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STC14290-2021
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado Ponente
STC14290-2021
Radicación n.° 44001-22-14-000-2021-00117-01
(Aprobado en sesión virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno).
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021).-
Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido el 28 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, dentro de la acción de tutela promovida por Manpower de Colombia Ltda. contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Hatonuevo y Primero Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, trámite al que fueron vinculados las partes y demás intervinientes del asunto a que alude el escrito inicial.
ANTECEDENTES
1. Por conducto de apoderada judicial, la sociedad accionante reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la defensa, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales querelladas, dentro del amparo instaurado en su contra por Carlos Jesús Giraldo Manjarrez, bajo el radicado N° 2020-00022-00.
Por tal motivo, pretende, principalmente, se declare «la NULIDAD de todo lo actuado al interior del trámite de tutela [criticado], auto admisorio inclusive, habida cuenta el vicio de nulidad insanable que fue cometido desde su inicio. Y, NOTIFICAR[LE] como corresponde» y, subsidiariamente, se revoquen los fallos emitidos por los juzgadores denunciados para, en su lugar, imponerle al Despacho del circuito censurado, «expedir una nueva decisión (…) ajustada a derecho».
2. En apoyo de sus reparos aduce, que el demandante en la tramitación criticada pidió el amparo de sus garantías sustanciales, aduciendo como irregular la terminación del contrato laboral celebrado con ella y ejecutado en el municipio de San Juan del Cesar -Guajira-, entre el 21 de junio de 2017 y el 29 de enero de 2020, y deprecando, en consecuencia, su reintegro al cargo allí desempeñado.
Advierte que el a quo incurrió en distintas irregularidades, pues (i) asumió el asunto sin tener competencia territorial para ello, dado que la presunta vulneración acaeció en San Juan del Cesar y no en Hatonuevo; (ii) omitió notificarle la admisión de la tutela a la dirección electrónica reportada en el certificado de existencia y representación legal de la compañía, haciéndolo «a [la] siguiente rosa.caballero@manpower.com.co, siendo que, esta cuenta se encuentra deshabilitada (…) al ser una funcionaria que ya no laboraba con la entidad, y que en todo caso nunca fue dispuesta como canal de notificaciones judiciales»; y (iii) resolvió conceder el auxilio arbitrariamente, reconociéndole al allí censor una estabilidad laboral «inexistente» y ordenándole, como accionada, reintegrarlo, equivocándose, además, en su denominación social, toda vez que se refirió a «Manpowergroup», cuando lo correcto es «Manpower de Colombia Ltda.».
Sostiene que ante esa decisión desfavorable, «impugnó la sentencia el 13 de marzo de 2020 vía correo electrónico, teniendo conocimiento de la admisión de la impugnación el 30 de marzo de 2020»; no obstante, el fallador del circuito convocado, tres (3) días después -2 de abril de 2020-, emitió su decisión confirmando la providencia recurrida, sin permitirle «sustentar en debida forma su defensa» y soslayando enterarla de tal veredicto «en su integridad, [por cuanto le envió] (…) únicamente el oficio que informaba sobre el mismo, vulnerando el principio de publicidad, máxime cuando debido a las circunstancias sanitarias en las que todavía nos encontramos, los trámites judiciales estaban surtiéndose de manera virtual».
Por lo expuesto, asevera, los accionados lesionaron los derechos invocados, pues el trámite esta viciado de nulidad absoluta por los defectos descritos, hallándose, así mismo, en las sentencias cuestionadas, «cosa juzgada fraudulenta», pues esa figura «no solo es atribuible a los eventos en que se adopte una decisión con fines ilegales, sino que [ésta] haya sido producto de una interpretación abiertamente contraria a los postulados constitucionales, así como en completo desconocimiento de la ley», tal como ocurrió en el caso controvertido; añade que no puede aducirse la improcedencia de sus súplicas por estar pendiente el remedio de revisión ante la Corte Constitucional, como quiera que, al parecer, el despacho del circuito censurado no ha remitido el expediente, toda vez que «consultada la página de [esa] Corporación, no se encuentra sus registros. Adicionalmente, (…) [solicité información] mediante escrito de fecha 26 de agosto de 2020, y no se ha obtenido respuesta».
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS
a. El titular del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar señaló que el trámite censurado le fue comunicado a la tutelante a las direcciones electrónicas rosa.caballero@manpower.com.co y notificacionjudicial@grupoprodeco.com.co y advirtió que aquélla formuló la impugnación correspondiente frente al fallo de primer grado, dictado el 25 de febrero de 2020, enterándosele de «la admisión en segunda instancia» el 30 de marzo posterior y emitiéndose la sentencia con la cual se definió la alzada el 2 de abril subsiguiente, «notificada a los correos electrónicos aportados por el accionante»; agregó que el 30 de agosto de 2021 remitió las diligencias a la Corte Constitucional, «mediante envío número 914294» y expuso que la protección exigida no podía salir avante, por cuanto la ahora censora no propuso las cuestiones aquí aducidas en el decurso criticado; además, han pasado más de diecisiete (17) meses desde que fue proferido el fallo en segundo grado y, con todo, advirtió, ante la Corporación antes mencionada, puede «enmendarse el error que se le enrostra a la actuación».
b. Los demás guardaron silencio.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El a quo constitucional denegó el amparo exigido, al desconocerse los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad; el primero, por cuanto desde el fallo proferido en segunda instancia en el trámite criticado, ha transcurrido más de un (1) año y cinco (5) meses, y el segundo, dado que la accionante nada alegó sobre la invalidez aquí pretendida ante los falladores denunciados; además, según se expuso, «aún resta que se agote la revisión ante la H. Corte Constitucional».
Con todo, y ante la falta de «constancia de que la acción de tutela rad. 2020-00022-00 ya hubiese sido remitida ante la H. Corte Constitucional», le ordenó al juzgado del circuito censurado, proceder de conformidad en caso de no haberlo hecho.
LA IMPUGNACIÓN
La formuló la sociedad tutelante, reiterando los argumentos del escrito introductor y arguyendo haber demostrados las insuficiencias denunciadas sobre su notificación en el decurso reprochado; acotó, además, el cumplimiento del presupuesto de inmediatez, pues formuló este amparo el 2 de octubre de 2020; sin embargo, sólo tras la interposición de «derechos de petición» para establecer lo ocurrido con el libelo, consiguió que se admitiera el mismo en septiembre de 2021. Por último, advirtió que el mecanismo de revisión aducido por el Tribunal «solo sería admisible en caso que la revisión fuera una etapa fija dentro del trámite de tutela y se surtiera con la misma celeridad propia de esta acción constitucional, pero por el contrario, es eventual, poco probable, y se extiende en el tiempo; de tal suerte que, no es lógico que se exija como requisito de este tipo de tutelas el trámite de revisión, máxime cuando también es sabido el tiempo que el mismo puede demorar».
CONSIDERACIONES
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporación, que, en línea de principio, la acción instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantarían los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política.
El planteamiento anterior se aplica en una medida aún mayor, cuando la determinación atacada fue proferida por un juez constitucional como epílogo del trámite de amparo; de lo contrario, se abriría la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertiría ad aeternum lo expresado en el primer fallo.
Así las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervención de un segundo juez de amparo cuando en el trámite de la acción se ha incurrido en una vulneración clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con interés en el resultado del respetivo trámite.
2. Acerca de esta especial temática, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1º de octubre de 2015, consolidó los criterios dispuestos desde el año 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acción de tutela frente a una controversia suscitada con ocasión de un trámite de igual naturaleza, de la siguiente manera:
«4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional» (subraya fuera de texto).
3. Auscultado el escrito introductor, de entrada, se advierte que debe confirmarse la providencia impugnada, por cuanto el amparo propuesto por Manpower de Colombia Ltda. no puede salir avante porque, en primer lugar, su queja se dirige frente a los fallos emitidos en la salvaguarda otrora presentada en su contra por Carlos Jesús Giraldo Manjarrez, pues, sostiene, los juzgadores enjuiciados erraron al tener por acreditado el derecho de aquél a la «estabilidad reforzada» y disponer su reintegro al cargo que desempeñaba; por tanto, es clara la improcedencia de este auxilio al formularse respecto de otro de idéntico linaje, siendo necesario memorar que esta Sala reiteradamente ha denegado resguardos como el presente, a fin de evitar «la cadena ilimitada de litigios que se generarían en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituyó a la Corte Constitucional como el órgano que pone fin al debate en punto de protección de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo» (CSJ 2255-2021).
4. En segundo término, el auxilio también fracasa frente a las alegaciones relativas a la falta de competencia de los falladores denunciados para resolver el amparo atacado y los supuestos errores en el enteramiento de las determinaciones allí adoptadas, pues, al margen de la ausencia de inmediatez esgrimida por el a quo constitucional, rebatida por la precursora al aportar el soporte que muestra la presentación de la tutela actual el 2 de octubre de 2020, lo cierto es que el presupuesto de subsidiariedad sí se halla plenamente ausente, comoquiera que nada esgrimió la peticionaria en el decurso criticado, en torno a los dos aspectos antes anotados, quedando subsanado, incluso, lo concerniente a su notificación, al haber impugnado el veredicto de primer grado en el trámite reprochado, sin exponer los vicios aquí ventilados.
Resta indicar, que tampoco se demostró el «fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta», por cuanto no se halla acreditado un proceder ilegal de los jueces querellados, y menos una situación de fraude auspiciada por esas autoridades, siendo inviable, en consecuencia, la aplicación de la sentencia SU-627 de 2015 atrás citada, al no configurarse ninguno de los presupuestos para la procedencia de las acciones de tutela respecto de otras de la misma estirpe.
5. Aunado a lo expuesto, debe tenerse en cuenta además, que la jurisprudencia ha insistido en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el señalado mecanismo excepcional, su impugnación o la etapa del incidente de desacato, no es un nuevo instrumento de la misma naturaleza el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, toda vez que con ese fin el legislador diseñó la revisión eventual ante la Corte Constitucional prevista en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el recurso de insistencia desarrollado en el Acuerdo No 05 de 1992, para pedir a dicha Corporación su escogencia, mecanismos procesales a los cuales podrá tener acceso la sociedad accionante cuando el asunto sea debidamente recepcionado por aquélla Colegiatura, conforme lo impuso el Tribunal en primera instancia, pues, en realidad, no hay constancia de tal envío, por lo que en caso de desatenderse ese mandato, la promotora -como ya lo hizo-, puede denunciar el posible «desacato» ante el a quo constitucional.
Sobre el mecanismo de revisión comentado, ha precisado esta Corporación:
«Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garantía, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acción de tutela, también lo es que la selección se materializa a través del procedimiento previsto en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que ‘[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave’, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto ‘dentro de los quince días calendario siguientes a la fecha de notificación por estado del auto de la Sala de Selección’. (Artículo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)» (CSJ STC8012-2021).
De este modo, la posibilidad de acudir al mencionado mecanismo ante el alto Tribunal Constitucional, al ser la vía idónea para plantear la inconformidad expuesta en este escenario, impide la intromisión en el asunto por parte de un segundo juez de tutela, pues, este remedio «es un medio subsidiario llamado a aplicarse sólo cuando en el escenario natural del respectivo trámite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, únicamente es permitida la revisión del desarrollo procesal respecto de las garantías propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ningún momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constitución o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevaría a invadir su órbita de acción y a quebrantar la Carta Política» (CSJ STC437-2021).
6. De este modo, y sin más razones por innecesarias, se impone mantener incólume el fallo refutado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE