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AC2833-2022 (2022-00304-00)
AC2833-2022
Bogotá, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022).
Se estudia la subsanación de la demanda en el recurso de revisión de Ofelia Serna de Botero y Gustavo Adolfo Botero Serna frente a la sentencia proferida el 22 de enero de 2020 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Armenia, en el proceso declarativo que en su contra adelantaron Blanca Doris y Cesar Fardy Rojas Barrientos.
ANTECEDENTES
1. En proveído del pasado 2 de marzo se inadmitió el libelo para que los interesados enmendaran y cumplieran las siguientes exigencias legales:
«1.1. Indicar el nombre, domicilio, direcciones físicas y de correo electrónico de los recurrentes y de todas las personas que fueron parte en el proceso donde se profirió la sentencia objeto de revisión, incluidos los curadores ad litem allí designados, tal como lo disponen los numerales 1º y 2º del artículo 357 del Código General del Proceso.
1.2. Aclarar cuál es la sentencia censurada, la fecha en que fue proferida y el día en que quedó ejecutoriada (cfr. art. 357, núm. 3, C.G.P.), dado que en los acápites de hechos y de pretensiones de este recurso extraordinario también se hace alusión al fallo dictado por el estrado de primer grado, providencia cuya revisión es ajena a la competencia de la Sala de Casación Civil de la Corte (cfr. art. 30, núm. 2º, ibid.).
1.3. Señalar el despacho judicial donde se encuentra actualmente el expediente materia de revisión (cfr. art. 357, núm. 3, C.G.P.).
1.4. Acorde con lo dispuesto por el numeral 4º del canon 357 procesal, indicar los hechos concretos que le sirven de fundamento a cada una de las causales de revisión invocadas, los cuales deberán presentar debidamente determinados, clasificados y numerados (art. 82, núm. 5º, ibid.).
1.5. Precisar las causales invocadas (cfr. art. 357, núm. 4º, CGP), toda vez que en el encabezado del recurso aluden a las previstas en los numerales 1º, 7º y 9º del artículo 355 del Código General del Proceso, mientras que en la página 15 del mencionado escrito se refieren a las contempladas en los ordinales 1º, 6º y 8º.
1.5.1. Remediada la anterior falencia, en relación con la primera de las causales invocadas (art. 355, núm. 1º, CGP), deberán enunciar cuáles son los documentos preexistentes «encontrados» con posterioridad al pronunciamiento de la sentencia atacada y que sirven de sustento a su reclamo.
Concretar los puntuales motivos por los que dichos documentos habrían variado la decisión contenida en dicha providencia y especificar las razones constitutivas de fuerza mayor, caso fortuito u obrar de la parte contraria, que les impidió aportar dichas pruebas al proceso, en la oportunidad prevista para ello.
En cualquier caso, deberán precisar si se trata o no de documentos que obran en el expediente a examinar, porque de los hechos se infiere que algunos hicieron parte del infolio pero no tuvieron incidencia en la decisión, situación que les corresponde clarificar, dado que este medio de contradicción no constituye una oportunidad para reabrir el debate o adecuar medios de convicción extemporáneos.
1.5.2. Si acuden a la causal sexta de revisión, señalar de manera puntual y concreta cuáles son las conductas constitutivas de colusión o las maniobras fraudulentas atribuidas a «las partes en el proceso en que se dictó la sentencia», especificando las razones serias y fundadas de esas aseveraciones y los hechos que le sirven de fundamento, los que deberán presentar debidamente determinados, clasificados y numerados, contextualizándolos en el tiempo sin que sean admisibles meros disentimientos frente al resultado en las instancias y la exposición de situaciones ocurridas con anterioridad al litigio, lo que no encaja dentro de los precisos supuestos del numeral cuarto (cfr. art. 357, núm. 4°, ibid.).
1.5.3. Si optan por la causal séptima, explicar de forma concreta por qué los recurrentes se encuentran «en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento». Para lo cual tendrán en cuenta la jurisprudencia que sobre el tópico ha sentado la Corte.
1.5.4. Si eligen la causal octava, indicar cuál es el motivo concreto de nulidad que esgrimen, teniendo en cuenta el principio de taxatividad y el requisito de legitimación que rigen la materia (arts. 133, 134 y 135 ib.). Lo anterior, toda vez que este medio de contradicción no está previsto como una herramienta para reabrir el debate procesal o exponer desacuerdos frente a la valoración probatoria del fallador o la definición jurídica del litigio, según la reiterada doctrina de esta Corporación sobre el tema.
En este caso, también deberán informar, si se interpuso o no casación contra la sentencia del ad quem.
1.5.5. Frente a la causal novena, precisar si los recurrentes estuvieron representados por curador ad litem o fueron parte en los procesos de sucesión n° «980580-00» y reivindicatorio n° «2011-0074-00», que respectivamente se tramitaron ante los juzgados Segundo de Familia y Primero Civil del Circuito de Armenia.
Asimismo, deberán explicar concretamente en qué consiste la contrariedad entre dichas sentencias e informar cuáles fueron las razones que les impidió formular la excepción de cosa juzgada en el referido pleito reivindicatorio o, en caso de haberla propuesto, cuál fue su resultado.
1.6. Formular con precisión y claridad las pretensiones correspondientes, para lo cual tendrán en cuenta que las mismas deben guardar estricta correspondencia con los hechos invocados y las causales de revisión incoadas (cfr. arts. 82, núm. 4º, y 359, inc. 1º, ibid.).
1.7. Allegar copia de la sentencia que aparentemente emitió la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Armenia el 12 de diciembre de 2019. Lo anterior, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 5º del artículo 357 del Código General del Proceso y para constatar las falencias que se le enrostran al juzgador ad quem.
1.8. Adecuar e integrar en un solo escrito la demanda corregida conforme a lo aquí ordenado.
1.9. Allegar poder debidamente conferido por los recurrentes individualizando la naturaleza del trámite a adelantar y sus intervinientes, conforme exigen los artículos 74 y 84 numeral 1 del Código General del Proceso».
2. Con el propósito de acatar lo ordenado, los opugnadores allegaron oportunamente el escrito respectivo y algunos documentos anexos.
CONSIDERACIONES
1. El artículo 357 del Código General del Proceso indica los requisitos que debe reunir el escrito de revisión, que se complementan con aquellos que en general debe contener toda demanda, especificados en los cánones 82 a 85, 87 y 88 de la misma codificación, cuyo incumplimiento impone al recurrente la carga de efectuar oportunamente las correcciones necesarias para un nuevo examen de suficiencia, que en caso de resultar insatisfactorio conlleva su rechazo, al tenor de los preceptos 358 y 90 ejusdem, normas aplicables al caso particular por expresa remisión del artículo 92 de la Ley 1448 de 2011.
Entre las exigencias del referido artículo 357 tiene relevancia la prevista en el numeral 4º, según el cual es imprescindible «la expresión de la causal invocada y los hechos concretos que le sirven de fundamento», que se justifica si se observa que los motivos de inconformidad susceptibles de este sendero excepcional están consagrados expresamente en la ley adjetiva y tienen unas características que los particularizan, de modo que los supuestos fácticos deben estar acordes con ellos y ser determinantes en su configuración, lo que deja por fuera simples conjeturas, especulaciones intrascendentes o meras inconformidades frente a la decisión opugnada propuestas a manera de alegatos de instancia, en la medida que el propósito de este recurso «extraordinario» no es reabrir el debate sino sanear irregularidades insalvables al momento en que se profirió el pronunciamiento materia de estudio. Al respecto, en providencia AC3952-2017 se advirtió que,
(…) la “concreción” de los supuestos fácticos que nutre la “causal” de revisión señalada, exige que los hechos que se exponen se ajusten de manera precisa a los contornos de la causal esgrimida, en los términos definidos por la ley y explicados por la jurisprudencia. Igualmente, es necesario que pueda entreverse razonablemente que la demostración de tales eventos haría fructífera la tramitación propuesta, toda vez que, encontrándose en juego el valor de la seguridad jurídica derivada de la cosa juzgada con que la ley blinda la sentencia atacada, no se justifica adelantar el recurso sin una apariencia de éxito surgida de una adecuada formulación, máxime que dado el carácter dispositivo y extraordinario del mismo la Corte no podría salirse de los límites delineados por el opugnante para examinar oficiosamente aspectos que éste no propuso claramente (Subrayas ajenas al original).
Así lo ha sostenido de tiempo atrás esta Corporación, como consta en el proveído AC1206-2014, que si bien se profirió en vigencia del Código de Procedimiento Civil aún conserva vigencia, dado que los principios de este medio de contradicción permanecen inalterables en el Código General del Proceso. En esa oportunidad se indicó que,
(…) dos de los requisitos básicos de toda pieza promotora de un recurso como el de estos autos es (i) la indicación de la causal de revisión y (i) la exposición de los hechos en los que se basa. Cuando el precepto reclama la expresión de éstos, no abre la posibilidad para que el interesado suministre los de su conveniencia o los que mejor considere; exige, claro está, los precisos fundamentos fácticos que converjan en la hipótesis factual prevista en la disposición (…) Por ello el legislador de modo perentorio impone que en el escrito inicial se expongan los hechos concretos por cuyo conducto se explique cómo, cuándo o de qué manera tuvo suceso el motivo invocado; al fin de cuentas son esas circunstancias las que deberá probar el accionante y en las que el juez habrá de apoyarse para determinar si el supuesto inmerso en la causal se realizó o no (Subrayas ajenas al texto).
Y con antelación, en el auto AC 27 ago. 2012, rad. 2012-01285-00, también se anunció que,
Dada su naturaleza extraordinaria y la taxatividad de motivos que son su fuente, la revisión no constituye una nueva instancia para debatir la manera como en la sentencia censurada se apreciaron las pruebas o se interpretaron y aplicaron las normas, de tal forma que desde un comienzo el escrito de formulación y los que lo complementen deben perfilar adecuadamente el ataque con claro sustento en las causales establecidas en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil y expresión “…de los hechos concretos que le sirven de fundamento” (numeral 4, artículo 382 ídem). (Subraya ajena al original).
2. En esta oportunidad, los impugnantes solucionaron las deficiencias relacionadas con la ubicación actual del expediente objeto de este recurso, adecuaron las pretensiones a las causales de revisión invocadas, excluyeron las causales séptima y octava de revisión por el «error cometido» e incorporaron los poderes necesarios para adelantar este trámite, todo esto en cumplimiento de los numerales 1.3, 1.5, 1.6 y 1.9. de la inadmisión; empero, no acataron las restantes exigencias, como pasa a explicarse.
2.1. Requeridos para que indicaran el nombre, domicilio, direcciones físicas y de correo electrónico de los recurrentes y de todas las personas que fueron parte en el proceso donde se profirió la sentencia objeto de revisión, acorde con lo previsto en los numerales 1º y 2º del artículo 357 del Código General del Proceso, en el líbelo de subsanación se limitaron a indicar los datos de Gustavo Adolfo Botero Serna, pero obviaron aquellos correspondientes a los demás intervinientes en ese juicio, incluidos los de Ofelia Serna de Botero, pese a que también ella confirió poder para interponer este recurso extraordinario.
2.2. Tampoco precisaron las fechas de la providencia recurrida y de su ejecutoria, como lo imponía el numeral 3º del mencionado canon procesal. En tal sentido, los memorialistas acotaron que «la sentencia de segunda instancia data del 19 de noviembre de 2020», información que resulta incompleta y no concuerda con la consignada en el portal oficial de la rama judicial, que fija ese evento el día 22 de enero de 2020.1
2.3. Ahora bien, como motivo inicial de revisión invocaron el previsto en el numeral 1º del artículo 355 del Código General del Proceso, que tiene lugar por «haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria».
Al respecto, como lo destacó la Corte en AC 5 mayo 2010, rad. 2009-01386, reiterado en AC756-2020, la procedencia de esta causal exige que
(…) el inconforme refiera a una prueba de linaje específicamente documental; que dicha evidencia existiere con anterioridad al litigio o siquiera antes del vencimiento de la última oportunidad prevista para la aportación de pruebas y que, por tal preexistencia hubiese en condiciones normales, podido ser allegada al proceso; que su ausencia en la litis corresponda a anomalías precisas consistentes en fuerza mayor o caso fortuito, o, dolo o colusión de la parte beneficiada con la providencia atacada; que su hallazgo ocurriese con posterioridad a que el fallo fuese proferido y; que de haber obrado en el proceso la probativa en cuestión, la decisión atacada hubiese sido radicalmente opuesta a la actualmente pronunciada [Sentencias 085 de quince (15) de junio de 1993, 082 de veintiuno (21) de junio de 1994, 055 de cuatro (04) de junio de 2007, inter alia; con reiteración en auto de quince (15) de octubre de 2008, exp. 01173]. -Subrayas ajenas al original-.
Con esa perspectiva, esta Sede exigió a los recurrentes enunciar los «documentos preexistentes» hallados con posterioridad a la sentencia atacada que soportaban su reclamo, concretar las razones constitutivas de fuerza mayor, caso fortuito u obrar de la parte contraria que, en debida oportunidad, impidieron su presentación en el proceso y explicar la incidencia que esas pruebas podían tener en la sentencia atacada, según el numeral 1.5.1. del inadmisorio.
Como respuesta a esos requerimientos, insistieron que el «fundamento probatorio» de dicha causal se encontraba en «una multiplicidad de documentos» relacionados con la «historia jurídica del bien inmueble» objeto de la acción reivindicatoria y otros «incontables documentos que reposan en diferentes despachos judiciales», que muestran la conducta «temeraria» de quienes se presentaron como «propietarios legítimos».
Tan escueta explicación imposibilita la admisión de esta causal de revisión, si se tienen en cuenta las premisas normativas y jurisprudenciales antes citadas que obligaban a los inconformes a indicar cuáles eran las pruebas «documentales» que descubrieron con posterioridad a la censurada sentencia, la incidencia que cada una de estas tenía frente a esa decisión y las circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o las maniobras de sus contradictores que impidieron su oportuna aducción al juicio.
Nada de ello se puede extractar de los confusos y desordenados escritos que presentan los recurrentes, cuyo líbelo inicial simplemente hace referencia a la «copia virtual del proceso reivindicatorio», la «copia virtual de los documentos obrantes dentro del plenario, relativos a la matrícula inmobiliaria 280-11975 (…) los referentes al trabajo de partición y adjudicación realizado en la época (1990) (…) trabajo dentro del cual se refirió al derecho de dominio radicado en cabeza del extinto Cesar Augusto Castrillón Restrepo (…)», la «prueba documental aportada en forma temeraria por la parte demandante (…) para acreditar la legitimación en la causa por la activa (…) certificaciones irregulares expedidas por el Juzgado Segundo del Circuito de Familia de [Armenia]» y el «respectivo trabajo de partición y adjudicación de los bienes relictos» que ese estrado aprobó el «24 de febrero de 2000, por medio de sentencia número 0047 E-98-580», en otras palabras, se trataba de medios de convicción que hicieron parte del acervo recaudado en ese litigio, que a su turno constituía el escenario propicio para su contradicción.
En esas condiciones, lo que revela la argumentación de los censores es su propia desidia en la defensa de sus intereses, sin que resulte factible el uso de este mecanismo extraordinario para reabrir el debate probatorio o para remediar las consecuencias de su propia omisión persuasiva en un asunto finiquitado mediante la correspondiente sentencia.
No se debe perder de vista que el recurso de revisión, «no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi» (CSJ. SC 16 may. 2013, exp. 01855 – Subraya ajena al texto).
En suma, como se dijo en AC1474-2021, «la causal en cuestión no está hecha para adecuar elementos de convicción insuficientes, ni para complementar con otros los aportados en las instancias y que modifiquen las condiciones reinantes y puedan provocar una nueva valoración de los oportunamente allegados al debate, aun cuando se les reste peso por extemporáneos, ineficaces o al no cumplir los requisitos de ley».
2.4. Referente a la segunda causal invocada, el artículo 355 del Código General del Proceso consagra en su numeral 6º como motivo de revisión, «haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente», el cual propende por enmendar acciones malintencionadas de los litigantes, contrarias a los principios de lealtad y buena fe, encaminadas a desviar la averiguación de la verdad material que debe orientar la definición del caso o a inducir a error al sentenciador, en detrimento del derecho, de la justicia y de los intereses del oponente procesal o de terceros.
Respecto a la interpretación de ese precepto, como se recordó en CSJ AC3020-2020, al traer a colación la SC4584-2014, las maniobras fraudulentas
(…) deben involucrar un comportamiento o ‘una actividad engañosa que conduzca al fraude, una actuación torticera, una maquinación capaz de inducir a error al juzgador al proferir el fallo en virtud de la deformación artificiosa y malintencionada de los hechos o de la ocultación de los mismos por medios ilícitos; es en síntesis, un artificio ingeniado y llevado a la práctica con el propósito fraudulento de obtener mediante ese medio una sentencia favorable, pero contraria a la justicia’ (Providencias de 30 de junio de 1988 y 11 de septiembre de 1990, entre otras, G. J., T. CCIV, página 45).
Por consiguiente, con miras a establecer, ciertamente, un proceder caracterizado por tales vicios, implica evidenciar ‘(…) una conducta fraudulenta, unilateral o colusiva, realizada con el fin de obtener una sentencia contraria a derecho, que a su turno cause perjuicios a una de las partes o a un tercero, y determinante, por lo decisiva, de la sentencia injusta. Todo el fenómeno de la causal dicha puede sintetizarse diciendo que maniobra fraudulenta existe en todos los casos en que una de las partes en un proceso, o ambas, muestran una apariencia de verdad procesal con la intención de derivar un provecho judicial o se aprovechan, a sabiendas de esa aparente verdad procesal con el mismo fin’ (Sentencia 243 de 7 de diciembre de 2000. Expediente 007643).
Así, como en reiteradas oportunidades lo ha señalado la Corporación, entre otras, en AC2822-2019, la causal sexta de revisión está supeditada al concurso simultáneo de los siguientes elementos: a) que exista colusión de las partes o maniobras fraudulentas de una sola de ellas, con entidad suficiente para determinar el pronunciamiento de una sentencia inicua; b) que se le haya causado un perjuicio a un tercero o a la parte recurrente; y, c) que tales circunstancias no hayan podido alegarse en el proceso.
De esa forma, por vía de inadmisión de la demanda, se le pidió a los opugnadores que explicaran, con suficiente claridad y fundamento, en qué consistieron las maniobras colusivas o fraudulentas que le enrostró a sus contradictores en el proceso, descartando los «disentimientos frente al resultado en las instancias o la exposición de situaciones ocurridas con anterioridad al litigio» (Cfr. num. 1.5.2. auto inadmisorio), que inapropiadamente incluyeron al sustentar la sexta causal.
A pesar de esa advertencia, en síntesis, persistieron en el difuso e ininteligible relato sobre la «temeridad» de la demanda que presentaron los herederos de María Barrantes de Rojas «bajo el argumento de reivindicar dizque para la sucesión», aunque ese proceso ya había culminado con sentencia de «aprobación, notificación del trabajo de inventarios y avalúos, partición y adjudicación en común y proindiviso de los bienes relictos de la causante».
De igual forma, resaltaron la existencia de varios procesos civiles y penales, ventilados en diferentes despachos judiciales que, en su totalidad y con la «complacencia de algunos funcionarios, de carácter administrativo o judicial», han terminado de manera «anormal», favoreciendo a su contraparte.
Aludieron también a inconsistencias en las matrículas inmobiliarias del lote de terreno objeto de discusión, a la determinación del «Juez Primero Civil del Circuito» que desconoció la «regla legal que se refiere a que con las fichas catastrales no es dable acreditar derecho de dominio», a la temeridad de los reivindicantes que «han pretendido disuadid (sic) la realidad de existencia de la matrícula inmobiliaria 280-0011975» correspondiente al predio que ellos adquirieron «de manos del extinto Cesar Augusto Castrillón Restrepo», conducta de «abultada mala fe» que han desplegado «desde antaño [para] afectar los derechos adquiridos legalmente por terceras personas, relativas a la misma contienda de la matrícula inmobiliaria 280-0011974 y de otras colindantes».
Ese sustrato fáctico que soporta el segundo motivo de revisión incoado en la demanda, se relaciona, en rigor, con circunstancias propias del proceso declarativo en comento que, por lo mismo, estaban llamadas a ser planteadas, controvertidas y demostradas en las fases ordinarias del juicio que les adelantó Blanca Doris y Cesar Fardy Rojas Barrantes, en el que justamente se debatía la identidad del predio objeto de reivindicación y la posesión de los recurrentes allí demandados, entre otros presupuestos de la acción de dominio.
En ese contexto, no resulta admisible habilitar esta senda extraordinaria con la excusa de hipotéticas maniobras «temerarias», para solventar, en realidad, discrepancias frente a temas de apreciación probatoria propias de la actuación que los recurrentes no comparten, pues como lo precisó esta Corporación en la providencia SC 20 feb. 2012, rad. 2007-00190-00, recalcada en AC2822-2019 y AC3020-2020,
En relación con este motivo de impugnación, la jurisprudencia de la Sala ha precisado “que las maniobras fraudulentas a que se refiere la norma deben corresponder a situaciones o hechos externos al proceso, no conocidos por el juez y producidos por fuera de aquél, ‘toda vez que si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas allí, la revisión no es procedente por la sencilla razón de que aceptar lo contrario sería tanto como permitir, con grave daño para la seguridad jurídica, la reiteración del litigio por una vía lateral inadmisible’. Por eso, la jurisprudencia se ha manifestado expresando de manera terminante que ‘…la existencia de maniobras fraudulentas como causal de revisión (…) si con ellas se causó perjuicio al recurrente, no autoriza en manera alguna a replantear el debate probatorio propio de las instancias, sino que tiene por finalidad reprimir la conducta de las partes cuando resulte atentatoria de los principios de lealtad, probidad y buena fe que han de presidir su actuación en el proceso. (Subrayas fuera del texto).
De esa manera, atendiendo la naturaleza de la causal alegada, se extraña el requisito señalado por la jurisprudencia de la Sala, referido a que no hubieran podido alegarse en el proceso las conductas constitutivas de colusión o calificadas como fraudulentas en las cuales se apuntala, de suerte que tampoco aquí se cumple la exigencia prevista en el numeral 4° del artículo 357 del Código General del Proceso, pues los argumentos que la sustentan no satisfacen a cabalidad los requerimientos que abren vía a su estudio.
2.5. El último de los motivos de revisión invocado es el previsto en el numeral 9º del artículo 355 procesal, que permite atacar por esta senda «(…) la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada, siempre que el recurrente no hubiera podido alegar la excepción en el segundo proceso por habérsele designado curador ad litem y haber ignorado la existencia de dicho proceso», con la precisión que «no habrá lugar a revisión cuando en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».
A los revisionistas se les instó que indicaran si estuvieron representados por curador ad litem o fueron parte en los procesos de sucesión n° «980580-00» y reivindicatorio n° «2011-0074-00», que respectivamente se tramitaron ante los juzgados Segundo de Familia y Primero Civil del Circuito de Armenia, que explicaran en forma concreta la contrariedad entre dichas sentencias e informaran las razones que les impidió formular la excepción de cosa juzgada en el pleito reivindicatorio donde se emitió la sentencia que opugnan.
Sin embargo, pese al requerimiento, no brindaron ninguna aclaración sobre el particular y tan solo señalaron que «no existió representación de curador ad litem», incumpliendo el mínimo e ineludible deber de señalar los «hechos concretos que le sirven de fundamento» a esa causal de revisión, a la que simplemente hicieron alusión en el encabezado de su líbelo, sin ningún sustento adicional, lo que basta para descartar su procedencia.
2.6. Finalmente, debe llamarse la atención sobre el contenido del líbelo introductor y de subsanación, que incorporan comentarios personales del profesional que los suscribe, entremezclados con citas doctrinales y jurisprudenciales transcritos de manera confusa, inconexa y descontextualizada, en abierta discordancia con las exigencias de claridad y concreción que se derivan del numeral 4º del artículo 357 del Código General del Proceso.
3. En consecuencia, por resultar insatisfactoria la corrección del libelo, se rechazará de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 358 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE:
Primero: Rechazar la demanda de revisión de Ofelia Serna de Botero y Gustavo Adolfo Botero Serna frente a la sentencia proferida el 22 de enero de 2020 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Armenia, en el proceso referenciado.
Segundo: Archivar definitivamente las actuaciones.
NOTIFÍQUESE
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado
1 Información consultada en https://procesos.ramajudicial.gov.co/Documentos/ pdf/av1ogle0ag0gd3or0hyjoekm20220629110141.pdf