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STC3699-2021
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
STC3699-2021
Radicación n.° 68679-22-14-000-2021-00009-01
(Aprobado en sesión virtual de siete de abril dos mil veintiuno)
Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiuno (2021).-
Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido el 2 de marzo de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, dentro de la acción de tutela promovida por Carlos Fernando Castañeda Páez contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Socorro y la Comisaría de Familia de dicha localidad, trámite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio de alimentos a que alude el escrito de tutela.
ANTECEDENTES
1. El gestor del amparo reclama la protección constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, con ocasión del juicio de revisión de alimentos que en su contra instauró Leydi Julieth Salcedo Vásquez en nombre y representación de sus menores hijos X, YYYY con Rad. 2021-00008-00.
Reclama, entonces, para la protección de la mentada prerrogativa, que se ordene al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Socorro, Santander, «declar[ar] la nulidad del auto del 10 de febrero de 2021 que inadmitió la demanda de aumento de cuota alimentaria, y en su lugar, se profiera nuevo auto inadmisorio que requiera a la parte demandante para que acredite la citación de la parte demandada a la diligencia de conciliación extraprocesal que se fijara por la Comisaría de Familia del Socorro para el 29 de diciembre de 2020, so pena de rechazo».
2. Para respaldar su queja, expone en síntesis, que la señora Leydi Julieth instauró en su contra el juicio referido, con el propósito de obtener el aumento de la cuota alimentaria pactada a favor de sus menores hijos en la escritura pública No. 1189 de fecha 28 de diciembre de 2018, mediante la cual se finiquitó por mutuo consentimiento el vínculo matrimonial que sostenía con aquélla.
Asegura que mediante auto del 10 de febrero pasado, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Socorro inadmitió la anterior demanda, con fundamento en que no se había suministrado la «dirección electrónica» de la apoderada de la parte demandante, y además, se echaba de menos la constancia del «envío de la demanda y sus anexos» al demandado, así que concedió el término de cinco (5) días para que el extremo activo subsanara dichas falencias.
Sostiene que la autoridad judicial convocada incurrió en causal de procedencia del amparo con lo resuelto, habida cuenta que debió también inadmitir el escrito inaugural por la ausencia del presupuesto de procedibilidad de la conciliación, pues si bien en un principio fue citado a la celebración de esa diligencia ante la Comisaría de Familia de la localidad señalada, solicitó su aplazamiento para una fecha posterior por cuestiones de «trabajo inaplazables»; sin embargo, dice, jamás se enteró sobre su reprogramación, por lo que aún no se ha agotado en debida forma el mentado requisito de procedibilidad.
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LA VINCULADA
b.) Leydi Julieth Salcedo Vásquez, en calidad de demandante dentro del litigio objeto de revisión constitucional, alegó que la vulneración denunciada es inexistente, toda vez que el actor sí fue notificado del aplazamiento de la diligencia de conciliación ante la Comisaría de Familia accionada, siendo cosa distinta que no haya asistido, quedando así agotado ese presupuesto de procedibilidad que le permitió acudir a la jurisdicción ordinaria a reclamar el incremento de la cuota alimentaria pactada a favor de sus descendientes.
c.) En el expediente digital remitido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de San Gil, no obran respuestas de los demás vinculados.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal Constitucional de primera instancia negó la salvaguarda pretendida, tras advertir que «el trámite dado al proceso [cuestionado], se ha ajustado a los parámetros del estatuto procesal correspondiente, por lo que en dicho acontecer fáctico la Sala no evidencia elementos de juicio para colegir que se presentaron vicios como los que enrostra el accionante quien considera que, también se debía inadmitir la demanda porque no se había agotado en debida forma, el requisito de procedibilidad, pues basta con revisar los anexos de la demanda para encontrar que a folios 63 y 64 está la “Constancia de no asistencia” suscrita por la Comisaria de Familia de Socorro en donde consigna que, el aquí accionante fue citado por segunda vez a la audiencia de conciliación que se llevaría a cabo el 29 de diciembre de 2020 a las 9:00 a.m. sin que compareciera, por lo que se procedió a levantar la constancia de inasistencia quedando de esta manera agotado el requisito de procedibilidad. Así las cosas, es evidente que, la precitada constancia de no asistencia, es prueba más que suficiente para acreditar el requisito de procedibilidad que echa de menos el accionante, de conformidad con lo establecido en el art. 2o de la Ley 640 de 2001».
De otro lado, estimó que «si la inconformidad es con la Comisaría de Familia de Socorro porque según su dicho, no fue citado nuevamente a la diligencia de conciliación, se tiene que, como primera medida, en el plenario obra prueba de envío de la citación, para el día 29 de diciembre a las 9:00 a.m. al correo electrónico carlosferlibre@hotmail.com que corresponde al actor; y como segunda medida es ante esa autoridad que, impetrando los medios legales de defensa, puede cuestionar lo que pretende se estudie por vía de tutela».
LA IMPUGNACIÓN
El gestor replicó el anterior fallo, para lo cual utilizó argumentos iguales a los planteados en la demanda de amparo.
CONSIDERACIONES
1. Como es sabido, la acción de tutela es un mecanismo constitucional que sólo procede, en tratándose de decisiones judiciales, por una violación flagrante de los derechos fundamentales atribuible al obrar manifiestamente arbitrario o caprichoso del juzgador, siempre que no exista otro medio idóneo de defensa judicial. De esta manera, el juez constitucional no puede invadir la órbita de competencia del juez natural, quien tiene garantizado el ejercicio autónomo e independiente de su función por el propio ordenamiento superior, salvo las extraordinarias circunstancias descritas.
2. En el presente caso, el señor Carlos Fernando se duele, concretamente, del auto del 10 de febrero de la presente anualidad, mediante el cual el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Socorro inadmitió la demanda de revisión de alimentos promovida en su contra por Leydi Julieth Salcedo Vásquez en nombre y representación de sus menores hijos ACS y JJCS.
3. Sin embargo, revisado el expediente digital del proceso censurado, se evidencia sin ninguna dificultad la improcedencia del amparo reclamado, toda vez que, aunque el actor se duele de la supuesta falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial previsto por el legislador en el art. 20 de la ley 640 de 2001, no ha acudido ante el juez del proceso a exponer sus quejas frente a la decisión cuestionada, sin que a la tutela puede considerársele como una herramienta alternativa o adicional del presunto afectado, pues su finalidad no consiste en reemplazar los trámites establecidos por el legislador para la protección de las garantías de los ciudadanos, de conformidad con los postulados del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991.
4. Ahora, sin perjuicio de lo expuesto, téngase en cuenta que el trámite del juicio de revisión de alimentos criticado apenas se encuentra en la etapa previa de calificación del libelo, por lo que para el momento de la interposición de la presente salvaguarda, no se le ha realizado aún al tutelante la notificación de la contienda, razón por la cual, si ello ha de suceder, el señor Carlos Fernando Castañeda Páez tendrá la oportunidad de acudir ante el juez natural con todas las garantías y recursos judiciales procedentes para exponer las inconformidades por esta vía expuestas, toda vez que tal y como lo ha sostenido de tiempo atrás la Sala, «la acción de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse sólo cuando en el escenario del respectivo trámite judicial no se logran proteger los derechos fundamentales invocados, es decir, que no es eficaz e idóneo para ello, pero en ningún momento el amparo se puede entender instituido para desplazar o reemplazar a los funcionarios a quienes la Constitución o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como las que aquí se discuten, supuesto que llevaría a invadir su órbita de acción y, a quebrantar la Carta Política, pues la ésta petición no es una instancia adicional» (CSJ STC792-2021).
5. En consecuencia, se impone el fracaso de la protección excepcional pretendida, por lo que se mantendrá incólume el fallo refutado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
Como en el presente asunto se encuentran involucrados menores de edad, tanto la Secretaría como la Relatoría de esta Sala, deberán ocultar sus nombres, únicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deberá suprimirse dichas identidades.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA