Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
AC504-2021 (2020-03476-00)
AC504-2021
Radicación n° 11001-02-03-000-2020-03476-00
Bogotá, D.C., primero (1°) de marzo de dos mil veintiuno (2021).
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Quinto Civil del Circuito de Sincelejo y Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá.
ANTECEDENTES
1. Ante el primer despacho, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), formuló demanda de expropiación contra José Francisco Silgado Acosta, para que se le autorice intervenir el predio denominado “El delirio” situado en el Municipio de Santiago de Tolú y fijó la competencia territorial por «el lugar donde está ubicado el inmueble, por la naturaleza del asunto y la cuantía» (folios 1 a 14., cno. 1). (fls. 1 al 15, c.1).
2. La autoridad seleccionada lo repelió fundada en la posición que concretó la Sala de Casación Civil en AC140-2020 y lo remitió a la capital del país para que fuera repartido entre los estrados de esa circunscripción territorial.
3. El otro despacho judicial involucrado también se abstuvo de conocerlo, con estribo en que debe ser asumido por el Juzgado Civil del Circuito de Sincelejo, en virtud de la regla prevista en el numeral séptimo, artículo 28 del Estatuto Procesal Civil, ya que el predio a intervenir se localiza en San Onofre, Sucre. Por tanto, suscitó el conflicto negativo de competencia que se entrar a zanjar.
CONSIDERACIONES
1.- Comoquiera que la divergencia que se analiza se trabó entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le concierne dirimirla como superior funcional común de ellos, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como lo establecen los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el 7º de la 1285 de 2009.
2.- Para distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales asentadas en la geografía nacional, el ordenamiento acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. Mediante el primero, indica cuál es el juez que en razón de la circunscripción debe conocer del litigio, y para concretarlo establece los «foros o fueros», de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos se acude al «personal» que radica la competencia en el del lugar del domicilio del demandado, o en el de su residencia; además, consagra otros especiales, como el denominado por la doctrina «forum rei sitae» o «real», referido al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicación de los bienes objeto de la lid. Igualmente, impone el fuero contractual, según el cual es llamado a conocer el asunto el fallador del lugar de cumplimiento de las obligaciones emanadas de un negocio jurídico, entre otros.
Varios de esos fueros pueden confluir en una misma causa, lo cual genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger entre ellos, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a zanjar la disputa; empero, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y privativamente determina la potestad, indicando de forma precisa y categórica el funcionario que con exclusión de cualquier otro está llamado a encarar el debate.
Frente a este último punto, en CSJ AC4079-2019, la Corte reiteró lo dicho en AC3744-2018, en cuanto a que:
«(…) el concepto «privativo» que constituye el común denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones señaladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa índole (…)».
Ahora bien, atinente a las contiendas sobre expropiación, el numeral 7º del artículo 28 ejusdem fija una «competencia privativa» con base en la cual asigna en forma exclusiva, única y excluyente al juzgador del lugar donde esté el bien involucrado en la litis el deber de conocerlas, en cuanto prescribe que «[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (…) en los de expropiación….», será competente, «de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante», siendo ese un claro ejemplo de fuero real exclusivo.
No obstante, el numeral 10º, ejusdem, previene que «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad», de donde emerge otro fuero privativo de carácter general o personal que se funda en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio.
Como en muchas ocasiones la demandante es una entidad que responde al memorado criterio subjetivo y es vecina de una provincia distinta de aquella donde se encuentra el inmueble objeto de la intervención, deviene palmario que en la práctica surge un enfrentamiento entre los parámetros atributivos en comento.
Dilema que conforme el criterio mayoritario de la Sala plasmado en AC140-2020, del que el suscrito ponente disintió con salvamento de voto, pero que en sometimiento a los principios de igualdad y seguridad jurídica aplica ahora, tiene solución en el inciso primero del artículo 29 del Código General del Proceso, según el cual «es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes», por lo que en todos los trámites en donde participe un organismo de linaje público habrá de preferirse su «fuero personal».
En tal sentido, en dicha providencia se concluyó que «la colisión presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7° (real) y 10° (subjetivo) del artículo 28 del Código General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ibídem, razón por la que prima el último de los citados».
Aunque esa solución se dio en un certamen de imposición de servidumbre, la regla de juicio que allí se empleó, esto es, la competencia prevalente del factor subjetivo en atención a la calidad de los extremos (núm 1º art. 29 ibídem), resulta aplicable a cualquier otro pleito en que sea parte una entidad de aquellas a que se refiere el numeral 10º del artículo 28 ibídem.
3.- Con ese panorama, bien pronto se observa que el juzgado de Bogotá se equivocó al rehusar el conocimiento de este asunto, comoquiera que olvidó la doctrina que la Sala consolidó en CSJ AC140-2020, la que, aplicada a este asunto, respalda la posición del estrado de Sincelejo, toda vez que la promotora es una entidad pública y, por tanto, resulta aplicable el fuero personal del numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso que contempla un evento constitutivo del factor subjetivo, el cual tiene prelación (art. 29) y hace que la atribución sea improrrogable y quede por fuera del poder de disposición de los contendores procesales al tratarse de un tema de orden público, que es imperativo y, por ende, de obligatorio cumplimiento para las partes y también para el juez.
4.- Por tanto, al ser el domicilio de la entidad demandante Bogotá, según se desprende de la demanda y sus anexos, es ese y no otro el lugar donde debe ser adelantado este ritual, por lo que se ordenará remitir la actuación al funcionario que generó el conflicto para que la asuma y se comunicará lo definido al otro estrado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar que el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá es el competente para conocer la causa de la referencia.
Segundo: Enviar el expediente al citado Despacho e informar lo decidido al otro estrado judicial.
Tercero: Librar, por secretaría, los oficios correspondientes.
Notifíquese,
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado