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AC3961-2023 (2023-04712-00)
AC3961-2023
Radicación n.º 11001-02-03-000-2023-04712-00
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Promiscuo de Familia de Miraflores (Boyacá) y el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Duitama (Boyacá), con ocasión del conocimiento sobre la revisión de la sentencia proferida por el primero, en un proceso de jurisdicción voluntaria de interdicción.
ANTECEDENTES
1. La señora María Susana Vargas de Rubio inició un proceso de jurisdicción voluntaria ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Miraflores (Boyacá) a efectos de que declarara que «… el señor JULIO CESAR RUBIO VARGAS, se encuentra en Interdicción Judicial por causa de sufrir la enfermedad denominada SECUELAS DE HIPOXIA PERINATAL PARALISIS CEREBRAL, conforme a la evaluación practicada y rendida por el Médico Especialista del Seguro Social, enfermedad que le impide dirigirse a sí mismo y administrar competentemente sus bienes; resultando con esto obligatoria la declaración de Interdicción».
En el acápite de competencia, expresó la demandante que la misma le correspondía a ese despacho judicial «… por la naturaleza del asunto, y por el domicilio de las partes.»
2. El Juzgado Promiscuo de Familia de Miraflores (Boyacá), admitió la demanda y le impartió el trámite procesal pertinente.
3. El día 11 de junio de 2009, el Juzgado Promiscuo de Familia de Miraflores (Boyacá) profirió sentencia en virtud de la cual decidió «DECRETAR LA INTERDICCION DEFINITIVA por causa de demencia (retardo mental leve) del señor JULIO CESAR RUBIO VARGAS…» y «DESIGNAR como CURADORA LEGITIMA del interdicto JULIO CESAR RUBIO VARGAS, a la señora MARIA SUSANA VARGAS DE RUBIO…».
4. En atención a la naturaleza del proceso y conforme lo indicaba el Código de Procedimiento Civil, vigente para la fecha en que se adelantó el proceso y se profirió la sentencia, el Juzgado Promiscuo de Familia de Miraflores (Boyacá), remitió la decisión, en grado de consulta, al Tribunal Superior de Tunja.
5. El conocimiento de la consulta correspondió a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja, corporación que decidió confirmar, en todas sus partes, la sentencia consultada.
7. En el mes de agosto de 2023, y producto de una llamada que la trabajadora social del Juzgado Promiscuo de Miraflores (Boyacá) hiciera a la Sra. María Susana Vargas De Rubio, se pudo determinar que el domicilio de ésta y del señor Julio Cesar Rubio Vargas, es el municipio de Duitama (Boyacá).
8. En atención a lo anterior, mediante auto de septiembre 1 de 2023, esa agencia judicial decidió «Remitir el presente proceso de Interdicción al Juzgado de Familia (Reparto) de la ciudad de Duitama…» para que los despachos de ese municipio siguieran «… conociendo del presente proceso, en especial la Revisión de la Sentencia, como lo ordena el art. 56 de la Ley 1996/2019»
9. El estrado receptor, esto es, Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Duitama (Boyacá), se abstuvo de asumir competencia, arguyendo que «la asignación de la competencia para la revisión de las sentencias de interdicción en el juez que profirió el fallo, viene dada en función de un fuero de atracción que previó el legislador en su especial empeño de procurar que todas las cuestiones concernientes a personas en cuyo favor se ha decretado la interdicción o se han concedido apoyos, sean tramitadas por el mismo despacho que las ordenó, en atención a que, al conocer los antecedentes médicos y jurídicos que rodean el asunto, ese estrado está en mejor condición de velar por los intereses del sujeto de especial protección (artículo 43 de la Ley 1996 de 2019).»
Con ese fundamento, planteó el conflicto y remitió el expediente a esta Colegiatura para que, de acuerdo a su competencia, procediera a dirimirlo.
CONSIDERACIONES
1. Aptitud legal para la resolución.
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales (Tunja y Santa Rosa de Viterbo); ello según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.
2. Anotaciones sobre la competencia.
Aunque la jurisdicción, entendida como la función pública de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a través de pautas de atribución descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden público: las reglas de competencia.
En tratándose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribución en comento se realiza mediante la aplicación de diversos factores, así:
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de los litigantes, debiéndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la República (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicción), acorde con el artículo 30-6 del Código General del Proceso.
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del artículo 28 ejusdem, a cuyo tenor «En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad».
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuantía.
La naturaleza consiste en una descripción abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunción entre ella y la pretensión en concreto; así ocurre con la expropiación, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito1, o la custodia, cuidado personal y visitas de los niños, niñas y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en única instancia2.
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categoría e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de mínima cuantía corresponde al juez civil municipal, en única instancia), que -por sí solas- son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en específico.
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuantía) habrá de acompañarse, en todo caso, del factor territorial, que señala con precisión el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el artículo 28 del Código General del Proceso.
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribución territorial (pues opera «salvo disposición legal en contrario»); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribución previstas en los numerales 2 (domicilio de los niños, niñas o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente) y 12 (último domicilio del causante) del citado canon 28.
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicación de los bienes, en aquellos asuntos en los que «se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos» (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en tratándose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11).
Y el fuero contractual atañe, finalmente, a «los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos» en los que «es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».
(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atención a las específicas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripción de grados de juzgamiento, en la que actúan funcionarios diferentes, pero relacionados entre sí, de manera jerárquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripción judicial.
(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fenómeno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulación de partes –litisconsorcios–), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas.
3. Las normas de atribución territorial en el Código General del Proceso.
Como viene de verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1º del citado artículo 28 del Código General del Proceso, foro que opera «salvo disposición legal en contrario», lo que supone la advertencia de que aplicará siempre y cuando el ordenamiento jurídico no disponga una cosa distinta.
Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elección, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), así:
(i) Los fueros concurrentes por elección operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podrá radicar su acción ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho dañoso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del artículo 28).
(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer término, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podría recurrirse a la alternativa subsiguiente.
(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a título de ejemplo, con los procesos de restitución de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicación del respectivo predio (numeral 7 del artículo 28, ya citado).
4. Conservación y alteración de la competencia.
«(…) el juez que le dé inicio a la actuación conservará su competencia (…) dado que cuando se activa la jurisdicción el funcionario a quien se dirige el libelo correspondiente tiene el compromiso con la administración de justicia y con el usuario que a la misma accede, de calificar la demanda eficazmente, tema que involucra la evaluación, cómo no, también de su “competencia”, aspecto tal que, una vez avocado el conocimiento, torna en él la prorrogación de aquella atándolo a permanecer en la postura asumida hasta tanto dicha se controvierta. Es decir, en breve, la Sala “ha orientado el proceder de los jueces con miras a evitar que después de aprehendido el conocimiento de un asunto, se sorprenda a las partes variándola por iniciativa de aquellos” (CSJ AC2103-2014, 28 abr. 2014, rad. 2014-00555-00)» (CSJ AC5451-2016, 25 ago.).
Con similar orientación, se sostuvo:
«(…) una vez establecida la competencia territorial, atendiendo para el efecto las atestaciones de la demanda, las ulteriores alteraciones de las circunstancias que la determinaron no extinguen la competencia del juez que aprehendió el conocimiento del asunto (…) “Si el demandado, dice la Corte, en doctrina que es aplicable al caso, no objeta la competencia, a la parte actora y al propio juez le está vedado modificarla, inclusive en el evento de que hubiere existido cambio de domicilio o residencia de las partes. Las circunstancias de hecho respecto de la cuantía del asunto, del factor territorial, del domicilio de las partes y de su calidad, existentes en el momento de proponerse y de admitirse una demanda civil, son las determinantes de la competencia prácticamente para todo el curso del negocio” (auto de 26 de agosto de 2009, Exp. 2009-00516-00 citado en auto de 15 de noviembre de 2011, Exp. 2011-02281-00)» (CSJ AC429-2018, 6 feb.).
Expresado de otro modo, cuando un asunto es asignado a determinado funcionario, atendiendo cabalmente las pautas expuestas en los ordinales precedentes, por vía general aquél no podrá desprenderse de su conocimiento, a menos que se concrete uno de los supuestos que prevé la normativa procesal, a saber:
(i) Cuando intervenga como parte, en forma sobreviniente, un estado extranjero, o un agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República de Colombia.
(ii) Cuando un trámite de mínima o menor cuantía muta en uno de mayor, en virtud de la reforma de la demanda, demanda de reconvención o acumulación de procesos o de demandas.
(iii) Cuando, de conformidad con los lineamientos de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se disponga la remisión de los expedientes a las oficinas de apoyo u oficinas de ejecución de sentencias declarativas o ejecutivas.
(iv) En virtud del cambio de radicación ordenado por la Corte Suprema de Justicia o los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, según el caso.
(v) En caso de estructurarse la pérdida de competencia que prevé el artículo 121 del Código General del Proceso.
5. Caso concreto.
Para resolver el conflicto en referencia, basta con señalar que ninguno de los supuestos de alteración de la competencia referidos tuvo lugar en el proceso sometido al escrutinio del Juzgado Promiscuo de Familia de Miraflores.
A ello cabe añadir que las excepciones que, para la época de presentación de la demanda, preveía el ya derogado artículo 46 de la Ley 1306 de 2009, frente al fuero de atracción allí contemplado, operaban teniendo en cuenta el lugar de residencia «del interdicto» al momento de iniciar la actuación; por consiguiente, las variaciones de la misma que tengan lugar posteriormente, no constituyen, por vía general, una excepción adicional al principio de perpetuatio iurisdictionis previamente expuesto; regla que resulta aplicable al asunto bajo estudio puesto que para el momento en que el primero de los falladores involucrados se apartó del conocimiento del juicio, ya se habían llevado a cabo diferentes diligencias de rendición de cuentas en las que la curadora designada en el asunto, incluso, ya había aportado varios elementos de juicio con ese propósito.
Ahora, no puede pasarse por alto que esta Corporación, en situaciones muy excepcionales, ha reconocido que las reglas procesales expuestas podrían ceder con el propósito de materializar la especial protección que merecen las personas con discapacidad mental (CSJ AC3281-2019, 13 ago.; AC3556-2018, 27 ago., entre otros). Sin embargo, este no es el caso.
Igualmente, vale resaltar, que la continuidad en el conocimiento de las diligencias por parte del primero de los juzgadores enfrentados en este asunto, viene dada en función de un fuero de atracción que previó el legislador en su especial empeño de procurar que todas las cuestiones concernientes a personas en cuyo favor se ha decretado la interdicción o se han concedido apoyos, sean tramitadas por el mismo despacho que las ordenó, en atención a que, al conocer los antecedentes médicos y jurídicos que rodean el asunto, ese estrado está en mejor condición de velar por los intereses del sujeto de especial protección (artículos 46 de la Ley 1306 de 2009 y 43 de la Ley1996 de 2019).
A ello se suma, -como bien lo trasuntó el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Duitama (Boyacá)-, que conforme lo ha sostenido este Despacho (CSJ AC1507-2022, 19 abr.), y según lo reportan las piezas procesales allegadas, ninguno de los intervinientes en la actuación ha sugerido siquiera que la continuidad del juicio en el municipio de Miraflores (Boyacá) represente un riesgo (actual o potencial) para el derecho a un debido proceso del señor Julio Cesar Rubio Vargas, eventualidad que no se puede presumir, y menos cuando el trámite de rendición de cuentas y revisión de ayudas que contempla la Ley 1996 de 2019, se viene adelantando de manera completamente virtual, razón de más para colegir que, lejos de advertirse inconveniente, la aplicación de la pauta de perpetuatio iurisdictionis luce adecuada, razonable y armónica con el derecho a acceder a una justicia pronta y efectiva.
6. Conclusión.
La primera de las autoridades en contienda deberá continuar conociendo del asunto, por no presentarse ninguna hipótesis de variación de la competencia.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Promiscuo de Familia de Miraflores (Boyacá) para continuar con el proceso en referencia.
Notifíquese y Cúmplase
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado
1 Artículo 20, numeral 5, Código General del Proceso.
2 Artículo 21, numeral 3, ídem.
3 «Corresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez civil».
4 «Cuando la competencia se determine por la cuantía, los procesos son de mayor, de menor y de mínima cuantía. Son de mínima cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)».