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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
SC11949-2016
Radicación n.° 23001-31-10-002-2001-00011-01
(Aprobado en sesión de diecisiete de mayo de 2016)
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de agosto de dos mil dieciséis (2016).-
Procede la Corte a proferir la correspondiente sentencia sustitutiva, en el presente proceso ordinario que YOLANDA MARGARITA NISPERUZA CAMPOS promovió en contra de ILVIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, cónyuge supérstite de Pedro José Castilla Castillo (q.e.p.d.); de MIGUEL ÁNGEL CASTILLA HERNÁNDEZ, ANGÉLICA MARÍA CASTILLA HERNÁNDEZ, PEDRO JOSÉ CASTILLA GUETTE, FABIÁN GERMÁN CASTILLA GUETTE, menor de edad representado por Raquel María Guette Santamaría, PEDRO XAVIER CASTILLA MANGONES, menor de edad representado por Nadys del Socorro Mangones Ramos, hijos del citado causante, y ANDRÉS CAMILO CASTILLA GARCIA, menor de edad representado por Claudia Patricia García Barazarte, quien fue convocado en nombre de su fallecido padre, Yonny José Castilla Hernández, a su turno hijo del nombrado de cujus, todos ellos en su condición de HEREDEROS DETERMINADOS de éste; y de sus HEREDEROS INDETERMINADOS.
ANTECEDENTES
Como quiera que los mismos fueron registrados en la sentencia de casación que la Corporación dictó el 11 de septiembre de 2013 (fls. 45 a 62 precedentes), basta aquí con memorar lo siguiente:
1. La actora solicitó declarar que entre ella y el ya fallecido Pedro José Castilla Castillo existió, desde el 20 de diciembre de 1982 y hasta el mismo día de 1999, una unión marital de hecho y la correlativa sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.
2. Habiéndose opuesto a la acción únicamente el accionado Miguel Ángel Castilla Hernández, quien propuso las excepciones meritorias que denominó “[i]legitimidad en la causa por activa” y “por pasiva”, el Juzgado del conocimiento, que lo fue el Segundo de Familia de Montería, dictó sentencia el 9 de junio de 2010, en la que negó las pretensiones elevadas por la promotora del juicio, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y condenó a aquélla al pago de las costas (fls. 343 a 354, cd. 1).
3. Inconforme con ese pronunciamiento, la señora Nisperuza Campos lo apeló. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Civil – Familia, al desatar la alzada, en su fallo, que data del 10 de diciembre de 2010, optó por confirmar el del a quo, modificándolo solamente en lo atinente a las costas, de las cuales exoneró a la actora, por haberse reconocido en su favor el amparo de pobreza.
4. Recurrida en casación por la demandante la sentencia de segunda instancia, la Corte, en el proveído atrás mencionado, dispuso su quiebre y decretó de oficio el allegamiento de unas pruebas trasladadas, que ya fueron recaudadas y puestas en conocimiento de las partes.
LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Para arribar a la decisión desestimatoria que emitió, el a quo, en concreto, adujo dos argumentos específicos, a saber:
1. En primer lugar, que la sociedad conyugal conformada por el hecho del matrimonio de los señores Ilvia Hernández Hernández y Pedro José Castilla Castillo sólo vino a disolverse con la muerte del primero, acaecida el 20 de diciembre de 1999, planteamiento en torno del cual el juzgador explicó:
1.1. En el presente caso, “sin entrar a valorar los restantes requisitos sobre la configuración o no de la unión marital y la posibilidad de encontrar probada la existencia de la sociedad patrimonial, la indagación debe ser una: saber cuál era la situación de cónyuge casado señor PEDRO JOSÉ CASTILLA CASTILLO en el momento en que según la actora (…), se dispuso a iniciar y compartir con ella la vida de pareja, para concluir, respecto de aquel, si a la mentada relación llegó con la sociedad conyugal disuelta o por el contrario ésta solo se disolvió con su muerte o antes, por causas legales”.
1.2. Al respecto “se advierte que en el proceso no existe prueba que indique que el 20 de diciembre de 1982[,] cuando la señora YOLANDA MARGARITA NISPERUZA CAMPOS dice que inició su proyecto de vida personal con PEDRO JOSÉ CASTILLA CASTILLO, se encontraba disuelta la sociedad conyugal formada por el hecho del matrimonio contraído por [é]ste con la señora ILVIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ”, por lo que es factible “creer fundadamente que la misma subsistió más allá del inicio de la relación de pareja formada por ellos”.
1.3. La accionante, en los alegatos de conclusión, por una parte, aceptó la declaración rendida por el señor Miguel Antonio Lora Díaz, quien afirmó que los esposos Castilla – Hernández se separaron de hecho desde 1978, y, por otra, invocó equivocadamente la misma “como prueba de la disolución” de la respectiva sociedad conyugal, “sin percatarse” que esa circunstancia “no tiene virtud para enervar la presunción de existencia del vínculo patrimonial” formado “por el matrimonio que unía a los esposos hasta el fallecimiento del consorte, a cuya conclusión se llega, vista como está la ausencia de prueba del hecho contrario (disolución de la sociedad conyugal)”.
1.4. Se suma a lo anterior la “confesión” de la actora, contenida en el escrito de folio 17 del cuaderno principal, donde “asegur[ó], a tono con los testigos citados por ella, que ‘…al iniciar la vida en pareja (…) (el señor Castilla), se encontraba separado de hecho de quien figura como su esposa…’ corroborando con ello el incumplimiento del requisito previsto en la [l]ey de estar disuelta la sociedad conyugal”.
1.5. Imperioso es, por lo tanto, concluir “que al iniciar los señores PEDRO JOSÉ CASTILLA CASTILLO y YOLANDA MARGARITA NISPERUZA CAMPOS su vida en común el 20 de diciembre de 1982, el primero en su condición de casado (ver folio 11) arrastr[ó] consigo (…) la sociedad conyugal formada por el hecho del matrimonio, cuya vigencia extendida hasta su muerte (no existe prueba en contrario), impidió la generación a la vida jurídica de la pretendida sociedad patrimonial de hecho con su posterior pareja hoy demandante”.
2. Y, en segundo término, que la comunidad de vida de la actora y el señor Castilla Castillo no fue singular, ni permanente, temática en relación con la cual observó:
2.1. El prenombrado compañero “no solo siguió compartiendo simultáneamente con su esposa señora ILVIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, muy a pesar de haberse distanciado de ella, tal como lo indican las pruebas testimoniales[,] sino también con dos señoras identificadas como RAQUEL GUETTE y NADIS MANGONEZ (sic), con las que engendró hijos, en vigencia de la época en que también compartió su vida con la demandante”.
2.2. Las versiones suministradas por terceros, ilustran sobre esa pluralidad de relaciones coetáneas.
2.3. Además, “[n]o otra puede ser la conclusión a que se arriba cuando el Juzgado se percata que dos de los testigos[,] a su vez vecinos del matrimonio CASTILLA – HERNÁNDEZ, cuyas declaraciones obran a folio[s] 243 y 246 del expediente[,] dan cuenta de la convivencia matrimonial” (Yadala Jalile Silva y Haydee Vera Viuda de Becerra); y que el señor Antonio Castilla Castillo, en la declaración que rindió, se refirió con amplitud sobre la coexistencia de esos vínculos amorosos y aseveró que su hermano dormía cada noche con una distinta de tales mujeres.
2.4. Fuera de lo anterior, el testigo Lora Díaz aseguró que Pedro José Castilla Castillo, desde cuando dejó de vivir en la casa de su esposa y hasta el día en el que falleció, residió en su apartamento, afirmación que por sí sola descarta la convivencia permanente de éste con la actora.
EL RECURSO DE APELACIÓN
Como se sabe, lo interpuso la demandante. En las alegaciones de segunda instancia (fls. 7 a 35, cd. 5), lo sustentó con los planteamientos que enseguida se resaltan:
1. Respecto del primero de los fundamentos esgrimidos por el juzgado del conocimiento para negar las pretensiones, esto es, que la sociedad conyugal conformada entre Pedro José Castilla Castillo e Ilvia Hernández Hernández no se disolvió, expuso:
1.1. La Corte Constitucional, en diversos pronunciamientos, en particular, en la sentencia T-494 del 12 de agosto de 1992, dejó definido que el trabajo doméstico aportado por la mujer, no puede ser desconocido al momento de establecerse la existencia de una sociedad patrimonial entre concubinos, pues si así se hiciere, se vulnerarían los derechos fundamentales previstos en los artículos 13, 29 y 43 de la Constitución Política, aserto que sustentó con la extensa transcripción del indicado fallo.
1.2. De las “declaraciones de trabajadores, [a]migos, parientes y allegados a la pareja NISPERUZA y CASTILLA, no existe duda [del] hecho de [su] convivencia (…)”.
1.3. Igualmente quedó comprobado que los esposos Pedro José Castilla Castillo e Ilvia Hernández Hernández se separaron de hecho desde hace mucho tiempo y que no hubo ninguna reconciliación, menos, por iniciativa de la segunda, pese a lo cual ella ahora pretende favorecerse del hecho de no haberse disuelto la sociedad conyugal que tenía conformada con su marido, buscando así impedirle a la actora que materialice sus derechos de compañera permanente.
1.4. De las declaraciones rendidas por los señores Augusto Alfredo Alean Fernández, José Martín Salcedo Arnedo, Tomas José López Vega, Gustavo Adolfo Rojas Gabalo, Bárbara Bertilda Vidal Guerra, Jairo Enrique Murillo Sáenz, Bárbara Pinilla Hernández, Ricardo Padilla Erazo, Pedro Nel García Espitia, Miguel Pérez Garciofi, Jairo Ortega Galván y Manuel Felipe Nisperuza Tapia, así como del interrogatorio de parte absuelto por la señora Ilvia Hernández Hernández, elementos de juicio que el recurrente comentó uno a uno, se desprende la prueba tanto de la convivencia de la actora y el causante Castilla Castillo, así como de que, durante la vigencia de la misma, fruto de su trabajo conjunto y ayuda mutua, ellos adquirieron diversos bienes.
1.5. Se añade a lo anterior, la prueba documental recaudada en la diligencia de inspección judicial practicada el 5 de febrero de 2009 y el indicio grave derivado del hecho de que los accionados, con excepción de Miguel Ángel Castilla Hernández, no respondieron la demanda.
2. En lo tocante con las relaciones de Pedro José Castilla Castillo con otras mujeres, el apoderado judicial de la impugnante acotó:
2.1. Considerada la fecha de nacimiento de Fabián Germán Castilla Guette, se colige que el vínculo que aquél sostuvo con Raquel Guette, fue anterior a la convivencia con la aquí demandante.
2.2. A su turno, el trato con Nadys Mangones Ramos fue “una aventura oculta de la cual se tuvo conocimiento después de su muerte”.
3. Adicionalmente, el apelante comentó a espacio un fallo del Tribunal Superior de Bucaramanga, en el que, a su decir, dicha Corporación aplicó la excepción de inconstitucionalidad al requisito de que se hubieren disuelto, con anterioridad no menor a un año, las sociedades conyugales que los compañeros permanentes tuvieren vigentes, a efecto de que pueda presumirse que de la unión marital por ellos constituida surgió una sociedad patrimonial, según voces del literal b) del inciso 1º del artículo 2º de la Ley 54 de 1990.
4. De igual modo, el censor memoró el fallo de esta Corte que habilitó la aplicación retrospectiva de la Ley 54 de 1990.
CONSIDERACIONES
1. Como quedó indicado, dos fueron los argumentos en los que el a quo cimentó la decisión de negar las pretensiones formuladas en la demanda incoativa del proceso:
1.1. Por una parte, el incumplimiento de la exigencia consagrada en el literal b) del inciso 1º del artículo 2º de la Ley 54 de 1990, toda vez que habiendo sido casado el señor Pedro José Castilla Castillo, la sociedad conyugal que se conformó por el hecho de su matrimonio con Ilvia Hernández Hernández solamente vino a disolverse con ocasión del fallecimiento de aquél, ocurrido el 20 de diciembre de 1999.
1.2. Y por otra, que la unión marital sobre la que versó la acción, no fue singular, ni permanente, puesto que durante su existencia, el citado compañero sostuvo relaciones de pareja con las señoras Raquel Guette Santamaría y Nadys Mangones Ramos, con quienes procreó hijos, amén que desde cuando Pedro José Castilla Castillo dejó de residir en la casa de su cónyuge, se fue a vivir al apartamento de su amigo Miguel Antonio Lora Díaz, donde estuvo hasta el momento de su muerte.
2. Siendo ello así, propio es colegir que el Juzgado Segundo de Familia de Montería, al esgrimir, en frente de la súplica dirigida al reconocimiento de la “unión marital de hecho” entre la demandante y el causante Pedro José Castilla Castillo, el primero de los anotados argumentos, incurrió en el mismo desatino que la Corte detectó en el fallo del ad quem y que provocó su quiebre, pues para desestimar dicha solicitud aplicó requisitos que solamente conciernen con la “sociedad patrimonial entre compañeros permanentes” y que, por ende, no podían exigirse respecto de la indicada petición.
Así las cosas, pertinente resulta reiterar lo expuesto en el aludido fallo de casación, en el que, refiriéndose, sobre la “unión marital de hecho” y la “sociedad patrimonial entre compañeros permanentes”, la Sala puntualizó:
Como con facilidad se avizora, es ostensible la autonomía de las referidas figuras jurídicas, toda vez que cada una disciplina aspectos diversos de la familia constituida por lazos meramente naturales y responde a distintos requisitos:
a) La unión marital de hecho, concierne con la vida en común de los compañeros permanentes y exige para su configuración la decisión consciente de la pareja de unirse para conformar una familia y de que, como consecuencia de esa determinación, convivan en una relación singular y permanente.
b) La sociedad patrimonial irradia sus efectos solamente en el plano económico y deriva, en primer lugar, de la existencia de una unión marital de hecho y, en segundo término, de que como consecuencia del trabajo, ayuda y socorro mutuos de los compañeros permanentes, se haya consolidado un ‘patrimonio o capital’ común.
En el punto, cabe destacar que ‘[l]a sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, a que refiere el artículo 2° de la misma Ley 54 de 1990, si bien depende de que exista la ‘unión marital de hecho’, corresponde a una figura con entidad propia que puede o no surgir como consecuencia de la anterior, desde su inicio o durante su vigencia, siempre y cuando se cumplan los demás presupuestos que señala la norma’ (Cas. Civ., sentencia de 15 de noviembre de 2012, expediente No. 7300131100022008-00322-01).
(…) Ahora bien, si como al inicio de estas consideraciones se dejó precisado, el Tribunal sustentó la desestimación que hizo de la pretensión encaminada a que se reconociera la unión marital de hecho afirmada en la demanda, en la insatisfacción de los requisitos contemplados en el artículo 2º de la Ley 54 de 1990, surge ostensible el yerro jurídico en el que dicho sentenciador incurrió, pues tal precepto, según ya se observó, enuncia los eventos en que es dable presumir la existencia de la sociedad patrimonial, sin que, por lo mismo, esté relacionado con la unión marital de hecho y, mucho menos, con los presupuestos que la estructuran, de donde el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones que contempla la citada norma no podía ser el criterio que orientara la definición de la mencionada súplica, desatino que, por su significación y trascendencia, está llamado a provocar el quiebre del fallo de segunda instancia (se subraya).
Se colige, pues, que se equivocó el a quo cuando sustentó la desestimación de la pretensión dirigida al reconocimiento de la unión marital objeto de la acción, en la circunstancia de no haberse disuelto, con anterioridad a su iniciación, la sociedad conyugal conformada entre Pedro José Castilla Castillo e Ilvia Hernández Hernández, habida cuenta que tal requisito legal se refiere a la presunción de existencia de la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes, como con suficiente claridad lo consagra el literal b) del inciso 1º del artículo 2º de la Ley 54 de 1990.
3. Ahora, como la comentada negativa del sentenciador de primer grado igualmente se sustentó, en que el vínculo que ató a la gestora del litigio y a Castilla Castillo no fue singular, ni permanente, pasa la Corte al examen de este razonamiento, que como ya se consignó, fue igualmente blanco de ataque por parte del apelante:
3.1. Valorados tanto los testimonios recibidos en el curso de lo actuado, como los que la Corte, en la sentencia de casación, ordenó de oficio trasladar a este proceso, se concluye que con excepción de los vertidos por los señores Yadala Jalilie Silva, Ana Haydeé Vera de Becerra y Antonio Castilla Castillo, todos los deponentes se refirieron a la relación de pareja que existió entre la aquí demandante y Pedro José Castilla Castillo.
3.1.1. Es así como Bárbara Bertilda Vidal Guerra aseveró conocerlos desde mucho tiempo atrás, que la accionante “era [la] señora” del nombrado causante, que dicho vínculo “duró desde el año 82[,] a fines[,] que ellos se unieron a vivir[,] hasta que se murió” el último y que a éste “la única mujer que le conocí fue a Yolanda Nisperuza”.
Del mismo modo relató que, “en ese tiempo[,] en el año 78[,] a mediados del 78 llegué yo a la farmacia donde estaba Pedro José Castillo por una razón de negocios que yo tenía con [é]l, yo le vendía prendas a él, al salir del negocio yo le pregunté al señor Lora oye qu[é] le pasa al señor Pedro que lo veo todo raro?, me dice [é]l[,] lo que pasa es que don Pedro se separó con la señora que vivía en ese tiempo”.
Y más adelante refirió que “los padecimientos de salud que sufrió el señor Pedro José Castillo[,] uno de los tantos que fue un cateterismo que [le] hicieron en el hospital militar en Bogotá[,] no tengo claro el año, pero fue uno de los primeros padecimientos de él, fue la señora Yolanda la que viajó con [é]l, después le conozco otro padecimiento que fue cuando desafortunadamente lo metieron a la cárcel por un arma que tenía para su motel, fue la señora Yolanda, ese señor tenía ese sufrimiento después de salir de la cárcel que fue lo que le causó la muerte, en ese lapso de tiempo que el señor tuvo tod[a] esa cantidad de dificultades[,] quien estaba al frente de todos los negocios era la señora Yolanda Nisperuza Campo[s], quien hacía el mercado del motel, yo era una persona muy cercana a ellos, incluso [é]l me asignó un carro para trabajar en ventas, entonces a veces me tocaba ayudarle a la señora Yolanda a llevar el mercado allá al Motel” (fls. 216 a 219, cd. 1).
La precitada declarante, reiteró sus manifestaciones en el testimonio que, como prueba trasladada, milita en el expediente del folio 112 al 115 del cuaderno de la Corte.
3.1.2. Por su parte, Jairo Antonio Ortega Galván señaló que conoció a los señores Nisperuza Campos y Castilla Castillo en el mes de marzo de 1992, cuando los dos fueron a su casa “a solicitar mis servicios para que les vendiera boletas de su rifa”, propuesta que aceptó y que determinó el trato cercano que a partir de entonces tuvo con los dos.
Precisó que “ellos convivían, yo estaba creído que la esposa del finado era Yolanda porque yo cuando venía a retirar o a liquidar boletas la que me recibía y entregaba era ella y la que me liquidaba mis honorarios era ella”; que “desde el año 92 que yo los conocí convivieron hasta el día de su muerte”; que en una ocasión en la que estaba en el servicio de urgencias del Seguro Social, vio “que se baja Yolanda de la ambulancia porque llevaba grave al señor Pedro, casi enseguida llegó su hijo Miguel[,] me entero a los dos días que el señor había fallecido”; y que “yo en ningún momento conocí a otra mujer que conviviera con [é]l[,] porque yo siempre que venía a buscar o entregar boletas lo encontraba allí en su residencia barrio la Julia[,] [é]l autorizaba a Yolanda que me atendiera [ya] fuera para recibir (…) o para reportar boletas”.
Aseguró que no conoció, ni supo quién era la señora Ilvia Hernández Hernández, ni que el señor Castilla Castillo hubiese tenido relaciones de pareja con las señoras Raquel Guette Santamaría y Nadys Mangones Ramos, puesto que en todas las ocasiones que lo trató, “la única que yo vi trabajando hombro a hombro (…) con el finado fue a Yolanda[,] yo nunca conocí a las señoras antes mencionadas, desconocía que [él] mantuviera otras relaciones con otras mujeres” (fls. 227 a 230, cd. 1).
El testigo ratificó su exposición, en la declaración que rindió dentro del incidente de oposición que se tramitó en el proceso sucesoral de Pedro José Castilla Castillo, por solicitud de Yolanda Nisperuza Campos (fls. 127 a 128, cd. de la Corte).
3.1.3. El señor Miguel Antonio Lora Díaz, amigo muy cercano de Pedro José Castilla Castillo desde la juventud, indicó que conoció a la promotora de este juicio “desde el año 82”, porque “vivía con el señor PEDRO JOSÉ CASTILLA CASTILLO”.
Seguidamente aclaró que ese vínculo amoroso duró “desde que l[a] conocí hasta el día que [é]l falleció[,] los conocí en pareja” y que “siempre le conocí únicamente viviendo con Yolanda Nisperuza durante todo el tiempo que estuve con ellos”.
Preguntado sobre el matrimonio de Pedro José Castilla Castillo con Ilvia Hernández Hernández, manifestó que “reconozco la unión de ellos, mas nunca vi partidas de matrimonio ni cosas así porque nunca tuve acceso a ello, pero s[í] les conocí viviendo como pareja a Pedro José Castilla con Ilvia de la cual conocí tres hijos, Miguel, Angélica y Johny; reconozco que no tengo conocimiento si tuvieron separación de bienes, s[í] reconozco que la unión entre ellos dejó de ser por allá por los años 78[,] afirmo lo anteriormente dicho porque fui testigo de lo sucedido[,] el finado era padrino de una de las hijas mías, de mi hija mayor[,] nació en Medellín en el año 77 en un mes de mayo[,] el siguiente año lo invité a él a la fiesta de la hija a Medellín o sea en el año 78 en el primer cumpleaños y [é]l me acompañó[,] al regresar[,] a los tres o cuatro días de[l] regreso de Medellín a Montería[,] nuevamente el finado Pedro José Castilla Castill[o] me enteró de una situación de disgusto que había tenido con la señora Ilvia, decidieron desde esa fecha[,] [é]l decidió por cuestiones de incomprensión la disolución de [la] pareja que tenía[,] se presentó el mismo día a mi apartamento a las pocas de haber llegado de Medellín con una maleta que dejó depositada en mi apartamento para que se la guardara porque había sido echado de su casa, desde ese día Pedro Castilla y Miguel Lora compartieron apartamento y durante todo el lapso hasta que él falleció no tuve conocimiento ni presencial ni por manifestación de él[,] de que habían vuelto a unirse”. Al final de la diligencia, sobre el mismo punto, añadió: “desde el día que Pedro José Castilla se separó de do[ñ]a Ilvia en ningún instante los volví a ver juntos[,] afirmo esto porque permanecía yo con la pareja Nisperuza – Castilla”.
En cuanto hace a la situación económica del señor Castilla Castillo, expresó que en el tiempo que estuvo casado con Ilvia Hernández Hernández “no tenía grandes cosas[,] le conocí un negocio pequeño de una farmacia donde [é]l se rebuscaba [el] diario con los productos (…) que vendía”; “me consta que todo lo consiguió bajo la unión [con] Yolanda Nisperuza”; y que “respecto a lo que ella pretende defender[,] le concedo suma razón en que lo haga[,] porque me consta que ella hizo eso hombro a hombro con [é]l, lo digo porque yo mantenía constante con ellos ahí en su casa y no conocí otra mano produciendo lo que hoy en día hay” (fls. 233 a 237, cd. 1).
3.1.4. Bárbara Pinilla Hernández manifestó que distinguió a Pedro José Castilla Castillo “cuando me casé con Rodrigo Negrete hace más de 16 años, lo mismo a Yolanda Nisperuza que era la señora de él (…). La relación[,] fuimos amigos de Yolanda y Pepe, ellos no invitaban a la casa[,] ellos vivían al frente de la Kola Romá[n], y más adelante vivían en el laboratorio y después Pepe comenzó a construir un apartamento que [es] donde actualmente vive Yo[la]nda”.
Comentó que “ellos trabajaban los dos, siempre trabajó [con] Pepe[,] le colaboraba en el Laboratorio PECAC”; y que en lo “referente a la rifa[,] Pepe prácticamente le deja[b]a eso a ella porque lo sabía manejar muy bien y s[í] trabajaba con municipios con venta de droga” (fls. 103 a 105, cd. de la Corte).
3.1.5. En consonancia con lo anterior, el señor Gustavo Adolfo Rojas Gabalo, dueño de dos emisoras en la ciudad de Montería, dijo conocer a los nombrados señores como pareja desde hacía 15 años atrás, porque residían juntos en la casa de enfrente de las instalaciones de radio “Olímpica”.
Indicó que Castilla Castillo contrataba con él las pautas publicitarias para sus negocios, cuyo costo era sufragado por Yolanda Nisperuza Campos.
Puntualizó que “[c]onozco a Pepe y su señora Yolanda desde hace mucho tiempo, siempre en el lugar[,] en la 21 frente a estudios de la Olímpica, calle 21 frente a la Olímpica, (…), al lado de la residencia de don pepe, donde siempre me atendía para darme la publicidad[,] habitaba el laboratorio, [el] cual era independiente de su casa donde residía, siempre me llamaba para hablar cualquier cosa y mensualmente me tocaba visitar esa residencia para cobrar la mensualidad de la publicidad que era cancelada por la señora Yolanda”.
Añadió que a “la señora Yolanda siempre la conocí en el inmueble[,] nunca vi persona diferente a ella en el sitio[,] además siempre que se me cancelaba[,] ella era quien me entregaba cheque o plata a nombre de la publicidad que me autorizara el señor Pepe Castillo”; y seguidamente clarificó: “Bueno yo creo que la señora Yolanda Nisperuza, desde que yo la conozco[,] la conozco en el inmueble frente a Olímpica, debe ser la dueña porque no he visto a otra persona en esa residencia diferente a Pepe Castillo, bueno, todas las mañanas la señora Yolanda desde la cinco, que entro yo a trabajar[,] la veo haciéndole el aseo a la casa, por fuera y por dentro y como tengo tantos años de verla en la casa es la propietaria de dicha residencia”.
Aseguró que “[s]iempre conocí a Yolanda Nisperuza trabajando codo a codo con el señor Pepe Castillo y conozco esto porque a la mayoría de sus negocios les hacía la publicidad este servidor[,] quien me cancelaba era la señora Yolanda Nisperuza”; y que “[n]o se quién es la señora ILVIA HERNÁNDEZ, no la conozco ni la he oído mencionar nunca[,] no se quién es, ni nunca la he visto por los alrededores[,] ni vi[vi]endo en la casa frente a Olímpica” (fls. 105 a 108, cd. de la Corte).
3.1.6. El químico farmacéutico José Martín Salcedo Arnedo admitió conocer a la aquí demandante, a Pedro José Castilla Castillo y a Ilvia Hernández Hernández “hace unos 18 años”. Precisó que con el segundo “trabajé (…) como director técnico del laboratorio”.
Preguntado sobre “si Usted conoció a la señora Yolanda Nisperuza trabajando en el comercio, conjuntamente con el señor Pedro Castilla para adquirir el bien que hoy ocupa ubicado en la calle 21 # 13-29 y desde cuándo”, contestó: “Sí[,] manifiesto que s[í] la conocí trabajando y que el conocimiento que tengo de eso es de unos 18 años” (fls. 108 y 109, cd. de la Corte).
3.1.7. El señor Manuel Felipe Nisperuza Tapia, padre de la demandante, narró que “Don PEPE se comprometió con la hija mía YOLANDA NISPERUZA CAMPO[S] hace 18 años, ellos desde un principio estaban trabajando juntos en el comercio, vi[a]jaba a [M]aicao YOLANDA y traía electrodomésticos, en la calle 21 frente a Radio Olímpica” (fls. 117 y 118, cd. de la Corte).
3.1.8. Un familiar de la aquí demandante, quien dijo conocerla desde niña, el señor Pedro Nel García Espitia, declaró que ella “vivía con el difunto Pedro José Castilla y en varias ocasiones fui a visitarle”; que “todas las veces que he visitado a la señora Yolanda en la vivienda de dos pisos está ella sola últimamente porque anteriormente vivía con el señor José Castilla”; que conoció a éste último; y que en muchas ocasiones se encontró con él “en algunos sitios de billar y siempre lo veía a él y a ella juntos en el carro, (…), en consecuencia siempre los veía a ellos dos al tiempo” (fls. 122 a 124, cd. de la Corte).
3.1.9. Miguel Mariano Pérez Carcioffi explicó que a “la señora Yolanda s[í] la conozco desde el año 89 que me mudé a la 21 con circunvalar[,] viviendo ella en la casa de dos pisos recién hecha con el difunto don Pedro”. Insistió en que “yo siempre los vi viviendo a Yolanda con don Pedro desde que me mudé a la 21”.
Advirtió que a la señora “Ilvia Hernández la estoy viendo hace dos años después de la muerte de don [P]epe que se mudó a la casa donde quedaba el laboratorio de don [P]epe, pegado a la sala de velación San Luis. Y la señora Yolanda vive en la casa de dos pisos”.
Respecto del desempeño laboral de la señora Nisperuza Campos, adujo que “tengo entendido que ellos tenían una rifa don Pepe y ella[,] era la que recibía el dinero[,] era la que cobraba la rifa” (fls. 125 y 126 cd. de la Corte).
3.2. De esos testimonios, valorados individualmente y en conjunto, se desprende, como una realidad inocultable, que desde finales del año 1982, los señores Yolanda Nisperuza Campos y Pedro José Castilla Castillo vivieron juntos como marido y mujer, compartiendo todos los aspectos de su existencia, relación que perduró hasta cuando el segundo falleció, lo que tuvo ocurrencia el 20 de diciembre de 1999, conforme el registro de defunción que obra a folio 10 del cuaderno principal.
Nótese cómo, a decir de los relacionados declarantes, los nombrados residieron bajo un mismo techo, primero en inmediaciones de las instalaciones de la empresa “Kola Román” y luego en el barrio “La Julia”, avenida circunvalar con calle 21, en una casa que construyeron con recursos propios.
Del mismo modo se destaca que, no obstante que algunos deponentes describieron con mayor amplitud y detalles la vida conjunta de los señores Nisperuza Campos y Castilla Castillo, mientras que otros lo hicieron de manera muy puntual, es lo cierto que todos se refirieron a ellos como pareja, al punto que algunos pensaron, por el comportamiento que apreciaron en los dos, que eran esposos.
Del relato de la señora Bárbara Bertilda Vidal Guerra se extracta que fue Yolanda Nisperuza Campos quien colaboró con Pedro José en las enfermedades que padeció y cuando estuvo privado de su libertad, ocasiones en las que ella estuvo al frente de sus negocios; y de la versión suministrada por Jairo Antonio Ortega Galván se infiere que fue la primera, quien llevó al segundo al servicio de urgencias del Seguro Social en Montería cuando falleció, habiéndose presentado allí luego el hijo mayor del causante, señor Miguel Antonio Castilla Hernández.
Tales circunstancias permiten reiterar, de un lado, que el vínculo que ellos mantuvieron fue constitutivo de una unión marital de hecho y, de otro, que el mismo se extendió hasta el deceso del compañero permanente.
Se desprende, además, de la mayoría de los analizados testimonios, que la aquí demandante laboró al lado del señor Castilla Castillo, durante todos los años que estuvieron juntos.
3.3. Esa constatación no fue desvirtuada con las declaraciones de los señores Yadala Jalilie Silva, Ana Haydeé Vera de Becerra y Antonio Castilla Castillo, como pasa a examinarse:
3.3.1. La primera de tales deponentes, en audiencia realizada el 19 de febrero de 2007, expresó que “Pedro fue un gran amigo mío y vecino por varios años”. Señaló que primero lo conoció a él y que “poco tiempo después[,] cuando [é]l montó una farmacia frente a mi casa[,] (…) tuvo la oportunidad de presentarme a su señora esposa la señora Ilvia Hernández, eso fue hace más de treinta y cinco años”.
Al ser preguntada de si se enteró que los mencionados cónyuges se hubieren separado, contestó: “yo siempre conocí al señor Pedro José Castilla viviendo con su señora esposa, iban y salían juntos de su farmacia que estaba al frente de mi residencia”.
En relación con los bienes dejados por aquél al morir, manifestó que “fueron adquiridos en compañía de su esposa porque siempre los veía unidos[,] juntos[,] y me consta que ellos nunca fueron separados”.
Explicó que asistió “a tres o cuatro reuniones sociales a las cuales fuimos invitados ambos Pedro José y yo y a todas esas reuniones Pedro José asistió con su esposa, igual que mi persona”. Más adelante reiteró que la señora Ilvia Hernández “fue siempre compañera de trabajo y de vida conyugal de Pedro José Castilla”.
Al ser interrogada, de un lado, sobre “d[ó]nde vivían y trabajaban conjuntamente Pedro José e [I]lvia Hernández”, respondió que ellos “llegaban y salían juntos cuando cerraban el negocio nunca tuve la curiosidad de preguntarles d[ó]nde vivían[,] supe que tenían varios negocios”; y, de otro, respecto al año en el que ocurrieron esos hechos, manifestó que “ya he dicho[,] precisar los años resulta difícil, pero más o menos de los años 75 para acá”.
Indicó que conoció a los tres hijos de la citada pareja, cuando estaban pequeños; que el único negocio de ellos que apreció personalmente, fue “la farmacia” ubicada al frente de su casa; y que supo, por comentarios de propio Pedro José, que había instalado “un laboratorio (…) y también años más tarde (…) que tenía o había montado un motel” (fls. 243 a 245, cd. 1).
3.3.2. Ana Haydeé Vera de Becerra, en la misma audiencia, relató que conoció a Pedro José Castilla Castillo “en 1969; en primer lugar éramos vecinos de negocios y en segundo lugar nos relacionábamos como amigos comerciales”.
Puso de presente que en ese entonces el nombrado “tenía una farmacia en la 2ª con 36 y 37” y que tanto a él como a su esposa, señora Ilvia Hernández Hernández, “siempre los he visto con sus hijos, con sus obligaciones, con sus negocios[,] juntos[,] no he visto ninguna clase de separación”.
Advirtió que aquél “siempre (…) presentaba a su esposa Ilvia Hernández” y que constantemente la apreció “con su esposo al frente de sus negocios”.
A los interrogantes relativos a si sabía que el señor Castilla Castillo hubiese vivido con mujeres distintas a su esposa en diversas direcciones, expresó que se enteró “que tuvo hijos”, pero no “que viviera con ninguna de ellas”, y que “todo el tiempo lo conocí viviendo con la señora Ilvia Hernández”.
La testigo aportó, en copia informal, documentos, según ella, representativos de pagos que hizo la señora Ilvia Hernández Hernández, con ocasión de la muerte del señor Castilla Castillo, en torno de los cuales explicó que “los adquirí para testificar que ella ha sido su compañera, esposa” (fls. 246 a 248, cd. 1).
3.3.3. El señor Antonio Castilla Castillo, hermano de Pedro José, se refirió a la aquí demandante como la “amante de don Pedro”, relación respecto de la que observó que duró “unos añitos”. Adelante aclaró que “yo veía que llegaban allí al motel porque en ese momento trabajaba allí”.
Expuso que el nombrado “[n]o tenía residencia fija[,] [é]l era muy mujeriego y una noche dormía aquí y otra allá y ese es el problema que le ha resultado hoy día, [é]l no tenía mujer fija, una noche iba con Ilvia al motel y dormía con ella allá, otra noche con Yolanda[,] [o]tra noche con Raquel y otra con Nadis y de tantas otras más”. Adelante reiteró que “[é]l con todas esas niñas dormía[,] [é]l no tenía un solo dormitorio, tenía varios porque fue un hombre sumamente mujeriego”.
Tildó de falsas las afirmaciones, en primer lugar, de que su hermano y la señora Ilvia Hernández Hernández se hubieren separado en algún momento, en pro de lo cual aportó diversas fotografías; y, en segundo término, de que los bienes que aquél adquirió, lo fueron con la ayuda de la aquí demandante. Sobre el particular aseveró, en forma insistente, que quien trabajó al lado de Pedro José fue su cónyuge (fls. 255 a 257, cd. 1).
3.4. Examinada la declaración de la señora Yadala Jalilie Silva se encuentra que ella sustentó su versión, en el conocimiento que tuvo de Pedro José y de su cónyuge, Ilvia Hernández Hernández, algo más de treinta y cinco años atrás, es decir, antes de 1982, tiempo en el que ellos tuvieron al frente de su casa una farmacia, hecho que en los restantes elementos de juicio recaudados, especialmente, en las declaraciones de Bárbara Bertilda Vidal Guerra y Miguel Lora Díaz, se registró también como anterior al inicio de la unión marital base de esta acción.
Así las cosas, propio es colegir que las afirmaciones que ella hizo sobre la vida en común que entonces hacían los esposos Castilla – Hernández, corresponden al tiempo que precedió el comienzo del trato amoroso que se dispensaron aquél y la promotora de esta controversia, lo que explica que la testigo solamente hubiese conocido a los tres hijos de la pareja cuando estaban pequeños.
Los hechos posteriores que la deponente narró, no fueron percibidos por ella directamente, sino que le fueron comentados por el propio Pedro José Castilla Castillo, de modo que es entendible que la testigo no hubiese conocido la residencia de éste, ni los negocios que tuvo y, en general, las particularidades de su vida personal.
3.5. A su turno, la señora Vera de Becerra limitó su exposición a sostener la convivencia permanente de los esposos Castilla – Hernández, pero sin exponer “la razón de la ciencia de su dicho[,] con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento”, cual lo exige el numeral 3º del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil.
Mirada su declaración, ningún fundamento fáctico se encuentra en ella a sus afirmaciones relativas a que “siempre” apreció a los citados cónyuges juntos, al lado de sus hijos y al frente de los negocios que tenían; y a que ellos nunca se separaron.
Se suma a lo anterior que es visible el ánimo que tuvo la declarante de favorecer a la señora Ilvia Hernández Hernández, toda vez que aportó al proceso documentos que necesariamente tenían que estar en poder de esta última, quien no contestó la demanda y, por lo mismo, no los allegó oportunamente.
3.6. Ninguna credibilidad ofrece el testimonio de Antonio Castilla Castillo, por cuanto si, a su propio decir, Pedro José e Ilvia Hernández Hernández nunca se separaron, no se entiende su afirmación de que las relaciones íntimas de ellos acaecieron en el motel del que era propietario el primero, como si los dos no tuvieran un hogar establemente conformado.
Igual acontece con su aseveración de que, en la misma época, su hermano pernoctaba en ocasiones con Raquel Guette, cuando valoradas todas las pruebas, como más adelante se analizará, se concluye que dicha relación terminó antes de que empezara la que aquél tuvo con la aquí demandante, cuyo inicio data de finales de 1982.
Cabe advertir, además, que este testimonio adolece del mismo defecto señalado respecto del de Ana Haydeé Vera de Becerra, pues el declarante no indicó la razón de sus afirmaciones, ni la forma como obtuvo el conocimiento de los hechos que relató, sin que sea suficiente que se tratara del hermano de Pedro José Castilla Castillo, o que hubiese trabajado en el motel de propiedad de éste, desempeño que no se sabe cuándo tuvo ocurrencia, puesto que de esas circunstancias -el parentesco y el supuesto nexo laboral-, no puede deducirse la existencia de un vínculo cercano entre ellos y menos de uno que le permitiera a aquél, saber los pormenores de la vida privada del último.
4. Colocadas a lado del primer grupo de testigos atrás identificado las declaraciones de las señoras Jalilie Silva y Vera de Becerra y, si se quiere, la del señor Antonio Castilla Castillo, pese a su falta de credibilidad, así como la prueba documental allegada, en concreto, los registros civiles de matrimonio de Pedro José Castilla Castillo con Ilvia Hernández Hernández (fl. 11, cd. 1), de nacimiento de sus hijos Miguel Ángel y Angélica María (fls. 15 y 16, cd. 1), de defunción de Johnny José Castilla Hernández (fl. 12, cd. 1) y de nacimiento de Pedro José y Fabián Germán Castilla Guette (fls. 19 y 20, cd. 1), así como de Pedro Xavier Castilla Mangones (fl. 17, cd. 1), se concluye, en definitiva, lo siguiente:
4.1. Los citados esposos contrajeron nupcias, por el rito católico, el 10 de mayo de 1968, momento para el cual ya habían procreado a su hijo mayor, Miguel Ángel Castilla Hernández, quien nació el 19 de diciembre de 1967.
4.2. Dicho vínculo perduró hasta el mes de mayo de 1978, tiempo en el cual nacieron Johnny José, el 13 de marzo de 1969, y Angélica María, el 1º de julio de 1974.
4.3. En el lapso comprendido entre mayo de 1978 y finales de 1982, el señor Pedro José Castilla Castillo se relacionó con Raquel María Guette Santamaría, sin que se conozca el tiempo de permanencia de ese lazo afectivo y sus características. Fruto del mismo, nacieron Pedro José Castilla Guette, el 15 de febrero de 1980, y Fabián Germán Castilla Guette, el 28 de marzo de 1983.
4.4. Cuando la anterior relación terminó, la señora Guette Santamaría se encontraba embaraza de su segundo hijo.
4.5. A finales de 1982 empezaron a convivir, como marido y mujer, la aquí demandante, Yolanda Margarita Nisperuza Campos, y el señor Pedro José Castilla Castillo, unión que existió hasta el fallecimiento del último, que tuvo ocurrencia el 20 de diciembre de 1999.
4.6. Durante la vigencia de la unión antes referida, el señor Castilla Castillo procreó con Nadys del Socorro Mangones Ramos a Pedro Xavier, quien nació el 14 de abril de 1998, suceso que no comportó, de un lado, que entre ellos dos hubiese surgido una relación de pareja; y, de otro, que la que existía entre aquél y Yolanda Margarita Nisperuza Campos, se hubiere desquiciado en lo más mínimo.
5. Ese encadenamiento de los hechos desvirtúa que, paralelamente al vínculo marital de los señores Nisperuza Campos y Castilla Castillo, éste hubiese tenido relaciones del mismo linaje con otras personas, menos con Raquel María Guette Santamaría, pues el nexo que mantuvo con ella fue anterior al primeramente identificado, o con Nadys del Socorro Mangones Ramos, toda vez que el ligamen que se suscitó entre ellos, fue meramente pasajero.
Por lo tanto, nada hay probado en el proceso que infirme el carácter singular y permanente de la unión marital que existió entre los señores Nisperuza Campos y Castilla Castillo, de lo que se sigue que el a quo erró, igualmente, cuando estimó que, en el caso de dicho vínculo, no se cumplían las señaladas características.
6. Añádese a lo anterior, que revisada la declaración del señor Miguel Lora Díaz, atrás compendiada, mal puede colegirse que dicho testigo sostuvo que desde cuando Pedro José Castilla Castillo se separó de hecho de su esposa Ilvia Hernández Hernández -en mayo de 1978- y hasta cuando murió, el 20 de diciembre de 1999, residió en su apartamento.
Por el contrario, según ya se hizo notar, el deponente aseveró, por una parte, que desde cuando Pedro José se separó de su cónyuge, ellos nunca restablecieron su relación; y, por otra, que aquél, desde 1982 y hasta cuando falleció, siempre convivió con Yolanda Margarita Nisperuza Campos.
Así las cosas, tampoco había lugar a que el juzgador de primera instancia, soportado en la comentada declaración, hubiese colegido que Castilla Castillo “no pudo haber compartido” su vida “con la demandante”, inferencia que, por lo tanto, fue resultado de la tergiversación que del referido testimonio hizo dicha autoridad.
7. De lo hasta aquí estudiado se concluye que habrá de revocarse el fallo de primera instancia para, en su defecto, declarar que entre los señores Yolanda Margarita Nisperuza Campos y Pedro José Castilla Castillo existió una unión marital de hecho.
Ahora bien, como se probó que su inicio se dio a finales de 1982, se fijará como fecha cierta del comienzo de la misma, el 1º de enero de 1983. En cuanto hace a su finalización, quedó establecido que dicho vinculó perduró hasta el 20 de diciembre de 1999, día en el que falleció el señor Castilla Castillo.
8. Queda por ver, si de dicha unión marital de hecho surgió o no una sociedad patrimonial entre los mencionados compañeros permanentes, aspecto del litigio en relación con el cual son pertinentes las siguientes apreciaciones:
8.1. No hay duda de que Pedro José fue casado con la señora Ilvia Hernández Hernández, conforme se desprende del registro civil que milita en el folio 11 del cuaderno principal del expediente.
8.2. Igualmente, en la medida que en el proceso no se comprobó que con anterioridad al deceso de aquél se disolvió la sociedad conyugal que se conformó entre ellos, sin que su separación de hecho sea causa legal para ello, forzoso es colegir que tal circunstancia solamente se produjo como consecuencia de la muerte de Castilla Castillo, acaecida, como viene de decirse, el 20 de diciembre de 1999.
8.3. En relación con los requisitos para la configuración de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, la Corte ha señalado:
8.3.1. En un primer pronunciamiento, que:
(…) para que se presuma la existencia de una sociedad patrimonial entre los miembros de la pareja, denominados legalmente compañeros permanentes, que habilite declararla judicialmente, el artículo segundo exige una duración mínima de dos años, si no tienen impedimento para contraer matrimonio; y si alguno o ambos lo tienen, ‘que la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas… ( )’.
(…) Dentro de ese contexto brota evidente que el legislador sabedor de que muchas son las uniones de hecho que se integran con personas que son o han sido casadas con terceros, previó que no concurrieran dos sociedades patrimoniales, la conyugal que se conformó por razón del matrimonio anterior y la patrimonial entre compañeros permanentes; igualmente previó que si uno de los compañeros permanentes contrae matrimonio con persona distinta, se disuelve la sociedad marital patrimonial precedente (CSJ, SC del 20 de septiembre de 2000, Rad. n.° 6117; se subraya).
8.3.2. Con apoyo en ese pensamiento, posteriormente, la Sala adoptó el fallo en el que declaró insubsistente el requisito de la “liquidación” de la sociedad conyugal preexistente en relación con uno o con ambos compañeros permanentes, previsto en el literal b) del inciso 1º del artículo 2º de la Lay 54 de 1990, proveído que por su importancia cabe memorar a espacio:
Según el espíritu que desde todo ángulo de la ley se aprecia, así de su texto como de su fidedigna historia, en lo que, por lo demás, todos a una consienten, el legislador, fiel a su convicción de la inconveniencia que genera la coexistencia de sociedades -ya lo había dejado patente al preceptuar que en el caso del numeral 12 del artículo 140 del código civil, el segundo matrimonio no genera sociedad conyugal, según se previó en el artículo 25 de la ley 1ª de 1976, que reformó el 1820 del código civil- aquí se puso en guardia nuevamente para evitar la concurrencia de una llamada conyugal y otra patrimonial; que si en adelante admitía, junto a la conyugal, otra excepción a la prohibición de sociedades de ganancias a título universal (artículo 2083 del código civil), era bajo la condición de proscribir que una y otra lo fuesen al tiempo. La teleología de exigir, amén de la disolución, la liquidación de la sociedad conyugal, fue entonces rigurosamente económica o patrimonial: que quien a formar la unión marital llegue, no traiga consigo sociedad conyugal alguna; sólo puede llegar allí quien la tuvo, pero ya no, para que, de ese modo, el nuevo régimen económico de los compañeros permanentes nazca a solas. No de otra manera pudiera entenderse cómo es que la ley tolera que aun los casados constituyan uniones maritales, por supuesto que nada más les exige sino que sus aspectos patrimoniales vinculados a la sociedad conyugal estén resueltos; (…).
Parece ser el momento propicio para puntualizar que, con arreglo a lo dicho, no es cierto que los viudos, por el hecho de tales, fueron exceptuados por la ley y que frente a ellos no cabe exigir la liquidación de la sociedad conyugal. Porque si lo que se busca es atajar a toda costa la multiplicidad de sociedades, en principio el asunto debe predicarse de todos los eventos en que exista ese riesgo, sin que importe averiguar, subsecuentemente, por la existencia de impedimentos para contraer matrimonio, como con desventura pudiera inferirse de las descuidadas voces del segundo artículo de la ley comentada. Y son descuidadas porque de primera intención pareciera que la liquidación de la sociedad conyugal sólo se exige para quienes, además, tuvieran impedimento para casarse, pues que aquel requisito no figura sino en la segunda de las hipótesis de la norma. Pero, lo erróneo está en creer que donde no haya impedimento para casarse, no hay que hablar, por sustracción de materia, de sociedad conyugal, suponiéndose equivocadamente que allí no pueden haber sino solteros, y de ahí que el artículo comentado nada dijese sobre liquidaciones en la primera hipótesis; se olvidó que personas hay como los viudos que, sin tener impedimento para casarse, tuvieron sociedad conyugal, disuelta sí por causa de la muerte del cónyuge, pero aún sin liquidarse. Lo propio cabe decir frente al caso de nulidad de matrimonio: desaparecido el lazo matrimonial no tienen por este aspecto impedimento para casarse de nuevo, pero pueden cargar ilíquida la sociedad (…).
Pero el caso es que, con todo, la recurrente ha planteado a la Corte el tema, netamente jurídico por cierto, y de ahí que lo haya hecho por la vía directa, de saber si la falta de liquidación de la sociedad conyugal empece la sociedad patrimonial; ya se vio que el hecho de la viudez no exonera de la liquidación consagrada en la ley. Pero como para la Corte la tal liquidación no ha de exigirse a nadie, ni viudos ni no viudos, es por lo que el cargo demanda el análisis pertinente, para lo cual se vale la Corte de las siguientes apuntaciones:
Puestas así las cosas, al pronto surge que la norma, al llegar hasta exigir en tales eventos la liquidación de la sociedad conyugal, sin ningún género de duda fue a dar más allá de lo que era preciso para lograr la genuina finalidad que se propuso; porque si el designio fue, como viene de comprobarse a espacio, extirpar la eventual concurrencia de sociedades, suficiente habría sido reclamar que la sociedad conyugal hubiese llegado a su término, para lo cual basta simplemente la disolución. Es esta, que no la liquidación, la que le infiere la muerte a la sociedad conyugal. (…) lo destacable para el caso de ahora es que cuando ocurre cualquiera de las causas legales de disolución, la sociedad conyugal termina sin atenuantes. No requiere de nada más para predicar que su vigencia expiró. En adelante ningún signo de vida queda. (…).
Que la mera disolución es lo que a la conyugal pone fin, lo dice el hecho de que justo es en ese momento cuando queda fijado definitivamente el patrimonio de ella, es decir, sus activos y pasivos, y entre unos y otros se sigue una comunidad universal de bienes sociales, administrados en adelante en igualdad de condiciones por ambos cónyuges (o, en su caso, por el sobreviviente y los herederos del difunto). En dicha comunidad apenas sí tienen los cónyuges derechos de cuotas indivisas, y se encuentran en estado de transición hacia los derechos concretos y determinados; como en toda indivisión, allí está latente la liquidación. Pero jamás traduce esto que, en el interregno, la sociedad subsiste, porque, como su nombre lo pone de relieve, la liquidación consiste en simples operaciones numéricas sobre lo que constituye gananciales, con el fin de establecer qué es lo que se va distribuir, al cabo de lo cual se concreta en especies ciertas los derechos abstractos de los cónyuges. Es, en suma, traducir en números lo que hubo la sociedad conyugal, desde el momento mismo en que inició (el hecho del matrimonio) y hasta cuando feneció (disolución); ni más ni menos. En términos más elípticos, liquidar lo que acabado está.
Sea lo que fuere -se replicará-, así y todo esté de más, la ley exigió la liquidación, y el tribunal, en lo suyo, no hizo más que aplicarla. Cierto. Empero, lo discurrido no ha sido en balde, porque lleva por propósito demostrar cómo todo ello tiene, debe tener, su connotación por causa de la entrada en vigencia, poco más de seis meses después de la de aquella, de la Carta Política de 1991, que elevó precisamente a rango constitucional el derecho que la citada ley había reconocido, vale decir, el de que a la creación de la familia podía llegarse por lazos meramente naturales, con tal que exista en ello una voluntad libre y responsable, y que el Estado y la sociedad garantizan su protección integral (artículo 42). El asunto ya no es meramente legal. De tal suerte que cualquier análisis en torno al punto impone necesariamente adelantarlo con vista en los nuevos valores y principios constitucionales que, por razones palmarias, en su sazón no pudo la ley conocer. Y es aquí donde al rompe se nota que no se compadece con la Carta que una cosa visiblemente innecesaria tenga el poder de anonadar el derecho sustancial, cuya primacía asegura aquella; porque difícilmente podría explicarse que en un Estado edificado sobre el fin de garantizar un orden político, económico y social justo, se permita que los derechos de las personas que han cumplido con la quintaesencia de lo que es la unión marital de hecho, después de consagrados esfuerzos comunes para subvenir las necesidades familiares, incluida quizá la prole, se escapen, como azogue de entre los dedos, no más que por el prurito legal de algo que sobra como es la liquidación de una sociedad conyugal anterior; cuando menos sería un valladar que no guarda ninguna proporcionalidad, absolutamente desmesurado; y es igualmente difícil imaginar que de modo tan rudo se lograra alcanzar lo que la misma ley previó expresamente: corregir una fuente de injusticias para un número creciente de compatriotas que, a falta de protección legal, ven desaparecer el fruto del ‘esfuerzo compartido’. Es abiertamente injusto que lo sustancial dependiese por entero de lo trivial. ¿Se puede ser áspero y blando a la vez?. Y mayormente si, por otra parte, la liquidación es asunto que suele quedar al arbitrio de los cónyuges, o ex-cónyuges en su caso, por supuesto que el ordenamiento no hace imperioso que ella se cumpla en un tiempo determinado; e inicuo fuera que, al amparo de esto, precisamente no se liquidara para eludir los derechos surgidos de la unión marital; aserto que de suspicacia no tiene mucho, pues qué pensar de una persona que forma nueva pareja pero se refugia luego en semejante pretexto liquidatorio; y qué de aquella otra (o eventualmente de sus herederos) que a despecho de ver que su cónyuge se marchó de su lado y hace comunidad de vida con otro, no hace nada por liquidar la sociedad conyugal.
Por otra parte, y quizás en esto haya una razón bastante más apreciable, ha de verse en ello un trato desnivelado; sábese que para contraer segundas nupcias lo más que exige la ley es que, y sólo por salvaguardar los intereses de los hijos menores, se confeccione previamente un inventario solemne -cosa extensible cuando en vez de un nuevo matrimonio se quiere formar la unión marital de hecho, según sentencia C 289 de 2000-; pero no demanda, a buen seguro porque lo sabe anodino, que la sociedad conyugal anterior esté liquidada; se conforma con que apenas esté disuelta. Demandar más, e innecesariamente, por el sólo hecho de no observar la forma matrimonial, compromete el trato igualitario a que aspira la Constitución; e incluso en la misma ley 54 puede palparse la disparidad, (art. 5, letra b) en cuanto conviene ella en que el solo hecho del matrimonio de uno de los compañeros disuelve la sociedad patrimonial, lo que es admitir que la sociedad conyugal podría emerger sin necesidad de liquidarse la patrimonial.
Por todo lo visto, dentro del espíritu de la Constitución no tiene justificación el exigir la tal liquidación de la sociedad conyugal, razón que conduce a afirmar que por causa del tránsito normativo esa parte de la ley 54 deviene insubsistente. Rememórase a este propósito la legendaria regla según la cual la Constitución tiene la virtud ‘reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente’, de tal suerte que toda disposición legal ‘anterior a la constitución y que sea claramente contraria a su letra o a su espíritu, se desechará como insubsistente’ (art. 9° de la ley 153 de 1887); regla esa que con mayor énfasis ha de predicarse hoy por fuerza de que la Carta actual se define como ‘norma de normas’ (art. 4°) (CSJ, SC del 10 de septiembre de 2003, Rad. n.° 7603).
Entonces, aunque la ausencia de impedimento para contraer matrimonio puede venir del estado de soltería, del divorcio o de la nulidad del matrimonio, en verdad en todos esos casos no se está indagando genuinamente por la suerte del vínculo matrimonial, sino que ellos se incluyen porque hay subyacente un común denominador: la sociedad conyugal ha quedado disuelta. No obstante, en los casos que acaban de citarse, es posible que a pesar de la ausencia de vínculo, los antiguos socios aún arrastren una sociedad sin liquidar, lo cual no empece, según se dijo en el precedente, para que se constituya la sociedad patrimonial a que alude la Ley 54 de 1990. Síguese de lo anterior, que desaparecida la exigencia de liquidación, porque esta norma de carácter legal ‘deviene insubsistente’ por la entrada en vigor de la nueva Constitución, no hay razón alguna para la diferencia entre quienes carecen de vínculos matrimoniales y quienes aún los tienen, pues en cualquier caso la única exigencia por hacer es la de que los convivientes que tuvieron sociedad conyugal la hayan disuelto, por cualquiera de las causas del artículo 1820 del Código Civil.
Y si el presupuesto es que la sociedad anterior haya sido disuelta, no hay diferencia importante entre las hipótesis a) y b) del artículo 2° de la Ley 54 de 1990, pues así como hay personas sin impedimento legal para contraer matrimonio, pero con la sociedad disuelta, también hay personas con impedimento legal para contraer matrimonio, igualmente con la sociedad conyugal disuelta. Por tanto, unos y otros cumplen con el ideario de la ley ‘porque si el designio fue, como viene de comprobarse a espacio, extirpar la concurrencia de sociedades, suficiente habría sido reclamar que la sociedad conyugal hubiese llegado a su término, para lo cual basta simplemente la disolución…’. Por consiguiente, si lo fundamental es la disolución, por qué imponer a quienes mantienen el vínculo, pero ya no tienen sociedad vigente, un año de espera que a los demás no se exige.
Síguese de lo dicho, que la indagación es una y muy sencilla: saber cuál era la situación de aquel que se apresta a iniciar la vida de pareja, y de él, de modo general y salvo contadas excepciones, sólo interesa saber si tiene una sociedad conyugal vigente o si esta se ha disuelto. De quienes hállanse sin impedimento legal para contraer matrimonio, la respuesta es obvia, o bien jamás la han tenido: los solteros, o bien la tuvieron pero ya la disolvieron como los viudos, los divorciados y quienes lograron el decreto de nulidad de su matrimonio. Y al lado de ellos están todos quienes, aún con impedimento legal para contraer matrimonio por vínculo preexistente, ya no llevan consigo sociedad conyugal, como quienes la han disuelto voluntariamente.
Sentado ya que la condición de partida aplicable en este preciso caso es que la sociedad conyugal se halle disuelta, según la jurisprudencia que se ha citado, es imposible negar que la disolución tiene un carácter instantáneo, claramente distinguible en un momento determinado, es decir por virtud de un solo acto la sociedad conyugal pasa el umbral que separa la existencia de la disolución. Y si ello es así, no hay lugar para indagar qué función puede cumplir algún plazo de espera antes de iniciar una nueva convivencia.
(…)
Dicho en compendio, en punto de hallarse habilitado para iniciar la comunidad de vida permanente y singular, no se justifica hacer ninguna diferencia entre quienes tienen vínculo anterior y quienes no, pues lo fundamental es que quienes conforman esa nueva familia, hayan disuelto la sociedad conyugal anterior, si es que la tuvieron, pues como se dijo en el tantas veces citado fallo la cuestión es ‘rigurosamente económica o patrimonial’. Y si se dijera en contrario, que hay algún privilegio para quienes no tienen vínculo patrimonial, grupo al que pertenecerían los viudos y los divorciados, obsérvese que estos pueden traer consigo una sociedad conyugal sin liquidar, y otro tanto puede suceder a quienes tienen vínculo matrimonial anterior y han disuelto, pero no liquidado la sociedad conyugal. Y si como se dijo en el precedente citado, la ausencia de liquidación no impide la conformación de la unión marital de hecho, la exigencia común a todos es la disolución de la sociedad conyugal, de manera que no ha de indagarse sobre quiénes han terminado el vínculo y quiénes no, pues lo verdaderamente importante es saber si se ha disuelto la sociedad conyugal. Y si unos y otros han cumplido con la exigencia básica, disolver la sociedad conyugal anterior, qué justificaría imponer a quienes mantienen un vínculo un año de espera después de la disolución de la sociedad conyugal (CSJ, SC del 4 de septiembre de 2006, Rad. n.° 1998-00696-01).
8.3.4. Posteriormente, la Corte insistió en que:
(…) La unión marital de hecho, bien se sabe, supuestos los elementos que la caracterizan, tiene la virtud de hacer presumir la sociedad patrimonial, siempre que aquélla haya perdurado un lapso no inferior a dos años, con independencia de que exista impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, pues si concurre, por ejemplo, un vínculo vigente de la misma naturaleza, lo único que se exige para que opere dicha presunción, es la disolución de las respectivas sociedades conyugales, que es cuando el estado abstracto en que se encontraban, por el simple hecho del matrimonio, se concretan y a la vez mueren, y no su liquidación.
Con ello, desde luego, lo que se propuso el legislador fue evitar la preexistencia de sociedades conyugales y patrimoniales entre compañeros permanentes, porque como lo tiene explicado la Corte, ‘si el designio fue, como viene de comprobarse a espacio, extirpar la eventual concurrencia de sociedades, suficiente habría sido reclamar que la sociedad conyugal hubiese llegado a su término, para lo cual basta simplemente la disolución (…)’.
(…).
Ahora, si en la misma sentencia se dijo que el impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, se entroncaba con una cuestión ‘estrictamente económica o patrimonial’, esto significa que la preexistencia de una sociedad conyugal no es óbice para iniciar una vida de pareja, porque como allí mismo se dijo, ‘la ley tolera que aun los casados constituyan uniones maritales’. Distinto es que, en esos casos, para el surgimiento de la sociedad patrimonial se requiera la disolución de las sociedades conyugales y dos años como mínimo de convivencia marital.
Recapitulando, entonces, se tiene que es factible la existencia de uniones maritales sin la presunción de sociedad patrimonial, cual acontece en todos los casos en que la vida marital es inferior a dos años, o en los eventos en que pese a ser por un tiempo mayor, subsiste la limitante derivada del impedimento legal para contraer matrimonio, como es la vigencia de la sociedad conyugal. Por lo mismo, hay lugar a dicha presunción, supuesto el citado requisito temporal, cuando entre los compañeros permanentes no concurre tal impedimento, o existiendo, la respectiva sociedad conyugal llegó a su fin por el fenómeno de la disolución.
Desde luego, si en este último evento, lo relativo a la liquidación se entiende insubsistente, incluido el año de gracia, la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes debe presumirse existente a partir de la disolución de la sociedad conyugal derivada de un matrimonio anterior (…).
(…) Puestas así las cosas, claramente se advierte que el Tribunal no incurrió en los errores iuris in judicando que se le imputan, al dejar establecida la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes dentro de los extremos temporales dichos, de una parte, porque la consolidación de la convivencia marital por un término no inferior a dos años, únicamente se entronca con dicha sociedad, y de otra, porque existiendo impedimento legal para contraer matrimonio, la nueva relación patrimonial surge a partir de la disolución de la sociedad conyugal anterior, que no un año después de su liquidación (CSJ, SC del 22 de marzo de 2011, Rad. n.° 2007-00091-01).
8.3.5. En tiempo más próximo, en un caso de similares proporciones al presente, la Corporación, luego de memorar buena parte de los precedentes jurisprudenciales antes reseñados, apuntó:
Como puede advertirse, resulta equivocada la hermenéutica del Tribunal frente a la citada disposición, en virtud de que la jurisprudencia ha precisado que para la conformación de la ‘unión marital de hecho’, no constituye obstáculo el que ambos compañeros o alguno de ellos tenga ‘sociedad conyugal’”, pues esta circunstancia según quedó visto, en principio obstaculiza es el surgimiento de la ‘sociedad patrimonial’, cuando no se encuentra disuelta, en esencia para evitar la confusión de universalidades patrimoniales, por lo que acorde con esa orientación, se reclama únicamente la ocurrencia de ésta, mas no su ‘liquidación’.
Obsérvese que el sentenciador, no obstante vislumbrar que las condiciones para la configuración de la ‘unión marital de hecho’ se derivan del precepto 1º de la Ley 54 de 1990, las cuales halló probadas, desestimó esa súplica de la actora con base en el literal b) artículo 2° del aludido texto, al verificar que su compañero ‘tenía impedimento legal para contraer matrimonio y su sociedad conyugal anterior no había sido disuelta ni liquidada’.
Lo señalado evidencia sin hesitación alguna, que es indebida la aplicación de la última disposición reseñada, toda vez que la misma no establece requisitos concernientes a la ‘unión marital de hecho’, por lo que para su estructuración ninguna incidencia tiene que ambos o alguno de los integrantes de la pareja tenga ‘matrimonio’ anterior o ‘sociedad conyugal no disuelta ni liquidada’, ya que su existencia se predica a partir de la demostración de que haya ‘una comunidad de vida permanente y singular’.
Frente a la ‘sociedad patrimonial entre compañeros permanentes’, aunque la citada norma consagra uno de los supuestos que autoriza su declaración judicial, específicamente ‘[c]uando exista unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas (…)’, el ad quem no anduvo acertado en su entendimiento jurídico, porque de conformidad con los precedentes jurisprudenciales reseñados, para su configuración es suficiente que ‘la sociedad conyugal del vínculo matrimonial anterior a la unión marital se halle disuelta’, hecho éste que el Tribunal consideró no había sido demostrado y, en este escenario extraordinario, en virtud de la causal invocada, el recurrente no puede válidamente controvertir ese argumento.
(…) De lo antes expuesto se colige que el embate planteado por la censura alcanza éxito parcial y enerva la decisión de segundo grado en el punto que confirmó la prosperidad de la ‘excepción de inexistencia de unión marital de hecho’, al igual que la denegación de la pretensión que alude a esa ‘comunidad de vida’, por lo que en tales aspectos se casará el fallo impugnado.
Así mismo, de conformidad con el penúltimo inciso del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, hay lugar a rectificación doctrinaria en cuanto el sentenciador estimó que para el surgimiento de la ‘sociedad patrimonial entre compañeros permanentes’, se requería no solo la ‘disolución’, sino la ‘liquidación de la sociedad conyugal del anterior matrimonio’ y que ese acto se hubiere cumplido ‘por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho’, toda vez que acorde con la reseñada doctrina de esta Corporación, ha de entenderse insubsistente en esos aspectos el ‘literal b) artículo 2º de la ley 54 de 1990’ (CSJ, SC del 28 de noviembre de 2012, Rad. n.° 2006-00173-01; se subraya).
8.4. Forzoso es colegir, consiguientemente, que entre los señores Nisperuza Campos y Castilla Castillo, pese a que existió una unión marital de hecho, como aquí habrá de reconocerse, no surgió la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, debido al hecho de que la sociedad conyugal que se conformó por el hecho del matrimonio del último con la señora Ilvia Hernández Hernández, sólo vino a disolverse como consecuencia del fallecimiento de aquél, circunstancia que evidencia la insatisfacción de los requisitos legales para que ello tuviera ocurrencia.
8.5. Por virtud de lo anterior, se negará la pretensión dirigida al reconocimiento de la antedicha sociedad patrimonial.
9. En cuanto hace a las excepciones meritorias propuestas por el único demandado que contestó la demanda, señor Miguel Ángel Castilla Hernández, que denominó “[i]legitimidad en la causa por activa” y “por pasiva”, fincadas en el matrimonio del señor Pedro José Castilla Castillo con la señora Ilvia Hernández Hernández y, particularmente, en que la sociedad conyugal entre ellos conformada, sólo se disolvió como consecuencia de la muerte del primero, la Corte las desestimará en frente de la unión marital de hecho que aquí habrá de declarar, puesto que ninguna de esas circunstancia impide el surgimiento de la misma.
Respecto de la súplica encaminada al reconocimiento de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, no hay lugar a efectuar pronunciamiento alguno en torno de los indicados mecanismos defensivos, habida cuenta el fracaso de dicha solicitud.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, actuando en sede de segunda instancia, REVOCA la sentencia dictada en este asunto el nueve (9) de junio de dos mil diez (2010), por el Juzgado Segundo de Familia de Montería y, en su defecto, RESUELVE:
Primero: Declarar que entre los señores YOLANDA MARGARITA NISPERUZA CAMPOS y PEDRO JOSÉ CASTILLA CASTILLO, ya fallecido, existió una unión marital de hecho desde el primero (1º) de enero de mil novecientos ochenta y tres (1983) y hasta el veinte (20) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), fecha del deceso del último.
Ofíciese como corresponda, para que de la determinación precedente se tome nota en los registros civiles de nacimiento de los citados compañeros.
Segundo: Negar las restantes súplicas de la demanda, en todo aquello que no quedó contemplado en el punto que antecede.
Tercero: Desestimar las excepciones de “[i]legitimidad en la causa por activa” y “por pasiva”, propuestas por el accionado Miguel Ángel Castilla Hernández, frente a la única pretensión que se halló prospera.
Sin costas en casación, por la prosperidad del recurso.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA