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STC11146-2022
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado ponente
STC11146-2022
Radicación nº 11001-02-03-000-2022-02711-00
(Aprobado en sesión virtual de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós)
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintidós (2022).
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Edgar Hernández Ferro, quien dice actuar como apoderado de los señores Jairo y Nelson Ramos Prado, en contra de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Al trámite se dispuso vincular al Juzgado 6 Civil del Circuito de Bogotá y a las partes e intervinientes del proceso cuestionado.
I. ANTECEDENTES
1. El accionante reclamó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y debida administración de justicia de los señores Jairo y Nelson Ramos Prado.
2. En sustento sostuvo que recibió poder de los citados señores, para representarlos como demandados en el juicio ejecutivo de radicado 2015-0072500, adelantado en su contra y en la de Ángel Said Madarriaga Reyes, instaurado por Luis Alejandro Iriarte Ontiveros, Jitka Miluska Iriarte Virgüez y Luis Alejandro Iriarte Virgüez, con el fin de perseguir el cobro atrasado de unos cánones de arrendamiento. El asunto correspondió al Juzgado 6 Civil del Circuito de Bogotá, ante el cual se presentaron excepciones de fondo.
2.1. El 25 de agosto de 2021, aquél resolvió seguir adelante con la ejecución respecto del demandado Ángel Said Madarriaga Reyes y declaró probadas las excepciones de cobro de lo no debido y falta de legitimación en la causa por pasiva frente a los defendidos del tutelante.
2.2. La parte demandante apeló, y la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, por pronunciamiento del 10 de febrero de 2022, revocó la decisión del a quo y dispuso continuar la ejecución en contra de todos los demandados.
2.3. Afirmó que dicho fallo constituye una clara violación a los derechos constitucionales de sus mandantes, toda vez que el Tribunal desconoció que la acción ejecutiva «no se inició únicamente con el contrato de arrendamiento primigenio», sino, como lo anotó el Juez de Primera Instancia, «se aportó también como título ejecutivo, la sentencia del Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá, en donde cursó el proceso de regulación de cánones de arrendamiento promovido por los aquí demandantes en contra de Ángel Said Madarriaga», determinación que implicó que el contrato de arrendamiento fuera modificado en sus condiciones iniciales, específicamente, lo relativo a la cláusula del canon y las personas obligadas a su pago.
Agregó que, para que un contrato pueda ser modificado, debe existir consenso de todas las partes, pero ello no ocurrió en este caso, pues no «se tuvo en cuenta a sus representados». Advirtió también que la autoridad judicial convocada no analizó que los accionantes «fueron quienes solicitaron mediante demanda la regulación de un nuevo canon de arrendamiento y […] escogieron como único deudor y demandado al señor Ángel Said Madarriaga».
Expuso que el juez plural «omitió el pronunciamiento de que trata el artículo 282 inciso 3 del CGP, frente a las demás excepciones planteadas».
3. Instó, conforme a lo relatado, dejar sin efecto la sentencia del 10 de febrero de 2022 y que se profiera el fallo que en derecho corresponda.
II. RESPUESTAS RECIBIDAS
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá manifestó que su actuación se ajustó a la legalidad.
III. CONSIDERACIONES
1. En el sub examine, el gestor pretende el amparo de los derechos fundamentales de quienes dice representar, que considera vulnerados por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, al proferir la sentencia del 10 de febrero de 2022.
2. Visto el material probatorio, observa la Sala que el actor no se encuentra legitimado para instaurar la presente tutela, dado que no es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneración se atribuye a la colegiatura accionada, no allegó poder especial que lo faculte a intervenir en esta causa y no acreditó las condiciones para actuar como agente oficioso.
2.1. En cuanto a la legitimación en la causa en las acciones de tutela, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que «podrá ser ejercida (…) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante».
Asimismo, indica que «se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud».
En torno a la legitimación por activa de los apoderados judiciales, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:
la legitimación de los abogados para instaurar la acción de tutela aduciendo representación judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto…
De este modo, cuando la acción de tutela se ejerce a título de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposición. La carencia de la citada personería para iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple con la presentación del apoderamiento otorgado para un asunto diferente.
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa. (Se subraya). CSJ STC1042-2019.
De igual forma, esta Sala ha dicho que:
(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acción de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del trámite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ningún momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en vías de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucción y fallo del mismo. (Se subraya). CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611- 2018, CSJ STC1042-2019).
En ese orden, cuando una persona distinta del titular de las garantías que se consideran vulneradas acude en su representación para solicitar la protección de sus derechos fundamentales, es necesario que esté debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto.
2.2. En cuanto al mandato requerido, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997, manifestó que
todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que «se otorga una sola vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión».
Bajo las anteriores circunstancias, como lo refirió la Corte Constitucional en sentencia CC T-1025-2006, el poder especial necesario debe contener en forma clara y expresa:
(i) los nombres y datos de identificación tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jurídica contra la cual se va a incoar la acción de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situación fáctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimación en la causa por activa, haciendo improcedente la acción (Se subraya)1.
2.3. Pues bien, en el presente asunto, el tutelante pretende la protección de los derechos fundamentales que se habrían vulnerado en el juicio rebatido a quienes dice representar en esta causa; sin embargo, no allegó poder especial para actuar en esta senda extraordinaria, en los términos indicados, y tampoco alegó ni demostró las condiciones para intervenir como agente oficioso, por lo cual resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado, ante la falta de legitimación en la causa.
3. Con base en estas consideraciones, la Sala denegará la salvaguarda solicitada, por improcedente.
IV. DECISIÓN
Comuníquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio más expedito, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
(Comisión de Servicios)
LUIS ALONSO RICO PUERTA
(Ausencia Justificada)
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
1 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022.