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AC2158-2023 (2023-02757-00)
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada
AC2158-2023
Radicación n. 11001-02-03-000-2023-02757-00
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023).
Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá y Promiscuo Municipal de Simijaca, Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
1. RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento formuló petición de aprehensión y entrega de garantía mobiliaria contra Martha Edilse Castellanos Solano, a fin de que se pusiera a su disposición el «vehículo de placas GBT937», objeto de la prenda que constituyó la demandada a su favor (Folios 65 a 68, archivo digital: 007Expediente_digitalizado.pdf).
2. El escrito introductor se dirigió al reparto de los Jueces Civiles Municipales de Bogotá, con sustento en que corresponde a «la localidad de registro del vehículo automotor», el cual «puede estar al momento de la radicación en cualquier parte del territorio nacional, por tanto al momento de ejecutar la medida de aprehensión, la entidad competente a la cual se le oficia para hacerlo en todo caso es la Policía Nacional de Colombia a través de la SIJIN, en consecuencia el factor territorial sobre la competencia de la presente solicitud abarca la extensión del territorio nacional de la República de Colombia, que también (…) concierne a la autoridad POLICIVA».
3. El Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de esta capital, con resguardo en el artículo 57 de la Ley 1676 de 2013 y el numeral 1º del canon 28 del Código General del Proceso, rechazó el conocimiento del asunto y ordenó su remisión al municipio de Simijaca, Cundinamarca, que, de acuerdo con «el registro de garantías mobiliarias (pág. 35 a 37 Archivo 001Demanda), se determina como único domicilio del deudor» (Folios 74 a 75, idem).
4. Al recibir las diligencias, el Juez Promiscuo Municipal de esa localidad también rehusó su conocimiento y suscitó el conflicto negativo de competencia que hoy concita la atención de la Corte, fundado en que «según el fuero privativo en aplicación a las reglas de competencia del Código General del Proceso, el art. 28 num 7 (…) el conocimiento [de] la totalidad de procesos en los que se ejerciten derechos reales corresponden de forma privativa al juez del lugar donde estén ubicados los bienes». Como en el sub examine, «RCI Colombia S.A. señaló que “el vehículo objeto de garantía se puede localizar en cualquier ciudad del territorio nacional”», debe entenderse, dijo, que a la parte actora le asistía la facultad de seleccionar a cualquiera de los funcionarios judiciales del país, como lo ha decantado esta Magistratura en los pronunciamientos AC4047-2017, AC2218-2019 y AC3557-2020.
II. CONSIDERACIONES
1. Corresponde a esta Sala, a través de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional común de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. Así lo establecen los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009.
2. Reza el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, al que hizo alusión el fallador capitalino, que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia».
A su turno, la pauta séptima de esa normativa, invocada por la segunda de las autoridades involucradas, estipula que «en los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza… será competente de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante» (se destacó).
De las transcripciones que anteceden deviene indiscutible que, por regla general, en los juicios contenciosos el juez que está investido de facultades para conocer el asunto es el de la vecindad del demandado; pero, cuando en el respectivo litigio se ejerza un derecho de aquellos que pertenecen a la categoría de reales, la atribución para su adelantamiento es del despacho de la ubicación del bien, por virtud del carácter privativo que le otorga el citado canon.
3. Sin embargo, el asunto que dio lugar al conflicto bajo examen, no se adecúa a las hipótesis consagradas en dichas reglas, en tanto, no se trata de un «proceso», sino de una solicitud encaminada a que se libre orden de aprehensión y entrega del bien sobre el cual fue constituida una garantía mobiliaria en los términos de la Ley 1676 de 2013.
El anotado corresponde a un trámite judicial de carácter especial y autónomo a través del cual el acreedor garantizado, en caso de incumplimiento del garante en el pago de la obligación y de negativa o renuencia a la entrega voluntaria de la cosa gravada, ejerce la potestad que le confiere el legislador de pedir al juez que se aprehenda aquella, a fin de asumir su control y tenencia en ejercicio del mecanismo de ejecución por pago directo (parágrafo 2° art. 60 ídem y art. 2.2.2.4.2.3 Decreto 1835 de 2015).
Las autoridades jurisdiccionales habilitadas para conocer y tramitar esa petición son, como lo estatuye el precepto 57 de la mencionada ley, «el Juez Civil competente y la Superintendencia de Sociedades», el primero de ellos cuando el garante sea una persona natural o jurídica no vigilada por el organismo técnico citado, y la segunda en los casos en que el deudor sea una sociedad sometida a su vigilancia.
En consonancia con el numeral 7º de la directriz 17 de la codificación adjetiva, es a los jueces civiles municipales, en única instancia, a quienes les compete adelantar “todos los requerimientos y diligencias varias, sin consideración a la calidad de las personas interesadas”.
4. Establecida la categoría del iudex que debe hacer efectivo el ejercicio de los derechos emanados de la garantía, basta señalar, en relación con el fuero de competencia territorial, que le es aplicable la regla consagrada en el numeral 14 del canon 28 citado, a cuyo tenor: «[p]ara la práctica de pruebas extraprocesales, de requerimientos y diligencias varias, será competente el juez del lugar donde deba practicarse la prueba o del domicilio de la persona con quien debe cumplirse el acto, según el caso» -negrilla para destacar-.
5. Al amparo de las anteriores precisiones surge incontrastable que, como en el presente asunto, según se extracta del contrato de prenda sin tenencia y garantía mobiliaria, el formulario de registro de tal gravamen y el reporte de la respectiva inscripción (Folios 29 a 42, archivo: 0007Expediente_digitalizado.pdf), el garante, esto es, la persona con quien debe cumplirse el acto judicial, se encuentra domiciliada en el municipio de Simijaca, es el Juez de ese lugar el encargado de tramitar la actuación y, por ello, se le enviará el expediente.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR que el Juzgado Promiscuo Municipal de Simijaca, Cundinamarca, es el competente para conocer el asunto referenciado en el encabezamiento de esta providencia.
SEGUNDO: Remitir el expediente a la señalada autoridad judicial, para que avoque el conocimiento e imparta el trámite correspondiente.
TERCERO: Comunicar esta decisión al Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá, así como al promotor del trámite.
Notifíquese,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada