Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
SC3194-2021 (2015-00162-01)_1
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
SC3194-2021
Radicación n.° 05360-31-10-001-2015-00162-01
(Aprobado en sesión virtual de veintidós de julio de dos mil veintiuno)
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021).
Se decide el recurso de casación interpuesto por Luz Marina y Gustavo Garcés Escobar, frente a la sentencia de 20 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Familia, en el proceso que promovieron en contra de Edilia del Socorro Escobar Vélez.
ANTECEDENTES
1. Los promotores, en su calidad de herederos de Alfredo Escobar, deprecaron declarar «que la inscripción de la escritura pública 4.970 de octubre 30 de 1.967, en el folio 53087982, relativa al reconocimiento de la Paternidad Extramatrimonial del señor Alfredo Escobar González, perdió su valor… por cuanto su filiación se encontraba definida como hija de la señora Flor María Vélez Velásquez, conforme al fallo de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, de 3 de noviembre de 1.973»; subsidiariamente pidieron que se declarara «que la inscripción de la escritura pública 4.970 de octubre 30 de 1.967, en el folio 53087982, es nula, por cuanto dicha escritura no reunía los requisitos de reconocimiento de un hijo extramatrimonial, conforme al Decreto Ley 1260 de 1.970, art. 38, y presenta falsedad», en consecuencia de lo cual solicitó ordenar «la cancelación del serial número 53087982, donde se inscribió la escritura número 4970 de 30 de octubre de 1.967» (folio 166 del cuaderno 1).
2. Las pretensiones se sustentaron en el siguiente sustrato fáctico:
2.1. Alfredo Escobar González falleció el 27 de enero de 2013, momento para el cual la señora Edilia del Socorro Escobar Vélez aparecía registrada como su hija, con ocasión del oficio n.° 5311 de 2 de mayo de 1969, resultante de un fallo emanado por el Juzgado de Menores de Medellín.
2.2. Sin embargo, en aquella época, el señor Escobar González presentó una demanda de revisión contra la determinación judicial mencionada, «que prosperó ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí…, sentencia que fue apelada por la señora Flor María Vélez, en representación de su hija Edilia del Socorro Vélez, ante el Tribunal Superior de Medellín, la cual mediante sentencia de julio de 1.971 fue confirmada… [E]l recurso extraordinario de casación… se desató también a favor del Señor Alfredo Escobar González, por lo tanto se ordenó la cancelación del reconocimiento proferido por el Juzgado de Menores. Sentencia de 3 de noviembre de 1972» (folio 164).
2.3. Con las sentencias antes rememoradas se resolvió definitivamente la controversia sobre la paternidad de Alfredo Escobar, de allí que con base en las mismas se sustituyó el registro civil de nacimiento de Edilia del Socorro Escobar Vélez el 25 de marzo de 2014, quien pasó a denominarse Edilia del Socorro Vélez Velásquez.
2.4. «[D]espués de haberse definido la filiación de la señora Edilia del Socorro Escobar…, [e]l día 4 e (sic) junio de 2014, la señora Edilia Escobar Vélez inscribe en el Registro Civil de la Notaría Quinta de Medellín, la [escritura pública] 4.970 del 30 de octubre de 1.967, en un nuevo Serial No. 530087607» (folio 167), por la cual fue reconocida voluntariamente como hija del causante.
2.5. El documento público mencionado en precedencia no satisface los requerimientos del artículo 38 del decreto ley 1260 de 1.970, porque «Alfredo Escobar González no se encontraba incapacitado para firmar… ni tampoco la huella [estampada] es del señor Alfredo Escobar González, por lo tanto se presenta una falsedad en esta escritura pública» (ídem).
3. Después de definido el sentenciador competente para conocer el asunto, mediante auto de 30 de junio de 2015 del Tribunal Superior de Medellín, Sala Mixta, en que se afirmó que «el juez de familia es el competente para resolver los asuntos atinentes a la variación del registro civil» (folio 6 del cuaderno conflicto de competencia), la convocada fue enterada de forma personal y, en ejercicio de su derecho de contradicción, se opuso a las pretensiones, clarificó algunos hechos y propuso las excepciones que intituló «presunción de autenticidad», «indebida petición», «prescripción del derecho y caducidad de la acción», «buena fe» y la genérica (folios 209 a 227 del cuaderno 1).
4. El Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Itagüí, el 3 de febrero de 2017, accedió a declarar «la nulidad de la Escritura Pública No. 4.970 del 30 de octubre de 1.967 pasada en la Notaría Quinta de Medellín y otorgada por el señor Alfredo escobar Garcés», con la consecuente «cancelación de la inscripción… en el registro civil de nacimiento de la señora Edilia del Socorro Escobar Vélez, indicativo serial 53087607, NUIP 670822» (folio 348 ibidem).
5. La parte demandada interpuso apelación antes de finalizar la audiencia de instrucción y fallo de primer grado, la cual sustentó en vista pública de 20 de octubre de 2017.
6. El superior, al desatar la alzada, revocó la decisión y, en su lugar, desestimó todas las súplicas, con base en los argumentos que se exponen en lo subsiguiente (folios 22 a 35 del cuaderno 2).
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. Después de hacer un extenso recuento de las actuaciones procesales, abordó como problema central la posibilidad de declarar la nulidad de una escritura pública con el fin de desconocer la paternidad reconocida, frente a la cual coligió que la respuesta debe ser negativa, en tanto la única vía para controvertir el reconocimiento es la impugnación a que hacen referencia los artículos 5° de la ley 75 de 1968, 248 y 335 del Código Civil, en fundamento de lo cual citó las providencias de 25 de agosto, 27 de octubre de 2000, 26 de septiembre de 2005 y 20 de agosto de 2013 de la Corte Suprema de Justicia.
En este sentido, aseveró que las súplicas de nulidad, inoponibilidad, inexistencia o falsedad de un registro civil de nacimiento, fundado en la idea de que el padre o madre no tienen esta calidad, debe ineludiblemente dirigirse vía impugnación, dentro de los términos previstos en los artículos 336 y 337 del Código Civil.
Por lo expuesto, estimó que el a quo se apartó de los precedentes jurisprudenciales y revocó su determinación, con el fin de denegar las súplicas iniciales, absteniéndose de emitir una decisión de fondo sobre las excepciones de mérito por sustracción de materia.
Como motivo adicional, el Tribunal advirtió que se vulneró el principio de congruencia, consagrado en el inciso 1° del artículo 281 del Código General del Proceso, pues no era posible declarar la nulidad de la escritura pública, en tanto los demandantes únicamente suplicaron la invalidez de la inscripción de dicho instrumento público; siendo además incongruente que se anulara el acto escriturario sin hacer lo propio con su inscripción.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Interpuesto el recurso de casación el 24 de octubre de 2017 por los demandantes, se sustentó en tiempo (folios 14 a 40 del cuaderno Corte), el cual contiene dos (2) ataques, de los cuales únicamente se estudiará el primero por estar llamado a prosperar.
CARGO PRIMERO
Con base en la causal primera se acusó el fallo de vulnerar los artículos 5° de la ley 75 de 1968, 90 del decreto 1260 de 1970 y 3° del decreto 999 de 1988, por no distinguir «que para procurar que un registro de nacimiento revele la realidad de la situación jurídica del inscrito, si en sede judicial se ha decidido que quien aparece como padre no lo es de la persona a la que se refiere tal registro, no es forzoso impugnar el reconocimiento que en él conste» (folio 20).
Sostuvo que «cuando una filiación no se ha discutido judicialmente, su alteración no puede proceder de un ataque al registro civil, sino de la impugnación. Tal punto de vista, que ha sido el de la jurisprudencia de la Corte, es de recibo, pero solo en esos casos. Un debate en torno a un registro civil es, antes que nada, cuestión de forma, y no podría tener la virtud de imponerse a un asunto de fondo como lo es la filiación misma que, entonces, para desvanecerse, debe disputarse por medio de una acción propia, que es la impugnación, ora de la paternidad, ora de la maternidad» (folio 21).
Aseguró que, ante la existencia de una sentencia con fuerza de cosa juzgada que decidió que una persona no es hija de otra, la cual no fue anotada en el registro civil, dable es acudir a una acción que apunte directamente al registro, sin tocar lo atinente a la filiación.
Alegó que «sostener que únicamente se puede hacer desaparecer la prueba del estado civil, que lo es el registro, con una acción de impugnación del reconocimiento, es vedar la posibilidad de procurar la verdad a través de causas y medios probatorios ligados al registro mismo y al documento antecedentes para asentarlo y cerrar las puertas a las acciones administrativas y judiciales que se orienten a la cancelación, anulación y supresión de los registros civiles» (folio 22).
Indicó que la impugnación únicamente procede frente a quien ha efectuado un reconocimiento, pero no en el caso contrario. «En términos de lógica, y por juicios apodícticos, es válido asegurar que no tiene que impugnar quien no necesita impugnar porque esté jurídicamente establecido que no es el padre de otro» (ejusdem).
Relievó que en la sentencia de 25 de agosto de 2000 se impugnó la maternidad, sin que pueda darse el mismo tratamiento a la paternidad extramatrimonial la cual no se presume.
Los casacionistas añadieron que «como es verdad, el artículo 5 de la ley 75 de 1968 contempla la impugnación para el reconocimiento. Pero si un reconocimiento no ha existido, en la realidad, porque aquél que una escritura pública dice que reconoció no emitió indudablemente su voluntad, no puede limitarse su derecho a fijar la realidad jurídica enmarcándolo en la sola impugnación de la filiación» (folio 23).
Concluyó que, frente a la ausencia de estudio sobre las posibilidades de interpretación del artículo 5° de la ley 75 de 1968, dejó de aplicar las reglas contenidas en los cánones 90 del decreto 1260 de 1970 y 3° del decreto 999 de 1988, pues la decisión judicial que modifique la inscripción del estado civil no tiene que ser fruto necesariamente de la impugnación, como fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia en el fallo de 9 de junio de 1970.
CONSIDERACIONES
1. El estado civil es uno de los atributos ingénitos al reconocimiento de la personalidad jurídica, cuya tutela encuentra raíces en el artículo 14 de la Constitución Política, así como en otros instrumentos internacionales de derechos humanos, en concreto, los cánones 16 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, y 3° de la Convención América de Derechos Humanos.
Este alcance fundamental se explica por la necesidad de que las personas puedan adscribirse a «la familia y la sociedad», así como determinar «su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones»; total que la filiación «es la situación jurídica que un individuo ocupa en la familia y la sociedad y que le confiere determinados derechos y obligaciones civiles, [y] para su protección se han consagrado las acciones de estado» (SC, 28 mar. 1984, GJ n.° 2415).
En aras de garantizar el anterior propósito, el estado civil se caracteriza como «indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley» (artículo 1° del decreto 1260 de 1970). Rasgos que se traducen, respectivamente, en que sólo puede tenerse un único estado civil; el cual no puede ser objeto de negociación, transacción o disposición, «salvo en cuanto a los derechos patrimoniales que de él se derivan»; su reconocimiento podrá reclamarse en cualquier momento, «porque salvo excepción legal ni se gana ni se pierde por el transcurso del tiempo»; y su contenido y alcance está regulado «por normas de orden público, como quiera que interesa a la sociedad en general, y por ende los preceptos legales que lo gobiernan no pueden derogarse por convenios particulares ni ser objeto de renuncias» (SC, 25 ag. 2000, exp. n.° 5215).
La Sala tiene dicho:
Es el estado civil una calidad invaluable que en razón de su esencia no ingresa al patrimonio ni admite cotización en el mercado. Constituye un atributo de la personalidad humana, que marca su posición en la familia y en el grupo social a que pertenece. No puede cederse ni enajenarse, ni ser objeto de transacción. El derecho lo protege, eso sí, como a todos los valores imponderables que integran el acervo moral en que reposa la dignidad y estimación de las gentes (SC, 31 ag. 1961, GJ n.° 2242, 2243 y 2244).
2. Dentro de estas especiales condiciones, por la materia que se encuentra en discusión en el sub lite, conviene remarcar la atemporalidad del estado civil, como garantía para que los interesados puedan establecer su rol en la comunidad política y en una estructura familiar determinada.
De allí que el precepto 406 del Código Civil ordene que «ni prescripción ni fallo alguno, entre cualesquiera otras personas que se haya pronunciado, podrá oponerse a quien se presente como verdadero padre o madre, del que pasa por hijo de otros, o como verdadero hijo del padre o madre que le desconoce».
Al analizar esta norma, la jurisprudencia decantó:
[L]as acciones… de reclamación de un estado civil… según lo reglado en preceptos como el de que se trata, [son] imprescriptible[s], lo que debe entenderse naturalmente consagrado a favor de las personas determinadas que por ley están habilitadas para promoverlas, pues la legitimación a ese respecto no se le concede a todo el mundo (SC187, 9 nov. 2004, exp. n.° 00115).
Pacífico deviene, entonces, «el carácter imprescriptible indivisible e indisponible que como estado civil, siempre le ha atribuido la doctrina de esta Corte» (SC1131, 5 feb. 2016, rad. n.° 2009-00443-01).
3. Por idénticas razones a las expuestas, y a diferencia de lo que sucede con el reconocimiento, las acciones promovidas por terceros para desconocer el estado civil tienen un alcance limitado, en aspectos tales como la legitimación, oportunidad y contenido, con lo cual se evita que se socave la personalidad jurídica del afectado.
La Corporación fijó como derrotero:
Por la especial gravedad que para el ejercicio de los derechos emanados de las relaciones de una familia y para la estabilidad y seguridad del grupo familiar entraña el desconocimiento del estado civil que una persona viene poseyendo, el legislador ha señalado plazos cortos para el ejercicio de las acciones de impugnación (C.C. Arts. 217 y 336). En cambio, permite que el derecho a reclamar el estado civil que realmente se tiene pueda ejercitarse en cualquier tiempo, y de ahí la imprescriptibilidad que para las acciones de esta índole consagra el artículo 406 del C.C. (SC, 9 jun. 1970, GJ n.° 2326, 2327 y 2328).
4. El mecanismo arquetipo para desdecir del estado civil de padre o madre consiste en la impugnación, la cual podrá ser promovida, entre otros, por quienes son reconocidos como tales, con el objetivo de demostrar que carecen de dicha calidad.
4.1. In extenso, la Sala se ha referido al punto así:
[L]a acción de impugnación corresponde a la oportunidad establecida para refutar la paternidad o maternidad y presenta tres opciones: la que se dirige para desvirtuar la presunción contemplada en el artículo 214 del Código Civil, a cuyo tenor los nacidos durante la vigencia de un vínculo de pareja debidamente constituido serán hijos de ella; la ‘impugnación de reconocimiento’, cuando se pretende desconocer la manifestación voluntaria de quien acepta ser padre, sin que medie relación con ánimo de permanencia y la que repele la maternidad por corresponder a un falso parto o suplantación del pretendido hijo al verdadero.
Para los últimos dos supuestos hay que tener en cuenta que la Ley 75 de 1968, en su artículo 5º, establece que ‘[e]l reconocimiento sólo podrá ser impugnado por las personas, en los términos, y por las causas indicadas en los artículos 248 y 335 del Código Civil’, advirtiendo que, en su texto original, el inciso final de la primera de las normas citadas contemplaba que ‘[n]o serán oídos contra la legitimación sino los que prueben un interés actual en ello, y los ascendientes legítimos del padre o madre legitimantes; estos en sesenta días, contados desde que tuvieron conocimiento de la legitimación; aquellos en los trescientos días subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer su derecho’ (SC, 1° nov. 2011, rad. n.° 2006-00092-01, reiterado SC1493, 30 ab. 2019, rad. n.° 2009-00031-02).
4.2. La impugnación, entonces, consiste en un mecanismo tendiente a refutar que la madre o el padre, o ambos, no obstante presentarse como tales en el registro civil de nacimiento, son ajenos al proceso de concepción o, por lo menos, a la aportación consentida del material genético.
Total, impugnar consiste en «[c]ombatir, contradecir, refutar» (Diccionario de la Lengua Española), lo que se traduce en rehusar o rechazar, que en el caso de la filiación se refiere a la calidad de ascendiente, porque quien aparece inscrito como tal carece de la misma.
Esta reclamación tiene una identidad definida, ligada indisolublemente a su contenido, sin que en este análisis sea relevante el título asignado por el reclamante. Por tanto, aunque en el libelo genitor se alegue nulidad, inexistencia, inoponibilidad, invalidez o cualquier otra circunstancia respecto al registro, se entenderá que es una impugnación, siempre que el sustrato de la queja sea objetar la condición de madre o padre.
La jurisprudencia tiene dicho:
[E]n todos los eventos en que se denuncie judicialmente la falsedad de la declaración de maternidad contenida en las actas del estado civil de una persona, sin duda se está en presencia de una auténtica y genuina acción de impugnación de esa filiación, así se le llame por el actor acción de nulidad del registro o de inoponibilidad o invalidez, pues lo que en el fondo prevalece e importa en todas ellas es que se declare judicialmente que es irreal el hecho afirmado en la partida… (SC, 25 ag. 2000).
Ahora bien, esta pretensión, en cuanto sea promovida por los ascendientes, herederos y terceros con interés, tiene unos términos muy cortos para su formulación, so pena de extinción por el simple paso del tiempo.
Esta Sala fijó como norte:
[I]mporta poner de relieve que históricamente el legislador ha regulado el tema del estado civil y de la familia con precisión y cuidado sumos a fin de proteger la propia intimidad que rodea su constitución y de atender a las realidades que en punto de los hijos genera su entorno y su propio desarrollo, tanto como para no haber permitido, a través de las épocas, que cualquier persona puede acudir a los estrados judiciales para cuestionar una paternidad o maternidad propiciada en ese ámbito. Incluso ha establecido prohibiciones específicas para que, consumados ciertos hechos o vencidos determinados plazos, la situación jurídica se torne inexpugnable, y por consiguiente definitiva; rigor que en general antes que disminuir se ha reafirmado en los últimos tiempos, de lo cual es elocuente ejemplo, la sentencia del orden constitucional (C-310-2004) mediante la cual se declaró inexequible la expresión “trescientos días” que aparecía en el artículo 248, inciso 2°, numeral 2°, relativa al término de caducidad otorgado a personas distintas a los ascendientes para impugnar la legitimación de los hijos extramatrimoniales, el cual quedó reducido también a los sesenta días fijados para las otras personas autorizadas legalmente para hacerlo (SC187, 9 nov. 2004, exp. n.° 00115).
4.3. Empero de lo comentado, por mandato legal y jurisprudencial, se han reconocido otras acciones judiciales, diferentes a la impugnación, cuyo efecto se traduce en desvirtuar el contenido del registro civil nacimiento, pero en este caso por medio de la crítica sobre la validez o eficacia de la anotación en sí misma considerada.
Y es que, según al artículo 102 del decreto 1260 de 1970, «[l]a inscripción en el registro del estado civil será válida siempre que se haga con el lleno de los requisitos de ley», por lo que, cuando se desatienden las directrices normativas para su realización, deviene como necesario el decaimiento del asentamiento, de lo cual deberá dar cuenta la autoridad judicial competente.
A su vez el canon 104 establece algunos casos expresos de nulidad del registro, a saber:
Desde el punto de vista formal son nulas las inscripciones: 1. Cuando el funcionario actúe fuera de los límites territoriales de su competencia. 2. Cuando los comparecientes no hayan prestado aprobación al texto de la inscripción. 3. Cuando no aparezca la fecha y lugar de la autorización o la denominación legal del funcionario. 4. Cuando no aparezca debidamente establecida la identificación de los otorgantes o testigos, o la firma de aquellos en estos. 5. Cuando no existan los documentos necesarios como presupuestos de la inscripción o de la alteración o cancelación de ésta (negrilla fuera de texto).
Lo mismo sucederá, por fuerza del artículo 103, cuando la inscripción se efectúe en desatención de la «identidad personal, esto es, el hecho de no ser una misma la persona a que se refiere la inscripción o los documentos en que ésta se fundó y la persona a quien se pretende aplicar».
En efecto, en el fallo de 14 de febrero de 1942 se dijo que:
[L]a veracidad de lo certificado respecto del nacimiento o del matrimonio por el Notario o por el cura párroco, se presume y por ese aspecto mientras el acta no sea redargüida u objetada de falsa y demostrada la tacha, el certificado hace plena prueba. Mas respecto de las demás circunstancias expresadas en las actas la veracidad no la garantiza la ley por cuanto el Notario o el párroco se limitan, porque no podía ser de otra manera, a expresar lo que digan los interesados. De ahí el artículo 394 del C.C., aplicable a las actas civiles y eclesiásticas.
Mas si no está garantizada la veracidad de esas declaraciones, eso no quiere decir, no significa, que deba hacerse caso omiso de ellas, que deban pasarse por alto, pues se mantiene en pie mientras no se demuestre su falsedad. Por eso dice así la parte final de dicha norma: ‘Podrán impugnarse, haciendo constar que fue falsa la declaración en el punto de que se trata’.
Una partida de bautizo, como también una de matrimonio o de defunción, contienen aseveraciones distintas; la constatación del bautismo, o del hecho de la muerte; y la relación de quiénes son los padres del bautizado, de los contrayentes o del difunto. Si esto último resultare inexacto, se mantendría no obstante en pie la aseveración que el Notario o el párroco hicieran del hecho del nacimiento, de la muerte o del acto del matrimonio cuando no hay impugnación sobre las circunstancias expresadas en el acta respecto de los ascendientes del bautizado, del muerto o de los contrayentes, el juzgador toma la partida, y considera el acta de una manera integral. Y así lo hace también mientras no se demuestre, no se impugne la declaración sobre los ascendientes, que consta en la partida (negrilla fuera de texto).
Resáltese cómo, en aquella época, se asintió en la posibilidad de criticar la inscripción en el registro civil, tanto por la falsedad de la declaración en ella contenida, como por la impugnación del estado civil, en una coexistencia de mecanismos que tienen un alcance diferenciado en razón del contenido de cada uno de los pedimentos.
En la providencia de 9 de junio de 1970, tocante a la solicitud de inoponibilidad de un registro civil, la Sala dio cabida a una acción autónoma de corrección, que no se confunde con la impugnación, así:
Muy distintas de las de reclamación o de impugnación de estado son las acciones encaminadas a rectificar o impugnar las actas de estado civil en razón de los errores en ellas cometidos, pues al paso que las segundas persiguen de modo exclusivo la corrección de tales errores, las primeras buscan producir una mutación en el estado civil de una persona determinada. Resulta, por tanto, inadmisible que mediante una acción de rectificación o de impugnación de un acta de estado civil se produzca un cambio del mismo (negrilla fuera de texto).
Años más tarde nuevamente se deslindó la acción de impugnación del estado civil, frente a la crítica probatoria que se puede alzar sobre la veracidad del acta de registro como medio suasorio, en los siguientes términos:
En verdad que si el acta de inscripción del nacimiento es, en principio, una prueba del parto, no lo es menos que no puede considerarse como prueba irrefutable, desde luego que ella puede contener la declaración mentirosa que el denunciante del nacimiento hace al registrador del estado civil, o el mismo redactor de la partida puede incurrir en yerro. El acta de nacimiento, que es el modo normal y ordinario de demostrar el parto, hace fe provisionalmente; quien discuta la autoridad de ella puede destruir o infirmar su valor aportando pruebas contrarias y con las cuales logra arrasar la apariencia. El proceso de impugnación de la maternidad es procedente, entonces, solamente cuando la partida de nacimiento y la posesión de estado no atribuyen al hijo su verdadera, su auténtica y real filiación materna (negrilla fuera de texto, SC, 28 mar. 1984, GJ n.° 2415).
El 9 de marzo de 1989, al analizar la legitimación en la causa de un contratante para reclamar la nulidad de un acta de registro civil, se sostuvo:
[E]l acta de adopción creadora de un estado familiar sirve para derivar derechos en la medida de su validez…
Ordenadas así las cosas, resulta indispensable entrar en el análisis si, en verdad, se presenta la nulidad del registro de adopción invocado en la demanda, por faltarle las formalidades previstas por la ley.
Dispone el artículo 104-5 que desde el punto de vista formal, son nulas las inscripciones cuando no existan los documentos necesarios como presupuestos de la inscripción y el artículo 102 establece que la inscripción en el registro del estado civil será válida siempre que se haga con el lleno de los requisitos de ley.
Es decir, la validez de un registro queda sujeta a la atención plena de las exigencias previstas o impuestas por la ley. No puede, entonces, quedar al libre querer de los otorgantes del acto… [C]onsiguientemente, los actos posteriores del registro deben estar sujetos a esos presupuestos legales, so pena de su invalidez; de conformidad con las preindicadas previsiones normativas; más concretamente queda afectado de nulidad el acto.
El acta traída al proceso, en verdad, no colma ni los presupuestos del Código Civil, ni los de la Ley 140 de 1960, ni los de la Ley 5a de 1975, porque aparece levantada con apoyo en dos testimonios, procedimiento que no reconoce ninguno de los estatutos citados para imprimirle validez a las adopciones. Es decir, adolece del defecto formal que enuncia el artículo 104, numeral 5 del Decreto 1260 de 1970 (negrilla fuera de texto, SC, 9 mar. 1989, GJ n.° 2435).
De total relevancia la diferencia establecida entre la impugnación del estado civil y la nulidad del registro, pues con la primera se pretende desconocer la filiación, mientras que con la otra se cuestiona el cumplimiento de los requisitos connaturales para la anotación, siendo aplicables en este último caso las reglas especiales de invalidez del registro del estado civil y las generales de los negocios jurídicos.
Postura reiterada con el paso de los años:
Debe precisarse que en la indicada normatividad -en el texto vigente antes de la reforma introducida por la ley 1060 de 2006- se hacía referencia a la “impugnación de la legitimidad”, y que dicha terminología es usual en el foro, claro está, teniendo en cuenta que de la determinación que se adopte en el correspondiente proceso judicial, se desprenderá, por contera, una modificación de la paternidad o la maternidad legítimas, como elementos esenciales del estado civil que se origina en el acto de la legitimación explicado en precedencia. Así mismo, ha de señalarse que la cuestión en esta clase de procesos no está referida a examinar el acto de legitimación como manifestación de voluntad, para lo cual, ciertamente, otras serán las vías procesales que se deban utilizar para discutir su eficacia (negrilla fuera de texto, SC 21 en. 2009, rad. n.° 1992-00115-01).
Recientemente se retomó esta senda en diversos fallos de tutela, los cuales dan cuenta de múltiples instrumentos procesales para ajustar o corregir el contenido de las actas del estado civil, sin limitarlo a la impugnación, a saber:
El procedimiento de corrección del registro civil se encuentra regulado por el artículo 91 del Decreto 1260 de 1970… Del texto citado fluyen las siguientes hipótesis: 1. Correcciones a realizar por el funcionario encargado del registro… 2. Correcciones por escritura pública cuando corresponda a errores… [3.] Correcciones ‘(…) para alterar el registro civil’. Implican variar la realidad de los datos insertos en el registro, sea porque esta es falsa, errónea o simulada, modificación que por virtud del art. 95 del mismo Estatuto demandan decisión judicial en firme…
De tal forma que cuando se transita por la senda de lo simulado o de lo falso, o se procura alterar injustificadamente el estado civil, o los pilares de la filiación, en fin un aspecto nodal, corresponde al juez decidir tema tan crucial, porque no se trata de un mero error de comparación, o de “(…) errores mecanográficos, ortográficos” o de aquellos que se establezcan con la confrontación del documento antecedente idóneos.
Compete al juez, en estos casos, cuando se pretenden modificar elementos que integran el estado civil, su indivisibilidad o unicidad, la situación en la familia o en la sociedad o la capacidad para ejercer derechos o contraer obligaciones… (negrilla fuera de texto, STC3474, 20 mar. 2014, rad. n.° 2013-00933-01; en el mismo sentido STC7221, 24 may. 2017, rad. n.° 2017-00123-01; STC20284, 1° dic. 2017, rad. n.° 2016-00120-02; STC4267, 8 jul. 2020, rad. n.° 2020-01323-00).
4.5. Es cierto que, en variadas ocasiones, la Sala dio a entender que la única acción de la cual se dispone para desdecir sobre el estado civil es la impugnación, sin clarificar si es posible acudir a remedios judiciales adicionales.
Sin embargo, estas manifestaciones se hicieron al analizar pretensiones fundadas en la ineficacia del registro civil por ausencia de maternidad o paternidad, lo que en verdad se traduce en una súplica de impugnación, distante de una crítica al registro por la desatención de los requisitos legales para su realización o por el incumplimiento de las condiciones para que una manifestación de voluntad tenga consecuencias jurídicas.
Así, el 25 de agosto de 2000 se proclamó que:
[L]a Corte al resolver en todos esos casos en la forma en que lo hizo, dejó sentado tácitamente pero además con la nitidez requerida, que en todos los eventos en que se denuncie judicialmente la falsedad de la declaración de maternidad contenida en las actas del estado civil de una persona, sin duda se está en presencia de una auténtica y genuina acción de impugnación de esa filiación, así se le llame por el actor acción de nulidad del registro o de inoponibilidad o invalidez, pues lo que en el fondo prevalece e importa en todas ellas es que se declare judicialmente que es irreal el hecho afirmado en la partida; cuestión que, según se expresa en esos mismos pronunciamientos, por interesar al orden público y social, suscita el debido acatamiento de funcionarios y particulares…
Tesis perfilada de la siguiente manera:
[L]a acción judicial tendiente a que se declare falso el hecho de la maternidad, lo que conlleva en el fondo es, en realidad, la acción de impugnación de esa maternidad, como lo consagra el artículo 335 del C.C., porque si dicha acta está destinada a probar documentalmente el parto y la identidad del producto de éste, la falsedad solicitada respecto del hecho allí declarado ataca, sin lugar a dudas, los mencionados pilares de esa filiación, así el actor solicite, en la práctica, la declaración de nulidad del registro u otra petición específica cualquiera (invalidez, inoponibilidad, ineficacia, cancelación del registro, etc.), pues, llámesele como se le llamare, lo cierto e indiscutible es que la acción así propuesta tiene como soporte fundamental la falsedad de la maternidad afirmada en la partida; falsedad que implica, desde luego, que el parto es irreal, haya participado o no en el fraude, como luego se verá, la supuesta madre (SC, 25 ag. 2000, exp. n.° 5215).
Frente al hecho indiscutido de que se alegó una falsedad, pero fundada en que el registro no refleja la paternidad o maternidad real, la única vía de la cual puede hacerse uso es de impugnación, de acuerdo con los términos y reglas fijadas en las normas imperativas sobre la materia.
Sin embargo, de este colofón no es posible excluir la existencia de otros instrumentos judiciales, en los casos en que la anotación, en sí misma analizada, inobserve los requerimientos formales para su asentamiento, puesto que esta materia no fue objeto de análisis en las sentencias transcritas.
De hecho, a los pocos días se abordó el último de los problemas, reconociéndose la coexistencia de múltiples acciones, cada una con un contenido diferente, sin que una de ellas subsuma a las demás:
[L]a cuestión consiste entonces en saber si la circunstancia de que el reconocimiento del hijo extramatrimonial no corresponda a la realidad, o más concretamente, si el hecho de que el hijo no haya podido tener por padre a quien lo reconoce, es situación que, a la par que permite la impugnación propiamente dicha de tal reconocimiento, da lugar a su anulación dentro de las taxativas causas legales.
Y la respuesta a dicha cuestión es negativa, contundentemente negativa. No hay dos senderos que conduzcan a ese destino: es tan solo el de la impugnación, propuesta desde luego en oportunidad, el camino apropiado para aniquilar el reconocimiento realizado en condiciones tales…
Todo se conjunta, pues, para señalar cómo la única interpretación valedera es la de que en estas materias del estado civil, y concretamente en lo de las acciones encaminadas a suprimirlo, ha de estarse a las causas y a los términos que específicas normas consagran para esos efectos, sin que pueda pensarse que el alegar esas mismas causas de impugnación pero situándolas en un diferente marco jurídico, – para el caso el de las nulidades-, se convierta en airoso medio de esquivar aquellas normas y evadir su tan justificado rigor (negrilla fuera de texto, SC, 27 oct. 2000, exp. n.° 5639).
Perspicua deviene la diferencia entre el pedimento de validez del reconocimiento y la impugnación, ya que, reitérese para enfatizar, mientras que el primero se refiere a las exigencias legales para la eficacia del acto de registro (y la manifestación de voluntad que supone), el segundo está referido a la inexistencia de la paternidad o maternidad en cabeza de quien aparece inscrito como tal.
Lo dicho respecto al veredicto de 25 de agosto de 2000, cabe extenderlo al de 26 de septiembre de 2005, en el que se aseguró:
De manera, pues, que el único camino que tiene la persona que ha reconocido a otra como hijo suyo, para controvertir ese acto sobre la base de no ser su progenitor, es el de impugnar el reconocimiento, en los términos y condiciones a que hace referencia el artículo 5º de la Ley 75 de 1968, toda vez que, en últimas, por más que se pretenda calificar esa circunstancia como falta de causa, causa irreal u objeto ilícito, lo que se habrá cuestionado por el demandante es la filiación paterna, asunto que tiene reservada una acción especial para esos fines, que no puede ser desconocida o soslayada, so capa de acudir al régimen general de las nulidades sustanciales (SC, rad. n.° 1999-0137).
Nuevamente se precisó que la vía de la cual puede hacerse uso, cuando se pretenda desdecir de la calidad de padre o madre por el hecho de no serlo, es la impugnación, sin que por esta senda se haya denegado la posibilidad de acudir a otras pretensiones para cuestionar el acto de registro, cuando la apoyadura de la demanda se encamine a recriminar este acto por sí solo.
5. Con base en el estado de arte delineado en precedencia, procede analizar la súplica realizada por los promotores del presente litigio, con el fin de establecer si debió encausarse como una acción de impugnación del estado civil, según lo aseveró el Tribunal, o si de su contenido se observa que tiene un alcance diferente, como lo aseguraron los casacionistas.
5.1. Para resolver conviene recordar que, en el escrito inaugural de 19 de febrero de 2015, los petentes promovieron «demanda de impugnación en contra de la señora Edilia Escobar Vélez» (folio 150 del cuaderno 1), para lo cual enarbolaron las siguientes súplicas:
1. Que mediante sentencia se declare que la señora Edilia del Socorro Escobar Vélez, con base en los hechos de la demanda, no es hija del Señor Alfredo Escobar González, conforme a la inscripción de la escritura 4.970 de octubre 30 de 1.967, en el folio 53087982 por cuanto su filiación se encontraba definida como hija de la Señora Flor María Vélez Velásquez, conforme al fallo de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, de 3 de noviembre de 1.973, y dicha escritura no reunía los requisitos de reconocimiento de un hijo extramatrimonial.
2. Como consecuencia del hecho anterior ordene la cancelación del serial número 53087982… y se oficie en tal sentido a la Notaría Quinta del Círculo de Medellín (folios 153 y 154)
5.2. Empero, el Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Itagüí, por auto de 5 de marzo de 2015, rechazó la demanda bajo la consideración de que «la controversia suscitada ha de ser tramitada a través de la correspondiente acción de rectificación o impugnación del estado civil, por los causes del proceso verbal ante los juzgados civiles del circuito de la localidad» (negrilla fuera de texto, folio 157 reverso).
A su vez, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad del mismo municipio, por proveído de 13 de abril del mismo año, requirió a los actores para que aclararan las pretensiones, por cuanto «de no ser procedente la acción de impugnación», debe estructurarse «la demanda, de manera que comprenda un asunto de competencia de este Juzgado» (folio 160).
En desarrollo de estas órdenes, la procuradora judicial de los convocantes ajustó la demanda para reclamar «impugnación de acta del estado civil», con las siguientes súplicas:
Que mediante sentencia se declare que la a (sic) inscripción de la escritura 4.970 de octubre 30 de 1.67, en el folio 53087982, relativa al reconocimiento de la Paternidad Extramatrimonial del señor Alfredo escobar González, perdió su valor, con los pronunciamientos jurisdiccionales señalados en los hechos de la demanda, por cuanto su filiación se encontraba definida como hija de la señora Flor María Vélez Velásquez, conforme al fallo de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, de 3 de noviembre de 1.973.
Subsidiariamente se declarará.
– Que la inscripción de la escritura 4.970 de octubre 30 de 1.967, en el folio 53087982, es nula, por cuanto dicha escritura no reunía los requisitos de reconocimiento de un hijo extramatrimonial, conforme al Decreto Ley 1260 de 1.970, art. 38 y presente falsedad.
– Como consecuencia del hecho anterior ordene la cancelación del serial número 53087982, donde se inscribió la escritura número 4970 de 30 de octubre de 1.967 y se oficie en tan sentido a la Notaría quinta del Círculo de Medellín (folio 168).
5.4. De este recuento descuella que, con ocasión del trámite judicial, los pedimentos formulados inicialmente fueron modificados, para abandonar la senda de la impugnación de la paternidad y transitar hacia la ineficacia del acta del estado civil.
Conclusión que encuentra apoyo, no sólo en el tipo de acción promovida, la cual pasó a denominarse «impugnación de acta del estado civil», sino en el contenido de las pretensiones, en las que de forma principal se reclamó en la pérdida de valor de la inscripción de la escritura 4.970 de octubre 30 de 1.967 y, subsidiariamente, se deprecó la nulidad de la inscripción en el folio 53087982 por cuanto la escritura 4.970 no reunía los requisitos de reconocimiento de un hijo extramatrimonial, con la consecuente cancelación del serial.
El sustento de estos reclamos, lejos de asentarse en la falsa paternidad de Alfredo Escobar, como sería propio de la impugnación, consistió en que: (i) «con las sentencias enunciadas en el (sic) los hechos [se refiere a las de 9 de abril de 1969, 31 de julio de 1970 y 3 de noviembre de 1972] se resolvió definitivamente la controversia con relación a la paternidad de la señora Edilia Escobar Vélez» (folio 165 del cuaderno 1); y (ii) «[l]a escritura 4.970 del 30 de octubre… no se reunieron (sic) los requisitos del artículo 38 del Decreto Ley 1260 de 1.970», pues «para la fecha de octubre de 1.967, el señor Alfredo Escobar González no se encontraba incapacitado para firmar…, ni la huella es del señor Alfredo Escobar González, por lo tanto se presenta una falsedad en esta escritura pública» (idem).
Establecido, como está, que los demandantes no buscaron la cancelación de la inscripción del acto por la senda de desmentir la paternidad, sino que se soportó en los supuestos efectos erga omnes de las sentencias que negaron la filiación promovida, así como la desatención de las disposiciones imperativas que rigen el acto escriturario de reconocimiento voluntario, se descarta que la súplica fuera una de aquéllas reguladas en el artículo 5° de la ley 75 de 1968.
En consecuencia, erró el Tribunal al efectuar las siguientes consideraciones y, con base en ellas, rehusar los pedimentos izado por los sucesores de Alfredo Escobar:
Como la controversia que nos ocupa realmente gira en torno al reconocimiento que Alfredo Escobar González hizo de Edilia del Socorro Escobar Vélez, de acuerdo con los antecedes jurisprudenciales citados, la acción de invalidez o nulidad de la inscripción de éste, en el folio de registro civil de nacimiento de la reconocida, y en general en el registro del estado civil de las personas, no es la procedente para impugnarlo, para esto el artículo 5° de la ley 75 de 1968 prevé la vía procesal apropiada, cual es la impugnación de ese reconocimiento…
Por lo expuesto y analizado la Sala concluye que la acción de nulidad de la escritura pública, para dejar sin efecto el reconocimiento de hijo extramatrimonial efectuado a través de ella no es procedente, y que la jueza a quo se apartó de los precedentes jurisprudenciales, según los cuales, la única senda para controvertir el reconocimiento de hija o hijo extramatrimonial, es la impugnación de éste por las personas, en los términos y por las causas a que refiere el artículo 5° de la ley 75 de 1968, en concordancia con los artículos 248 y 335 del Código Civil… (minuto 01:01: 35 a 01:03:30 de la audiencia de 20 de octubre de 2017).
El anterior colofón desatendió la doctrina jurisprudencial de la Corporación, por abandonar la diferencia entre las pretensiones de impugnación y la invalidez del registro civil por defectos intrínsecos, como se explicó delanteramente, fundiéndolas en una sola, sin considerar los fundamentos de la reclamación y lo que se pretende con cada una de ellas.
En el sub examine, como únicamente se propendió la supresión de la anotación de 4 de julio de 2014, contenida en el indicativo serial 53087982, soportado en que el acto de reconocimiento, en otros defectos, no fue otorgado por quien dijo ser el reconocedor, huérfano de apoyadura queda el argumento que aseguró que la acción promovida fue una impugnación.
6. Por tanto, el Tribunal incurrió en una indebida interpretación del artículo 5° de la ley 75 de 1968, al hacer de la acción de impugnación la única admisible para modificar el registro civil de nacimiento de una persona, aún en los eventos en que el reparo se concrete en una causa diferente a la falsa maternidad o paternidad, lo que constituye un desafuero que hace viable la casación del fallo de 20 de octubre de 2017.
En sede de instancia, la Corte debe proferir el fallo de reemplazo, con decisión del recurso de apelación interpuesto por Edilia del Socorro Escobar Vélez frente a la determinación de primer grado.
SENTENCIA SUSTITUTIVA
1. Sentencia de primera instancia. El a quo acogió la pretensión subsidiaria, bajo la consideración de que Alfredo Escobar no participó en el otorgamiento de la escritura pública de reconocimiento de Edilia del Socorro Escobar Vélez, en tanto: (i) la huella contenida en el documento no es la suya, (ii) carece de sindéresis que el de cujus se opusiera al trámite de filiación si previamente había reconocido de forma voluntaria a su hija, y (iii) en el proceso se demostró que aquél suscribió otros documentos sin expresar impedimento alguno.
Para arribar a este colofón se fijó como derrotero que los pronunciamientos emitidos en el juicio de filiación, adelantado entre 1969 y 1972, no conciernen a la escritura pública n.° 4970 de 30 de octubre de 1967, de allí que sus efectos no le sean extensibles. Asimismo, después de establecer que el documento público satisfizo los requisitos formales para su otorgamiento, analizó lo tocante a la falsedad personal, encontrando que su configuración conduce a la nulidad relativa del acto, la cual decretó.
2. Apelación. En el curso de la audiencia de instrucción y juzgamiento se formularon los siguientes motivos concretos de impugnación: (i) desconocimiento de que todo reclamo sobre la paternidad debe encausarse por la senda de la impugnación, por fuerza de la doctrina probable de la Corte y sin que se revelaran las razones para este alejamiento; (ii) la prueba grafológica es inicua e inocua, en tanto la información contenida en los registros dactilares es incongruente, las impresiones son borrosas y se arrimaron en fotocopia, al punto que hay dudas sobre el Registrador del Municipio de la Estrella; (iii) omisión en el decreto de la prueba de ADN; (iv) inconsonancia entre la parte considerativa y la resolutiva, al anularse la escritura pública y mantenerse en vigor el registro; e (v) improcedencia de la condena en costas, por haberse concedido amparo de pobreza en favor de la accionada.
En documento adicional, presentado dentro del término legal, argumentó que: (i) la incongruencia se configuró por haberse declarado una nulidad con base en un requisito inexistente (incorrecta fijación de una huella dactilar), alterarse el estado civil con base en pruebas indiciarias, omisión en la valoración de otros indicios (certificado de paz y salvo n.° 11903 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y recibo de caja n.° 721831 del Departamento de Antioquia), y contener el fallo consideraciones contradictorias; (ii) falta de motivación para apartarse de las sentencias de 25 de agosto, 27 de octubre de 2000 y 20 de agosto de 2013; (iii) el dictamen pericial de Antonio Ahumada, conforme a la aseveración de Jaime Enrique López Monsalve, se soportó en material carente de claridad, y este último no tiene título como profesional en dactiloscopista; y (iv) en la contestación de la demanda no se asintió en que Alfredo Escobar careciera de impedimentos para firmar.
Empero de lo anterior, en la audiencia de sustentación y fallo, la impugnación se acotó a los siguientes tópicos: (i) el a quo no señaló las razones para alejarse de los precedentes judiciales de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que la única vía para dejar sin efectos la filiación paterna es la impugnación; (ii) incongruencia entre la parte motiva y la resolutiva de la sentencia, en razón de la cancelación del registro del estado civil y la anulación de la escritura pública por una vía procesal inadecuada, así como fundarse en normas que no se encontraban vigentes, restar efectos a la escritura pública por la imposición de una huella que no era imperativa, y aplicar al análisis del documento público las disposiciones sobre el estado civil; (iv) inadecuada valoración de la prueba dactiloscópica, en tanto el perito era grafólogo y no dactiloscopista, además porque la huella pudo ser estampada por cualquiera de los intervinientes en el acto, la cual resulta innecesaria para la validez formal y sustancial de la escritura; y (v) ausencia de cosa juzgada por la fecha en que se efectuó el reconocimiento, prevalencia del acto voluntario, y múltiples falencias procesales de entenderse que se promovió una impugnación, la cual en todo caso estaría extinta por el paso del tiempo.
3. Consideraciones. Para decidir, son necesarias las dilucidaciones que se plasman en lo subsiguiente:
3.1. Asuntos que serán objeto de resolución. El artículo 320 del Código General del Proceso prescribe que la apelación se acotará a los «reparos concretos formulados por el apelante», ora al momento de interponer el recurso «o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización» (numeral 3° del artículo 322).
A su vez, conforme a los cánones 327 y 328 idem, el sentenciador de segundo grado «deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante» en la audiencia de sustentación y fallo, siempre que su alegación se sujete «a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia».
Por tanto, en el presente caso, únicamente se resolverán las censuras que, habiendo sido formuladas como motivos concretos al apelar, se arguyeron en la oportunidad debida ante el superior. Huelga explicarlo, se dejarán de lado, por tratarse de alegaciones novedosas, los aspectos tocantes a la indebida aplicación del decreto 1260 de 1970, inexistencia de cosa juzgada, prevalencia del reconocimiento voluntario y extinción de la acción de impugnación por el paso del tiempo; así mismo, por haberse abandonado al momento de sustentar, tampoco se tendrán en cuenta los reproches sobre la iniquidad e inocuidad de la prueba grafológica, inconsonancia por haberse ordenado la nulidad del acto de reconocimiento sin hacer lo propio frente al registro, improcedencia de desconocer el estado civil con base en prueba indiciaria, y falta de valoración de varios documentos, incluyendo la contestación de la demanda.
3.2. El punto nodal de la desavenencia de la convocada con el fallo de primer grado giró en torno al tipo de acción promovida, pues en su criterio debió formularse una impugnación del estado civil, siendo inviable que por medio de la nulidad del registro de nacimiento se alcance un objetivo equivalente.
3.2.1. Al respecto, como se explicó al resolverse la casación, en consideraciones que se entienden reproducidas en gracia de brevedad, la jurisprudencia (sentencias de 14 de febrero de 1942, 9 de junio de 1970, 28 de marzo de 1984, 9 de marzo de 1989, 27 de octubre de 2000, 21 de enero de 2009, 20 de marzo de 2014, 24 de mayo, 1° de diciembre de 2017 y 8 de julio de 2020) ha hecho eco de los artículos 102 y siguientes del decreto 1260 de 1970, para asentir en la posibilidad de que pueda reclamarse la invalidez del acto de registro con la consecuente alteración del estado civil como una pretensión autónoma a la de impugnación, siempre que el fundamento de tal reclamación sea la desatención de los requisitos intrínsecos de éste.
Como en el sub lite, el motivo esgrimido para pretender la ineficacia de la anotación de 4 de julio de 2014, en el registro civil de nacimiento de Edilia del Socorro Escobar Vélez, consistió en la falsedad del acto de reconocimiento, en tanto Alfredo Escobar González no lo suscribió, refulge sin ambigüedad que únicamente se está cuestionado la valía del asentamiento realizado al abrigo de aquél, sin comportar una crítica a la paternidad del reconocedor.
Tal proceder, resguardado por el a quo, tiene apoyadura en los precedentes de la Corporación, razón para desestimar los argumentos de la opugnación relativos al desconocimiento de la doctrina probable y, por ende, la desatención del deber de motivar dicho alejamiento.
3.2.2. En puridad, la parte apelante incurrió en una errada interpretación de los fallos de esta Corporación, fundada en una lectura parcializada de los mismos y su falta de correlación con los hechos del caso, con el fin blandir una tesis favorable a sus intereses.
Esto debido a que, si bien la Sala en el veredicto de 25 de agosto de 2000 afirmó que la única acción para desdecir del estado civil de padre o madre es la impugnación, lo cierto es que esta aseveración se hizo en el contexto de una pretensión para la cancelación de «[l]a inscripción de los nacimientos de Angela María y Carlos Benigno [realizada] el 27 de mayo de 1977» por haber sido realizada «sin el consentimiento de la demandante», quien en todo caso no era su padre; valga decirlo, materialmente se rehusó la filiación.
Igual consideración cabe respecto a la decisión de 26 de septiembre de 2005, en la que se resolvió lo relativo al pedimento para que declara que un reconocimiento es «nulo, de nulidad absoluta, por ausencia de causa», por «no ser el demandado hijo del demandante», lo que ciertamente releva que, so pretexto de una nulidad, se pretendió la impugnación.
La regla sentada en precedencia, entonces, mal podría extenderse a los eventos en que la pretensión se acote a la invalidez del registro del estado civil, frente al incumplimiento de los requisitos intrínsecos para su realización.
Máxime porque, en otros momentos, la jurisprudencia asintió en la posibilidad de acudir a la nulidad o corrección del registro como una acción propia, en los eventos de falsedad en la declaración (sentencia de 14 de febrero de 1942), impugnación de las actas (9 de junio de 1970), desconocimiento de los requisitos formales de la anotación (9 de marzo de 1989), requisitos de la manifestación de voluntad (21 de enero de 2009) o simulación o falsedad del registro (20 de marzo de 2014, 24 de mayo, 1° de diciembre de 2017 y 8 de julio de 2020).
De hecho, en la sentencia de 27 de octubre de 2000, aunque se reclamó la univocidad de la impugnación para criticar la condición de padre o madre, expresamente se dio cabida a un mecanismo especial para la «anulación [del registro civil] dentro de las taxativas causas legales», que es precisamente el fundamento del presente litigio. Posibilidad sentida en la providencia de 2009, la cual conviene reiterar: «ha de señalarse que la cuestión en esta clase de procesos [se refiere a la impugnación] no está referida a examinar el acto de legitimación como manifestación de voluntad, para lo cual, ciertamente, otras serán las vías procesales que se deban utilizar para discutir su eficacia».
En suma, se descarta el desconocimiento de la doctrina probable de la Corte por parte del sentenciador de primera instancia, quien por el contrario la hizo suya.
3.2.3. Desentrañado que los actores pretendieron la declaración de nulidad de la escritura pública de reconocimiento de Edilia del Socorro Escobar Vélez, así como del consecuente acto de registro, sin desmentir para estos fines la paternidad, deviene la inaplicación de los preceptos que gobiernan esta última, en particular, el artículo 1° de la ley 721 de 2001, que exige la realización de exámenes científicos para excluir la paternidad o maternidad, como fue reclamado por la accionada.
3.3. En cuanto a la posibilidad de declarar la nulidad de una escritura pública por yerros en la impresión de una huella dactilar, punto cuestionado con vehemencia por la apelante, sea lo primero señalar que tal señalamiento no se compagina con el contenido del fallo de primer grado y, en todo caso, la valoración dispensada por el sentenciador de primera instancia tiene respaldo en la ontología de los medios probatorios invocados en su veredicto, como se explicará en lo subsiguiente.
3.3.1. Rememorase que, en la demanda reformulada, se deprecó la nulidad de «la inscripción de la escritura 4.970 de octubre 30 de 1.969…, por cuanto dicha escritura no reunía los requisitos de reconocimiento de un hijo extramatrimonial, conforme al Decreto Ley 1260 de 1.970, art. 38, y presenta falsedad» (folio 166 del cuaderno 1).
Lo antepuesto, fundado en que «para la fecha de octubre de 1.967, el señor Alfredo Escobar González no se encontraba incapacitado para firmar…, ni tampoco la huella es del señor Alfredo Escobar González, por lo tanto se presenta una falsedad en esta escritura pública» (folio 165).
3.3.2. Frente a este pedimento, el a quo relievó que la autenticidad de la escritura pública puede desvirtuarse si no se identifican debidamente a sus otorgantes, por carencia total de voluntad, caso en el cual deberá declararse la nulidad.
Como en el caso, los estudios periciales allegados al expediente dan cuenta de que las huellas dactilares impresas en el acto escriturario no son de Alfredo Escobar, dable es concluir que no concurrió personalmente, sino que lo hizo otra persona, de allí que deba reconocerse la invalidez del mismo. Inferencia que soportó, entre otras razones, en el actuar incoherente que supondría asentir en el hecho de que el causante hiciera un reconocimiento voluntario y, dos (2) años más tarde, se opusiera al proceso de filiación.
Y es que, siendo el reconocimiento un acto fruto de la autonomía de la voluntad del interesado, en tanto Alfredo Escobar actuó de forma libre para su realización, necesariamente deben concurrir los requisitos a que se refiere el artículo 1502 del Código Civil, esto es, capacidad, consentimiento exento de vicios, objeto lícito y causa lícita, sin perjuicio de los demás exigidos por las normas notariales y las relativas al reconocimiento voluntario.
Dicho de otra forma, tratándose de un reconocimiento realizado por escritura pública, para que esta manifestación de voluntad, en sí misma considerada, produzca efectos jurídicos, no sólo deben observarse los requerimientos ingénitos a cualquier acto notarial y los especiales fijados para fines de la filiación, sino que debe provenir de una persona capaz, que libre y reflexivamente manifieste su querer, y recaer sobre un objeto y causa que no contraríe el orden público, la moral social o las buenas costumbres.
Frente al hecho comprobado por el sentenciador de primera instancia, en el sentido de que faltó la voluntad del Alfredo Escobar en el acto de reconocimiento de Edilia del Socorro Escobar Vélez, sobreviene la invalidez del acto escriturario, así como de las anotaciones realizadas al abrigo del mismo.
Sobre el elemento voluntad y las consecuencias de su ausencia, conviene recordar lo dicho por esta Corporación:
[L]a voluntad, es núcleo y elemento medular de la existencia de la declaración de voluntad jurídica, para que los actos o negocios jurídicos no devengan en inexistentes; pero también su manifestación libre de vicios es presupuesto de validez de los actos o negocios jurídicos (artículos 1502 y 1517 del Código Civil). Es la facultad psíquica de la persona, mediada por la inteligencia; es el deseo e intención para elegir entre realizar o ejecutar o no un determinado acto, o un hecho en concreto. Según la RAE, es ‘(…) facultad de decidir y ordenar la propia conducta (…). Acto con que la potencia volitiva admite o rehúye una cosa queriéndola o aborreciéndola (…). Libre albedrío o libre determinación. (…) Elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue’. Implica consentir, aceptar algo, otorgar aquiescencia…
Esto significa que la voluntad jurídica puede ser declarada en forma expresa, tácita o presunta; no obstante, ha de ser clara e inteligible. La expresa, puede ser verbal o escrita, según el caso, o apreciable por signos que la den a conocer; por vía de ejemplo, en la hipótesis del artículo 1640 del Código Civil, en el poder conferido por el acreedor a una persona para demandar al deudor la facultad para recibir debe ser expresa; la fianza del artículo 2373 ejusdem no puede presumirse; según el artículo 2004 ibidem, el arrendatario no puede ceder el arriendo o subarrendar, salvo autorización expresa. En cambio es tácita en el caso del artículo 1287 del Código Civil, cuando el heredero o legatario vende o dona cuanto se le ha deferido por el modo de la sucesión, pues se presume que acepta la herencia; en el evento del artículo 1290 del mismo estatuto, si se constituye en mora de declarar si acepta o repudia, se infiere que la repudia; y hay condonación o remisión tácita a voces del artículo 1713 también del Código Civil, cuando se entrega voluntariamente por parte del acreedor el título de la obligación al deudor…
‘A manera de introducción resulta conveniente memorar que siendo por definición el consentimiento uno de los requisitos esenciales para la existencia del acto jurídico” , y añade esta Sala, hallándose presente “cuando es sano, libre y espontáneo es así mismo elemento esencial para su validez, pues la ley no solamente reconoce la facultad que tienen los particulares para regular en gran parte sus relaciones jurídicas mediante manifestaciones privadas de voluntad, sino que también dispone de los mecanismos adecuados para protegerlos contra su propia ignorancia, y principalmente, contra el fraude y la violencia de que pueden ser víctimas al hacer uso de la referida facultad . Por este motivo, para todo acto jurídico no solamente se requiere que los agentes otorguen voluntariamente su consentimiento, sino que también se exige que lo hagan con cierto grado de conciencia y de libertad, fuera de lo cual el acto existe, pero queda viciado de nulidad; es decir, que no adolezca de ciertos vicios, cuya presencia destruye esa libertad y conciencia que la ley presupone en el agente o agentes al reconocerles poder suficiente para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas’ (SC19730, 27 nov. 2017, rad. n.° 2011-00481-01).
3.3.4. Ahora bien, la valoración probatoria efectuada en primer grado se aviene al recto entendimiento de los medios demostrativos denunciados en la apelación, por las razones que se señalan en lo subsiguiente.
(i) En la escritura pública n.° 4970 de 30 de octubre de 1967, el notario encargado de su autorización manifestó que «[c]ompareció el señor Alfredo Escobar González», a quien dijo conocer y encontrarse impedido para firmar.
Asimismo, afirmó que «el compareciente Escobar González estampa, en [su] presencia, la huella dactilar del dedo pulgar derecho… de todo lo cual doy fé (sic)» (folio 16 del cuaderno 1).
De la conjunción de las afirmaciones queda en claro que, según el Notario Quinto del Círculo de Medellín, la persona que dijo conocer e individualizó como Alfredo Escobar, correspondía a la misma que estampó su huella digital al final del instrumento, de lo cual dejó expresa constancia en el acto.
(ii) Ahora bien, según los dictámenes periciales de Antonio Ahumada Mouthon y Jaime Enrique López, la huella fijada en la última página de la escritura pública no proviene de Alfredo Escobar, amén de la disimilitud entre aquélla y la perteneciente a este último.
Así, en el estudio realizado por Antonio Ahumada Mouthon, allegado en copia como parte de la reproducción del proceso de filiación y petición de herencia que cursó en el Juzgado Segundo de Familia de Envigado, de cuya fiabilidad dio cuenta la secretaria el 9 de diciembre de 2016 (folio 22 del cuaderno 2), se expresó:
Iniciamos el proceso de comparación tomando la huella dactilar que se encuentra al lado derecho de la firma Carlos Enrique Peláez… en la escritura Pública No. 4.970 de la Notaría Quinta de Medellín, esta huella dactilar la comparamos o cotejamos con la (sic) huellas dactilares de los dedos índice y pulgar que se encuentran en la tarjeta decadactilar tomada por la Registraduría Nacional del Estado Civil al señor José Alfredo Escobar González, identificado con la cédula de ciudadanía Número 3.340.318 de Medellín (Ant.), y donde podemos establecer que estas dos huellas dactilares no son iguales, son dos dactilogramas muy diferentes…
La huella dactilar que se encuentra estampada en la Escritura Pública No. 4970 de la Notaría Quinta del Círculo de Medellín es un dactilograma que se llama dactilograma de doble presilla ya que su núcleo lo forman dos presillas que llegan de diferentes lados del dactilograma…
Las huellas dactilares de los dedos índice y pulgar de la mano derecha que se encuentran en la tarjeta decadactilar tomada por la Registraduría Nacional del Estado Civil al señor José Alfredo Escobar González (Pulgar derecho) es un dactilograma que pertenece al grupo de los verticilos con núcleo en forma de círculo (folios 376 y 377 del cuaderno 2).
Frente a este dictamen, la apelante criticó que el material utilizado para su realización careciera de perspicuidad, en fundamento de lo cual recordó lo manifestado por Jaime Enrique López Monsalve.
Sin embargo, la anterior acusación carece de asidero, pues partió del equívoco de suponer que los documentos tenidos en cuenta por el experto para rendir su dictamen fueron los mismos que los arrimados al sub lite, sin tener en cuenta que al presente únicamente se allegó una fotocopia simple de los mismos, lo que sin duda incidió en su legibilidad.
De allí que el perito López Monsalve, después de expresar su imposibilidad de acceder al material utilizado por el otro experto, manifestara que los que yacían en la presente foliatura ciertamente adolecían de claridad (minutos 50:04 a 50:32 de la audiencia de 27 de enero de 2017), de allí que buscara piezas adicionales ante las autoridades encargadas del estado civil.
En cuanto se refiere a la pericia de 14 de diciembre de 2016, allí nuevamente se aseguró que:
[N]o existe una misma configuración dactilar entre la huella dactilar del pulgar derecho perteneciente al señor José Alfredo Escobar González, para con el gravado (sic) dactilar que aparece impregnado como de éste en la Escritura Pública No. 4970 del día 30 de octubre de 1967, otorgada en la Notaría Quinta del Circuito Notarial del Municipio de Medellín…, ya que no existe una misma configuración, ni una misma disposición de las partes que dan la peculiar figura digital que a éste pertenece, como al no existir una misma naturaleza dactilar entre las mismas, por consiguiente debemos manifestar que dichos gravados (sic) dactilares no le pertenecen, no le es propio» (folios 339 y 340 del cuaderno 1).
En sustento, el especialista dilucidó:
Para confirmar y establecer plena identidad en lo concerniente a la existencia o no de una misma configuración de impresión dactiloscópica del gravado (sic) dactilar en la preforma Escritura Pública No. 4970 del día 30 de octubre de 1967, otorgada por la Notaría Quinta del Circuito Notarial del Municipio de Medellín…, para con la identificación dactilar del dedo pulgar de la mano derecha perteneciente al señor José Alfredo Escobar González que aparece pringado en tarjeta decadactilar de éste y dentro de la tarjeta de preparación alfabética de trámite de rectificación de su cédula de ciudadanía realizada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, tenemos que se trata de:
A. El dactilograma o huella dactilar perteneciente al señor José Alfredo Escobar González que aparece impregnado en la Tarjeta Decadactilar ya indicada y relacionada, siendo material de origen cierto y autenticidad no discutida, presenta una configuración de jacilla central o núcleo o crestas papilares forman un gravado (sic) dactilar a modo de círculos, aros o anillos que van a derecha a izquierda… dactilograma limpio, nítido e intacto a pesar de presentar algunas estigmatizaciones.
B. El dactilograma o huella dactilar aplicado en la preforma Escritura Pública No. 4970 del día 30 de octubre de 1967… presenta una configuración de jacilla central o núcleo, de la denominada presilla doble o gravado (sic) dactilar a modo de broche elíptico, cuyos relieves o crestas papilares forman dos curvas cerradas que se enganchan una en otra y en la zona superior del gravado (sic) o impresión dactilar, conlleve unos surcos interpapilares a modo convexo…Dactilograma limpio, nítido e intacto, sin estigmatizaciones alguna (folios 336 a 338).
Este profesional, para efectos de hacer el parangón solicitado judicialmente, tuvo en cuenta el acto escriturario y tres (3) juegos de impresiones dactilares de Alfredo Escobar, denominadas «primera vez CC», «renovación CC» y «rectificación CC» (folios 320 a 322), teniendo en cuenta que, de acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, «una vez realizada la búsqueda en nuestro Archivo Nacional de Identificación ‘ANI’, se encontró trámite de rectificación de cédula de ciudadanía N° 3.340.318, siendo antes Escobar González Alfredo, con fecha y lugar de nacimiento 24-12-1918 en Caicedonia-Valle, ahora José Alfredo escobar González, con fecha y lugar de nacimiento 23-12-1918 en La Estrella-Antioquia» (folio 306).
Significa que sus indagaciones no se agotaron con la obtención de un único ejemplar de los dactilogramas de Alfredo Escobar, sino que tuvo en consideración múltiples de ellos, tomados en diferentes fechas, en condiciones de limpieza y nitidez diversas, los cuales le permitieron arribar a una opinión conclusiva.
Dentro de este contexto, las críticas de la apelante respecto al trámite de rectificación de la cédula de ciudadanía de Alfredo Escobar, no sólo resultan ajenas al litigio, sino que de ninguna manera afectan la univocidad de las huellas digitales estampadas en las tarjetas decadactilares del causante, las cuales corresponden a la misma persona y difieren de la estampada en la Escritura Pública n.° 4970 de 30 de octubre de 1967.
Sobre la formación de este perito, puesta en duda por la impugnante, en la audiencia en que sustentó su pericia (27 de enero de 2017) se dejó sentado que era grafólogo forense, con adiestramiento específico en dactiloscopia y grafología (minuto 9), dando cuenta de esta preparación por la solvencia con que explicó sus colofones y respondió las preguntas, lo que despeja cualquier mácula que pueda elevarse contra el mismo.
La concurrencia de las experticias, que develan una divergencia esencial entre la huella digital del pulgar derecho de Alfredo Escobar, según las tarjetas decadactilares, y la contenida en la Escritura Pública n.° 4970 de 1967, descubre que quien estampó esta última no fue aquél. A su vez, como según el notario, la persona que concurrió al despacho notarial fue la misma que grabó su dactilograma, dable es inferir que Alfredo Escobar no fue quien concurrió para expresar la voluntad de reconocer a Edilia del Socorro Escobar López.
(iii) Tesis que encuentra soporte adicional en las demás pruebas que reposan en el proceso.
En primer lugar, porque repugna al sentido común que Alfredo Escobar realizara un reconocimiento notarial y voluntario de su hija, pero dos (2) años más tarde, previa intimación de un juez y al ser cuestionado sobre «si es, o cree ser, el padre natural de la menor Edilia del Socorro, nacida de Flor María Vélez Velásquez», manifestara categóricamente «no señor, no la reconozco» (folio 29 del cuaderno 1).
Tampoco tiene explicación que, teniendo la intención de reconocerle el estatus de descendiente natural a la menor, una vez fue declarado como tal por el Juez Primero Civil de Menores de Medellín, haya promovido «demanda ordinaria sobre revisión de sentencia de paternidad», con el fin de que se declarara que lo opuesto, esto es, que «no es el padre natural de la infante Edilia del Socorro, hija de Flor María Vélez Velásquez» (folio 43 reverso).
Menos aún que, una vez obtenida una providencia en sede casacional el 30 de junio de 1971 (folios 133 a 143), por la cual se dejó en firme la determinación del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín que rehusó la paternidad (folios 106 a 110), lo que se traducía en un triunfo de su oposición, entregara a su supuesta hija la escritura pública de reconocimiento voluntario, como lo declaró Edilia del Socorro Escobar Vélez en la audiencia de 12 de septiembre de 2016 (minuto 50:38 a 51:21).
Estas incoherencias en el comportamiento de Alfredo Escobar, carentes de cualquier justificación, sólo pueden disiparse bajo el asentimiento de que no participó en el acto de reconocimiento, de allí su férrea oposición al proceso judicial de filiación, que se tradujo en la interposición de múltiples recursos.
(iv) Se agrega a lo dicho la obscuridad de las afirmaciones de la enjuiciada, en punto al conocimiento y conservación de la Escritura Pública n.° 4970 de 1967, ya que en su interrogatorio aseguró que:
Ese documento llegó a mis manos… yo siempre hablaba con mi padre… estaba por ahí en cuarto de bachillerato y mi padre me entregó un documento y me dijo guarde este documento. Yo nunca lo abrí, porque yo siempre tuve mi apellido… yo guardé ese documento, ese documento se vino a saber su contenido en el 2014, cuando se lo entregué a mi abogado, a raíz de que el señor Hernando Escobar Viveros fue y me borró el apellido en la Notaría Quinta, donde está mi registro civil, con los documentos que mi madre tenía en el proceso…
[E]se documento me lo entregó él, cuando yo tenía 15 años, que fue por ahí en el año 82, 1982… me lo entregó en presencia de mi hermana, que es una hermana media… me dijo guarde este documento y obviamente lo guardé porque no tuve la necesidad como de abrirlo, de ser curiosa con el documento, porque igual yo seguía hablando con él… la verdad guardé ese documento… lo abrí, a raíz y empecé a buscar mis documentos que tenía, cuando el señor Hernando Escobar Viveros me borró mi apellido en la Notaría Quinta (minuto 50:38 a 56:30 de la audiencia de 12 de septiembre de 2016).
Nuevamente extraña al comportamiento sensato y racional que una adolescente reciba un documento, de la mayor importancia, el cual simplemente almacenó por muchos decenios y utilizó en el momento en que su registro civil de nacimiento se modificó con ocasión de la inscripción de las sentencias que desdecían de su filiación.
Tampoco encuentra dilucidación la pasividad de Edilia del Socorro Escobar Vélez por esclarecer su filiación o la falta de curiosidad para establecer el contenido del documento que supuestamente recibió Alfredo Escobar, máxime porque asintió conocer los bemoles del proceso de filiación que su madre adelantó, en el cual precisamente se reconoció que carecía de la condición de hija (minuto 33 de la audiencia de 12 de septiembre de 2016).
Estos enigmas únicamente encuentran respuesta de asentirse en que el acto de reconocimiento no fue suscrito por el presunto padre, pues de esta forma cobraría sentido que su hija ignorara un escrito que no recibió de aquél, así como que iniciara un trámite de filiación el 6 de marzo de 2013 (folio 13 del cuaderno 2).
(v) Adicionalmente, procede relievar que con la demanda se aportó la Escritura Pública n.° 992 de 27 de junio de 1967, huelga decirlo, otorgada cuatro (4) meses antes del reconocimiento, la cual fue firmada por Alfredo Escobar González, sin manifestar ningún tipo de impedimento (folio 22).
Lo mismo sucedió con el documento notarial n.° 1730 de 20 de noviembre del mismo año, esto es, de pocos días después del objetado, el cual contiene la firma de Alfredo Escobar González sin consideraciones adicionales respecto a impedimentos (folio 23).
Manifestaciones de voluntad que no fueron criticadas en el curso del proceso y, cuya existencia, ahondan la incertidumbre que se eleva sobre la Escritura Pública n.° 4970 de 30 de octubre de 1967, en la cual se dijo que el «señor Alfredo Escobar González… se encuentra impedido físicamente para firmar» (folio 16), lo cual resulta contradicho frente a los actos anterior y posterior que suscribió personalmente.
De nuevo, la dilucidación más elocuente es aquella que reniega la posibilidad de que Alfredo Escobar concurriera a la Notaría Quinta del Circuito de Medellín el 30 de octubre de 1967; en su lugar estuvo una persona diferente, la cual manifestó un impedimento legal para rubricar.
3.3.5. Para recapitular, las pruebas antes rememoradas, valoradas tanto de forma individual como en conjunto, demuestran que Alfredo Escobar no es el otorgante del acto escriturario tantas veces mencionado, pues esta es la única interpretación razonable frente al hecho de que la huella estampada en el documento no es la del causante, que días previos y posteriores al acto suscribiera otros sin declarar ningún impedimento, que se opusiera judicialmente a la filiación y que se mantuviera en secreto el supuesto acto de reconocimiento.
Frente a la contundencia del anterior análisis deviene imperativo confirmar la providencia de primer grado, con la anotación previa de que la falta de consentimiento de Alfredo Escobar conduce a la invalidez absoluta, por ausencia de un elemento esencial para su nacimiento a la vida jurídica.
4. A título de resumen de lo discurrido en esta providencia, la sentencia del Tribunal será casada por un error de juzgamiento en la interpretación del artículo 5° de la ley 68 de 1975, relativo a las acciones que pueden promoverse para desdecir del estado civil.
Ante la prosperidad del recurso extraordinario, en aplicación de los artículos 349 y 365, numeral 1°, del Código General del Proceso, no procede emitir condena en costas.
En su lugar, se proferirá sentencia de segunda instancia, confirmatoria de la providencia de 3 de febrero de 2017, por haberse acreditado los requisitos para declarar la invalidez del acto escriturario de reconocimiento por ausencia de consentimiento, de lo cual deberá tomarse nota en el registro civil de nacimiento de Edilia del Socorro Escobar Vélez.
Se impondrá a la apelante condena en costas de segundo grado, porque la decisión de alzada se resuelve desfavorablemente a sus intereses, acorde con el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso. Las agencias en derecho se tasarán, según el numeral 4 del artículo 366 ibidem y las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.
DECISIÓN
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, casa la sentencia de 20 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Familia, en el proceso promovido por Luz Marina y Gustavo Garcés Escobar a Edilia del Socorro Escobar Vélez, y en sede de instancia, resuelve:
Primero. Confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 3 de febrero de 2017 por el Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Itagüí.
Segundo. Costas de segunda instancia a cargo de la apelante, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso. Para su valoración el magistrado ponente fija la suma de diez (10) s.m.l.mv. como agencias en derecho.
Tercero. Sin costas en casación.
Oportunamente devuélvase el expediente a la corporación de origen.
Notifíquese
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA