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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
SALA DE CASACIÓN CIVIL
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada ponente
STC13919-2015
Radicación n°. 11001-02-04-000-2015-01619-01
(Aprobado en sesión de siete de octubre de dos mil quince)
Bogotá D.C., nueve (9) de octubre de dos mil quince (2015).
Decídese la impugnación interpuesta frente a la sentencia de 27 de agosto de 2015, mediante la cual la Sala de Casación Penal de esta Corporación negó la acción de tutela promovida por Édgar Andrés Callejas Ramírez en contra de una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, trámite al que se vinculó al Juzgado Primero Penal del Circuito de esa ciudad, al Delegado de la Fiscalía General de la Nación que actúa ante aquel estrado y a los demás intervinientes en la causa seguida al accionante.
ANTECEDENTES
1. El gestor, por intermedio de apoderado, solicita la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, «legalidad» y «defensa», presuntamente vulnerados por las autoridades encartadas.
2. Arguyó, como soporte de su reclamo, en síntesis, lo siguiente:
2.1. Que su representado está siendo procesado como coautor de los punibles de «concierto para delinquir, porte ilegal de armas, falsedad marcaria y hurto agravado y calificado».
2.2. Que «[l]os días 20, 21 y 22 de mayo de 2015 se fijó por parte del juzgado 1° penal del circuito de Guadalajara de Buga (Valle) dentro de la actuación seguida en contra de [su] prohijado ÉDGAR ANDRÉS CALLEJAS RAMÍREZ y los señores ARTURO MANUEL AMEL PÉREZ, URIBEL CIFUENTES y ELIZABETH SOLANO COBO, continuación de audiencia preparatoria, luego de que la misma se suspendiera el día 17 de abril de 2015 para continuar en las fechas señaladas».
2.3. Que «[e]n aquella oportunidad, es decir el 17 de abril de 2015 se encontraba en uso de la palabra el Dr. JULIO CÉSAR PÉREZ ACHICUE en pro de los intereses de su defendida ELIZABETH SOLANO COBO y lo lógico era, que para el día 20 de mayo, este togado continuara con el desarrollo de sus solicitudes de inadmisión, exclusión y rechazo de las pruebas solicitadas por la fiscalía, para lo cual fuimos convocados».
2.4. Que «el abogado defensor de la citada no pudo comparecer ese día, enviando una comunicación al despacho que fue leída por el señor Juez de conocimiento sobre su inasistencia, donde señalaba los motivos».
2.5. Que «se opuso a que se adelantara el desarrollo de la audiencia preparatoria a voces del art. 355 inciso 2° de la Ley 906 de 2004» para la validez de dicha vista judicial «es indispensable la presencia del juez, fiscal y defensor (…) petición que fuera avalada por el señor representante del ministerio público».
2.6. Que «el señor juez de conocimiento sin tener en cuenta la ausencia de uno de los defensores, máxime que se encontraba en uso de la palabra, optó porque se desarrolla la susodicha diligencia».
2.7. Que «luego de instalada la segunda sesión de la audiencia preparatoria el día 21 de mayo de 2015, ya contando con la presencia del señor defensor de la acusada ELIZABETH SOLANO COBO, el suscrito en uso de la palabra peticionó la acción de nulidad de la sesión de audiencia preparatoria llevada a cabo el día anterior con base en lo establecido en el art. 457 del C.P.C.», petición que fue desestimada y contra la que interpuso el recurso de apelación.
2.8. Que la autoridad convocada «luego de hacer un análisis sobre la decisión del a quo y de los fundamentos de todos y cada uno de los intervinientes en el recurso de alzada, confirmó la decisión de negar la nulidad deprecada, advirtiendo que no se había vulnerado derecho alguno de los procesados porque no existía ninguna irregularidad dentro de la decisión adoptada y no se demostró que se hubiere afectado derecho alguno en cuanto a los procesados que tuvieron la presencia de los defensores para esa fecha».
2.9. Considera que «si se aceptara los fundamentos tanto del a quo como del ad quem, diríamos entonces que habría de fraccionarse la investigación y adelantarse un juicio para cada procesado, y dejar de lado el procedimiento trazado por el legislador, pues lo que se busca dentro de la actuación es la uniformidad, que no existan irregularidades y que se adelante el juicio como corresponde lo que no se avizora por parte de esta defensa».
3. Pidió, conforme a lo relatado, se ordene a la Sala querellada «decretar la nulidad de la sesión de audiencia preparatoria llevada a cabo el pasado 20 de mayo de 2015» (fls. 1-6 Cdno. 1).
LAS RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS
El Procurador 75 Judicial II Penal adscrito al Distrito de Guadalajara de Buga refirió que «[e]l mismo accionante en el resumen procesal de la solicitud de amparo afirma que en la consabida audiencia no estuvo presente fue el abogado de la Defensa de la acusada ELIZABETH SOLANO COBO cuyo poder judicial le había conferido al doctor JULIO CÉSAR PÉREZ ACHICUE. Es decir, que de conformidad a la lógica formal deductiva a quien presuntamente se le vulneró los derechos al Debido Proceso y la Defensa en la mencionada actuación procesal es [a ella] no a su prohijado en cuya representación interpuso la acción de amparo. Es consecuencia es palmaria la falta de legitimación en la causa por activa del accionante lo cual [lo] releva de mayor argumentación jurídica, pues teniendo [esa] procesada su defensor material, es este y no otro, el llamado legítimamente a defender su causa en tratándose de defectos individuales consagrados en la Constitución Política» (fl. 23 ídem.).
La Colegiatura convocada anotó que «en el asunto objeto de estudio, no se cumple el requisito de procedibilidad de la acción de tutela relacionado con la subsidiariedad, ya que el proceso penal seguido contra el señor Édgar Andrés Callejas y otros ciudadanos aún está en trámite, por lo que el accionante bien puede insistir en su pretensión de nulidad ante el Juez Primero del Circuito de Buga, anteponer los recursos contra las decisiones que éste adopte y que le sean desfavorables, y en caso de sentencia condenatoria, bien puede agotar el recurso extraordinario de casación» (fl. 46v ibíd.).
El Despacho encartado precisó que «le correspondió conocer del proceso radicado al N° 76-111-60-00-247-02013-00492-01, que por el trámite de la Ley 906 de 2004 se adelanta en contra de los señores ARTURO MANUEL AMELL PÉREZ, FLOR ÁNGELA REYES GONZÁLEZ, ELIZABETH SOLANO COBO, ÉDGAR ANDRÉS CALLEJAS RAMÍREZ y UBIBEL CIFUENTES CASTAÑO por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado, falsedad marcaria y lesiones personales, actuación en la que se está surtiendo la audiencia preparatoria, teniéndose programadas como fechas para su continuación los días 1°, 7 y 8 de septiembre de 2015».
Además, señaló que «[l]a presunta vulneración a los derechos fundamentales de que se queja el accionante no solo carece de [soporte], sino que en manera alguna se demostró irregularidad sustancial como la que se alega a través de esta acción constitucional, tal como lo decidiera la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga mediante decisión de segunda instancia discutida y aprobada el 24 de junio de 2015, leída el 1° de julio siguiente, en la que se resolvió confirmar el auto del 21 de mayo del mismo año, por el cual se negó la solicitud de nulidad elevada con base en los mismos argumentos planteados en esta acción de tutela» (fl. 56 ibídem).
LA SENTENCIA IMPUGNADA
Negó la salvaguarda reclamada por improcedente, bajo los postulados de razonabilidad de la decisión censurada y subsidiariedad teniendo en cuenta, en primer término, que «la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Buga, previo el estudio del acervo probatorio, lo estatuido en el artículo 457 de la Ley 906 de 2004 y la Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que consideró aplicable al caso, tal como se puso de presente en el acápite de antecedentes que hace parte de esta providencia, de manera clara y precisa expuso las razones por la cuales no estaban acreditadas las exigencias a que hace referencia el ordenamiento jurídico para declarar nula la sesión de audiencia preparatoria llevada a cabo el 20 de mayo de 2015, en el proceso que cursa contra el aquí accionante por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad marcaria y otros».
De otra parte, porque «la solicitud de amparo sólo procede cuando el accionante haya agotado oportunamente todos y cada uno de los recursos o medios de defensa judiciales previstos por el legislador para obtener la protección de los derechos presuntamente vulnerados»; además, «[t]ampoco se aprecia la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuración de un perjuicio irremediable como son la inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad de la acción, máxime cuando, el demandante aún cuenta con la posibilidad de recurrir en apelación la sentencia de primera instancia, o con los argumentos que quiere hacer valer en esta sede, interponer el recurso extraordinario de casación, dado el carácter de control constitucional que tiene el mismo».
En conclusión, apuntó que «mientras la actuación esté en curso cualquier solicitud de protección de garantías fundamentales debe hacerse exclusivamente en ese escenario porque de lo contrario todas las decisiones provisionales que se tomaran en el transcurso de la actuación penal estarían siempre sometidas a la eventual revisión de un juez ajeno a ella, como si se tratara de una instancia superior adicional a las previstas para el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales» (fls. 98-104 ibídem).
LA IMPUGNACIÓN
La interpuso el apoderado del actor iterando los planteamientos del libelo inicial, enfatizando que «las argumentaciones emanadas dentro del pronunciamiento objeto de censura, no pueden ser compartidas ni de recibo por este representante, al advertirse que los derechos reclamados a través de la tutela, los mismos deben solicitarse ante el juzgado que está conociendo de la actuación de [su] defendido y esperar que se emita una decisión de fondo para interponer los recursos necesarios en pro de los intereses de [su] defendido, ya que si bien es cierto, al no atenderse el pedimento de nulidad ante el Juzgado de conocimiento y, al interponerse el recurso de apelación que conoció el ad quem, ahí se agotó la vía gubernativa; sobre ello se hizo un amplio análisis de los derechos vulnerados. Entonces ¿cómo se puede permitir que una actuación continúe con anomalías y que se diga que no ha existido vulneración alguna en el pronunciamiento que hiciera el juzgado 1° Penal del Circuito de Conocimiento y confirmado en segunda instancia por el H. Tribunal Superior –Sala Penal- de Buga? (fls. 120-121 idem.).
CONSIDERACIONES
1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es el mecanismo idóneo para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación «con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure “vía de hecho”», y en el entendido que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que «no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo» (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00).
El concepto de vía de hecho fue fruto de una evolución pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en razón de la necesidad de que todo el ordenamiento jurídico debe respetar las garantías fundamentales como base de la noción de «Estado Social de Derecho» y la disposición contemplada en el artículo 4 de la Carta Política. Así hoy, bajo la aceptación de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admiten por excepción la posibilidad de proteger esa trasgresión constitucional siempre y cuando se cumplan unos supuestos: l. Generales: «a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela» y, 2. Especiales: «a) Defecto orgánico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto fáctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente y h) Violación directa de la constitución» (C-590/2005, iterada, entre otras, SU-913/2009 y T-125/2012).
2. Observada la disconformidad planteada, resulta evidente que el reclamante persigue dejar sin efectos la decisión de segunda instancia que confirmó la del a quo que negó la declaratoria de nulidad de la continuación de la audiencia preparatoria adelantada el 20 de mayo de la presente anualidad, refiriendo el tema a un defecto procedimental.
3. De acuerdo a las acreditaciones arrimadas, se vislumbran las siguientes actuaciones que atañen con el asunto que ahora concita la atención de la Sala:
3.1. Resolución adoptada el 20 de mayo de 2015 por el estrado querellado, mediante la que se negó la solicitud de suspensión de la audiencia preparatoria, toda vez que «el despacho considera que no se conculca ninguna garantía pues en el estadio procesal en el que se encuentra la audiencia, precisamente es la solicitud de rechazo, inadmisión o exclusión de medios de prueba y esto es individual, éstas solicitudes versan sobre medios ya solicitados por lo que no se vulneraran garantías y aquí no se va a tocar el tema de Elizabeth Solano Cobo, cuando corresponda lo de esta procesada se suspenderá la diligencia pero ahora solo se van a referir a las pruebas de la fiscalía» (fl. 60 Cdno. 1).
3.2. Determinación tomada el 21 del mismo periodo a través de la que resolvió «no decretar la nulidad planteada porque considera que no se han afectado garantías de los procesados, en la audiencia anterior solo se tramitó lo que tenía que ver con las solicitudes de inadmisión, rechazo o exclusión de medios de pruebas, con que contaban los defensores HENRY ZARTA VÁSQUEZ y HENRY ESCORCIA CLAVIJO y ello no afecta en nada a la defensa de ELIZABETH SOLANO COBO, pues desde un principio se advirtió que no se tocarían temas donde pudiese ver afectada la procesada y la defensa de la misma; censura el hecho de que no sea ni siquiera el abogado que no estuvo en la diligencia que interpone la solicitud de nulidad, sino que fue uno de los que precisamente estuvo en la diligencia e intervino en la misma; también indica que no puede ser argumento para el decreto de la nulidad, que los otros togados de la defensa debían complementar su argumento con lo que expresara el Dr. JULIO CÉSAR PÉREZ CHICUÉ y que por ello necesitaban que interviniera primero en la diligencia anterior» (fls. 64-65 ibíd.).
3.3. Auto de 1° de julio posterior, proferido por el ad quem acusado, confirmatorio de la anterior providencia, donde sostuvo que «la nulidad planteada por los defensores resulta totalmente improcedente, ya que el acto cuya invalidación se reclama cumplió el propósito para el que estaba destinado, que no era otro que agotar la fase de solicitudes de exclusión, rechazo e inadmisión de los medios de prueba pedidos por el ente acusador, por parte de los representantes judiciales de Edgar Andrés Callejas, Arturo Manuel Amell Pérez, Uribel Cifuentes Castaño, quedando pendiente las pretensiones del abogado del Elizabeth Solano Cobo y la decisión de la judicatura, respecto de la cual, las partes inconformes podrán interponer los recursos ordinarios».
Agregó, que «en puridad el juez aún no se ha pronunciado sobre el tema de la inadmisión, rechazo o exclusión de evidencias. Por consiguiente no existe en el mundo jurídico decisión alguna susceptible de ser anulada» (fls. 23-24 ib.).
4. En punto de la reseñada dolencia, cabe destacar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 incorporó el postulado de la subsidiariedad de esta acción constitucional como uno de sus rasgos esenciales, despojándola de sus efectos, en línea de generalísimo principio, ante la existencia de un medio judicial de defensa.
4.1. Así las cosas, comoquiera que el estudio del proceso penal adelantado contra el peticionario está en curso, y aún no ha sido resuelto, pues se encuentra en la etapa de juicio oral, goza de los mecanismos posibles para atacar la actuación que estima vulneradora de sus prerrogativas toda vez que con la nulidad alegada y el de apelación interpuesto no se han agotado debido a que dispone de la alzada ante el fallo de primer grado o incluso el de casación.
Luego, es prematuro en este asunto reclamar un pronunciamiento por vía constitucional, que le está vedado, por cuanto no puede arrogarse facultades que no le competen, decidiendo lo que debe resolver el funcionario de conocimiento, pues, si el gestor tiene a su alcance todos los medios de contradicción que se le brindan dentro de la actuación penal, no puede pretender que a través de la acción de tutela incoada, ni aun invocando la existencia de un supuesto «perjuicio irremediable», se provea la solución a los planteamientos e inconformidades sobre los cuales corresponde pronunciarse al juez natural.
4.2. En un caso de similares contornos con el aquí abordado, la Corte tuvo ocasión de manifestar lo siguiente:
En el asunto materia de análisis encuentra la Corte que el fallo de primera instancia debe ser confirmado, por cuanto es evidente la ausencia del requisito de subsidiariedad que caracteriza esta acción de naturaleza excepcional.
En efecto, de conformidad con la situación fáctica descrita en la demanda constitucional, como de la actuación procesal que reposa en el expediente de tutela, se desprende que la accionante cuenta con múltiples medios de defensa judicial para el restablecimiento de las garantías que ahora controvierte en sede de tutela, siendo que el proceso que se sigue ante el Juez natural de la controversia es el escenario judicial adecuado para tal propósito.
Obsérvese que así el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protección planteada, es necesario el agotamiento de “todos” los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso penal, lo que para el caso no se ha cumplido pues ni siquiera se ha proferido sentencia de primera instancia, de ahí que la intervención en esta sede se torne prematura.
Y es que de la acción de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; además, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, aceptó que: ‘La acción de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acción ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tránsito a cosa juzgada material; y e) no es el único mecanismo orientado a la protección de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin (CSJ STC 15 Dic. 2011, rad. 2011-01889-01, reiterada, entre otros, el 27 de septiembre de 2013, rad. 2013-01609-01).
Del mismo modo, ha pregonado insistentemente, entre otras providencias, en CSJ STP, 4596-2014, que:
[N]o es procedente acudir al juez de tutela para que intervenga en procesos en curso, no sólo porque desconoce la independencia y la autonomía de que está revestido el juez natural para tramitar y resolver los asuntos de su competencia, sino porque tal proceder desnaturaliza la filosofía que inspiró el mecanismo de amparo para la protección de derechos superiores, mas no para su declaración (negrilla original).
5. Según lo discurrido, se reafirmará la providencia opugnada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivación que antecede.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
(Presidente de Sala)
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ