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SC4052-2021 (2019-03702-00)_1
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado ponente
SC4052-2021
Radicación n.° 11001-02-03-000-2019-03702-00
(Aprobado en sesión virtual de ocho de septiembre de dos mil veintiuno)
Bogotá, D. C, cinco (5) de octubre de dos mil veintiuno (2021)
Se decide la solicitud de exequátur presentada por Miguel Óscar Riomaña Vallejo, respecto de la sentencia de 28 de julio de 2014, dictada por el Juzgado de Primera Instancia N° 24 de Valencia –España-, donde se decretó el divorcio del matrimonio contraído entre el actor y Aydé Ríos Corral.
1. ANTECEDENTES
1.1.1. Contrajo matrimonio “civil” con Aydé Ríos Corral el 30 de diciembre de 2006, en Colombia, en la Notaría Única de Ginebra -Valle del Cauca-.
1.1.2. Los consortes, ambos ciudadanos colombianos, se trasladaron a Valencia -España- y allí fijaron su domicilio; no obstante, como el demandante comenzó a trabajar en Londres -Inglaterra- y tuvo que realizar distintos viajes, “surgieron (…) desavenencias con su cónyuge (…) que llevaron al desquiciamiento del matrimonio (…)”.
1.1.3. Sostiene que el 15 de abril de 2014, a través de Procuradora Judicial, impulsó “demanda de divorcio contencioso” frente a su consorte, quien, notificada, no se opuso al petitorio y, expresamente, anunció “(…) su voluntad de no solicitar a su marido prestación alguna (…)”.
1.1.4. El 28 de julio de 2014 se dictó sentencia favorable a sus pretensiones, decretándose el divorcio “con todos los efectos legales”, providencia que adquirió firmeza al no haber sido apelada, tal como lo certificó el juzgado cognoscente.
1.1.5. Precisa que, durante la vigencia del vínculo marital, no fueron procreados hijos y tampoco se adquirieron “bienes de ningún tipo”.
1.2. Admitida la demanda por la Corte, se dio traslado a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, quien guardó silencio en el término de traslado.
1.3. Por su parte, en oportunidad, Aydé Ríos Corral manifestó “aceptar el exequátur” del fallo en comento, así como su inscripción en los registros civiles correspondientes.
Agregó que, en su criterio, el vínculo no se mantuvo por circunstancias atribuibles al demandante; asimismo, arguyó haber aducido en el trámite surtido en España, no necesitar prestación económica por parte de aquél. Por último, relató que, si bien el censor otrora incoó un juicio verbal de divorcio en Colombia en su contra, mediante sentencia de 11 de diciembre de 2018, se negaron sus pretensiones y se exhortó a los cónyuges a agotar el procedimiento de exequátur, determinación respecto de la cual, el 23 de septiembre de 2019, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, declaró desierta la apelación formulada.
1.4. Se dispuso oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara si entre Colombia y España existía convenio vigente sobre el reconocimiento recíproco de fallos pronunciados por autoridades jurisdiccionales en divorcios y, de ser así, remitiera las copias autenticadas, requerimiento atendido el pasado 17de agosto.
2. CONSIDERACIONES
2.1. El numeral 4º del canon 607 del C.G.P. prescribe para el trámite del exequatur que “(…) vencido el traslado se decretarán las pruebas y se fijará audiencia para practicarlas, oír los alegatos de las partes y dictar la sentencia (…)”.
La aludida codificación, en su artículo 278, prescribe: “(…) [E]n cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial (…), [c]uando no hubiere pruebas por practicar (…)”.
De esa manera, cuando los juzgadores adviertan la carencia o inocuidad del debate probatorio, podrán proferir fallo definitivo sin más trámites, por innecesarios, al existir claridad fáctica sobre los supuestos aplicables al caso1.
La norma 279, inciso 2º, ibídem, en todo caso, permite el fallo escrito. Sucede cuando en la audiencia de juzgamiento es imposible emitirlo de viva voz (artículo 373, numeral 5º, inciso 3º, ejúsdem). También, es una consecuencia necesaria, en las hipótesis donde, al no existir pruebas para evacuar, ninguna audiencia habría que realizar. Sucede, por ejemplo, en el procedimiento del recurso de revisión (artículo 358, in fine) y durante el trámite del exequátur, según se anunció.
Refrenda lo anterior el Decreto Legislativo 806 de 2020, mediante el cual se expidieron normas para garantizar la prestación del servicio de justicia y el derecho fundamental al libre acceso a la administración de justicia, todo, en el marco de la decretada Emergencia Económica, Social y Ecológica a raíz de la pandemia Coronavirus COVID-19. Entre las directrices señaladas se encuentran, como regla general, las actuaciones no presenciales y “excepcionalmente de manera presencial”.
En estas condiciones es plausible dictar sentencia anticipada escrita y por fuera de audiencia, dada la etapa procesal y la naturaleza de la actuación y el tipo de pruebas requeridas para la resolución del asunto.
Lo anterior rige también en materia de exequatur, aspecto que se infiere de la doctrina probable sostenida por esta Corte, particularmente de las siguientes providencias: 11001-02-03-000-2017-01922-00; 11001-02-03-000-2016-00260-00; 11001-02-03-000-2016-2544-00; 001-02-03-000-2016-03018-00; 001-02-03-000-2016-02853-00.
En el presente trámite, el respeto a las formas propias de cada juicio debe ponderarse con los principios de celeridad y economía procesal, los cuales reclaman decisiones prontas, adelantadas con el menor número de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas.
En otras palabras, las formalidades están al servicio del derecho sustancial, de modo que, al advertirse sus minucias, deberán soslayarse, cuando en el decurso se posea todo el material suasorio requerido para tomar una determinación inmediata.
Lo contrario equivaldría a una “(…) irrazonable prolongación [del proceso, que hace] inoperante la tutela de los derechos e intereses comprometidos en él (…)”2.
En esa línea, la administración de justicia “(…) debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento” (art. 4, Ley 270 de 1996), para lo cual se exige que sea “(…) eficiente y que [l]os funcionarios y empleados judiciales [sean] diligentes en la sustentación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley (…)” (art. 7 ibídem).
El proferimiento de una sentencia anticipada, supone que algunas etapas del proceso no se agoten, como una forma de dar prevalencia a la celeridad y economía procesal, criterio armónico con una justicia eficiente, diligente y comprometida con el derecho sustancial.
Al respecto, expuso esta Corte:
“(…) Por supuesto que la esencia del carácter anticipado de una resolución definitiva supone la pretermisión de fases procesales previas que de ordinario deberían cumplirse; no obstante, dicha situación está justificada en la realización de los principios de celeridad y economía que informan al fallo por adelantado en las excepcionales hipótesis que el legislador habilita dicha forma de definición de la litis.
“De igual manera, cabe destacar que aunque la esquemática preponderante oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para prever de fondo anticipado se configura cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane (…)”3.
En el sublite resulta procedente dictar un fallo anticipado, pues según se infiere, no resultaba indispensable señalar y celebrar audiencia para evacuar alguna prueba, pues las ordenadas son documentales, se cuenta, además, con lo decretado y recaudado en juicio.
En consecuencia, adelantar una audiencia en este asunto se torna innecesario, en particular, ante la ausencia de oposición, debiendo entonces proferirse decisión definitiva, inmediata y escrita.
2.2. En el marco del Derecho internacional privado las relaciones entre los estados se afianzan en la medida en que se contemplen mecanismos de reconocimiento recíproco de sus respectivas decisiones judiciales. El exequátur es un instrumento dispuesto para contribuir a la cooperación mutua y reciprocidad entre Estados, su finalidad radica en asegurar la eficacia, en otros territorios, de las providencias emitidas en determinado país, previo cumplimiento de las formalidades legales.
En Colombia, los jueces como garantes de la aplicación de la Constitución y de la ley asumen responsabilidades que atañen directamente con el respeto y la defensa de la soberanía nacional. El Estado Colombiano a través de la Constitución Política ha dejado en cabeza de esta Corporación la tarea de verificar el acatamiento de los requisitos legales, así como también, la de autorizar la homologación de decisiones extranjeras, la cual, en aras de establecer la reciprocidad diplomática y, para el efecto, debe constatar que entre nuestro país y aquél donde se profirió el fallo, existan tratados que revistan del mismo valor en ese territorio a las providencias emitidas por la jurisdicción patria y en contraprestación, aquí se les dé igual tratamiento a sus decisiones.
Sin embargo, ante la ausencia de tales instrumentos de derecho internacional, deberá compararse la legislación de ambas naciones a fin de determinar si no existe violación de normas de orden público y si dichos ordenamientos contemplan disposiciones en el mismo sentido (art. 605 C.G.P.).
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que se impone elucidar “(…) si entre los países involucrados existe un acuerdo o convenio sobre la suerte de las determinaciones que emiten sus funcionarios judiciales; en otros términos, si ha sido regulado de manera directa y expresa por los propios Estados, la validez o no de las sentencias emitidas en uno u otro. En defecto de un tratado sobre el asunto, surge el imperativo de constatar la presencia de un texto legal alusivo al tema. En ese orden, acreditada la reciprocidad diplomática, la legislativa resulta innecesaria”4.
2.3. El exequatur está relacionado con la soberanía, elemento esencial del Estado, y como emanación de ella, compete a sus propios jueces impartir justicia en el respectivo territorio.
Este postulado ha adquirido una nueva dimensión como consecuencia de la creciente interrelación de los distintos países, por el flujo que se genera en el tráfico de bienes y servicios habidos entre ellos, sus naturales o connacionales, por la creciente globalización, la formación de bloques económicos, el aumento de leyes uniformes, permitiendo que decisiones de jueces de otros Estados surtan efectos no solo en su territorio y frente a sus nacionales o a quienes se encuentren domiciliados en él, sino también en Estados extranjeros, a condición de que se observen determinados principios.
De ese modo, con fundamento en el sistema de reciprocidad, frecuentemente sentencias o laudos pronunciados en el extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria5, producen efectos vinculantes en Colombia.
2.4. En nuestro país se reconocen plenas consecuencias a las decisiones adoptadas en otras naciones, siempre y cuando se hayan proferido con igual fuerza a las emitidas por los jueces patrios, (i) ya en virtud de tratados internacionales, sistema conocido como el de la reciprocidad diplomática; (ii) ora porque la ley del territorio de donde emana igual alcance confiera a las providencias nacionales, en desarrollo del principio de la reciprocidad legislativa.
2.4.1. La diplomática, convencional o ejecutiva, tiene lugar cuando entre Colombia y el país de donde proviene la decisión judicial objeto del exequatur, se ha suscrito tratado público que permita igual aplicación en este Estado extranjero a las sentencias emitidas por jueces colombianos, de manera que como contraprestación a la fuerza que éstas tengan en aquél, las suyas vinculen en nuestro suelo6.
2.4.2. La legislativa, como reconocimiento de sentencias previsto en la normativa extranjera.
Bajo este esquema, a falta de Tratado, debe demostrarse que en el país donde se emitió la providencia objeto de exequatur también existe ley en ese territorio que le dé validez a las dictadas en Colombia. Subordina el goce de los derechos de los extranjeros a la existencia en su país, de una norma de derecho interno que otorgue un trato semejante a los nacionales del país de origen.
En otras palabras, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva legislación extranjera para darle al fallo la misma fuerza concedida por esa disposición a los proferidos en Colombia.
En consecuencia, cuando no hay tratado público, es indispensable demostrar en el proceso respectivo que la ley del país donde fue dictada la sentencia que pretende ejecutarse en Colombia, da el mismo valor a las sentencias de los jueces nacionales colombianos7.
La prueba de este sistema debe ajustarse a lo previsto en el art. 177 del C.G.P., según el cual “(…) La copia total o parcial de la ley extranjera deberá expedirse por la autoridad competente del respectivo país, por el cónsul de ese país en Colombia o solicitarse al cónsul colombiano en ese país (…)”.
2.4.3. La jurisprudencial o de hecho, con la cual se busca dar los mismos efectos a las sentencias proferidas en el exterior a los fallos dictados en el país de origen. Esta posibilidad es de gran aplicación en los sistemas del common law por virtud de la trascendencia de las decisiones judiciales y del stare decisis.
Para su consecución, la providencia debe contener similares características a las dictadas en Colombia. En pos de acreditarla deben aportarse las resoluciones de tribunales extranjeros, debidamente traducidos y legalizados, con la expresa constancia que en ellas se da cumplimiento a las disposiciones nacionales8.
En esta clase de reciprocidad, un Estado reconoce una sentencia extranjera en virtud de la doctrina “of comity”9, también conocida como “commitas gentium”10 o de la cortesía internacional.
Tal homologación, se itera, es propia del common law, pero aplicable también al sistema civilista romano11, pues se edifica en los principios de justicia y armonía internacionales, cuya práctica compendia la máxima latina “do ut des facio ut facias”12, pues el reconocimiento de actos de soberanía de un Estado extranjero, como una sentencia, aun cuando no exista reciprocidad diplomática o legislativa, conlleva dos tipos de implicaciones positivas.
La primera, porque se cumple la obligación ética de obedecer el derecho (duty), esto, por cuanto, prima facie, en toda nación que asuma y profese valores democráticos, serán siempre las autoridades judiciales, por intermedio de sus jueces, a través de sus providencias, quienes acometen la labor de adjudicar las prerrogativas jurídicas a los ciudadanos, perspectiva que define e involucra a las instituciones “(…) al servicio de la persona humana, y no al revés (…)”13.
Ello se acompasa con uno de los consabidos fines del Derecho, como es su pretensión ética14, cuando apunta a situar al individuo en alteridad con los otros sujetos de derecho, con independencia de la nacionalidad a la que pertenezcan, y de ese modo, satisfacer sus necesidades de justicia, dado los rutinarios conflictos que genera la convivencia humana.
La segunda comporta un valor progresista, en pro de la materialización de la justicia, entendida esta como esencial virtud de toda forma de organización social, ya sea nacional o extranjera.
Así, el punto de partida y foco de esta implicación es dejar claro que la justicia es la estructura básica de toda sociedad democrática, criterio que, por ser universal, impone a los Estados la obligación de cooperar en su consolidación, al punto de promover el bienestar de las personas que se favorecen de las decisiones judiciales.
En esa línea, la cooperación judicial entre naciones implica asumir un sentido transnacional de justicia y una concepción compartida de la misma, donde las diferencias de intereses y objetivos políticos de los Estados, no tienen el poder de afectar el fortalecimiento de vínculos comunes de todo sistema judicial, como la independencia, imparcialidad, legalidad, igualdad, debido proceso, recurso efectivo de amparo ante los jueces y derecho de defensa15.
Tal enfoque supone que el reconocimiento y cumplimiento de un fallo proferido en el extranjero, en el evento de no existir reciprocidad diplomática y legislativa, será viable si en el juicio donde se profirió se respetaron las garantías procesales de los involucrados, siempre y cuando su contenido no sea producto del fraude o colusión, o no violente el orden público nacional o internacional.
De esa manera, un Estado, por medio de sus jueces, analiza la pertinencia de homologar una sentencia, trata la cuestión y la soluciona para colmar los vacíos legales o la ausencia de instrumentos bilaterales o multilaterales de los Estados, a fin de ensanchar el espacio de los derechos individuales y ofertar recursos de protección frente a la rigidez o desactualización de los sistemas de relaciones internacionales o legislativos, en búsqueda de un tratamiento de igualdad y de justicia; al mismo tiempo, que por la cortesía que se deben entre sí los “soberanos” o los Estados por su condición de iguales.
El precepto 605 del C. G. del P. abriga dos de los sistemas de reciprocidad, pues, de un lado, “(…) se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país (…)”; y, de otro, a falta de aquéllos, “(…) se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia (…)”16
2.5. A fin de establecer la viabilidad de autorización para la ejecución en Colombia de la sentencia que decretó el divorcio del matrimonio, proferida por el Juez del Reino de España; pasa la Sala a auscultar los elementos de juicio acopiados.
En la homologación de la decisión española presentada a la Corte, se ordenó librar comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara de la existencia entre Colombia y el Reino de España, de tratados o convenios vigentes entre sí y, en general, sobre el reconocimiento recíproco de efectos jurídicos a las sentencias de divorcio, emitidas por las autoridades judiciales de ambos países.
Existe reciprocidad legislativa entre los dos Estados, pues, como lo certificó la Cancillería a través de la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado 17 de agosto, se halla vigente el “Convenio sobre ejecución de sentencias civiles entre la Republica de Colombia y el Reino de España” suscrito en Madrid el 30 de mayo de 1908 y aprobado por el Congreso de la República mediante Ley 7 de 1908.
2.5.1. La determinación en rigor no versa sobre derechos reales constituidos en bienes que se encuentren en el territorio patrio en el momento de iniciarse el proceso donde se emitió, solo se refiere a la ruptura del vínculo matrimonial, máxime si los consortes no tuvieron descendencia ni adquirieron bienes.
En este caso, se tuvieron como elementos de convicción las documentales adosadas por la activa y la pasiva, manifestando, esta última, estar de acuerdo con las pretensiones y el procedimiento adelantado; asimismo, las decretadas de oficio fueron atendidas por los organismos diplomáticos competentes.
En el presente asunto, se han configurado con claridad los supuestos analizados, no existen pruebas que practicar en este instante, en consecuencia, se hace necesario dictar el presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia.
2.5.2. El fallo tampoco es contrario al ordenamiento interno en materia de divorcio, ya que éste se halla autorizado en Colombia con base en las causales del artículo 154 del Código Civil, modificado por el 6° de la Ley 25 de 1992, en las cuales se prevé el ‘consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia’, luego no existe incompatibilidad con la norma nacional.
Téngase en cuenta que, si bien en principio, el actor adujo formular “demanda de divorcio contencioso”, una vez notificada la cónyuge, ésta intervino deprecando se acogieran las pretensiones del libelo, por estar conforme con el mismo y, en el fallo objeto de este pronunciamiento, se expresó:
“(…) A la vista celebrada en fecha de hoy [28 de julio de 2014], han concurrido ambas partes debidamente representadas mediante Procurador y asistidas de Letrado, solicitando se dicte sentencia por la que se declare la disolución del matrimonio (…)”.
2.5.3. La sentencia comentada alcanzó ejecutoria y firmeza, como se advierte de la respectiva constancia del estrado judicial de conocimiento, al señalar: “(…) Que en el procedimiento Familia. Divorcio contencioso 000654/2014 que se sigue en este Juzgado, obra demanda, contestación a la demanda y SENTENCIA DICTADA que es FIRME (…)”.
2.5.4. El asunto no es de competencia exclusiva de los jueces de Colombia; desde luego, al estar morando la pareja en el Reino de España, las competentes autoridades de ese territorio tenían jurisdicción para pronunciarse sobre la materia, como en efecto se hizo a través de la providencia invocada.
2.5.5. En el plenario obra prueba del proceso de divorcio iniciado por el accionante en Colombia; no obstante, como lo indicó Aydé Ríos Corral, el asunto terminó con sentencia de 11 de septiembre de 2018, donde se negaron las pretensiones por hallarse los intervinientes ya “divorciados por autoridad extranjera”; además, se les conminó “(…) para que adelanten ante la autoridad competente el trámite de exequátur, a efecto de que la sentencia de divorcio proferida por la Juez de Primera Instancia N° 24 de Valencia -España-, proferida el 28 de julio de 2014, produzca efecto en Colombia (…)”.
Lo anterior evidencia la idoneidad y procedencia de esta vía, pues el juez ordinario colombiano no se pronunció sobre la viabilidad o no del divorcio, por cuanto, lo determinado fue que el mismo ya había tenido lugar y, por ello, exhortó a los interesados a impulsar este procedimiento para lograr que la sentencia materia de homologación pudiera tener efectos en este país.
2.5.6. Se acreditan también, los presupuestos de apostilla, como lo reglan, en su orden, la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, y el artículo 251 del Código General del Proceso en lo relativo al apostillaje.
La Corte Constitucional en sentencia C-164 de 1999, declaró la exequibilidad de la Ley 455 de 1998 mediante la cual, se aprobó la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”. Este tratado de aplicación obligatoria en el territorio nacional, al haber cumplido los trámites para su incorporación en el derecho interno, introdujo modificaciones consistentes en sustituir la autenticación Diplomática o a través del Cónsul, por un sello de apostilla conforme a los términos previstos en dicho mecanismo internacional y al ordenamiento jurídico de los países suscriptores.
Con lo anterior, la legalización de los documentos públicos provenientes del extranjero se surte agotando ese procedimiento, sin menoscabo de las exigencias antes previstas en el artículo 251 del Código General del Proceso.
En lo atinente al presupuesto del numeral 3º del canon 606 ídem, se destaca que al plenario se allegó copia debidamente legitimada de la providencia objeto de esta decisión, así como de los demás documentos dirigidos a acreditar su firmeza.
2.5.7. Además, se probó el presupuesto del ordinal 2º ídem, ya que la sentencia a homologar no se opone a las disposiciones nacionales de orden público.
2.6. Se impone, entonces, acceder a lo deprecado y ordenar la inscripción tanto del fallo foráneo, como de esta resolución, para los efectos de los artículos 6º, 106º y l07º del Decreto 1260 de 1970 y 13º del Decreto 1873 de 1971.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero: Conceder el exequátur de la providencia de 28 de julio de 2014, dictada por el Juzgado de Primera Instancia N° 24 de Valencia –España-, mediante la cual decretó el divorcio del matrimonio civil contraído entre el actor y Aydé Ríos Corral.
Segundo: Para los efectos legales a que haya lugar, en especial los previstos en los artículos 6º, 106º y 107º del Decreto 1260 de 1970, 13º del Decreto 1873 de 1971 y 9º de la Ley 25 de 1992, ordenar la inscripción de la presente providencia, junto con la sentencia autorizada, en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio y de nacimiento de los involucrados. Líbrense las respectivas comunicaciones.
Tercero: No imponer condena en costas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 Esta es la filosofía que inspira las recientes transformaciones de las codificaciones procesales, en las cuales se prevé que los procesos pueden fallarse a través de resoluciones anticipadas, por parecer innecesario agotar las etapas posteriores. (TARUFFO, M. “El proceso civil de “civil law”: Aspectos fundamentales”. En “Revista Ius et Praxis”, 12 (1): 69 – 94, 2006).
2 PALACIO L., “Manual de Derecho Procesal Civil”, LexisNexis, Abelardo-Perrot, Buenos Aires, 2003, pp. 72.
3 CSJ, SC12137, 15 ag. 2017, rad. nº 2016-03591-00.
4 CSJ SC20806-2017, reiterada en CSJ SC4253-2019, 8 oct., rad. 2019-01228-00.
5 «La sentencia, como producto de la jurisdicción, emana de la soberanía, y por eso sus efectos jurídicos quedan limitados dentro del territorio en que la soberanía se ejerce. Ahora bien: si antes de que a la sentencia extranjera le sea concedido el exequatur no produce en nuestro ordenamiento jurídico ninguno de los efectos que son propios del acto jurisdiccional de ella, por el solo efecto de su existencia como sentencia extranjera, según dice muy bien Morelli, deriva un efecto jurídico, que consiste en hacer surgir en la parte la acción tendiente precisamente al reconocimiento» (SENTIS MELENDO, S. “La sentencia extranjera (exequatur)”, Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1958, pp. 40).
6 CSJ SC 25 de septiembre de 1996. Exp.5524.
7 CSJ SC 0282 de 26 de noviembre de 1984, M.P. Alberto Ospina Botero.
8 MONSÁLVEZ, M. “Del cumplimiento en Chile de Resoluciones pronunciadas por Tribunales Extranjeros”, Editorial Andrés Bello, pág. 100.
9 Principio por el cual los Tribunales de un Estado respetan las decisiones de los jueces de otro Estado.
10 Se traduce Cortesía Internacional, es también conocida como “comitas gentium”: “Usos sin carácter de obligación, observados en las relaciones internacionales, simplemente por razones de consideraciones recíprocas”, (GUILLIEN, R. y otro. Diccionario jurídico, 2da edic. Bogotá: Temis, 1990, P. 113-114). Se basa en la voluntad unilateral de un Estado por medio de sus jueces a diferencia por ejemplo de un tratado que es un acto jurídico bilateral que conlleva el consentimiento de dos o más partes. Es una doctrina que se acerca al Stoppel.
11 Tradicionalmente se ha entendido que el sistema romano y el anglosajón resultan totalmente distintos e incompatibles, cuando en realidad comparten asuntos comunes en temas constitucionales, procesales, civiles, comerciales, entre otros. La globalización económica, política y cultural destruye barreras, intercomunica y amalgama crecientemente modelos, entre ellos, los jurídicos, de modo que hay una casi natural influencia recíproca de ambas familias jurídicas, en las fuentes creadoras del derecho y muchos otros aspectos, pues en uno tiene lugar a través del señalamiento de reglas impersonales, generales y abstractas (leyes); y el otro, se finca en la obligatoriedad del precedente (stare decisis) fijado por los jueces (sentencias), el cual se construye a través de casos.
12 “Hago para que des”, locución que en el derecho romano se refería a una denominación genérica de los contratos innominados, en los cuales una de las partes realizaba una prestación o ejecutaba algún hecho para obtener una cosa de la otra (CABANELLAS DE TORRES, G. “Diccionario jurídico elemental”. 11a. Ed. Buenos Aires: Heliasta, 1993).
13 COTRONEO ORMEÑO, C., “¿Obligación moral de obedecer el Derecho? la desobediencia civil en Rawls y su inclusión en el positivismo jurídico incluyente” en Revista Derecho y Humanidades n° 25, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, p. 69, (2015).
14 Aquí se resalta la noción kantiana sobre la relación hombre y dignidad, la cual alcanza su culmen cuando el Derecho reconoce y respeta al individuo.
15 Artículos 7, 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas –ONU; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.
16 CSJ SC G. J., t. LXXX, página 464, CLI, página 69, CLVIII, página. 78, y CLXXVI, pagina 309, entre otras.
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