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STC12036-2021
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado Ponente
STC12036-2021
Radicación n° 11001-02-03-000-2021-03219-00
(Aprobado en sesión de quince de septiembre de dos mil veintiuno)
Bogotá, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
Decide la Corte la acción de tutela promovida por Javier Elías Arias Idárraga contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira trámite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acción popular nº 2019-00063 y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría.
ANTECEDENTES
1. Actuando en nombre propio, el querellante reclama la protección de su garantía esencial al debido proceso, supuestamente conculcada por la autoridad convocada, al dictar, en sede de apelación, el fallo de 26 de agosto de 2021, en virtud de la acción popular nº 2019-00063-01 adelantada contra Bancolombia S.A.
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, refiere, en síntesis, que la magistratura acusada al resolver la segunda instancia del referido proceso, oficiosamente declaró el «agotamiento d jurisdicción por cosa juzgada», advirtiendo que el debate que la origina ya había sido ventilado ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia a través del juicio nº 2015-00172.
No obstante, asegura el promotor que «(…) nunca present[ó] acción popular en ese despacho (…) no se [le] notifico el auto admisorio, no se [le] cito (sic) a pacto de cumplimiento, no se [le] notifico (sic) la sentencia, es decir desconoci[ó] de la existencia de la misma». Por lo tanto, considera que no se le podían imponer sanciones por temeridad o mala fe sin haber agotado previamente un trámite incidental para el efecto.
3. En consecuencia, pretende que a través de este particular mecanismo «se ordene al juez de Belén de Umbría rda, compartir el link de [su] acción popular y el conflicto de competencia a fin de presentar acciones populares donde la amenaza ocurre en sitio diferente y así garantizar art 29 CN , tal como ocurre en este lado SE ORDENE AL TUTELADO revocar la MULTA A MI CONTRA Y GARANTIZAR ART 13, 29 CN se ordene en derecho aclarar por qué se remitió [su] acción popular 2015 172 a ARMENIA y la acción popular 2019 063, se tramito en Belén de Umbría rda, (…) SE ORDENE CONCEDER AMPARO DE POBRE PEDIDO (…) SE ORDENE PROBAR [su] TEMERIDAD Y [su] MALA FE, O SE APLIQUE [su] FAVOR [su] BUENA FE» (sic).
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS
1. La Procuraduría General de la Nación pidió ser desvinculada del presente trámite.
2. El Procurador 8 Judicial II para Asuntos Civiles de Bogotá, manifestó que «el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo no están en la obligación legal de servir de representante judicial del señor Javier Elías, pues si bien la defensoría del Pueblo debe ser notificada cuando el actor no es abogado, su intervención es facultativa y no obligatoria tal como lo establece el artículo 13 de la Ley 472 de 1998. En cuanto al Ministerio Público, su intervención es obligatoria en el pacto de cumplimiento y potestativa en las demás etapas procesales, de lo cual se colige que no tienen la obligación de intervenir o de asumir la representación judicial de quien carece de la calidad de abogado titulado. En ese orden de ideas, no existe vulneración de derechos del señor Javier Elías Arias por parte de estas últimas entidades por ausencia total de hechos que configuren una amenaza o vulneración de sus derechos».
Recalcó, que la intervención de las autoridades públicas en la acción popular no es para asesorar a los particulares que interponen acciones populares, ni para sustituir al convocante en sus deberes procesales, sino para la realización de su propósito misional, de acuerdo a las competencias y facultades legales y constitucionales.
Finalmente, solicitó que el amparo fuera denegado, en tanto que es inexistente la vulneración aducida.
3. La Defensoría del Pueblo Regional Risaralda indicó, que «verificado nuestro sistema de información institucional con el número de identificación del señor Javier Elías Arias Idárraga, el cual valga la pena resaltar, es el único autorizado para el registro de solicitudes, peticiones y quejas, el nombre del accionante se encuentra relacionado en un sin número de peticiones, las cuales obedecen a vinculaciones que desde los despachos judiciales se han hecho a la Defensoría del Pueblo dentro del trámite del proceso de acciones populares que el accionante ha iniciado o coadyubado (sic) en diferentes departamentos del País, como Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Caldas y Risaralda, así como notificaciones de Tutelas instauradas en contra de esta entidad o vinculaciones realizadas por los diferentes despachos judiciales en acciones constitucionales por hechos similares a los que atañen a la presente tutela; sin embargo, no existe ninguna solicitud que haya realizado el señor Arias Idárraga solicitando orientaciones, o asistencia para la interposición de la misma, por lo tanto la Defensoría del Pueblo, en ningún momento le ha vulnerado derechos fundamentales».
4. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en virtud del asunto que origina el reclamo.
CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico.
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira transgredió las garantías invocadas por el convocante al dictar, en sede de apelación, la sentencia de 26 de agosto de 2021 en virtud de la acción popular nº 2019-00063-01.
2. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, sólo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneración a los privilegios esenciales, eso sí, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial.
3. El caso concreto.
De la revisión efectuada a la queja constitucional y con observancia en la información y piezas procesales adosadas al expediente, establece la Sala que habrá de negarse el auxilio por las razones que a continuación se compendian.
1. Razonabilidad de la providencia cuestionada.
Al examinar el fallo sometido a escrutinio de esta Sala, mediante el cual la magistratura acusada, el 26 de agosto hogaño, declaró probada la excepción de «cosa juzgada», tras verificar que la acción popular nº 2019-00063-01 era identica en sus hechos, pretensiones y partes a la nº 2015-00172-00 adelantada ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia, no logra advertirse la vulneración denunciada por el querellante en razón a que la referida sentencia se ajusta a una hermenéutica respetable.
En efecto, para arribar a la anterior determinación la autoridad accionada tuvo en cuenta que no existe «excusa razonable del actor del porqué presentó de nuevo la demanda, lo que se erige en un comportamiento precedido de mala fe en el accionante», razón por la cual impuso multa de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.
Conforme a lo anterior, no se observa el desafuero jurídico enrostrado por el promotor, por el contrario, la providencia censurada se basó en una motivación que no es producto de la subjetividad o el capricho, e independientemente de que esta Sala especializada la prohíje, no puede tildarse de abiertamente antojadizo para que sea objeto de ataque en sede constitucional, más cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta vía para imponer al fallador ordinario una particular interpretación del contexto jurídico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia.
En todo caso, ante contextos como el estudiado, la Corte ha resaltado que,
«(…) independientemente de que se comparta o no la hermenéutica del juzgador ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinación judicial sea el resultado de una actuación subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jurídica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo análisis» (Sentencia de 27 de septiembre de 2013, exp. 02177-00, reiterada en la STC8557-2017, 15 de junio, rad. 2017-00475-01).
2. Consideración adicional.
Finalmente, en relación con las pretensiones del accionante encaminadas a que a través de este excepcional mecanismo «se ordene al juez de Belén de Umbría rda, compartir el link de [su] acción popular y el conflicto de competencia a fin de presentar acciones populares donde la amenaza ocurre en sitio diferente y así garantizar art 29 CN , tal como ocurre en este lado (…) se ordene en derecho aclarar por qué se remitió [su] acción popular 2015 172 a ARMENIA y la acción popular 2019 063, se tramito en Belén de Umbría rda», resalta la Sala que la tutela no ha sido erigida para dar trámite a ese tipo de pedimentos, teniendo en cuenta que el gestor puede acudir por su propia cuenta ante la autoridad competente para gestionar ese tipo de solicitudes.
4. Conclusión.
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone denegar el resguardo implorado puesto que la providencia acusada no constituye vía de hecho que amerite la intervención del juez constitucional.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a través de la acción de tutela referenciada.
Comuníquese lo aquí resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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