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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado ponente
AC065-2016
Radicación n.° 11001-02-03-000-2015-02588-00
Bogotá D. C., quince (15) de enero de dos mil dieciséis (2016).
Decide la Corte el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados Trece (13) y Catorce (14) Civiles del Circuito de Barranquilla y de Bogotá, respectivamente, dentro del proceso ordinario promovido por Martha Patricia Beetar Pacheco y otros contra Publicaciones Semana S. A.
1. ANTECEDENTES
1.1. Sostienen los actores que la demandada, en la Revista Semana de la edición de 9 de mayo de 2005 publicó la fotografía de Martha Patricia Beetar Pacheco con la leyenda: «(…) “La abogada Martha Patricia Beetar le entregaba los datos de sus clientes a Juan David González, quien desde la cárcel el Bosque de Barranquilla los llamaba para extorsionarlos (…) Cómo una abogada barranquillera terminó siendo jefe de una temida banda que extorsionaba desde las cárceles en cinco ciudades del país» (fl.3). A raíz de ese despliegue, Martha Patricia fue investigada por la Fiscalía, quien después, en resolución de 27 de junio de 2014, precluyó dicha investigación (fl.5). Piden entonces condenar a la accionada a indemnizarles los perjuicios causados por lo publicado respecto de Martha Patricia.
Según el libelo, el domicilio de la accionada es Bogotá y el juez civil del circuito de Barraquilla, a quien lo dirigen, es competente «(…) por la vecindad de las partes, cuantía y naturaleza del proceso» (fl.7).
1.2. En providencias de 1° y 27 de julio de 2015 el primero de los citados despachos dijo no tener competencia para conocer el asunto, porque, como el domicilio de la opositora y los hechos ocurrieron en Bogotá, a voces de los numerales primero y octavo del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, quienes la tenían eran los jueces de este lugar, a los cuales lo remitió (fls.69-70 y 74-75).
1.3. El despacho receptor del proceso de igual modo repudió conocerlo, porque, acotó, como en estos casos la decisión de ante cuál juez se formula la demanda es del demandante, y en esta ocasión los promotores escogieron a Barranquilla, este es el llamado a conocer el litigio (fls. 81-82).
1.4. Planteó así, el conflicto negativo y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Cuando se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, corresponde a esta Sala resolver, de acuerdo con los artículos 28 del Código de Procedimiento Civil y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la 1285 de 2009.
2.2. El ordenamiento prevé diversos factores que permiten saber a quién corresponde tramitar cada asunto: objetivo, subjetivo, territorial, conexidad y funcional. El territorial, como principio general, señala que el proceso deberá seguirse ante el funcionario con jurisdicción en el domicilio del demandado. A ello el numeral octavo del artículo 23 del Estatuto Procesal Civil añade: «En los procesos por responsabilidad extracontractual, será también competente el juez que corresponda al lugar donde ocurrió el hecho».
Es decir, tratándose de la acción de responsabilidad civil extracontractual el legislador prevé una competencia territorial concurrente, en tanto, potencialmente están llamados a conocerla el funcionario del domicilio de la parte opositora (num. 1°) y el del lugar donde acontecieron los hechos objeto de debate (num. 8°). Ahora, determinar ante cuál de ellos acciona, es del resorte del demandante; solo a él le corresponde, por lo menos en principio, decidir dónde radica la demanda; escogencia que, cuando ha sido ejercida con sujeción a las prescripciones legales, el administrador de justicia no puede alterar.
«(…) Suficientemente conocido es que cuando existen fueros concurrentes dentro del factor territorial, la competencia se determina por la elección del demandante, quien es el único facultado por la ley para hacer la escogencia respectiva dentro de las posibilidades que le brinda la ley; por ende, en esos eventos, el funcionario judicial a quien se dirige la demanda no puede, en principio, desconocer tal selección, porque aquí tiene primacía la voluntad del quien formula la demanda, todo, claro está, sin perjuicio de que el demandado objete dicha escogencia, a través de las herramientas procesales previstas para ese preciso fin» (CSJ SC. Auto de 20 de octubre de 2010, Rad. #11001-02-03-000-2010-00719-00).
2.3. En el acto genitor los demandantes no dicen, expresa ni implícitamente, que su determinación sea la de promover el debate ante el juez « (…) que corresponda al lugar donde ocurrió el hecho».
En tal pieza manifiestan, en cambio, que el funcionario judicial al cual la dirigen es el competente «(…) por la vecindad de las partes (…)». A folios 1 y 2 los accionantes Piedad del Carmen Beeter Oviedo, Leonardo Miranda Beeter, Ana Elvira y Hernando de Jesús Beeter Pacheco confieren poder a la también actora Martha Patricia para que «(…) presente demanda (…) por los perjuicios morales (…) [causados por] las divulgaciones y falsas imputaciones publicadas en la Revista SEMANA, representada (…) por (…) María Elena Mesa Zuleta, mayor de edad, con domicilio en (…) Bogotá (…)». El certificado de existencia y representación obrante a folios 25 y siguientes, refiere que el domicilio de la demandada es Bogotá.
Interpretando entonces, de manera sistemática, el acto introductorio, los poderes y el certificado de existencia y representación legal de la accionada, entiende la Sala que los promotores del caso optaron, no por el funcionario del lugar de los hechos, sino por el del domicilio de la contraparte.
Aunque están en pleno derecho, por lo menos en un comienzo, de hacer esa escogencia, y bajo ese entendido promovieron el litigio ante el juez de Barranquilla, éste no lo puede conocer, porque el domicilio de la opositora, según se afirma en el libelo y lo confirma el certificado de existencia y representación legal obrante a folios 25 a 29, es Bogotá.
Y por este sendero opta esta Corte, porque si bien los hechos acaecieron en Barranquilla, no fue éste el fuero aducido en forma expresa por los gestores del proceso, según la regla 23, numeral octavo, del Código de Procedimiento Civil, pues tajante y reiteradamente aludieron al “domicilio de las partes”, el cual en asuntos de este linaje no es otro, sino el foral de la parte demandada, jamás el de la parte demandante, siguiendo la regla actor sequitur forum rei.
2.4. El precedente aducido en la providencia de 1° de septiembre de 2015 (fl. 81), en esta oportunidad no viene al caso, en tanto y en cuanto, itérase, la determinación de la competencia los actores no la hicieron al amparo de la prerrogativa prevista en el numeral octavo del artículo 23, sino con apoyo en la regla general: el juez de domicilio del demandado.
2.5. Se asignará el asunto al segundo de los mencionados administradores de justicia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
Primero: Declarar que el Juzgado Catorce (14) Civil del Circuito de Bogotá es el competente para conocer del proceso en referencia.
Segundo: Enviar el expediente al citado despacho judicial e informar lo decidido al Juzgado Trece (13) Civil del Circuito de Barranquilla, haciéndole llegar copia de esta providencia. Ofíciese.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado