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AC2982-2021 (2021-02239-00)
AC2982-2021
Radicación n.°11001-02-03-000-2021-02239-00
Bogotá, D. C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Trece Civil del Circuito de Cali (Valle), Cuarenta y Tres y Veintitrés Civiles del Circuito de Bogotá.
1. Inversiones Arango Acosta S.A.S. pidió que se declarara civilmente responsables a Jenniffer Soto Muñoz, Jaime Salazar Ramírez, Mauricio Contreras Peña, las sociedades Profactor S.A.S., Horacio Guzmán Velasco & Cia. S en C., Infovox Soluciones de Telecomunicaciones Ltda., M&H Inversiones S.A.S. y Acción Sociedad Fiduciaria S.A., esta última en calidad de «titular jurídico de los bienes que conforman el Fideicomiso FA-804-Inversiones MARY», por haber utilizado de manera «ilícita» a la demandante para «celebrar operaciones de mutuo mercantil de dinero», con el propósito de «apalancar otros fideicomisos» administrados por la compañía fiduciaria demandada, actos jurídicos que tienen relación con la modificación realizada al contrato de fiducia mercantil celebrado entre la convocante y la fiduciaria convocada. En consecuencia, solicitó se declarara la «inoponibilidad y/o inexistencia y/o nulidad y/o ineficacia» de los actos que se derivaron de aquellas negociaciones y la condena por los perjuicios patrimoniales y «extrapatrimoniales» padecidos. [Archivo digital Cuaderno 1 Ppal.].
2. La convocante afirmó que la competencia estaba radicada en los jueces del municipio de Cali debido a «la naturaleza del asunto y al domicilio de las partes» [Ibídem].
3. El Juzgado Trece Civil del Circuito de la localidad aludida, a quien correspondió la causa por reparto, en proveído de 11 de noviembre de 2020 declaró probada la excepción previa de falta de competencia que propusieron Acción Sociedad Fiduciaria S.A. y Profactor S.A.S., con fundamento en que el pleito atañe a un negocio fiduciario, en esa medida, «debe darse estricta aplicación a lo dispuesto por el citado artículo 1241 del C. de Co. Que a la letra impone: “Será juez competente para conocer de los litigios relativos al negocio jurídico, el del domicilio fiduciario”», así que dispuso la remisión del asunto a los jueces civiles del circuito de Bogotá, ciudad donde tiene su sede la compañía fiduciaria [Archivo digital 11 Declara Probada Excepción Previa].
4. Las empresa convocante instauró acción de tutela contra el estrado referido, con el fin de que se dejara sin valor ni efecto la decisión en mención, a lo cual accedió la Sala Civil del Tribunal Superior de la urbe memorada en fallo de 20 de enero pasado, tras considerar que en la resolución de la defensa dilatoria se incurrió en «falta de motivación», pues nada se dijo sobre «las implicaciones que para el caso tiene la existencia de los otros demandados y sus domicilios para los efectos de lo prescrito en el numeral 1º del artículo 28 [del Código General del Proceso]» y lo estatuido en el numeral 5º Ibídem. Así que dispuso se resolviera de nuevo el medio exceptivo y se realizara «la devolución del expediente por el juez del circuito de Bogotá DC, de haberse remitido ya». [Archivo digital 06].
5. En atención de lo anterior, el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de esta capital, autoridad a quien fueron asignadas las diligencias, las devolvió al estrado primigenio.
6. En cumplimiento de la orden constitucional, mediante auto de 26 de enero hogaño el Despacho Trece Civil del Circuito de Cali nuevamente declaró probada la excepción previa de marras, con fundamento en que no había lugar a la aplicación de los «numerales 1º y 5º del artículo 28 del C. G. del P.», toda vez que, si bien las pretensiones del escrito inaugural van encaminadas a cuestionar varias «relaciones contractuales», entre las que se encuentra un «negocio fiduciario», se imponía el «fuero privativo y excluyente de la Sociedad Acción Fiduciaria arrastrando la competencia a su domicilio, pues así lo impone perentoriamente el artículo 29 del C. G. del P. al señalar “es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes”», de modo que, remitió otra vez la controversia a los enjuiciadores de esta capital. [Archivo digital 018].
7. Al recibir el expediente, el Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de Bogotá también se negó a impartirle trámite, pues «ya había sido remitido previamente y había sido conocido por el Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogotá», entonces, con arreglo a las «reglas de reparto vigentes», se envió a esta última autoridad. [archivo digital 001].
8. Luego de un sinnúmero de remisiones y devoluciones entre los jueces de Bogotá involucrados en la presente definición de competencia, en proveído del 15 de junio de los cursantes el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de esta última ciudad se rehusó a asumir el conocimiento del litigio, con sustento en que, de un lado, «la asignación hecha inicialmente a este Juzgado quedó nulitada por la orden impartida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali a través de la salvaguarda constitucional» y; de otra parte, de cara a lo dispuesto en el artículo 28 de la nueva ley de enjuiciamiento civil, el Juzgado originario es «también competente para adelantar esta clase de proceso, de manera que lo esbozado por el mentado estrado judicial, no es razón válida para despojarse del conocimiento de la causa». [Archivo digital 05 AutoNoAvoca].
9. Planteado de esa manera el conflicto de competencia, se dispuso el envío del expediente a la Corte, quien lo decidirá, de acuerdo con la atribución dispuesta en los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009, pues involucra a juzgados de distintos distritos judiciales.
II. CONSIDERACIONES
1. De entrada advierte la Corte que una de las pretensiones de la compañía demandante Inversiones Arango Acosta S.A.S., dentro del juicio objeto de la presente definición de competencia, fue que se declarara que tanto la «modificación del contrato de fiducia mercantil» suscrito entre aquella y Acción Sociedad Fiduciaria S.A., como los actos que de éste se derivaron, son «negocios jurídicos que no corresponden a una verdadera declaración de voluntad», pues se celebraron y ejecutaron «con el fin de defraudar los intereses patrimoniales de la sociedad fideicomitente». Bajo ese derrotero, el Juzgado Trece Civil del Circuito de Cali (Valle) estimó que las aspiraciones del escrito inaugural también iban encaminadas a cuestionar el «negocio fiduciario» referido, por tal razón, debía aplicarse el artículo 1241 de la codificación mercantil, accediendo a la excepción previa de falta de competencia y remitiendo las diligencias a sus homólogos de Bogotá.
2. Con vista en lo anterior, al tenor de lo estipulado por el numeral 1º del artículo 28 de la nueva ley de enjuiciamiento civil, «en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante» (subraya la Sala).
De igual manera, el numeral 3º de la disposición legal memorada establece, que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita» (resalta la Corte).
Por su parte el numeral 5º del mismo canon preceptúa, que «[e]n los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta».
2. Aunado a lo anterior, el artículo 1241 del Código de Comercio prevé, que «[s]erá juez competente para conocer de los litigios relativos al negocio fiduciario, el del domicilio del fiduciario». Sin embargo, con relación a la interpretación de este último mandato, al interior de la Sala se han preconcebido dos posiciones.
2.1. Una de ellas está orientada a que la codificación mercantil es «prevalente», pues allí se consagró una regla de competencia en consideración a la «calidad de las partes», por ende, en armonía con lo preceptuado en el canon 29 del Código General del Proceso, prima el criterio «personal» sobre los demás factores territoriales contenidos en la normatividad procesal civil, de modo que, el estrado llamado a asumir el conocimiento de las controversias surgidas con ocasión del «negocio fiduciario» es el del «domicilio del fiduciario». En palabras de la Corte:
«Es pertinente señalar, de inicio, que a voces del artículo 1241 del Código de Comercio, ‘[s]erá juez competente para conocer de los litigios relativos al negocio fiduciario, el del domicilio del fiduciario’, pauta de asignación de competencia expresa, que, además, no parece establecer el domicilio del fiduciario como fuero concurrente, sino exclusivo, y excluyente del régimen general previsto en el artículo 28, numeral 1, del Código General del Proceso (que opera ‘salvo disposición legal en contrario’).
Nótese que en el citado canon 1241 del estatuto mercantil no se incluyeron expresiones como ‘es también competente’ o ‘serán competentes, a prevención’, que suelen usarse para denotar la existencia de foros distintos, cuya concreción pende de la elección del demandado; además, no puede presumirse que la asignación de competencias que realiza el legislador sea a prevención, salvo que se exprese lo contrario, pues ello impediría entender cabalmente ese tipo de pautas del ordenamiento».
Por lo tanto, «para resolver el conflicto presentado se hace necesario aplicar las reglas de prevalencia de la competencia previstas en el canon 29 ejusdem, que dispone que ‘es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes’; lo que se traduce en que, en este puntual asunto, la regla preponderante es la prevista en la codificación mercantil, pues allí se toma en cuenta, precisamente, una característica personal (la calidad de fiduciario) de uno de los extremos de la controversia» (AC2290-2019, 14 jun.).
2.2. La otra tesis defiende que la ley comercial no contempló un «fuero privativo» de imprescindible acatamiento por los litigantes, por el contrario, estipuló una posibilidad adicional para que éstos puedan acudir a la administración de justicia en busca de obtener la solución de las controversias asociadas al «negocio fiduciario» (AC5520-2018, 19 dic.).
De esta manera, «no se puede hablar de una cuestión prevalente, como en cierta ocasión y para un asunto similar lo sostuvo la Sala. El factor subjetivo, donde juega papel preponderante la ‘calidad de las partes’, no se encuentra en juego y no se pude confundir con los fueros para establecer competencia dentro del factor territorial. La entidad fiduciaria, como sujeto de derechos y obligaciones, carece de una cualificación especial, pues no es aforada en los términos del artículo 30, numeral 6º del Código General del Proceso» y «como no se trata de una competencia privativa dentro de fueros o foros territoriales, radicada la demanda en la mencionada ciudad, la elección de la demandante no pudo ser inopinada. En efecto, así no lo haya explicitado, pero que aparece implícito, allí se encuentra ubicado el domicilio de una de las sociedades demandadas» (AC1528-2020, 21 jul.; criterio reiterado en AC3670-2020, 18 dic.).
3. Con vista en lo anterior, este Despacho acogerá la última de las posturas expuestas, pues, ciertamente, de la lectura del artículo 1241 de la regulación mercantil no se infiere una competencia «exclusiva» en cabeza de las autoridades judiciales de la sede del «fiduciario» para adelantar los conflictos atinentes al «negocio fiduciario», por el contrario, dicho mandato prevé un criterio complementario a los previstos en el canon 28 de la nueva ley de enjuiciamiento civil.
Nótese que si el querer del legislador era imponer un fuero «privativo» para el trámite de las contiendas originadas en el «negocio fiduciario» así lo hubiese decretado, como sí lo hizo expresamente, verbigracia, en los procesos donde interviene como parte un menor de edad (numeral 2º artículo 28 C.G.P.); o en los que se ejercitan derechos reales (numeral 7º Ibídem); o en los concursales y de insolvencia (numeral 8º Ibídem); o en los litigios en los que la Nación o una entidad pública es parte (numerales 9 y 10 Ibídem). En esas condiciones, se debe entender que el precepto comercial aludido es un factor territorial adicional con el que cuenta la parte para acudir a la jurisdicción.
4. Aplicadas las anteriores premisas a la colisión bajo examen, se tiene que el litigio planteado por la sociedad Inversiones Arango Acosta S.A.S., tiene que ver con la responsabilidad contractual porque la representante legal suplente y otros trabajadores de aquella utilizaron de manera «ilícita» a dicha compañía para «celebrar operaciones de mutuo mercantil de dinero», con el propósito de «apalancar otros fideicomisos» administrados por la compañía fiduciaria demandada, actos jurídicos que fueron consecuencia de la modificación realizada al contrato de fiducia mercantil celebrado entre la convocante y la fiduciaria convocada; por manera que, la controversia gira en torno del contrato de fiducia celebrado entre las partes y su modificación, la cual dio paso a las operaciones comerciales aludidas. De ahí que, concurrían en este evento varios fueros, esto es, el general que prevé el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, así como los contemplados en los numerales 3º, 5º Ibídem y el previsto en el artículo 1241 del Código de Comercio.
Entonces, la empresa accionante tenía la potestad de preferir el juzgado que por el factor territorial debía desatar la controversia. Es así como podía optar por los jueces de Cali, lugar de arraigo de la mayoría de las personas naturales y jurídicas llamadas a juicio [archivo digital Cd. 1 Principal], así como el sitio de cumplimiento de las obligaciones de los negocios demandados [Ibídem], o los funcionarios judiciales de la ciudad de Bogotá, en donde estaba asentado el domicilio principal de la compañía fiduciaria atacada.
Con vista en lo anterior, el extremo activo dentro de ese elenco contaba con la oportunidad de escoger el juez competente encargado de tramitar la controversia que plantean en la demanda y, en ejercicio de esa facultad legal lo atribuyó, claramente, al juzgador de Cali, dado que allí se encuentran domiciliados Jenniffer Soto Muñoz y Jaime Salazar Ramírez, así como las sedes principales de las sociedades Profactor S.A.S., Horacio Guzmán Velasco & Cia. S en C., Infovox Soluciones de Telecomunicaciones Ltda. y M&H Inversiones S.A.S., esto es, quienes integran la parte antagonista.
5. En consecuencia, si con fundamento en las prerrogativas que la ley les otorga, la compañía actora seleccionó a los estrados de Cali y ello se ajusta a lo informado en la demanda, es este y no los jueces de Bogotá, quien debe continuar con el adelantamiento de la contienda, como en efecto se dispondrá ordenando la remisión del expediente a dicha autoridad, por ser la competente para seguir conociendo del mencionado proceso, y se informará de esta determinación a los otros funcionarios involucrados en la colisión que aquí queda dirimida.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Trece Civil del Circuito de Cali (Valle), es el competente para asumir el conocimiento del juicio de responsabilidad civil contractual referenciado.
SEGUNDO: Remitir el diligenciamiento a ese despacho judicial para que continúe con el trámite del proceso.
TERCERO: Comunicar esta decisión a los Juzgados Cuarenta y Tres y Veintitrés Civiles del Circuito de Bogotá, y a las partes e intervinientes en el juicio.
Notifíquese,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada