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STC8826-2021
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado ponente
Radicación nº 11-001-02-03-000-2021-02111-00
(Aprobado en sesión de catorce de julio dos mil veintiuno)
Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021).
Se resuelve la tutela que Hildebrando Rangel Niño instauró contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, los Juzgados Treinta y Seis y, Cincuenta y Uno Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado n°110013103036-2012-00435-00.
ANTECEDENTES
1. El gestor no expuso pretensión específica, sin embargo, de la lectura de su libelo se extrae que aspira a dejar sin efectos las decisiones que en el marco del proceso referido ha proferido el Tribunal accionado.
En compendio, adujo que con base en la sentencia que se dictó en el declarativo de restitución inmueble arrendado del radicado referido, se llevó a cabo la ejecución continuada en contra de los arrendatarios y sus «deudores solidarios», estos últimos dentro de los cuales se encuentra Guillermo Moya Marín, quién según el libelo, es su poderdante para dicha contienda.
Relató que los accionados han desplegado acciones que lesionan el debido proceso de su allá mandante, en concreto, se duele de que su cliente haya sido incluido en la fase compulsiva por el simple hecho de figurar como avalista de las obligaciones contractuales pactadas, a pesar de no haber sido demandado en la contienda restitutoria. También censuró el trámite asignado a su solicitud de nulidad y expuso las dificultades que, a su juicio, ha afrontado para tener acceso al expediente, situación que ha generado el enteramiento de algunos actos procesales a través de sus litisconsortes.
En lo que respecta al Tribunal, se dolió de que en sus providencias se asumiera una «desidia argumentativa [sin] pronunciarse sobre el tema de la violación al debido proceso [de su] mandante», además, censuró la forma en que se notificaron tales proveídos pues considera que esa situación le impidió «consultar la ratio decidendi de manera oportuna»
2. A la fecha de elaboración de esta providencia no se presentaron manifestaciones adicionales.
CONSIDERACIONES
Estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora el fracaso de la salvaguarda porque el accionante no ostenta legitimación en la causa por activa dentro del presente asunto.
A pesar de la informalidad que se impone en este tipo de trámite preferente y sumario, el legislador ha establecido unas directrices dirigidas a identificar a los sujetos que se hallan facultados para incoarlo, ello, en aras de velar por su adecuado y efectivo empleo. Así, el artículo 10 del Decreto 2591 consagró:
LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. (Resaltado propio)
Tal es la trascendencia del asunto que esta Corte ha sentado sobre el particular que:
(…) [C]iertamente, aunque el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que “cualquier persona” puede acudir a la referida acción, no debe desconocerse, que a renglón seguido condiciona su legitimación a que ella sea la “vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales”, no el de terceros, como así también se menciona en el [canon] 86 de la Constitución Política, al decir que a tal mecanismo sólo puede acudir quien le hayan sido “vulnerados o amenazados” aquellos (…)” STC 13 dic. 2011, Rad. 13001 22 13 000 2011 00284 02, reiterada en STC2657-2021
Así las cosas, revisado el escrito de tutela se observa que Hildebrando Rangel Niño manifestó obrar «en calidad de apoderado judicial del señor Guillermo Moya Marín (…) demandado en el proceso de ejecución surtido a continuación del proceso (…) de restitución de inmueble arrendado» con radicado n° 1100131203036-2012-00435-00, a fin de censurar las actuaciones jurisdiccionales que dentro de ese trámite se han adelantado; sin embargo, se otea la improcedencia del resguardo porque el accionante no ostenta la titularidad de las prerrogativas fundamentales que invoca.
En efecto, destacase que los derechos que eventualmente puedan resultar lesionados con ocasión al pleito que se somete a observación, pertenecen a quienes allí detentan la calidad de partes y no a sus mandatarios judiciales, quienes de ninguna manera actúan ante la jurisdicción en defensa de atributos propios, sino en ejercicio de la postulación que les asiste. De allí que, para el caso concreto, no se evidencia circunstancia alguna que permita colegir la lesión a los derechos del impulsor.
En ese orden, si lo que pretendía el accionante era actuar en esta senda como representante de quien funge como su prohijado en el pleito acusado, bien pudo hacerlo, pero con el lleno de los requisitos que para ese evento dispuso el legislador, en concreto, aportando el poder especial que para esta salvaguarda le fuere otorgado.
Finalmente, del escrito de tutela no se contempla o infiere circunstancia particular que tenga la virtud de impedir que el afectado acuda de manera directa a este mecanismo supra legal, suceso que eventualmente haría posible la participación del censor bajo el manto de la agencia oficiosa, figura sobre la cual se tiene dicho:
(…) En lo atinente a la ‘agencia oficiosa’, bueno es recordar que el canon pertinente, artículo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostración de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmación de la razón de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protección, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala. (CSJ SC, 26 nov. 2010, exp. 00372-01, reiterada en STC16407-2015 y STC2657-2021). Resaltado de ahora.
En definitiva, teniendo en cuenta que no se acreditó la lesión de los derechos del promotor ni se aportó el poder especial que le fuese conferido para intentar esta salvaguarda, no queda opción diferente a la improcedencia de su resguardo conforme a las consideraciones precedentes.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución, resuelve NEGAR la tutela instada por Hildebrando Rangel Niño.
Infórmese a los participantes por el medio más expedito y remítase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de no impugnarse esta resolución.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA