Asistente Jurídico Inteligente
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ATC810-2022
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
ATC810-2022
Radicación n.° 73001-22-13-000-2022-00104-01
Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintidós (2022).
1. Correspondería proveer sobre la impugnación interpuesta por Néstor Hernando Mora Arias frente a la sentencia del pasado 27 de abril, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil-Familia, en la acción de tutela impulsada por el Municipio de Ibagué contra los Juzgados Segundo de Familia y Quinto Civil Municipal, ambos de la misma ciudad, si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse.
2. Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el a-quo constitucional incurrió en la causal de nulidad prevista en el numeral 8° del artículo 133 del Código General del Proceso, aplicable a los asuntos de amparo por remisión del canon 4° del decreto 306 de 19921.
No vislumbra la Corte que se haya enterado del inicio del presente trámite supralegal a Daniel Alfredo Sotomayor López, máxime si funge como adjudicatario al interior del expediente de sucesión intestada materia de la actual crítica (rad. n.° «2014-00506»).
Se advierte que el involucramiento conminado debe efectuarse de manera directa, sin que sea válido a través de apoderado judicial –cual quiso hacerse en la primera instancia– o agente oficioso, pues cuando resulte imposible emprenderlo, como último remedio incluso existiría el llamado edictal, en los términos que reiteradamente han sido expuestos por esta Sala.
Sólo obran en las foliaturas unos oficios dirigidos a quien al parecer es abogado de Sotomayor López en el sucesorio; empero, lo cierto es que, memórese, este último (Sotomayor López) tuvo que haber sido enterado directamente de la queja iusfundamental de marras.
3. Entretanto, el artículo 16 del decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas «a las partes o intervinientes», con lo que se garantiza la citación al trámite de los terceros determinados o determinables con interés legítimo en él, en procura de que puedan defenderse y, por ende, se dé cumplimiento al debido proceso.
Sobre el tópico, la Corte Constitucional enfatizando la necesidad de enterar de la iniciación de la tramitación a todos los interesados en sus resultas, ha señalado que:
…lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garantía procesal…. Si bien es cierto que esta Corporación ha afirmado que la obligación de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligación de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificación, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal al demandado sea óbice para que el juez intente otros medios de notificación eficaces, idóneos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculación efectiva de aquel contra quien se dirige la acción. La eficacia de la notificación, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integración del contradictorio se torne particularmente difícil, el juez se encuentre frente a una obligación imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acción, el juez deberá actuar con particular diligencia; así, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificación personal, el juez deberá acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificación que estime expeditos, oportunos y eficaces…
4. La anterior circunstancia, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, dirimida la acción, debió producirse el enteramiento aquí echado de menos, toda vez que al omitirlo se truncó la posibilidad de que el llamado a intervenir concurriera en este particular escenario, pregonara sus argumentos y, de ser el caso, aportara las pruebas que pretendiera hacer valer.
5. Por lo consignado, se devolverá el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil-Familia, para que adelante nuevamente la actuación que por esta vía refulge nula.
DECISIÓN
Con base en lo expuesto, el suscrito magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve:
1. Declarar la nulidad de lo actuado en la tutela del epígrafe a partir de la sentencia del pasado 27 de abril, inclusive, para que previamente se produzca la debida notificación a Daniel Alfredo Sotomayor López. Ello, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los términos del inciso 2° del artículo 138 del Código General del Proceso.
2. En consecuencia, se ordena regresar las diligencias a la colegiatura de origen para que renueve el decurso, conforme a lo anotado en las partes motiva y resolutiva de este proveído.
3. Comuníquese lo aquí resuelto a los interesados por el medio más expedito y líbrense las demás notificaciones pertinentes.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
1 Ese aparte normativo fue incluido en el artículo 2.2.3.1.1.3. del decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes enseñaba que, «para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (…), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto», se aplicarían los principios generales del Código de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al Código General del Proceso.