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ATC1003-2021
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
Radicación n.° 08001-22-13-000-2020-00536-01
Bogotá, D. C., trece (13) de julio de dos mil veintiuno (2021).
1. Correspondería decidir la impugnación incoada por Laboratorio Clínico Falab S.A.S. frente a la sentencia emitida el pasado 21 de junio por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que negó la acción de tutela que aquélla incoó contra el Liquidador del Programa de Salud en Liquidación de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba -COMFACOR, si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse.
2. Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el a-quo incurrió en la causal de nulidad prevista en el numeral 8º del artículo 133 del Código General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisión del precepto 4º del Decreto 306 de 1992.1
Ello porque no vislumbra la Corte que haya enterado del inicio del presente trámite constitucional a todos los acreedores e intervinientes en el marco del proceso liquidatorio de La Caja de Compensación Familiar de Córdoba -COMFACOR, a fin de que pudieran ejercer su derecho de defensa y contradicción, siendo evidente el interés directo en lo que aquí se llegue a definir porque la accionante pretende que se retrotraigan las actuaciones mediante las cuales, en tal juicio, se dispuso no tener en cuenta las acreencias que presentó.
Se advierte que la notificación de tales sujetos ha de efectuarse de manera directa, sin que sea válida tal comunicación a través de apoderados judiciales o agentes oficiosos que allí los representen, pues cuando al fallador le resulte realmente imposible la notificación personal, como último remedio incluso puede acudir al llamado edictal, en los términos que reiteradamente lo ha expuesto esta Corporación.
3. Por ese sendero, se recuerda que el precepto 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas «a las partes o intervinientes», con lo que se garantiza la citación al trámite de los terceros determinados o determinables con interés legítimo en él, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se dé cumplimiento al debido proceso.
Sobre el particular, la Corte Constitucional enfatizando la necesidad de enterar de la iniciación de la tramitación a todos los directamente interesados en sus resultas, ha señalado que:
…lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garantía procesal…. Si bien es cierto que esta Corporación ha afirmado que la obligación de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligación de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificación, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal al demandado sea óbice para que el juez intente otros medios de notificación eficaces, idóneos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculación efectiva de aquel contra quien se dirige la acción. La eficacia de la notificación, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integración del contradictorio se torne particularmente difícil, el juez se encuentre frente a una obligación imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acción, el juez deberá actuar con particular diligencia; así, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificación personal, el juez deberá acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificación que estime expeditos, oportunos y eficaces…
La Corte ha hecho énfasis en que lo ideal es la notificación personal y en que a falta de ella y tratándose de la presentación de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados “por edicto publicado en un diario de amplia circulación, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitación del notificado un aviso, etc.”, y adicionalmente, valiéndose de una radiodifusora e incluso, como recurso último, mediante la designación de un curador… (CC A-018/05).
4. La anterior circunstancia, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acción, tras determinarse todos los acreedores e intervinientes en el marco del proceso liquidatorio de La Caja de Compensación Familiar de Córdoba -COMFACOR, debió producirse su vinculación y enteramiento, toda vez que al omitirlas les fue impedido intervenir en ese particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendieran hacer valer.
5. Por lo consignado, se devolverá el expediente a la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla para que adelante nuevamente la actuación que por esta vía se declara nula.
DECISIÓN
Con base en lo expuesto, el despacho resuelve:
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela del epígrafe, a partir del momento en que, admitida la acción, tras determinarse todos los acreedores e intervinientes en el marco del proceso liquidatorio de La Caja de Compensación Familiar de Córdoba -COMFACOR, debió producirse su vinculación y enteramiento, sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los términos del inciso 2º del artículo 138 del Código General del Proceso.
2. En consecuencia, se ordena regresar el expediente al Tribunal de origen para que renueve la actuación, conforme a lo anotado en la parte motiva de este proveído.
3. Notifíquese lo aquí resuelto a los interesados por el medio más expedito y líbrense las demás comunicaciones pertinentes.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
1 Ese aparte normativo se incluyó en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), el que antes enseñaba que, «para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991…, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto», se aplicarían los principios generales del Código de Procedimiento Civil, pero ya no alude a éste sino al Código General del Proceso.