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AC1707-2022 (2022-01017-00)
AC1707-2022
Radicación n° 11001-02-03-000-2022-01017-00
Bogotá D.C., tres (03) de mayo de dos mil veintidós (2022).
La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Treinta y Nueve Civil Municipal de Bogotá y Promiscuo Municipal de La Jagua del Pilar (Guajira).
ANTECEDENTES
1.- Ante los jueces civiles municipales de Bogotá, la Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. radicó demanda de imposición de servidumbre legal de gasoducto y tránsito sobre el inmueble denominado «El Progreso», situado en el municipio de La Jagua del Pilar justificando la asignación de competencia territorial en lo resuelto por esta Corte en AC140-2020.
2.- El Juzgado Treinta y Nueve Civil Municipal rechazó el libelo debido a la cuantía del litigio y ordenó remitirlo a los de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la ciudad (30 nov. 2021), pero al resolver la reposición de la promotora revocó y dispuso enviarlo a los Juzgados Promiscuos Municipales de La Jagua del Pilar de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 28 procesal (27 en. 2022).
3.- El receptor también lo repelió, en atención a que la demandante es una entidad de carácter público y lo señalado en el precedente invocado por la misma. Por consiguiente, suscitó la colisión y envió el expediente a esta Corporación para dirimirla (23 mar. 2022).
CONSIDERACIONES
1.- Como la divergencia que se analiza se trabó entre dos estrados de diferentes distritos judiciales, corresponde a la Corte dirimirla en Sala Unitaria como superior funcional común de ellos, según lo establecen los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el artículo 7º de la Ley 1285 de 2009.
2.- Para distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales asentadas en la geografía nacional, el ordenamiento acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. Mediante el primero, indica cuál es el juez que en razón de la circunscripción debe conocer del litigio, y para concretarlo establece los «foros o fueros», de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos se acude al «personal» que radica la competencia en el juez del lugar del domicilio del demandado o en el de su residencia; además, consagra otros especiales, como el denominado por la doctrina «forum rei sitae» o «real», referido al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicación de los bienes objeto de la lid. Igualmente, impone el fuero contractual, según el cual es llamado a conocer el asunto el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones emanadas de un negocio jurídico.
Varios de esos fueros pueden confluir en una misma causa, lo cual genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a zanjar la disputa; empero, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y privativamente determina la potestad, indicando de forma precisa y categórica el funcionario que con exclusión de cualquier otro debe encarar el debate.
Frente a este último punto, en AC3744-2018, la Corte destacó que,
(…) el concepto «privativo» que constituye el común denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones señaladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa índole.
Ahora bien, atinente a las contiendas sobre servidumbres, sea imposición, variación o extinción, el numeral 7º del artículo 28 del Código General del Proceso establece una «competencia privativa», asignándolas en forma exclusiva, única y excluyente al juzgador del lugar donde esté el bien involucrado en la litis, en cuanto prescribe que «[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (…) en los de servidumbre», será competente, «de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante», siendo este un claro ejemplo de un fuero real exclusivo.
No obstante, el numeral 10º de la misma norma, previene que «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad», de donde emerge otro fuero privativo de carácter general que se funda en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio.
Como en muchas ocasiones la demandante es una entidad que responde al memorado criterio subjetivo y es vecina de un lugar distinto de aquel donde se encuentra el inmueble sobre el que aspira obtener el gravamen, deviene palmario que en la práctica surge un enfrentamiento entre los parámetros atributivos en comento.
En esa oportunidad, también se afirmó que el hecho de que el organismo de derecho público radique el libelo con estribo en la regla séptima aludida no implica renuncia al fuero prevalente del numeral décimo porque, entre otros motivos, queda descartada la perpetuatio jurisdictionis, pues como allí se dijo,
(…) esa forma de disciplinar la competencia para los factores funcional y subjetivo, trae consigo otra cuestión sumamente importante, cuál es la imposibilidad de dar aplicación al principio de la perpetuatio jurisdictionis (…) En tal sentido, no puede afirmarse que si un órgano, institución o dependencia de la mencionada calidad pública radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, está renunciando automáticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, como quiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio, de ahí que, no puede renunciar a ella.
Cabe anotar que si bien el suscrito ponente disiente de la postura adoptada en esa determinación unificadora, como lo expresó en el respectivo salvamento de voto, desde entonces ha aplicado con todas sus consecuencias el criterio que prevaleció, puesto que la finalidad de esa resolución conjunta fue precisamente superar la divergencia que se presentaba entre los diferentes magistrados de la Sala frente a una situación fáctica y jurídica idéntica, todo ello en aras de salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica (cfr. CSJ AC388-2020).
3.- En estas condiciones, el Juzgado Treinta y Nueve Civil Municipal de Bogotá erró al rehusar el conocimiento de este asunto, pues no tuvo en cuenta las pautas que fijó la Sala en AC140-2020 y que respaldan la posición del estrado de La Jagua del Pilar, si se observa que la Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. es una empresa de servicios públicos, constituida como sociedad anónima por acciones en los términos de la Ley 142 de 1994, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, en la que el Grupo de Energía de Bogotá tiene el 99,995568% de las acciones que la integran1, circunstancia que permite afirmar que la demandante es una entidad descentralizada por servicios (art. 38 Ley 489 de 1998).
Al efecto, es preciso resaltar que el citado Grupo Energía de Bogotá S.A. E.S.P. también es una empresa de servicios públicos, constituida como sociedad anónima por acciones (cfr. art. 17 Ley 142 de 1994), con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, en la cual el Estado posee el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, según el Acuerdo n° 001 de 1996 del Concejo de Bogotá y el artículo 2º de los Estatutos Sociales, elementos que revelan su naturaleza pública, pues como lo establece el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por «entidad pública se entiende todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%».
Así las cosas, el fuero aplicable en este asunto particular es el establecido en el numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso, que acorde con los lineamientos del precedente mayoritario de esta Sala contempla un evento constitutivo del factor subjetivo, con prelación (art. 29 CGP), que torna improrrogable la competencia e impide que los contendores procesales y el juez puedan disponer por tratarse de un tema de orden público. Lo anterior guarda concordancia con lo expresado por la Corte en los CSJ AC5506-2021, AC685-2022, AC903-2022, AC980-2022, AC1099-2022, entre otros.
4.- Por tanto, al ser Bogotá el domicilio de la entidad demandante, según se desprende del pliego inaugural y sus anexos, es este y no otro el lugar donde debe ser adelantado el litigio, por lo que se ordenará remitir la actuación al juez de la capital de la República para que reexamine si es competente por el factor cuantía. Se comunicará lo definido a la otra sede judicial.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
Primero: Declarar que el Juzgado Treinta y Nueve Civil Municipal de Bogotá es el competente para conocer la causa de la referencia.
Segundo: Enviar el expediente al citado Despacho e informar lo decidido al otro estrado judicial.
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por secretaría.
NOTIFÍQUESE
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado
1 Información consultada en https://www.tgi.com.co/web/index.php/grupos-de-interes/informacion-accionistas/historial-asamblea-general-de-accionistas/20-de-marzo-de-2018-asamblea-general-ordinaria/minuto-a-minuto-asamblea-general-ordinaria