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STC9622-2021
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado ponente
STC9622-2021
Radicación nº 66001-22-13-000-2021-00253-01
(Aprobado en sesión de veintiocho de julio de dos mil veintiuno)
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021).
Se resuelve la impugnación que Gerardo Alonso Herrera Hoyos formuló frente a la sentencia de 24 de junio de 2021 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acción de tutela que el recurrente le instauró al Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, extensiva a los intervinientes en el litigio con radicado n° 2021-00048.
ANTECEDENTES
1. El gestor pretende que se ordene a la autoridad convocada admitir la acción popular que promovió y se aplique el precedente n° 2018-00551-01, proferido por esta Sala, cuyo ponente fue el Magistrado Luis Alonso Rico Puerta.
Como sustento, señaló que la agencia del circuito querellada rechazó (9 jun. 2021) el trámite en cuestión, por no cumplir con lo indicado en el artículo 18 de la ley 472 de 1998. Su reproche radicó en que no se podía emitir la decisión anterior, pues observó en debida forma dicho precepto. Aunado a ello, advirtió que no recurrió el proveído, porque con base en el antecedente jurisprudencial citado «no es NECESARIO, reponer, (…) cuando el pronunciamiento objeto de reproche desconoce de manera PROTUBERANTE los derechos fundamentales o las normas de orden publico (sic), no resulta conveniente anteponer tales exigencias, pues no constituyen un obstáculo insuperable que IMPIDA otorgar la protección».
2. El despacho accionado indicó que la acción popular «finalizó con auto del 09 de [junio], a través del cual se rechazó el trámite constitucional, como quiera que el accionante no subsanó las falencias anotadas en decisión del 21 de mayo de esta anualidad. Es de anotar que, el proveído que rechazó la acción en comento, se notificó por estados electrónicos el 10 de [junio]; motivo por el cual, se encuentran corriendo los términos de ejecutoria, sin que el actor popular haya elevado pronunciamiento alguno». La Defensoría del Pueblo Regional Risaralda solicitó su desvinculación.
3. El tribunal declaró improcedente la súplica porque «[r]evisado el expediente que contiene la mencionada acción popular, se evidencia que el auto que rechazó la demanda, frente al que se formula el reproche constitucional, se profirió el 9 de junio de este año y si en cuenta se tiene que el amparo se formuló el 10 de junio siguiente, se puede concluir que se acudió a este medio cuando ni siquiera había empezado a contar el término de ejecutoria de la citada providencia, lo que justifica la declaratoria de improcedencia, ya que en ese lapso ha debido hacer uso de los recursos ordinarios que se consideraran procedentes y no acudir directamente a la vía subsidiaria de la tutela».
4. Impugnó el promotor, fundado en los mismos argumentos iniciales.
CONSIDERACIONES
1. El desenlace objetado debe ratificarse por similares razones a las ofrecidas por el colegiado de Pereira. En efecto, pronto se advierte que la salvaguarda resulta prematura porque el censor acudió a este medio para discutir el rechazo de su demanda cuando para ello el ordenamiento jurídico le brindaba un espacio dentro del proceso judicial examinado. Pues, como lo contempla el artículo 90, inciso 5, del Código General del Proceso, «[l]os recursos contra el auto que rechace la demanda comprenderán el que negó su admisión», de suerte que si el promotor tenía alguna queja respecto del motivo por el que se le rechazó el libelo, debió plantear la discrepancia mediante la interposición de los recursos procedentes. Así las cosas, en palabras del Tribunal, se «acudió a este medio cuando ni siquiera había empezado a contar el término de ejecutoria de la citada providencia, lo que justifica la declaratoria de improcedencia, ya que en ese lapso ha debido hacer uso de los recursos ordinarios que se consideraran procedentes y no acudir directamente a la vía subsidiaria de la tutela».
En este sentido, conviene evocar que en casos análogos se ha destacado que:
(…) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideración, pretextando la supuesta violación de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos estén siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protección, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jurídico ha contemplado, sino cuando carezca de éstas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC8897-2017, STC10432-2017 y STC6904-2020, entre otras).
2. Ahora bien, respecto a la aplicación del precedente traído a colación por el tutelante, esto es, el sentado en el caso n° 2018-00551-01, cuyo ponente fue el Magistrado Luis Alonso Rico Puerta, resulta inviable su petición porque en primer lugar, si bien en otrora la Corte pasó por alto la incuria del petente en la interposición del remedio horizontal consagrado en la citada regla 36 frente a providencias como la acá examinada, esa postura cambió mediante la STC14623-20181, por cuanto permitir la inobservancia de los requisitos propios de este amparo constitucional terminaría desnaturalizándolo.
Y en segundo lugar, porque los supuestos fácticos de aquel caso distan en su totalidad con los expuestos en este auxilio, debido a que en ese fallo de tutela se flexibilizó el presupuesto de subsidiariedad al exigirse como requisito de admisibilidad de la demanda popular el certificado de existencia y representación de la sociedad accionada que se encontraba inscrita en la Cámara de Comercio, requerimiento no contemplado en la Ley 472 de 1998; situación disímil del debate suscitado en esta oportunidad.
Sumado a esto, como en diferentes oportunidades se ha sostenido, cada caso tiene unas particularidades que lo diferencian de los demás y no deben resolverse de manera uniforme o por vía general, aún más cuando las sentencias proferidas en sede constitucional generan efecto inter partes, según el artículo 48, numeral 2°, de la Ley 270 de 1996 que prevé cómo «[l]as decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces».
En ese orden de ideas, el veredicto impugnado será avalado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida.
Infórmese a las partes e intervinientes por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 Exp. 66001-22-13-000-2018-00891-01 M.P. Luis Armando Tolosa Villabona