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STC1010-2023
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada ponente
STC1010-2023
Radicación nº 66001-22-13-000-2022-00461-01
Bogotá, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Decide la Corte la impugnación de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 19 de diciembre de 2022, en la acción de tutela promovida por Jair Enrique Iglesias Jiménez, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, trámite al que fue vinculada la Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira -Corpereira-, y citados los intervinientes en el proceso de insolvencia radicado 2013-00221.
ANTECEDENTES
1. Por intermedio de apoderado el solicitante invocó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, y a la igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
Manifestó que, el 24 de mayo de 2012, la Superintendencia de Sociedades aceptó la iniciación de la promoción de acuerdo de restructuración de la Corporación Social Deportiva y Cultural de Pereira, el cual fue aprobado el 13 de junio de 2013, y por incumplimiento de este se terminó ese trámite, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, admitió el 8 de julio de 2014, la consecuente liquidación.
Aseveró que, entre el accionante y la Corporación mencionada existió contrato de trabajo entre el 16 de diciembre de 2014 y el 22 de diciembre de 2016, por lo cual adelantó proceso judicial que finalizó con sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, en el que se condenó a la demandada a pagarle una suma de dinero por despido injusto, y pese a tratarse de un gasto de administración y de pago inmediato, no procedió en ese sentido.
Agregó que, por lo anterior, concurrió al proceso de liquidación judicial, y promovió proceso ejecutivo para el pago de la acreencia, y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira mediante auto de 18 de agosto de 2020, libró mandamiento de pago, el 24 de septiembre de 2021, dispuso seguir la ejecución, y el 22 de enero siguiente, aprobó la liquidación de crédito.
Explicó que el 5 de octubre de 2022 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira realizó la adjudicación de bienes, disponiendo una cantidad liquida de dinero para el pago de gastos de administración con los que procedió a solventar créditos laborales posacuerdo, sin que se haya incluido en este rubro su acreencia, decisión que desconoció el artículo 71 de la Ley 1116 de 2006, y la prelación de créditos, puesto que lo cobrado es un gasto de administración y debía ser graduado de esta manera.
2. Con fundamento en lo narrado, solicitó «dejar sin efectos el auto proferido el 5 de octubre por Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira distinguido con el radicado 2013-00221, en lo que tiene que ver con el señor Jair Enrique Iglesias» y, «Ordenar al juzgado primero civil del Circuito de Pereira, proferir un nuevo auto en el que se le dé trato de gasto de administración a la acreencia reconocida en favor del señor Jair Enrique Iglesias».
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, refirió que conoce del trámite de liquidación en referencia, en el que profirió providencia el 4 de octubre de 2022 de adjudicación, de conformidad con lo establecido por el inciso final del artículo 57 de la Ley 1116 de 2006, e indicó la forma de pago de los dineros consignados a órdenes del Juzgado.
2. Álvaro de Jesús López Bedoya, Inversiones López Lda., López Bedoya y Asociados & CIA S. EN C, en calidad de acreedores, manifestaron que, los valores reclamados con ocasión de los fallos judiciales constituyen créditos legalmente postergados.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal Superior de Pereira, negó el amparo porque no encontró satisfecho el requisito de la inmediatez, atendiendo que desde el momento en que se profirió la decisión censurada, se superó el término razonable para plantear acciones de esa naturaleza.
LA IMPUGNACIÓN
Reclamó que la violación flagrante por parte del despacho accionado se materializó en el auto de adjudicación, atendiendo que no se trató su acreencia como gasto de administración.
CONSIDERACIONES
1. Por regla general, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisión por completo desviada del sendero diseñado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una vía de hecho, situación frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garantías esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, haber agotado, ante el juez natural, los recursos ordinarios existentes en la ley, para remediar la situación de que se trate, debido el carácter subsidiario y residual de este amparo (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas).
2. En el asunto que ocupa la atención de la Sala, el señor Jair Enrique Iglesias Jiménez solicitó dejar sin efectos la providencia notificada en estado de 5 de octubre de 2022, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en el trámite de liquidación en referencia, y se ordene tener en cuenta su acreencia como un gasto de administración, pretensión que se acoge parcialmente puesto que, revisada la queja constitucional y los soportes incorporados, se advierte que la decisión censurada contiene una deficiente motivación, razón por la que se impone revocar la decisión impugnada.
2.1 No es materia de discusión que, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, mediante auto de 8 de julio de 2014 decretó la apertura de la Liquidación Judicial de los bienes y haberes de la Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira – Corpereira (01Cdno. 1 Tomo1 Parte 1).
De igual modo, no se debate que, en ese trámite mediante auto de 18 de agosto de 2020, se libró mandamiento de pago en favor del accionante, y en contra de la referida corporación, aportando como título ejecutivo la sentencia de 15 de noviembre de 2017, proferida por el Juzgado Quinto Civil Laboral del Circuito de Pereira (04 LibraMandPago), y que, en providencia de 25 de agosto de 2021, se ordenó seguir la ejecución (14Auto20210923).
Así mismo, es tema pacífico que, como lo alegó el accionante en el escrito de tutela, «En el cuadro de adjudicación, [su] crédito […] fue graduado por debajo de los de quinta categoría del acuerdo y se le denominó crédito postergado» (hecho 32 escrito de tutela), y que en el informe rendido por el Juzgado accionado sostuvo que, «Respecto de la ubicación de la acreencia para su respectivo pago, se tiene que de acuerdo con lo establecido por el artículo 69 en el tercer inciso del segundo parágrafo, ese tipo de obligaciones (fallo judicial) constituye un crédito legalmente postergado, connotación que fue le atribuida, por lo tanto, la decisión del despacho no fue arbitraria ni antojadiza, todo lo contrario, se ajustó a la normativa vigente».
No obstante, advierte la Sala que en la liquidación en referencia, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira en el auto notificado en estado de 5 de octubre de 2022, por el que procedió a resolver sobre la adjudicación de bienes, y entre otras determinaciones, dispuso pagar como gastos de administración, los honorarios de liquidador, provisiones para conservación del archivo y liquidación de contratos laborales de personas del nivel administrativo, nada dijo sobre la acreencia del accionante.
2.2 Inicialmente debe señalarse que en este asunto se cumple el requisito de inmediatez porque desde la fecha de esa providencia al momento en que se radicó esta acción constitucional, no se ha vencido el término razonable de 6 meses establecido por la jurisprudencia para el ejercicio de una acción de esta naturaleza. De igual manera, se satisface el requisito de subsidiariedad, atendiendo que el artículo 37 de la Ley 1116 de 2006, dispone que, contra el acto que decrete la adjudicación de los bienes no procederá recurso alguno.
2.3 Ahora bien, en la decisión reprochada no se advierte una explicación que sustente razonadamente en derecho por qué el crédito de Jair Enrique Iglesias, no tenía preferencia para efectuar su pago, cuando se presentó en el juicio a cobrar coactivamente una obligación causada con posterioridad (15-11-2017) a la fecha del inicio del trámite de insolvencia (8-07-2014), que de conformidad con el artículo 71 de la Ley 1116 de 2006, corresponde a gastos de administración, y tienen preferencia sobre aquellas objeto del acuerdo de reorganización o del proceso de liquidación judicial.
Recuérdese, el mencionado precepto consagra que, «Las obligaciones causadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de insolvencia son gastos de administración y tendrán preferencia en su pago sobre aquellas objeto del acuerdo de reorganización o del proceso de liquidación judicial, según sea el caso, y podrá exigirse coactivamente su cobro, sin perjuicio de la prioridad que corresponde a mesadas pensionales y contribuciones parafiscales de origen laboral, causadas antes y después del inicio del proceso de liquidación judicial. Igualmente tendrán preferencia en su pago, inclusive sobre los gastos de administración, los créditos por concepto de facilidades de pago a que hace referencia el parágrafo del artículo 10 y el parágrafo 2o del artículo 34 de esta ley».
No es posible entender razonadamente en la determinación cuestionada los motivos que llevaron al juez de la liquidación al momento de hacer la adjudicación o pago a encajar la acreencia cobrada por el accionante en alguna de las clases de obligaciones que hacen parte de la masa a liquidar (concordataria, posconcordataria o legalmente postergada).
Se echa de menos una explicación en cuanto a por qué no había lugar a ordenar el pago preferente, o de manera precisa por qué no hacia parte de «las obligaciones posconcordatarias, que hacen referencia a los gastos de administración y conservación de los bienes del deudor y aquellos necesarios para el sostenimiento de la empresa mientras dura la liquidación, obligaciones que según el artículo 71 ib. gozan de preferencia para su pago respecto de cualquier otro crédito cobrado» (negrita fuera de texto, CSJ. STL. 1 ag. 2009, rad. 2011-00047-01).
Esa motivación resultaba necesaria porque dentro de los gastos de administración también se ha considerado que estos corresponden a obligaciones contractuales y legales que adquiera la entidad durante el desarrollo del proceso de reorganización o liquidación, tema sobre el que la Sala ha explicado,
(…) Los gastos de administración dicen relación a todos aquellos créditos que se causan como consecuencia del inicio del proceso de reorganización o liquidación judicial, según sea el caso, tales como la remuneración del promotor o liquidador y de los auxiliares que se requieran. También comprenden las expensas necesarias para el mantenimiento o funcionamiento de la empresa, las deudas contraídas por el representante del trámite de insolvencia en ejercicio de sus funciones y, todas aquellas obligaciones contractuales y legales que adquiera la entidad durante el desarrollo del proceso de reorganización o liquidación». A la par, señaló que «De ahí que no es necesario que los créditos con preferencia tengan una naturaleza eminentemente administrativa, pues también son considerados como tales – aunque en sentido estricto no lo sean– las obligaciones de origen legal o extracontractual que se causan después de la apertura del proceso de insolvencia, independientemente que sirvan o no a los fines del proceso concursal. La razón de tal privilegio radica en que estos últimos créditos no tienen su origen en el pasivo que la empresa conformó en virtud de su objeto social originario y que constituye el propósito de la reorganización o es materia de la liquidación judicial, sino que nacen para llevar hasta su fin el proceso de insolvencia, o bien se producen por mandato legal después de iniciada la liquidación, lo que significa que no pueden equipararse a las deudas ordinarias que han de pagarse con el patrimonio anterior de la empresa y que constituye prenda común de los acreedores (CSJ. STC 1 Oct. 2014, rad. 01430-01, reiterada en STC7239-2015).
No escapa a la Sala, que a la luz del numeral 3º del artículo 69 de la Ley 1116 de 2006, son créditos legalmente postergados en el proceso de reorganización y de liquidación judicial, las obligaciones con personas especialmente relacionadas con el deudor, y que de conformidad, con el inciso tercero del parágrafo segundo de esa disposición, entre estas se encuentran los «Administradores, revisores fiscales y apoderados judiciales por salarios u honorarios no contabilizados en su respectivo ejercicio, así como indemnizaciones, sanciones y moratorias, provenientes de conciliaciones, fallos judiciales o actos similares» (Negrilla fuera de texto).
Así las cosas, no se advierte en la reprochada providencia un ejercicio argumentativo que permita razonablemente entender por qué la acreencia del accionante encaja en una u otra categoría de la delgada línea que puede darse entre las obligaciones posconcordatarias con pago preferente contempladas en el artículo 71 de dicha ley, y las legalmente postergadas establecidas en el artículo 69 ibidem, ejercicio intelectivo que requería de una adecuada explicación, y de ser necesario recurrir a herramientas jurídicas para establecer la prevalencia de una regla sobre otra.
En ese orden, a pesar de que el artículo 58 de la Ley 1116 de 2006, dispone que, «los bienes no enajenados por el liquidador, de conformidad con lo previsto en el artículo anterior, serán adjudicados a los acreedores mediante providencia motivada» (Destaca la Sala), el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, faltó a ese deber puesto que no explicó de manera razonada, por qué la acreencia del accionante causada con posterioridad al inicio del proceso de liquidación, no tenía preferencia en su pago al momento de hacer la adjudicación, de conformidad con el artículo 71 ibidem.
3. Sobre la necesidad de sustentar adecuadamente las providencias judiciales, de vieja data la Corte Constitucional, al ejercer el respectivo control a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, y respecto del artículo 55, sostuvo,
«no cabe duda que la más trascendental de las atribuciones asignadas al juez y la que constituye la esencia misma del deber constitucional de administrar justicia, es la de resolver, con imparcialidad, en forma oportuna, efectiva y definitiva los asuntos que los sujetos procesales someten a su consideración (Art. 228 C.P.). Para ello, es indispensable, como acertadamente se dice al inicio de la disposición que se revisa, que sean analizados todos los hechos y asuntos planteados dentro del debate judicial e, inclusive, que se expliquen en forma diáfana, juiciosa y debidamente sustentada, las razones que llevaron al juez para desechar o para aprobar los cargos que fundamenten el caso en concreto» (CC T-233/07).
Para esta Sala, el defecto referido se produce cuando la autoridad judicial accionada no analiza el asunto bajo su conocimiento o lo hace de manera parcial o sesgada, lo que lleva a que deba realizarse un nuevo abordaje y definición del caso, en tanto que, «la motivación de las decisiones constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, razón por la cual esta debe ser, para el asunto concreto, suficiente, es decir, “…la función del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisión que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideración”» (CSJ. STC 13 mar. 2013, rad. 00208-01, citada entre otras en STC1903-2021, 1° mar. 2021, rad. 00210-00, STC5517-2022 y STC6008-2022).
En ese mismo sentido, ha reiterado que «sufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivación resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales» (CSJ STC, 2 mar. 2008, rad. 00384-00), y que «la imposición de motivar toda providencia que no tenga por única finalidad impulsar el trámite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicción haga públicas los motivos que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resolución, de tal manera que tras conocérselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del análisis objetivo, amén de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso» (CSJ STC7221-2017, 24 may. 2017, rad. 00123-01, citada en STC12483-2021, 22 sep. 2021, rad. 00275-01 y STC5517-2022).
4. Lo anterior es suficiente para revocar la sentencia impugnada para en su lugar conceder la acción de tutela, ordenando al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, dejar sin efecto el auto de 4 de octubre de 2022, proferido en el trámite de liquidación radicado 2013-00221, solo respecto de Jair Enrique Iglesias, para que proceda a definir el tema propuesto por el solicitante, motivando la decisión en los términos de la Ley 1116 de 2006 y teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, conforme a lo expuesto, para CONCEDER el amparo de derecho fundamental del debido proceso de Jair Enrique Iglesias Jiménez.
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de esta providencia, deje sin valor y efecto la providencia de 4 de octubre de 2022, solo respecto de Jair Enrique Iglesias.
TERCERO. ORDENAR al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira que, cumplido lo anterior y, en un término no superior a diez (10) días, adicione el auto de 4 de octubre de 2022, y proceda a definir el tema propuesto por el solicitante, motivando la decisión en los términos de la Ley 1116 de 2006, y teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo.
CUARTO. Notifíquese por el medio más expedito a los interesados y remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS