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STC11397-2021
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado Ponente
STC11397-2021
Radicación n.° 11001-22-10-000-2021-00610-01
(Aprobado en sesión virtual de primero de septiembre dos mil veintiuno)
Bogotá, D.C., primero (1°) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).-
Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido el 21 de julio de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por Javier Andrés Marta Martínez contra el Juzgado Diecisiete de Familia de esta urbe, y la Comisaría Diecinueve de Familia de Ciudad Bolívar II1, trámite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del trámite administrativo a que alude el escrito inicial.
ANTECEDENTES
1. El promotor del amparo reclama a través de apoderada judicial, la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la «valoración integral», y a la igualdad, presuntamente quebrantadas por las autoridades convocadas, al ordenar y confirmar una medida de protección en su contra, en el trámite administrativo radicado bajo el consecutivo n.º 2019-1282-00.
Entonces, pide en lo cardinal, que a través de este trámite preferente se suspendan los efectos de las decisiones emitidas por la Comisaría 19 de Familia de Ciudad Bolívar II y el Juzgado Diecisiete de Familia de Bogotá, a través de las cuales le fue impuesta una medida de protección.
2. Para respaldar su queja, del extenso y farragoso escrito constitucional se extrae, que su excompañera sentimental con «argucias y engaños», acudió ante la autoridad administrativa pretextando violencia intrafamiliar en su contra, pese a ser ésta quien propicia un ambiente malsano al interior del hogar, ello en aras de apropiarse de una construcción en el predio de su progenitor.
Aseguró que en el marco de ese particular trámite la allí convocante impidió la práctica adecuada de las pruebas, y en general, le obstruyó el acceso a la administración de justicia, situación que finalmente desencadenó en un accidente cardiovascular en su persona, que ahora le impide acudir por sí mismo a la jurisdicción para hacer valer sus derechos, y que por contera, hace viable la intervención del juez de tutela en aras de proteger sus garantías superiores.
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS
a. El Juez Diecisiete de Familia de Bogotá simplemente dijo, que conoció de la consulta de la sanción impuesta por la Comisaría Diecinueve de Familia de Ciudad Bolívar II de esta localidad emitida el 19 de diciembre de 2019, en el marco del incidente de incumplimiento a la medida de protección allí proferida; que el asunto fue remitido a la autoridad administrativa, por lo que «le es imposible en estos momentos argumentar alguna otra situación referente a los derechos que señala el accionante que le fueron vulnerados dentro de la tutela de la referencia».
b. A su turno, la Comisaría Diecinueve de Familia de Ciudad Bolívar II aseguró, que no ha quebrantado ninguna de las garantías reclamadas por el gestor, por lo que pidió denegar el amparo.
c. Por su parte, la Secretaría de Integración Social anotó, que es «la dependencia coordinadora de los aspectos administrativos y operativos de las Comisarías de Familia», pero no tiene injerencia alguna «respecto de las decisiones que desde las Comisarías se adopten, en virtud de las competencias que les atribuye la Ley».
La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá negó el resguardo reclamado, tras extrañar el requisito de la prontitud que gobierna este trámite preferente. Por demás, dijo que no se advierte un desafuero susceptible de corrección por esta senda.
LA IMPUGNACIÓN
La presentó el gestor del amparo, insistiendo, en lo cardinal, en las primigenias alegaciones. Por demás, cuestionó el trámite impartido al interior del asunto penal que también se adelanta en su contra por el delito de violencia intrafamiliar.
CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política es un mecanismo residual de carácter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador.
2. En el presente caso, el ciudadano Javier Andrés Marta Martínez cuestiona varios aspectos al interior de la medida de protección que se adelantó en su contra por cuenta de su excompañera sentimental, Maryi Dayana Linares Cortés, hechos que, en su sentir, propendieron por el quebrantamiento de sus garantías superiores, y los cuales se circunscriben así: (i) decisión del 9 de diciembre de 2019, a través de la cual la Comisaría de Familia Diecinueve de Ciudad Bolívar II declaró probado el incumplimiento de la medida de protección impuesta el 19 de mayo de 2017; y, (ii) auto del 20 de febrero de 2020, por medio del cual el Juzgado Diecisiete de Familia de Bogotá confirmó la Resolución del 9 de diciembre de 2029, proferida por la referida Comisaria de Familia.
3. Pues bien, efectuado el análisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicción obrantes en las presentes diligencias, observa la Sala que surge patente la confirmación de la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta lo siguiente:
3.1. Mediante auto del 24 de abril de 2017, La Comisaría de Familia Diecinueve de Ciudad Bolívar II admitió la medida de protección formulada por la señora Maryi Dayana contra el aquí actor, y en tal sentido dispuso ordenar al presunto agresor, que «se abstenga de realizar cualquier tipo de agresión verbal, física, psicológica, ofensas, ultrajes, palabras soeces, amenazas, insultos o cualquier otra conducta constitutiva de violencia intrafamiliar».
3.2. Notificadas las partes, la audiencia de medida de protección se realizó el 19 de mayo de 2017, oportunidad en la que el aquí interesado aceptó los cargos en su contra, aduciendo que «fueron cosas que venían acumuladas y por el trago estallaron», razón por la cual se le interpuso la medida de protección de carácter definitivo, y se ordenó, entre otras, el seguimiento a dicha orden.
3.3. El 22 de mayo de ese mismo año se admitió el incidente de incumplimiento a la medida de protección, y se convocó a la audiencia prevista en el artículo 11 de la Ley 575 de 2000.
3.4. La anterior vista pública se realizó el 20 de junio siguiente, oportunidad en la que el presunto agresor admitió algunos hechos, aclaró otros, e intentó justificar los restantes, y ante la ausencia de caudal probatorio, se declaró no probada la solicitud de incumplimiento a la medida de protección.
3.5. Nuevamente, a petición de parte, en decisión del 30 de octubre de 2019 se dio inicio a la apertura de incidente de incumplimiento, pero la misma se suspendió para escuchar la declaración de un testigo, y la práctica de la entrevista psicológica de los hijos menores de la pareja en conflicto.
3.6. Cumplido lo anterior, el 9 de diciembre de 2019 se reanudó la diligencia, y con sustento en los medios de convicción recopilados, particularmente las entrevistas de los menores de edad, se declaró probado el incumplimiento de la medida de protección impuesta el 19 de mayo de 2017.
4. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a través del amparo está llamado al fracaso, teniendo en cuenta que la última determinación emitida dentro del asunto ejecutivo objeto de revisión constitucional data del 20 de febrero 2020, mientras que se acudió al amparo sólo hasta el 6 de julio de 2021, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulación del reclamo.
Sobre el particular se precisa, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un término específico para su formulación, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -artículo 3º del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado actúe tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneración de los derechos fundamentales, lo cual no ocurrió en el presente caso, comoquiera que transcurrieron dieciséis (16) meses y dieciocho (18) días desde que se profirió la decisión que se cuestiona, sin que el aquí inconforme solicitara la protección de los derechos que considera hoy vulnerados con tal determinación, cuestión que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto básico de la inmediatez que rige el trámite previsto por el artículo 86 de la Carta Política, según el cual el menoscabo de una garantía de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacción del supuesto lesionado o agraviado.
De manera reiterada se ha puntualizado, que «aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercanía en el tiempo con el ejercicio de la acción, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanción por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicción para reclamar tal protección y, también, por evitar perjuicios, éstos sí actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jurídicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente» (CSJ STC2685-2021).
5. Y aunque el anterior requisito de procedencia podría eventualmente ceder, ante la situación de vulnerabilidad alegada por el actor, quien refiere que por un accidente cardiovascular que le generó la situación de estrés que vivió por cuenta del trámite administrativo que se adelantó en su contra, no puede valerse por sí mismo, lo cierto es que surge patente la confirmación de la improcedencia del amparo reclamado, pues las decisiones cuestionadas no lucen susceptibles de corrección excepcional por esta senda, al ser producto de una respetable valoración probatoria en el marco del trámite de violencia intrafamiliar que allí se adelantó.
En efecto, ese laborío le permitió concluir al Juez convocado, que «el incidentado no cumplió con la orden emitida por la Comisaría Diecinueve de Familia Ciudad Bolívar II, pues el accionado tuvo la oportunidad de desvirtuar los hechos endilgados en su contra, situación que no ocurre pues la única prueba que solicitó fue que se escuchara la declaración de su padre (…) quien refirió agresiones por parte de la accionante al accionado», pero de la valoración conjunta de las pruebas se logró verificar el incumplimiento del aquí accionante. Por lo tanto, la simple divergencia conceptual, o el no compartir el sentido de la decisión anotada, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cuál de las posibilidades de interpretación se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que está llamada a aplicarse al caso concreto.
De manera invariable ha señalado la Sala de tiempo atrás, que «independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, la reseñada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque éste pueda ser susceptible de otra exégesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia» (CSJ STC5912-2021).
6. Finalmente, en lo que respecta a los reparos relacionados con el proceso penal que se adelanta en contra del actor, suficiente con advertir que, desde la admisión de la demanda de la referencia el conocimiento del asunto respecto de esa autoridad se escindió, por lo que no resulta viable, en esta ocasión, verificar la actuación allí adelantada.
7. Corolario de lo esgrimido, y sin más razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Con Ausencia Justificada
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 El Juez a quo escindió el conocimiento de la acción.