Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
ATC1641-2021
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
ATC1641-2021
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-04003-00
Bogotá, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).
Se decide el conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados 19 Civil Municipal de Ejecución de Bogotá y Segundo Civil Municipal de Tunja, ya que ambos despachos judiciales rehusaron conocer de la petición de amparo formulada por Luis Enrique Caicedo Silva contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Tunja.
ANTECEDENTES
1. A la primera de las mencionadas agencias judiciales le fue repartida la acción de tutela atrás referida, la cual, a través de auto de 22 de octubre de los corrientes, se declaró incompetente para conocerla, «comoquiera que del texto de la acción de tutela, se aprecia que la vulneración de los derechos invocados por el accionante se suscitaron en la ciudad de Tunja…».
2. Por su parte, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Tunja, a quien fue asignado el asunto, planteó conflicto negativo de competencia, con fundamento en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, destacando que «la acción constitucional fue bien repartida al Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, por ser la ciudad donde se encuentra domiciliado el actor y, por ende, donde se producen sus efectos».
CONSIDERACIONES
1. No hay duda de que en esta Corporación radica la competencia para dirimir el referido conflicto, al tenor del artículo 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 139 del Código General del Proceso, habida consideración de que los despachos enfrentados pertenecen a diferentes distritos judiciales.
2. En el sub lite se advierte que la controversia planteada va dirigida a determinar qué estrado debe conocer la queja constitucional del actor contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Tunja, destacando que el gestor considera vulnerados sus derechos de primer orden con ocasión del actuar de ese ente, toda vez que ha omitido eliminar el «comparendo [No. 3948] del SIMIT y demás bases de datos».
2.1. El artículo 2.2.3.1.2.1 del decreto 1069 de 2015, modificado por el canon primero del decreto 1983 de 2017, establece que «[p]ara los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos», siendo el principal objetivo de la anterior disposición facilitar al afectado en sus derechos fundamentales la elección del juez que deba resolver sobre la protección constitucional deprecada, de tal suerte que la competencia por el factor territorial está instituida a prevención por el sitio en que, según las afirmaciones de la demanda, ocurren los hechos denunciados o produce sus efectos la acción u omisión generatriz del agravio, cualquiera de los cuales, por lo general, puede coincidir con el de domicilio o el de residencia de la parte accionante, según sea el caso.
2.2. Asimismo, el numeral primero de la citada norma (artículo 2.2.3.1.2.1, decreto 1069 de 2015) indica que «[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales».
2.3. En el caso bajo examen, la parte actora eligió a los jueces de Bogotá para radicar el libelo contentivo de su solicitud de amparo, razón por la cual debe entenderse que precisamente en dicha ciudad es que han tenido lugar los efectos de la vulneración que alega frente a sus garantías fundamentales, habida cuenta que es ese sitio donde dicho extremo se desenvuelve, pues en éste radica su domicilio, conforme se informó en la demanda de tutela; de lo que se deduce que en esta urbe se ha materializado la presunta conculcación de sus derechos, de donde, por lo explicado, corresponde al Juzgado 19 Civil Municipal de Ejecución de Bogotá el conocimiento de esta tutela.
3. Luego, por tratarse de un fuero electivo, el despacho al cual inicialmente correspondió por reparto la demanda es el competente para conocerla, ya que, itérese, ésta puede instaurarse, a discreción del demandante, en cualquiera de los lugares donde adquiera materialidad o irradie efectos la actuación u omisión criticada.
Por lo expuesto, se resuelve:
Primero. Declarar que el competente para conocer de la presente acción de tutela es el Juzgado 19 Civil Municipal de Ejecución de Bogotá, al cual se dispone remitir el expediente.
Segundo. Comunicar esta decisión al interesado y a los despachos involucrados.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado