que percibió la ausencia de elementos fácticos alusivos a la «causa o al objeto ilícitos» y de ahí devino que denegara su prosperidad, tal como se acotó anteriormente.

Lo reseñado en precedencia permite interpretar que la crítica puede corresponder es a un «error de procedimiento», pues obsérvese que en ese sentido se manifiesta que «se quedó finalmente sin resolver sobre el recurso de apelación interpuesto contra la parte de la sentencia de 1ª instancia que negó las pretensiones de nulidad absoluta por causa ilícita», por lo tanto, bajo esa percepción el reproche ha debido apoyarse en causal distinta a la planteada.

Además, apréciese que la aseveración se concreta a reclamar porque no se resolvió la alzada, con la que se buscaba revertir la decisión del a-quo sobre la «nulidad absoluta», empero omite la argumentación tendiente a explicar por qué ha de considerarse que esa situación provino de un error de valoración del escrito genitor del proceso.

Al respecto se advierte, que el ad quem verificó la formulación de la citada petición de «nulidad de tales contratos por objeto y causa ilícitos», y aunque es cierto que expresó que «extrañamente [la actora] no expone ningún soporte fáctico para dicha calificación», se detuvo a estudiarla, apoyándose para el efecto en las disposiciones sustanciales que en el Código Civil consagran los motivos de «nulidad» de los negocios jurídicos, resaltando las hipótesis que configuran «objeto ilícito», de donde concluyó que «los contratos fustigados no son de aquellos prohibidos por las leyes», e igualmente refirió que «bien hemos visto de otra parte, que los objetos no son ilícitos toda vez que son bienes inmuebles de propiedad privada cuya enajenación no estaba proscrita, se hallan en el comercio y fueron objeto de enajenaciones», y en cuanto a la causa, estimó que «no está afectada de ilicitud alguna, aunque en los contratos no se hace expresa mención de la misma y hasta la pura liberalidad o beneficencia puede ser causa suficiente», por lo que con apoyo en esas reflexiones, desestimó la pretensión.

Al examinar el contenido del escrito de «reforma de la demanda», en lo atinente a los hechos narrados en el punto II, numerales 3º, 4º, 6º y 7º (c.1, fls.347-348), referidos por la recurrente, se constata que a pesar de mencionar conductas reprochables atribuidas a Ana Milena Tulande Salcedo y a Mery Leida Ferrerosa de Ávila, el error quedó sin demostrar, porque la impugnante omite relacionar y contrastar los medios de convicción válidamente incorporados, con base en los cuales se pudiera evidenciar alguna de las causales invocadas para la invalidación de los pluricitados pactos.

5.3. En cuanto a la «errónea interpretación parcial de la demanda (…), respecto de las pretensiones de nulidad absoluta por objeto y causa ilícitos de los dos (2) contratos contenidos en [las reseñadas escrituras públicas]», la censura rechaza la argumentación del fallador de segundo grado, con apoyo en la norma procesal que autoriza la «acumulación de pretensiones», al igual que en las disposiciones que consagran los efectos de la declaratoria de nulidad de los actos o contratos, infiriendo que constituye «error de hecho», el que se haya expresado que la formulación de las varias súplicas se presentó de manera por demás «farragosa», lo mismo que se sostuviera que si bien propuso algunas como principales y otras como subsidiarias, al rompe se advierte que no era necesaria tanta dispersión, pues unas se revelan como consecuenciales necesarias de otras, por ejemplo, la restitución de bienes se logra si se declara la nulidad o simulación, sin que tenga que pedirse por aparte la reivindicación; o la nulidad absoluta bien pueda edificarse de una vez en las varias razones que esgrime el demandante, por ejemplo la incapacidad de la vendedora, o por objeto o causa ilícitos, sin que sea necesario su pedimento separado.

Como puede apreciarse, en principio el cuestionamiento no recae sobre aspectos atinentes al «error de hecho» por desacertada «interpretación de la demanda», sino que alude a circunstancias que propenden por una discusión en el ámbito jurídico acerca de la necesidad de plantear solo ciertas pretensiones para la obtención de lo solicitado en el escrito introductorio del proceso, de donde se deduce que no se estructura la reseñada modalidad de desatino, puesto que lo concerniente a la finalidad y los efectos de aquellas, ha de establecerse a partir de las respectivas normas sustanciales.

En ese sentido, es palpable que para refutar válidamente el argumento del sentenciador en cuanto a que no era necesario acudir a la acumulación de la «acción reivindicatoria para la sucesión y restitución de bienes con sus frutos (restituciones mutuas)», ya que esas prestaciones habría que reconocerlas como consecuencia de la prosperidad de las súplica principal de «nulidad absoluta», o la eventual de «simulación», el debate debía darse en el ámbito de las disposiciones que en el Código Civil, regulan esa problemática.

Por lo tanto, de haberse presentado dislate en tales percepciones, la impugnación debió aducirse por violación directa, mas no por la senda indirecta, como se propuso.

5.4. En punto de la crítica efectuada por el censor ante la desestimación de la solicitud de «nulidad absoluta» de la compraventa que consta en la E.P. 2201 de 31 de diciembre de 1982 de la Notaría 9ª de Cali, celebrada entre Mery Leida Ferrerosa de Ávila, en calidad de vendedora y Ana Milena Tulande Salcedo, como compradora, por falta de «legitimación en la causa» de los actores, al estimar el Tribunal que no fueron parte en ese negocio ni acreditaron interés jurídico alguno que los habilitara para reclamar su invalidación, aduce el casasionista que la citada inferencia derivó de la «errónea interpretación parcial de la demanda», porque se desconoció la facultad conferida en la norma sustancial a todo aquel que tenga «interés» para alegar la reseñada «sanción sustancial», el que asevera deriva del hecho de que los accionantes son herederos de Graciela Salcedo Jiménez, además porque se ha impetrado «la nulidad absoluta por causa ilícita de la unión de dos (2) contratos contenidos en las escrituras [Nos. 1913 y 2201]», y tales pretensiones se propusieron a favor de la sucesión de la nombrada causante.

Al cotejar lo expresado en el fallo, con la parte pertinente del contenido material del escrito introductorio del proceso, se establece que en el ámbito de esa labor valorativa no existe «error de hecho», toda vez que el ad quem sí consideró lo manifestado en la demanda, en cuanto a la condición que los actores adujeron para impugnar los convenios en mención, cosa distinta es que haya descartado la «legitimación» para pedir la «nulidad absoluta» del segundo contrato.

En ese contexto, es palmario que el reproche comporta es un debate estrictamente jurídico, en el que a partir de las normas legales pertinentes, habría que establecer las personas a quienes se les otorga la aludida prerrogativa, por lo que la acusación debió encauzarla por vía distinta, esto es, por violación la directa, y aunque así pareció entenderlo la censura cuando afirmó que se desconoció el artículo 1742 del Código Civil, de manera equivocada orientó los cuestionamientos aduciendo «desatino fáctico».

La jurisprudencia de la Corte CSJ SC, 31 Agos. 2012, Rad. 2006-00403, corrobora que el instituto de la «legitimación en causa», entraña un aspecto sustancial y al respecto expuso:

En relación con la calidad de que se viene hablando, téngase en cuenta lo comentado en fallo de 14 de octubre de 2010, exp. 2001-00855-01, al indicar que ‘[l]a legitimación en la causa, o sea, el interés directo, legítimo y actual del ‘titular de una determinada relación jurídica o estado jurídico’ (…), tiene sentado la reiterada jurisprudencia de la Sala, ‘es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste’ (…) (se subraya).

En lo tocante al desatino fáctico en la valoración de los medios de convicción, esta Corporación de manera uniforme, entre otras, en la sentencia CSJ SC, 4 Abr. 2013, Rad. 2002-09414, expuso:

(…), esta clase de desatino ‘(…) ‘atañe a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho’ (…), es decir, acontece ‘a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad sí existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que sí existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento’ (…); siendo tal su notoriedad y gravedad, ‘cuando su sólo planteamiento haga brotar que el criterio del sentenciador fue totalmente desenfocado, que está por completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere, que repugna al buen juicio’, lo cual ocurre en aquellos casos en que ‘el fallador está convicto de contraevidencia’ (…), ‘cuando el sentenciador se estrelló violentamente contra la lógica o el buen sentido común, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisión so pretexto de aquella autonomía’ (…), o en otros términos, ‘que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros términos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso (…).

Con relación al requisito atinente a la demostración de la mencionada modalidad de «error» en el fallo CSJ SC, 5 Abr. 2011, Rad. 2006-00190, precisó:

(…) ‘Cualquier ensayo crítico en el ámbito probatorio que pueda hacer más o menos factible un nuevo análisis de la evidencia recogida, apoyándose en razonamientos que se estiman dotados de mayor consistencia crítica, no tienen la virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia, si no van acompañados de la prueba fehaciente del error por parte del sentenciador, error que debe aparecer manifiesto en los autos, (…) lo que supone que sea palmario; si el yerro, por el contrario, no es de esta naturaleza, si para advertirlo se requiere de previos y más o menos esforzados razonamientos, o si se manifiesta apenas como una posibilidad y no como una certeza, entonces, aunque se demuestre el yerro, ese suceder no tendrá incidencia en el recurso extraordinario, toda vez, que en esta materia donde hay duda no puede haber error manifiesto’ (…)”.

Y en la sentencia CSJ SC, 14 Oct. 2010, Rad. 2002-00024, sostuvo:

En razón a que la causal invocada para romper el fallo impugnado se relaciona con la violación indirecta de la norma sustancial por error de hecho en la valoración de las probanzas, ha de tenerse en cuenta que en ese ámbito los jueces gozan de discreta autonomía para adoptar sus decisiones y las providencias con las que resuelven los litigios sometidos a su conocimiento llegan a la Corte precedidas de la presunción de verdad y acierto, por lo que la tarea de quien impugna obligadamente tendrá que estar dirigida a demostrar que la equivocación que se le enrostra a la actuación del ad quem es protuberante, es decir, que sea evidente la contrariedad de la determinación adoptada con la realidad que surge del proceso.(…).

La Sala ha señalado, que el aludido desacierto ‘(…) se estructura cuando el juicio probatorio del sentenciador es arbitrario o cuando la única ponderación y conclusión que tolera y acepta la apreciación de las pruebas sea la sustitutiva que proclama el recurrente’, ya que si la inferencia a la que hubiese llegado, ‘(…) luego de examinar críticamente el acervo probatorio se halla dentro del terreno de la lógica y lo razonable, en oposición a la que del mismo estudio extrae y propone el censor en el cargo, no se genera el yerro de facto con las características de evidente y manifiesto, por cuanto en dicha situación no hay absoluta certeza del desatino cometido’ (…).

Es de resaltar, que el ad quem al estudiar lo atinente a la solicitud de «nulidad absoluta» de los negocios jurídicos a que se ha venido haciendo mención, no se refiere en particular a los medios probatorios incorporados, sino que entra a advertir que el demandante no expuso ningún soporte fáctico para apuntalar su pretensión sobre la nulidad absoluta de los contratos por objeto y causa ilícitos, bien hemos visto de otra parte, que los objetos no son ilícitos toda vez que son bienes inmuebles de propiedad privada cuya enajenación no estaba proscrita, se hallaban en el comercio y fueron objeto de enajenaciones. Lo mismo puede decirse sobre la causa, pues no está afectada de ilicitud alguna, aunque en los contratos no se hace expresa mención de la misma y hasta la pura liberalidad o beneficencia puede ser causa suficiente, y adicionalmente puntualizó que «los contratos fustigados no son de aquellos prohibidos por las leyes».

No obstante lo anterior, dado que el casasionista cuestiona la labor de estimación probatoria, en aras de precisar los supuestos de hecho de las normas sustanciales relacionadas con la problemática en cuestión, cabe acotar que en lo atinente al «objeto ilícito», el canon 1521 del Código Civil contempla que se presenta en la enajenación «1°) De las cosas que no están en el comercio; 2°) De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona; 3°) De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello», y adicionalmente, el precepto 1523 ibídem, estatuye que «[h]ay asimismo objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes».

Al examinar las argumentaciones de la censura, se constata que no controvierte las inferencias del Tribunal acerca de la ausencia de ilicitud en el objeto de los mencionados contratos y a pesar de que reproduce apartes del contenido de ciertas probanzas incorporadas, no señala los elementos que en su sentir demuestran alguna de las hipótesis que estructuran el «objeto ilícito».

Ahora, en cuanto al tema de la «causa ilícita», el artículo 1524 del Código Civil, estatuye que [s]e entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público. – Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita (se subraya).

El recurrente, en procura de evidenciar la existencia de la reseñada anomalía, en lo pertinente transcribe la versión del declarante Francisco Hernando Gaviria Muñoz, en donde aseveró que Milena aprovechándose del estado mental en que quedó doña Graciela hacia 1978 y 1979, después de haber sufrido dos infartos coronarios, le hizo firmar unos traspasos de sus bienes a la testaferro Ferrerosa y para calificar la ilicitud de esos traspasos afirma: – Que ‘no se hizo el negocio’ y que no se pagó’ ningún precio. – Que ‘Milena se apropia de todos los bienes de doña Graciela’. – Que [ésta], a pesar de los traspasos, siguió en poder de sus bienes, siguió administrándolos, a través de su hijo, el demandante, Edgar Eduardo Tulande, y también menciona apartes de lo manifestado por el deponente Hernando García Vergara, deduciendo que «el testigo es enfático en calificar, con sus propias palabras, utilizando frases como ‘doña Graciela se enfermó de la mente, doña Graciela tuvo dos infartos y en el segundo quedó loquita, bastante mal, perdió la mente’, ‘ella se encontraba demente hasta que murió’», y que Milena aprovechándose del estado mental en que quedó doña Graciela hacia 1978 y 1979, después de haber sufrido dos infartos coronarios, le hizo ‘firmar unos papeles de traspaso de lo que ella tenía’, de sus bienes a la testaferro Ferrerosa y para calificar la ilicitud de esos traspasos afirma: Que eso fue un negocio ficticio.

Así mismo, examina el escrito de 17 de marzo de 1992, suscrito por Ana Milena Tulande Salcedo y otros herederos de la causante Graciela Salcedo, e infiere que constituye un indicio grave que acredita que Milena se apoderó ilegalmente de los bienes de doña Graciela, utilizando a la testaferro Mary Leida Ferrerosa de Ávila, pues a pesar de haberse [otorgado las citadas escrituras públicas] (…), propuso al resto de suscribientes, entre los cuales se encuentran los [demandantes], una oferta consistente en transferir o regresar a sus hermanos o a las personas que los representen, todos los bienes inmuebles objeto de las compraventas.

Construye indicios, (i) a partir del fallo de segundo grado, en cuanto invalidó unos de los contratos impugnados (hipotecas), por haber utilizado Ana Milena Tulande, un «poder falso», al igual que de la sanción que se le impuso en un juicio penal donde fue condenada por «el delito de estafa, en concurso con el innominado de violación a la Ley 66/68», deduciendo que demuestran «que es una persona sin escrúpulos, que no se detiene ante nada»; (ii) de lo manifestado en el interrogatorio de parte que aquella absolvió, donde al pronunciarse sobre la pregunta de que no se hallaba en condiciones de demostrar el pago del precio y de la entrega de los bienes, respondió «[p]ienso que no es cierto porque yo le pagué en efectivo a la señora Mery de Ferrerosa, no se realizaron actas de entrega de las propiedades»; (iii) así mismo, de la circunstancia de haber transferido algunos inmuebles «a sus hijas Ivette y Diana Montehermoso Tulande, después del registro de la demanda (…) en septiembre 22 de 1995»; (iv) también de la supuesta comisión de ilícitos, como estafa, falsedad ideológica de particular en documento público, abuso de las condiciones de inferioridad, que le atribuye a la nombrada accionada, derivados de la transferencia de los bienes a que se ha hecho mención, y (v) de las actuaciones calificadas de delictivas, supuestamente por aquella observadas en el proceso, como «fraude procesal y falso testimonio».

Como podrá advertirse, las ideas con las que el recurrente pretende sustentar el yerro fáctico del Tribunal en la valoración de la demanda y los elementos de juicio antes relacionados, en lo esencial aluden a aspectos concernientes al fingimiento de los convenios, mas no propiamente a la «causa ilícita», ya que en cuanto a la adquirente Mery Leida Ferrerosa de Ávila, se afirma que actuó como testaferro, así mismo que no hubo pago de precio ni se efectuó la entrega de los predios, permaneciendo en poder de la inicial propietaria.

En ese contexto, se torna concluyente señalar que no se demostró el «error de hecho» denunciado, fundado en que los medios de convicción evidenciaban la existencia de «causa ilícita» en los negocios jurídicos impugnados que constan en las E.P. Nos.1913 y 2201 de 3 y 31 de diciembre de 1982 de la Notaría 9ª de Cali, toda vez que como se indicara, las probanzas que supuestamente se dejaron de valorar o fueron erradamente apreciadas, exteriorizan es una posible «simulación de los mencionados acuerdos», mas no «causa ilícita generadora de nulidad absoluta», sin que de manera concomitante puedan estructurar motivo para sustentar una u otra pretensión, dada su disímil naturaleza jurídica.

Acerca de la última situación comentada, la Corte en sentencia CSJ SC, 26 Ene. 2006, Rad. 1994-13368, expuso:

(…), es útil memorar que en el derecho patrio toda obligación surgida de un contrato bilateral, debe tener una causa real y lícita, que según la doctrina mayoritaria se vislumbra en el interés concreto que impulsa a cada una de las partes a celebrar el respectivo negocio jurídico, sin identificarse con la contraprestación, como inicialmente lo sostuvo la escuela clásica. Si ese móvil es ficticio, aparente o artificial, o está prohibido por la ley, o es contrario al orden público, o a las buenas costumbres (art. 1524 C.C.), el contrato, aunque verdadero –pues las partes quisieron celebrarlo y efectivamente lo celebraron-, será nulo, en los primeros eventos porque la causa es irreal, en los segundos por ilícita. Pero es indiscutible que el contrato existió y que fue ley para las partes, al punto que si se satisfizo la prestación correspondiente, no podrá repetirse lo pagado si se descubre que, a sabiendas, se contrató bajo causa ilícita (art. 1515 ib.).

Cosa distinta acontece en los negocios simulados, en los que las partes no quisieron obligarse, o lo hicieron en términos distintos de los que refiere el respectivo contrato. En ellos, de manera particular en la simulación absoluta, stricto sensu, no hay ley contractual propiamente dicha, porque la farsa o pantomima no obligan, ni al amparo de ellas pueden construirse prototípicos lazos obligacionales. En palabras breves, el contrato simulado intrínsecamente no vincula, justamente porque se trata de una mentira. Y aunque es lo usual que se simule un contrato teniendo las partes una finalidad específica, ese móvil no es, no puede ser, el designio que constituye la típica causa para contratar, precisamente porque las partes no quisieron hacerlo, sino apenas aparentar. Por eso el motivo que induce a simular es causa de la simulación, que no de contrato alguno.

Sobre este particular, ha precisado la Sala que ‘la nulidad sustantiva, en cualquiera de sus especies, no puede predicarse sino de actos jurídicos propiamente dichos, es decir, de los que tienen una real formación’ (G.J. LXXVII, pág. 792). Por consiguiente, ‘mientras en los contratos serios la causa ilícita engendra la nulidad de éstos, en los negocios simulados la ilicitud del móvil o causa simulandi, no produce la misma consecuencia extintiva. En tales negocios, la causa simulandi, lícita o ilícita, sirve para explicar el porqué de la ficción o del engaño a terceros, pero no tiene repercusión alguna sobre la validez o la ineficacia del contrato real u oculto, el cual tiene una causa propia que lo rige y que determina su validez o su nulidad’ (se subraya; Sent. de 24 de febrero de 1994; cfme: CCXXXVII, pág. 347). Con otras palabras, ‘[m]ientras que la causa ilícita destruye o está en aptitud de destruir el negocio jurídico por razón del vicio congénito que en sí lleva, la causa simulandi no produce semejante resultado respecto del convenio real disfrazado, el que, considerado aisladamente, debe tener su propia causa –lícita o ilícita-, a virtud de la cual genera, con independencia de la causa simulandi, efectos en derecho, o carece de ellos, según sea la calidad de su misma causa’ (G.J. LXXVII, pág. 793; cfme: LXXVIII, págs. 556 y 845)1 (se subraya).

Adicionalmente, se torna pertinente resaltar que a pesar de haberse pedido declarar la «simulación», el reproche no tuvo ningún desarrollo en lo que concierne a las consideraciones expuestas sobre ese instituto jurídico, puesto que la acusación está orientada a cuestionar las deducciones entorno a la «nulidad absoluta» por objeto y causa ilícita, sin que la Corte pueda asumir oficiosamente el estudio de esa temática.

6. Son suficientes las razones esbozadas, para denegar la prosperidad del embate.

CARGO SEGUNDO

1. Se funda en la causal primera del precepto 368 del Código de Procedimiento Civil y se acusa la sentencia de infringir de manera indirecta los artículos 553 inciso 2, 1740, 1741, 1742, 1746, 1748 del Código Civil, canon 10 de la Ley 446 de 1998, por aplicación indebida, como consecuencia de «errores de hecho y de derecho», porque no advirtió que se hallaba probada la «nulidad absoluta» del contrato plasmado en la E.P. 1913, por motivo de «demencia» de la hoy causante «Graciela Salcedo Jiménez».

2. Precisa el censor, que el «error de derecho» se origina por falta de contemplación jurídica del dictamen elaborado por los psiquiatras Rubén Grimberg y Ernesto Arango, que se trasladó del proceso de interdicción de la prenombrada señora «Salcedo Jiménez», tramitado ante el Juzgado 8º de Familia de Cali, lo que condujo a restarle mérito demostrativo, cuando lo cierto es que constituye plena prueba contra la demandada –testaferro Mery Leida Ferrerosa de Ávila -, porque dicho dictamen se puso en conocimiento de todas las partes procesales, incluida la señora Ferrerosa, representada por curador, quien contó con ocasión para controvertir el citado experticio psiquiátrico y perfectamente podía acompañar otros estudios similares que pusieran de presente imprecisiones o fallas (…); y porque a la luz del Num. 2° de la citada norma, si se analiza el citado dictamen como un documento privado de contenido declarativo emanado de terceros, el Tribunal de Cali tenía la obligación de apreciarlo, sin necesidad de ratificación porque ninguna de las partes que constituyen la parte pasiva, incluida la señora Ferrerosa, a través de su curador ad litem, no solicitó expresamente su ratificación.

En punto de la estimación de la reseñada experticia, aspecto que concierne al «error de hecho», aduce la recurrente que no es válida la posición del ad quem de aminorarle valor probatorio, porque los peritos son claros en indicar la etiología, el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad, incluida la causa de la misma demencia irreversible (infartos coronarios sufridos en 1978 y 1979), el tiempo de la enfermedad (demencia irreversible iniciada entre los años 1978 y 1979), todo lo cual permite concluir que para el día 3 de diciembre de 1982 en que se corrió la escritura #1913, la señora Graciela Salcedo Jiménez ya se encontraba en estado de demencia irreversible y las disposiciones legales no exigen palabras sacramentales para precisar aquellas circunstancias de la patología, como erradamente lo exige el Tribunal, sin que fuere admisible el que hubiere sostenido que los peritos sólo ‘se limitan a conjeturar, deducir o presumir que a los 78 años de edad doña Graciela iniciara su proceso de demencia médica, sin entregar ninguna razón o fundamento, ni qué indagaciones hicieron, en tales términos ni siquiera es una conclusión sino que aparece como una mera hipótesis que no alcanzó ninguna acreditación’, además que por el hecho de haberse elaborado la peritación diez años después del negocio impugnado y no para probar la discapacidad en el juicio ordinario, «no por ello puede desestimarse su valor probatorio, porque contraría el mandato expreso contenido en el inc. segundo del Art. 553 del C. Civil, que permite decretar la nulidad de los actos y contratos celebrados siempre y cuando se pruebe que cuando se celebraron quien lo suscribió se encontraba demente».

También argumenta que se produjo yerro fáctico (i) por la indebida apreciación de las declaraciones de Francisco Hernando Gaviria Muñoz y Hernando García Vergara, quienes confirmaron el estado de demencia de la señora Graciela Salcedo desde 1978 y 1979, a causa de dos infartos coronarios y que aprovechando esa situación, las convocadas Ana Milena Tulande y Mery Leida Ferrerosa de Ávila, se apoderaron ilícitamente de sus bienes; (ii) por la equivocada estimación del «indicio grave» que surge del documento de 17 de marzo 1992, suscrito por Ana Milena Tulande Salcedo y los demandantes en el proceso, puesto que aquella al ser consciente de la discapacidad mental en que se encontraba su progenitora para la época en que se transfirió el dominio de los inmuebles, decidió devolverlos y (iii) por la omisión de tomar en cuenta lo expresado por la prenombrada accionada en el interrogatorio de parte, en el sentido de que «no se realizaron actas de entrega de las propiedades», cuando en los señalados títulos consta que se produjo la entrega de los predios, por lo que esa contradicción es configurativa de aquella clase de hecho indicador.

CONSIDERACIONES

1. La pretensión que guarda relación con el reproche materia de estudio, se refiere a la declaratoria de «nulidad absoluta», por motivo de «incapacidad absoluta» de la vendedora, generada por su «discapacidad mental», respecto del contrato que consta en la E.P. n° 1913 de 3 de diciembre de 1982 de la Notaría 9ª de Cali, mediante el cual Graciela Salcedo Jiménez, dice venderle a Mery Leida Ferrerosa de Ávila, los predios con M.I. Nos. 370-143252, 370-330, 370-143253 y 370-105411 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la nombrada ciudad, súplica que el ad quem desestimó al verificar que no se probó la causal invocada para la invalidación del reseñado convenio.

2. La denegación de dicha solicitud, la apoyó el juzgador en que la prueba pericial traslada del proceso de interdicción judicial, no podía surtir efectos frente a la demandada Ferrerosa de Ávila que intervino como compradora en dicho acto, dado que ésta no fue parte en ese trámite, y en cuanto al poder de convicción de ese elemento de juicio, resalta que los expertos no son conclusivos sobre el estado de salud de la paciente para la época de celebración de los contratos impugnados, pues se limitan a conjeturar, deducir o presumir que a los 78 años de edad doña Graciela iniciara su proceso de demencia médica, sin entregar ninguna razón o fundamento, ni qué indagaciones hicieron, en tales términos ni siquiera es una conclusión sino que aparece como una mera hipótesis que no alcanzó ninguna acreditación; también descartó que lo expresado en documento de 17 de marzo de 1992, pudiera constituir confesión para aquella, puesto que ella no lo firmó, sino «Ana Milena Tulande», además porque en él no se menciona hechos atinentes al motivo de la «incapacidad absoluta» de la vendedora, e igual predicamento puede hacerse de los dos infartos por ella sufridos que no dicen nada sobre la «discapacidad mental». Así mismo desestima lo expuesto en el interrogatorio de parte por la codemandada «Ana Milena Tulande Salcedo», en razón a que tales manifestaciones no provinieron de la adquirente accionada, no procediendo tampoco consecuencias procesales por la inasistencia a la audiencia preliminar, en razón de haber estado representada por curador ad litem y ante la inaplicabilidad de la sanción de perención prevista ante tal evento, por pérdida de vigencia.

3. Para ilustrar acerca de los aspectos sustanciales que demarcan el tema a probar, resulta adecuado precisar que tratándose de asuntos civiles, de conformidad con el artículo 1741 del Código Civil, quedan afectados de «nulidad absoluta» los actos que tienen «un objeto o causa ilícita», o cuando se omite «algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan», igualmente aquellos en los que intervienen «personas absolutamente incapaces»; en tanto que en tratándose de «actos comerciales», al tenor del precepto 899 del Código de Comercio, la aludida forma de invalidación se origina «1º) Cuando contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa; 2º) Cuando tenga causa u objeto ilícitos, y 3º) Cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz» (se subraya).

Con relación a esa temática, esta Corporación, entre otras, en sentencia CSJ SC, 6 Mar. 2012, Rad. 2001-00026, expuso:

(…), en lo civil ‘es nulo el acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato’ (art. 1740 C.C.), son causas de nulidad absoluta la incapacidad absoluta de las partes (art. 1742, C.C) la ilicitud de la causa u objeto y la ‘omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos’ (art. 1740, C.C.); en lo comercial, genera nulidad absoluta la contrariedad de la ‘norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa’, la incapacidad absoluta de las partes y la ‘causa u objetos ilícitos’ (art. 899 C. de Co), y en ambos ordenamientos, la incapacidad relativa de las partes, el error, la fuerza, el dolo y las deficiencias de la formalidades habilitantes o tutelares generan nulidad relativa (art. 1741 [2] c.c. y art. 900 C. de Co).

Y en el fallo CSJ SC, 1° Jul. 2008, Rad. 00803, precisó que «(…) la disciplina de la nulidad para los contratos civiles y comerciales, encuentra no sólo aspectos comunes sino singulares previsiones», las que especialmente se hallan reguladas en el Código Civil.

En cuanto a los requisitos comunes para la validez de todo acto o contrato, cabe acotar que el canon 1502 ibídem, exige que la persona «sea legalmente capaz», y el precepto 1504 ídem, estatuye que «[s]on absolutamente incapaces [las personas con discapacidad mental]2, los impúberes y sordomudos, que no puedan darse a entender».

Igualmente se torna pertinente señalar, que con base en lo estatuido en el precepto 1503 del Código Civil, se interpreta que por regla general se presume la capacidad de las personas y por excepción la ley consagra los eventos en que concurre un motivo de incapacidad, por lo que en materia probatoria ésta ha de acreditarse mediante prueba concluyente.

4. Así las cosas, se procede en primer lugar a examinar el yerro de derecho invocado, apoyado en síntesis en que se cometió por la falta de contemplación jurídica de la pericia practicada en el proceso de interdicción de Graciela Salcedo Jiménez, y trasladada al juicio ordinario, a pesar de cumplirse los presupuestos legales, además porque procedía su examen como si se tratara de un documento declarativo emanado de un tercero.

a). Acerca del entendimiento de la citada modalidad de dislate, esta Corporación en el fallo CSJ SC, 21 Jun. 2011, Rad. 2007-00062, argumentó:

(…) por regla general el error de derecho se configura por la equivocación en que incurre el Tribunal al estimar el contenido de las normas que regulan todo lo concerniente a las pruebas, por lo que al recurrente se le exige, a más de indicar las disposiciones sustanciales y probatorias que considera quebrantadas, señalar los medios de convicción sobre los cuales recayó el desacierto, así como también la especie de este y cuál fue su influjo en la decisión, esto es, su trascendencia.

(…) el aludido yerro ‘(…), apunta al aspecto normativo de las probanzas y se presenta en el momento de la contemplación jurídica de las mismas, es decir, cuando luego de darlas por materialmente existentes en el proceso, se pasa a ponderarlas a la luz de los preceptos que regulan su valoración, quedando excluida toda controversia en cuanto a su aspecto físico o material, pudiendo surgir el desacierto por transgredir el debido respeto al postulado del contradictorio, en las fases de aducción e incorporación de los elementos de juicio, ora porque se entra a contrariar al legislador acerca de su mérito o eficacia probatoria (…) ‘se presenta en síntesis cuando la sentencia exige, para demostrar un acto o un hecho, una prueba especial que la ley no reclama; o cuando viendo la prueba en su exacta dimensión no le atribuye a ella el mérito que la ley le asigna para demostrarlo; o, en fin, cuando se lo niega por estimar que el medio fue ilegalmente producido cuando así no sucedió’ (…).

b). En cuanto a la prueba trasladada, el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, establece que «[l]as pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella» y, con relación a ese mecanismo de «traslado de pruebas», la Sala en sentencia CSJ SC, 15 Dic. 2009, Rad. 1999-01651, memoró el criterio que ha sostenido al respecto y en tal sentido dijo:

Como puede apreciarse, no toda prueba trasladada de un proceso a otro, per se, puede ser apreciada o valorada por el juez, sino solo aquellas que fueron producidas en el juicio a que pertenecían con intervención o concurso de la parte contra la cual se oponen, lo que tiene su plausible razón de ser en los principios de publicidad y contradicción que de antiguo informan el régimen probatorio patrio, los cuales garantizan a las partes los derechos de igualdad y lealtad.

Ahora, con prescindencia de la validez de la prueba trasladada, lo cierto es que el juez del proceso posterior tiene la posibilidad de formarse un criterio diverso del que tuvo el primigenio juez en la valoración probatoria, o lo que es lo mismo, el nuevo juez, con arreglo a los aquilatados principios de la sana crítica, es soberano para formar su propio y personal criterio sobre los hechos controvertidos, sin que en tal laborío pueda oponerse el principio de la cosa juzgada, (…), es decir que la influencia de la cosa juzgada (…)”

(…)

Consecuentemente, lo que interesa para poder apreciar la prueba trasladada, además de que se aporte conforme a las prescripciones legales, es que haya existido contradicción respecto de la misma, bien porque la parte frente a la cual se va hacer valer en el nuevo litigio fue la que la solicitó en el anterior, ora porque tuvo allí la oportunidad de debatirla. De no haber sucedido las cosas así, es menester para poder valorarla darle a quienes fueron ajenos a su decreto, producción y recaudo, la oportunidad de debatirla ampliamente y de manera pública.

c). Tienen importancia para la decisión que se está adoptando, en lo concerniente al citado cuestionamiento del fallo del Tribunal, por «error de derecho», los siguientes aspectos:

(i). El negocio jurídico impugnado por «nulidad absoluta» derivada de la «incapacidad absoluta» de la vendedora, por discapacidad mental, es el contenido en la E.P. # 1913 de 3 de diciembre de 1982 de la Notaría 9ª de Cali, el que aparece celebrado entre Graciela Salcedo Jiménez, en calidad de tradente y Mery Leida Ferrerosa de Ávila, como compradora (c. Tribunal, fls. 34-38).

(ii). A solicitud de la parte demandante, se allegó «copia de la sentencia que declaró la interdicción judicial por demencia de la señora Graciela Salcedo Jiménez», así mismo «copia autenticada del dictamen pericial rendido por los médicos psiquiatras Dres. Rubén Grimberg y Ernesto Arango», sobre la patología que afectaba a la prenombrada paciente, remitidas por el Juzgado 8º de Familia de Cali (c. 4, fls. 6-13), actuaciones estas que traen inserta constancia de autenticación secretarial, aunque sin la evidencia de haberse procedido «previa orden del juez [que conocía del proceso]», como lo exige el numeral 1º del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.

(iii). En el citado fallo de «interdicción» se menciona que el «proceso de interdicción judicial» lo promovió Edgar Eduardo Tulande Salcedo, con relación a la señora Graciela Salcedo Jiménez y ahí fueron convocados Ana Milena Tulande Salcedo, Luis Alberto González Salcedo y Enelia González viuda de Hurtado, sin que se informe que intervino la demandada Mery Leida Ferrerosa de Ávila.

(iv). En el trámite de las instancias, a las reseñadas piezas procesales no se dispuso tenerlas o incorporarlas como prueba y tampoco se corrió traslado a las partes de la señalada peritación elaborada por los nombrados médicos psiquiatras.

d). Lo anterior permite inferir que no se cumplieron los requisitos legalmente contemplados para permitir la contradicción del dictamen pericial en comento, situación que advirtió el ad quem, por lo que concluyó que «en este singular caso no puede otorgársele ningún mérito probatorio a las copias adosadas al expediente provenientes del proceso adelantado ante el Juzgado Octavo de Familia de Cali»” y de ahí que no exista el «error de derecho» planteado por la censura, puesto que no hubo inobservancia de las reglas probatorias que atañen a la «prueba trasladada».

e). Ahora, el argumento de que la probanza en cuestión constituye un documento declarativo emanado de tercero, es un aspecto novedoso, dado que no se planteó ni debatió en en el trámite del proceso, luego no es admisible entrar a considerarlo en casación, porque se estaría patrocinado la afectación del derecho de defensa y contradicción a la parte opositora, al no haber tenido posibilidad de pronunciarse sobre esa situación.

5. Con relación al «error de hecho», que se asevera proviene de la indebida apreciación de las declaraciones de Francisco Hernando Gaviria Muñoz y Hernando García Vergara, quienes confirmaron el estado de demencia de la señora Graciela Salcedo desde 1978 y 1979, a causa de dos infartos coronarios y que aprovechando esa situación, las accionadas Ana Milena Tulande y Mery Leida Ferrerosa de Ávila, se apoderaron ilícitamente de sus bienes, para la Corte se torna suficiente señalar que el casasionista, no demostró el «error de hecho», mediante un proceso técnico de contrastación o cotejo entre lo sostenido por el Tribunal y el contenido de la versión de los testigos, simplemente está haciendo una lectura distinta a la del fallador, que no tiene la potencialidad jurídica de desvirtuar la presunción de acierto y legalidad que ampara la sentencia impugnada de manera extraordinaria.

Obsérvese, que el ad quem dedujo que ninguno de [los testigos] declara de manera enfática y rotunda sobre [la] incapacidad para celebrar actos o contratos, o que esté comprometida de manera grave e intensa su capacidad síquica que suprima la libre determinación de la voluntad y menos que para la época de la celebración de los contratos haya padecido esa patología, además resalta que los deponentes se orientaron a exponer que las «enajenaciones de los bienes fueron ficticias uno de los declarantes afirma que tiene conocimiento de ello por comentarios realizados por Edgar Tulande, y el segundo lejos de corroborar la enfermedad mental de la vendedora, de modo contrario resalta que su hijo Edgar Tulande un día cualquiera en una conversación sostenida con su madre llegó a enterarse que no había firmado los papeles por los que se le inquiría» y, la censura, si bien extracta aspectos que estima importantes de lo narrado por los deponentes, no se ocupa de explicitar porqué ha de deducirse que se presentó desatino en su valoración.

Téngase en cuenta también, que el Tribunal consideró insuficientes los medios de convicción para probar la «discapacidad mental» de la señora Salcedo Jiménez, desde 1978 o 1979, al surgirle dudas derivadas de porqué [si desde esa época presentó esa situación] no acudieron a la justicia para declararla interdicta? Porqué tan solo trece años después presentaron dicha demanda y obtuvieron la separación de la administración de sus bienes? O es que realmente dicha incapacidad se presentó mucho tiempo después de los infartos? Porqué si la señora Graciela estaba incapacitada mentalmente su hijo la indagaba sobre la veracidad o realidad de la firma de algunas negociaciones y además le entrega toda credibilidad a su dicho, y frente a esos interrogantes ninguna explicación proporciona la impugnante, en aras de evidenciar el desacierto en que funda el reproche.

6. Igualmente encuentra el censor yerro fáctico en la equivocada apreciación del indicio grave que constituye el documento privado de fecha marzo 17 de 1992 (…), suscrito por la demandada Ana Milena Tulande Salcedo y por los demandantes dentro del presente proceso, ya que la citada demandada, por ser consciente del estado de demencia en que se encontraba su madre en diciembre de 1982 cuando se corrieron las escrituras de traspaso #1913 y #2201 y que se apoderó ilícitamente de sus bienes, decide devolver los bienes traspasados, recriminándole también al ad quem la preterición de estimar lo manifestado por aquella accionada en el interrogatorio de parte, en el sentido de que «no se realizaron actas de entrega de las propiedades», cuando en los señalados títulos consta que se produjo la entrega de los predios, por lo que esa «contradicción constituye indicio grave».

Como puede advertirse, el planteamiento de los reseñados cuestionamientos solo comporta la identificación de lo que la impugnante considera constituyen hechos indicativos del motivo de nulidad invocado para invalidar el negocio jurídico en el que intervino como vendedora la causante Graciela Salcedo Jiménez, esto es, su «discapacidad mental», empero no se ocupa de explicar porqué pueden alcanzar la configuración de un error con las características de evidente y manifiesto, con la virtualidad suficiente para aniquilar la sentencia.

Téngase en cuenta, que de conformidad con el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, en el tema de la apreciación de indicios, los factores que les otorgan eficacia probatoria, se relacionan con su gravedad, concordancia y convergencia, en torno a un determinado supuesto fáctico y para el caso, ninguna reflexión se plantea acerca de los elementos que en ellos subyace sobre la comentada situación.

Sobre la aludida labor de valoración de la «prueba indiciaria» esta Corporación en sentencia CSJ SC, 4 Agos. 2010, Rad. 2002-00623, expuso:

La apreciación de los indicios comprende una actividad múltiple, que consiste, por un lado, en el examen de los hechos indicadores que brotan de los medios de prueba, y, por el otro, en la deducción o inferencia que con base en ellos permite arribar a otros hechos indicados, como fruto de una operación mental lógica del juzgador de instancia, la cual, en línea de principio, se entiende enmarcada dentro de la autonomía y soberanía que lo asisten, desde luego, salvo en aquellos eventos en que haya incurrido en un error mayúsculo o superlativo, esto es, cuando aparezca una ostensible contraevidencia, ya sea porque sin estar acreditado un hecho indicador es tenido como tal, o estándolo es pasado por alto, o porque, con desprecio de los dictados del sentido común, deja de reconocer o admite, respectivamente, la comprobación de un hecho indicado, haciendo caer así su juicio de valor en el terreno de lo absurdo o irracional.

En esta materia, tiene dicho la doctrina jurisprudencial que el error de hecho emerge cuando ‘(…) el Juez establece la existencia de un hecho desconocido a partir de un hecho indiciario que no fue probado, o si estándolo ignoró su presencia, o advirtiéndolo le negó la posibilidad de generar conocimiento de otro hecho, o provocó uno con desdén hacia la prueba que obra en el expediente, sin perjuicio, por supuesto, de las fallas inherentes a su apreciación, vinculadas a la concordancia y convergencia que debe existir entre unos y otros, así como entre todos ellos y los restantes medios de prueba recaudados, como lo impone el principio de la unidad de la prueba que albergan los artículos 187 y 250 del C.P.C.’ (…).

7. Las anteriores argumentaciones son suficientes para desestimar la prosperidad del reproche.

En virtud de que no prospera ninguna de las acusaciones, con apoyo en el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, se condenará en «costas» a la parte recurrente y para la fijación de agencias en derecho se tomará en cuenta la circunstancia de que los opositores no replicaron la demanda de casación.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: No casar la sentencia de 19 de agosto de 2011, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario reseñado en el encabezamiento de este fallo.

Segundo: Condenar a la parte actora al pago de las costas procesales en el trámite de la impugnación extraordinaria. Inclúyase en la liquidación la suma de $3’000.000, por concepto de agencias en derecho.

Cópiese, notifíquese y devuélvase

JESÚS VALL DE RUTEN RUIZ

MARGARITA CABELLO BLANCO

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

ARIEL RAMÍREZ SALAZAR

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

1 Se elimina lo resaltado en el texto original.

2 La expresión que aparece entre corchetes fue introducida por el parágrafo del artículo 2º de la Ley 1306 de 2009.

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