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STC12494-2021_1
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado Ponente
STC12494-2021
Radicación n° 05001-22-10-000-2021-00252-01
(Aprobado en sesión de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno)
Bogotá, D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de “X” el 26 de agosto de 2021, dentro de la acción de tutela promovida por “A” contra el Juzgado “Y” de Familia de “X”, trámite al cual fueron vinculados el Juzgado “Z” de Familia de dicha capital y los intervinientes en el ejecutivo de alimentos n° 00000.
ANOTACIÓN PRELIMINAR
Como medida de protección a la intimidad de los menores involucrados en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido, suprimir de la providencia, y de toda futura publicación de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e información que permita su identificación, en procura de lo cual se elaborará otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresión, que será el publicable para todos los efectos correspondientes1.
ANTECEDENTES
1. Actuando a través de apoderado judicial, el solicitante reclama la protección del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada, al no acceder a la objeción presentada contra la liquidación del crédito dentro del asunto antes referido.
2. En síntesis, expuso que según «acta de conciliación del 23 de diciembre de 2016 suscrita ante la Comisaría de Familia de (…)» entre él y “B”, quien actuó en representación de sus dos menores hijos “C” y “D”, se fijó cuota alimentaria en la suma de «$2´150.000», incrementada anualmente «de manera proporcional al IPC más 2 puntos», y pagadera dentro de los cinco primeros días de cada mes mediante consignación en cuenta de ahorros, indicándose que «los gastos extraordinarios, matrículas escolares, uniformes, útiles escolares entre otros (…), serán asumidos por ambos cónyuges por partes iguales que también deberán ser consignados a la cuenta».
Que en razón al «incumplimiento involuntario (…), habida consideración que estuvo desempleado por un largo periodo de tiempo», la progenitora de los niños impetró demanda ejecutiva de alimentos cuyo título ejecutivo fue el acuerdo conciliatorio antes mencionado, pese a que, mediante sentencia del 11 de noviembre de 2020, el Juzgado “Z” había reducido la mesada como consecuencia del proceso de revisión por él incoado, quedando en «$1.850.000», con reajuste anual igual al del salario mínimo legal; adicionalmente el obligado asumió el pago de $500.000 mensuales «en el evento en que sus hijos “C” y “D” tengan que cancelar canon de arrendamiento, debido a que el inmueble donde actualmente habitan es propiedad mancomunada de los padres (…)».
Que el 18 de mayo de 2021, la ejecutante «presentó un memorial contentivo de la reliquidación del crédito en el que incluyó rubros adicionales (extras) a la cuota alimentaria cuya disminución se decretó», y ante ello «me pronuncié descorriendo traslado y objetando la liquidación. Empero, la agencia judicial accionada resolvió la objeción mediante auto del 29 de junio de 2021 indicando que resulta acertado “incluir el 50% de los gastos extras de los menores”, habida consideración que, en su sentir, el acuerdo al que llegaron ante el Juzgado “Z” de Familia de “X” (…), no alteró lo pactado acerca de los gastos extra en la conciliación previamente celebrada ante la Comisaría de Familia [el] 23 de diciembre de 2016».
Agregó que «el 6 de julio [de 2021] impetré recurso de reposición y en subsidio de apelación [y], a través de auto del 26 de julio de 2021 el despacho decidió no reponer, arguyendo nuevamente que las cuotas extras debían ser incluidas, y, obviamente, negando el recurso de apelación por tratarse de un proceso de única instancia», situación que en su criterio es violatoria del debido proceso en tanto el accionado «intenta revivir la otrora cuota alimentaria que se ventiló y derogó en virtud del proceso de disminución de alimentos incoado por el señor Arbeláez Ceballos ante la inminente imposibilidad de cumplir con la que inicialmente se había pactado».
3. Pretende, se ordene al juzgado acusado «considerar nuevamente la liquidación del crédito presentada por el apoderado judicial de “B”, sujetándose al último acuerdo que sobre alimentos pactaron las partes».
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS
1. El Juez “Y” de Familia de “X”, manifestó que no comparte la postura del demandante en cuanto a que el Juzgado “Z” de Familia hubiera fijado «cuota alimentaria integral a razón de $1.850.000», porque su interpretación es que en dicha oportunidad «sólo se modificó la cuota alimentaria mensual, quedando incólume la obligación frente al 50% de los gastos extras en favor de los menores», acotando que de esta manera se protege el interés superior de los menores.
2. El Juzgado “Z” de Familia de dicha capital, remitió copia virtual del expediente contentivo del proceso de reducción de alimentos tramitado en ese estrado judicial.
3. El Procurador (…) Judicial II de Familia de “X”, conceptuó que «la tutela debe ser concedida toda vez que existe una nueva regulación de cuota alimentaria, y por tal razón a partir de la sentencia del Juzgado “Z” de Familia, la liquidación del crédito tiene que ser conforme a este nuevo acuerdo. Cosa diferente es que los valores adeudados hasta antes de la nueva decisión, tienen que ser liquidados tal y como estaban pactados, pues el despacho no puede aplicar una sentencia de manera retroactiva. Pero pretender el Juzgado “Y” que a pesar de la sentencia del Juzgado “Z” se tienen que seguir incluyendo los gastos extras no pactados en el Juzgado “Z” de Familia, resulta un despropósito, toda vez que esa sentencia buscaba rebajar la cuota».
4. “B”, demandante en el pleito cuestionado por esta senda, manifestó por intermedio de su apoderado su oposición a lo pretendido al cuestionar sus fundamentos de hecho. Concretamente señaló que, al pedir la reducción, el hoy quejoso «fue preciso y específico en determinar que la cuota alimentaria impuesta mediante acta de conciliación ascendía para la época a $2.150.000 sin hacer énfasis ni dar a entender que comprendía todo lo relacionado con el numeral primero del acta de conciliación de la Comisaría de Familia, pues de hacerlos carecería de justificación dado que los conceptos de gastos extras no son determinables en valor y concepto». Acotó que lo atinente a dichos gastos extraordinarios «nunca fue objeto de discusión (…), pues de llegar a ser como lo interpreta el abogado del accionante, nunca se hubiese llegado a acuerdo conciliatorio por parte de la madre de los menores por lo oneroso y peligroso que pudiese ser para los menores desvincular a su padre de las obligaciones que van generando sus hijos en la medida que crecen».
SENTENCIA DE PRIMER GRADO
Concedió el amparo al considerar que «el comportamiento agotado por el señor juez “Y” de Familia, al emitir los interlocutorios de 29 de junio y 26 de julio de 2021, ordenando incluir, al modificar la reliquidación del crédito [para incluir] cuotas alimentarías causadas desde diciembre de 2020 hasta mayo de 2021, y los “gastos extra”, relacionados por ese lapso (…), infringió el fundamental derecho del proceso debido (…), porque para la promoción de esa causa, se anexó, como título, base de ejecución, la resolución n° 735 de 23 de diciembre de 2016, de la Comisaría de Familia (…), que fue aprobada o reiterada en la sentencia n° 811 de 7 de junio de 2017, dictada por el Juzgado “W” de Familia (…), título ejecutivo que llevó a que se librara el mandamiento de pago y, después, la orden de seguir adelante con la ejecución».
Precisó que con la actualización del crédito «la ejecutante pretendió incorporar a ese ejecutivo (…), las “cuotas alimentarias y gastos extras de los menores”, comprendidos entre “diciembre 01 de 2020 hasta mayo 30 de 2021”, sin detenerse a observar que estas ostentan, como título, un documento diferente, respecto de aquel que sirvió para librar la ejecución», pues la sentencia de reducción «entró “en vigor a partir del mes de diciembre de 2020”, lo cual llevó a que la rebatida reliquidación del crédito, aprobada por el juez “X”, con la modificación que le introdujo, censurada por el ejecutado, no resulte congruente con el mandamiento de pago y la disposición de seguir adelante, dictados en ese proceso», comoquiera que «un nuevo título mutó el que sirvió como fuente de ejecución». En tal virtud, «dej[ó] sin efecto los autos de 29 de junio y 26 de julio de 2021 y las actuaciones que de los mismos dependan», y ordenó que «en el lapso de cinco (5) días al de la notificación que se le hiciere de este proveído, proceda a resolver, en conjunción con lo expuesto, lo concerniente a la actualización del crédito que presentó [el ejecutante] el 14 mayo de 2021, en el proceso ejecutivo para el cobro de cuotas alimentarias».
IMPUGNACIÓN
La interpuso la contraparte del reclamante dentro del proceso ejecutivo, quien refutó los argumentos del tribunal porque «pasa por alto el interés superior del menor», ya que, en su sentir, da prevalencia al proceso de reducción en lugar de atender «el contenido total de las obligaciones dinerarias pactadas en una acta de conciliación (…), cuando lo demandado por el accionante ante el Juzgado 11 de Familia era solo lo pactado como manutención mensual con valor determinado en la suma de $2.150.000 y lo determinado en dicha acta de conciliación como gasto extra nunca fue demandado (…). Por lo que es pertinente reiterar que en la citada acta de conciliación (emitida por Comisario de Familia de la Comuna 16 de Medellín), que dio origen a las obligaciones del señor Robin Alejandro Arbeláez, se trata el concepto global de gastos extra [en cuyo parágrafo del numeral 1° del acta] detalla qué rubros comprende: (i) gastos extraordinarios, (ii) matrículas escolares, (iii) uniformes, (iv) útiles escolares, (v) entre otros… para ser asumidos por partes iguales por los padres, es decir 50% a cargo de cada uno».
CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico.
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado “Y” de Familia de “X”, vulneró las prerrogativas derivadas del debido proceso invocadas por el accionante, al no acceder a la objeción que propuso contra la reliquidación del crédito dentro del ejecutivo de alimentos n° 00000, o si, por el contrario, dicha decisión denota razonabilidad que impida la intervención del juez constitucional.
2. De la tutela contra providencias judiciales.
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado, en línea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener incólumes los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilación de sus conflictos a la jurisdicción.
También, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, éste sea determinante o influya en lo resuelto; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneración; y que la providencia censurada no sea sentencia de tutela; finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos específicos: sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constitución.
3. Del caso concreto.
Realizado el estudio pertinente a los argumentos de la presente queja y a las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala revocará el fallo estimatorio de primera instancia, comoquiera que la actuación del juzgado que es objeto de cuestionamiento, no constituye yerro específico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla.
3.1. En efecto, para que con proveído del 29 de junio de 2021 el accionado modificara la «reliquidación» del crédito dentro de la ejecución por alimentos seguida contra el hoy tutelante, inicialmente adujo la facultad otorgada por el artículo 446-3 del Código General del Proceso y enseguida revisó «el núcleo central de la objeción» propuesta por el ejecutado, consistente en que con la sentencia proferida «el 11 de noviembre de 2020 por parte del Juzgado “Z” de Familia, se modificó la obligación quedando en una cuota alimentaria integral, que ya no comprende la obligación respecto del 50% de los gastos extras de los menores», respecto de lo que expuso que era desacertada esa posición, pues conforme lo entendió la ejecutante «tal modificación se limitó a la cuota alimentaria mensual, quedando incólume la obligación respecto del 50% de los gastos extras (…), tal como había sido señalada en la resolución proferida el 23 de diciembre de 2016 por la Comisaría de Familia de (…)», y en ese sentido precisó:
«De la lectura del acta proferida por el Juzgado “Z” de Familia, advierte esta Judicatura que en ella se hizo referencia únicamente a la cuota alimentaria, más no se hizo pronunciamiento respecto de los gastos extras de los menores; bien sea para entender que tal obligación quedaba incluía en la nueva cuota alimentaria señalada, o para entender que persistía.
En este punto, sea necesario señalar que la expresión “cuota alimentaria”, es usada comúnmente para referirse indistintamente, tanto solo a la cuota alimentaria mensual, como también a la totalidad de la obligación alimentaria (que comprende la cuota alimentaria mensual y demás conceptos, como en este caso los gastos extras). Por lo anterior, una interpretación semántica del acta que modificó la cuota alimentaria, podría no revelar la intención pretendida
Por otro lado, la parte actora en su respuesta a la objeción planteada allegó copia del escrito de la demanda de revisión de cuota alimentaria, en ella el apoderado de la parte demandante manifestó: “Se aclara que la cuota alimentaria precitada asciende a la suma de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($2.150.000) de conformidad con lo acordado por las partes ante la Comisaría de Familia de (…).”. Más no hizo ninguna manifestación respecto de los gastos extras a los que se encuentra obligado el alimentante.
Rebatida en sede de reposición, la anterior decisión se mantuvo incólume con providencia del 26 de julio de 2021, reiterando, con argumentos similares, que «contrario a lo manifestado por la parte recurrente en su escrito, la pretensión del alimentante en la demanda en mención, consistió en la revisión tan solo de la cuota alimentaria mensual, que para ese año estaba en la suma de $2.150.000; más no se pretendió modificar, por igual, los demás ítems de la obligación alimentaria, verbi gracia, el 50% de los gastos extras de los menores, que son el objeto del presente recurso», y acotó que «en caso que aun pudiera existir duda respecto de la correcta interpretación que deba hacerse del Acta proferida el pasado 11 de noviembre por el Juzgado “Z” de Familia de “X”, con el fin de proteger el interés superior de los menores alimentarios, deberá aplicarse la interpretación que resulte más beneficiosa para los intereses de los menores; en este caso, es aquella que modifica únicamente la cuota alimentaria mensual y persiste el cobro del 50% de los gastos extras de los menores». Se destaca.
3.2. Como acaba de verse, la determinación censurada, además de estar suficientemente motivada, se muestra conveniente y útil para los niños en cuyo favor se adelantó la actuación objeto de revisión en esta excepcional sede, sin que con ella se afecten las prerrogativas del querellante quien, sin perjuicio de la variación que podrá intentar a la tasación de alimentos, por ahora debe acatar la actuación judicial por él cuestionada, en tanto lejos está de tornarse caprichosa o arbitraria.
Sobre el particular, esta Sala ha venido sosteniendo que cuando se está ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los niños, el juez debe ser más acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto más amplio, pues acorde con la normativa existente a nivel internacional, en nuestro medio se debe partir del postulado 44 de la Carta Política, según el cual «los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás».
En ese orden, se reitera que los planteamientos realizados por el despacho encartado, no se muestran antojadizos sino ajustados a una razonable ponderación de los medios de convicción y a la normativa que rige la temática examinada, por lo que las discrepancias esbozadas por el actor en esta sede, demuestran que la intención es imponer su personal apreciación e interpretación del ordenamiento jurídico frente al criterio del fallador de la causa, que de accederse convertiría la tutela en un recurso adicional que contraría el carácter residual y subsidiario, en tanto que:
«El Juez de tutela, a pretexto de examinar si existió vulneración de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisión de los jueces ordinarios que conocieron del trámite y los recursos, como si esta acción hubiere sido concedida como un medio de impugnación -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorgárselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De allí que toda consideración en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atención de la Sala, tiene una competencia limitada y también residual. Tanto, que en concepto configuración de una de las apellidadas vías de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria» (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, citada en STC11640-2021, 8 ago. 2021, rad. 00685-01, entre otras).
Adicionalmente se reitera que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situación que no ocurre en el sub lite, ya que este remedio «no está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico a través del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo» (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC2853-2021, 19 mar. 2021, rad. 00060-01).
4. Conclusión.
Corolario de lo antes precisado, se impone revocar el fallo de primer grado y en su lugar desestimar el auxilio invocado, por cuanto la controversia planteada no amerita la injerencia del fallador constitucional en tanto la resolución criticada no es producto de un subjetivo criterio sino, por el contrario, de uno jurídicamente razonable.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada.
En su lugar, conforme a los razonamientos que anteceden, se DENIEGA el amparo solicitado por “A”; por consiguiente, se invalida la actuación desplegada en cumplimiento del fallo de primera instancia.
Comuníquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
1 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casación Civil.