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STC17268-2021
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
STC17268-2021
Radicación n.° 63001-22-14-000-2021-00117-01
(Aprobado en sesión virtual de quince de diciembre de dos mil veintiuno)
Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).
Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido el 27 de octubre de 2021 por la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en la acción de tutela instaurada por Rosmery Alzate de Londoño contra el Juzgado Tercero de Familia de esa ciudad, a cuyo trámite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.
ANTECEDENTES
1. La accionante reclamó la protección del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la sede judicial acusada.
Solicitó, en concreto, “se deje sin valor” el fallo proferido por el tutelado dentro del asunto materia de resguardo.
2. Son hechos relevantes para la definición del presente asunto los siguientes:
2.1. Aduce la gestora que el señor Jaime Londoño Cuartas fue condenado por el Juzgado Tercero de Familia de Armenia, como cónyuge culpable y responsable de divorcio por las causales 2ª y 3ª del artículo 154 del Código Civil, y decretándose alimentos a su favor.
2.2. Sostiene que el prenombrado solicitó la exoneración de la cuota alimenticia impuesta en el referido decurso, asunto zanjado por el despacho fustigado en sentencia de 21 de julio de 2021, en la cual dispuso reducir la obligación a cargo del allí demandante en un 10%.
2.3. Afirma que el despacho criticado pasó por alto que la sanción que dio origen a la memorada cuota de alimentos surgió por la “violencia de género” en la que incurrió su exesposo, por tanto, considera que esa determinación carece de motivación, y por ende la nulidad absoluta de la misma.
LAS RESPUESTAS DEL CONVOCADO
Se opuso al ruego resaltando la legalidad de su proceder.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El a-quo constitucional denegó el amparo, tras advertir:
“(…) Al efectuar el análisis de la sentencia atacada, advierte la Sala que a la accionante de ningún modo se le han lesionado sus derechos fundamentales como consecuencia de la providencia judicial emitida el 29 de julio de 2021, ya que la decisión motivo de inconformidad está suficientemente argumentada, no es el resultado de una conducta arbitraria o irracional opuesta a la ley, sino una confrontación objetiva bajo los postulados de la sana critica, que no es dable desconocer a través de la acción constitucional, independientemente de si se comparten o no los argumentos (…)”.
LA IMPUGNACIÓN
La presentó la quejosa insistiendo en la vulneración de sus garantías fundamentales.
CONSIDERACIONES
1. Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades públicas y, en determinadas hipótesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.
Por lineamiento jurisprudencial, en tratándose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable vía de hecho, cuando «el proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley» (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.
2. Del examen de la demanda de amparo se establece que a través de ella se cuestiona la sentencia de 21 de julio de 2021, proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Armenia, determinación que, disminuyo la cuota alimentaria impuesta a favor de la aquí gestora y a cargo de exesposo Jaime Londoño Cuartas; determinación aquélla que, para la Corte, no luce arbitraria.
En efecto, el despacho criticado en el fallo criticado expresó:
“(…) [S]e debe determinar por el Despacho si se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 422 del Código Civil y lo dicho en el precedente constitucional citado, es decir, si persisten las condiciones que avalaron la aplicación de la cuota de alimentos a cargo del señor JAIME y a favor de ROSMERY en sentencia preferida proferida por este juzgado del 30 de abril de 2010, confirmada por el Tribunal Superior de Armenia Quindío, en sentencia del 4 de agosto del mismo año; esto significa que esto es lo que el Despacho tendrá en cuenta para decidir el presente asunto, no los argumentos de la sentencia que decretó la cesación de los efectos civiles del matrimonio, pues son dos cosas totalmente diferentes, pues en la sentencia donde se fijó la cuota de alimentos se hizo por haber sido el señor JAIME cónyuge culpable, en este proceso son otros los hechos y otras las condiciones”.
“En el presente caso se demostró que el señor JAIME LONDOÑO CUARTAS, actualmente cuenta con 70 años, que se encuentra enfermo de la próstata, que vive en la ciudad, de la cual solo es copropietario en un 50% con su compañera, que se (…) en su totalidad (…) incluyendo los servicios de salud de su compañera CARMEN ROSA SALDARRIAGA CÁRDENAS, que la finca no le produce en la actualidad nada y, que vive allí porque no tiene con qué pagar un arriendo en la ciudad. Se demostró que el señor JAIME le debe cancelar un canon de arrendamiento a ROSMERY por el 50% de la finca la fortuna, el cual este año asciende a la suma de $210.000 mensuales; se demostró que JAIME debe “…” el equivalente al 20% de todos los ingresos de su pensión, más 3 pensiones adicionales que recibe, una en mitad de año y dos en diciembre, ascendiendo actualmente a la suma de $1.020.000”.
“Analizadas en conjunto de las pruebas conforme a los principios de la sana crítica, más el precedente constitucional citado, donde se dice que la obligación alimentaria sigue vigente después del divorcio, siempre que persistan las condiciones que avalaron, el Despacho observa qué tanto la situación económica del señor JAIME como de ROSMERY ha variado, pues la situación económica del alimentante ha desmejorado y la de la señora ROSMERY ha mejorado, así no sea en su totalidad para costearse su subsistencia; es por ello que el Despacho (…) artículos 81 del Código, decidirá en forma extra petita, es decir, fuera de lo pedido por considerar el Despacho necesario para brindarle la protección adecuada a dos personas de la tercera edad, como son en el presente caso, demandante y demandado”.
“Lo anterior significa que se demostró que la parte demandante demostró las condiciones del artículo 422 del Código Civil y precedente constitucional citado, es decir, variaron las condiciones que legitimaron la fijación de la cuota de alimentos a cargo del demandante, y por ello se accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda y, como consecuencia, se exonerará parcialmente al señor LONDOÑO CUARTAS de la cuota de alimentos fijada a su cargo y a favor de la demanda alimentaria en sentencia proferida por este juzgado el 30 de abril de 2010, confirmada por el Tribunal Superior del 4 de agosto del citado año”.
“Se exonerará en un 10% de todo lo que recibe como pensión y de igual de sus mesadas adicionales. Estas sumas de dinero las debe continuar consignando el señor JAIME CUARTAS en las fechas y en la cuenta del Banco Agrario de Colombia, tal como hasta ahora lo ha hecho. Por último, se declarará no probada la excepción de fondo propuesta por la demandada denominada temeridad y mala fe; habrá dar lugar a condena en costas”.
Así las cosas, se concluye que la decisión controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descartándose la presencia de una vía de hecho, de manera que la queja del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional.
Y es que, en rigor, lo que aquí planteó la gestora del resguardo es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Juzgado analizó en conjunto las probanzas aportadas al plenario, concluyendo la viabilidad modificar la obligación a cargo de Jaime Londoño Cuartas, sin que ello implique, un desconocimiento de la sanción de alimentos impuesta a aquél como cónyuge culpable, pues lo acontecido es, únicamente, la variación en el monto de esa pensión alimenticia.
En este orden de ideas, tales conclusiones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, “máxime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la razón, es decir si no está demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocerían normas de orden público… y entraría a la relación procesal a usurpar las funciones asignadas válidamente al último para definir el conflicto de intereses». (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135-2016, 2 jun., rad. 2016-01050).
3. Lo considerado impone confirmar la decisión de primer grado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.
Comuníquese mediante telegrama a los interesados y remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión.
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Ausencia justificada
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE