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STC1284-2023
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
STC1284-2023
Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-00404-00
(Aprobado en sesión del quince de febrero dos mil veintitrés)
Bogotá, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintitrés (2023).
ANTECEDENTES
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acudió a la presente herramienta para reclamar la protección del derecho fundamental al debido proceso, el cual estima trasgredido por la corporación enjuiciada.
2. De los medios de convicción recopilados, se extracta que, en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Riosucio, se adelantó la acción popular indicada en párrafos precedentes, promovida por el acá gestor en contra de «Koba Colombia S.A.S.», la cual culminó con sentencia desestimatoria de 25 de noviembre de 2022.
Tal determinación fue apelada por el quejoso; no obstante, mediante auto del pasado 24 de enero la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales la declaró desierta, sin que contra ese proveído se formulara recurso alguno.
3. El promotor estima que la corporación demandada «desconoc[e] abiertamente derecho sustancial, inaplicando la doble instancia en muestra clara de un exceso ritual manifiesto y desconociendo tutelas… [sic]».
4. Por ello, solicita se ordene «inmediatamente a los tutelados, dar trámite a mi alzada, amparado art 37 ley 472 de 1998 derecho sustancial [sic]».
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS
1. La magistrada ponente de la determinación cuestionada, se opuso a la prosperidad del resguardo por desatender el presupuesto de la subsidiariedad por cuanto el actor no «ejercit[ó] los mecanismos ordinarios y eficaces a su disposición, en concreto, el medio de impugnación horizontal contra el auto que declaró desierto el recurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 318 del Código General del Proceso».
Al margen de lo anterior, defendió la juridicidad de su pronunciamiento, dado que en él «explicó las razones jurídicas en que se apoyaba».
2. La Defensora del Pueblo, Regional Caldas, pidió la «desvinculación» de ese organismo «teniendo en cuenta que… no obra prueba que implique alguna trasgresión de los derechos fundamentales del accionante».
3. La apoderada general de la sociedad D1 S.A.S. pidió declarar improcedente la salvaguarda comoquiera que «no se vislumbra violación a derecho fundamental alguno por cuanto al accionante se le concedió el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primer grado; no obstante, no procedió conforme a las reglas del debido proceso que señalan la obligatoriedad de sustentar ante la segunda instancia [sic]».
CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Corresponde a la Corte dilucidar si el Tribunal Superior de Manizales lesionó las garantías invocadas por Mario Restrepo, dentro de la acción popular nº 2022-00137, al declarar desierto el recurso de apelación por él formulado contra la sentencia desestimatoria de primera instancia.
2. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Por regla general, este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, sólo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas, cuando con ellas se causa vulneración a las prerrogativas esenciales, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial.
Sobre esto último, ha sido invariable la posición de la jurisprudencia de esta Corte al señalar que los principios esenciales que orientan la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, son la inmediatez y el que a continuación pasa a desarrollarse.
3. De la subsidiariedad
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposición del interesado, dado el carácter eminentemente residual de esta acción, pues, de otra manera, se convertiría en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminaría cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental.
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido:
«(…) [S]i [se] incurrió en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensión de recurrir tal actuación por esta vía extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido diseñado para rescatar términos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (…) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervención del Juez constitucional en tanto no está dentro de la órbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituyó la tutela (…)» (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.)
Igualmente ha referido que,
«[N]o basta, entonces, que la determinación adoptada por el operador jurídico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que también es necesario establecer si la presunta afectación puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si éstos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jurídico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991» (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala.
4. Del caso concreto
El promotor acude al presente instrumento buscando la protección del derecho fundamental al debido proceso que considera quebrantados por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales con la providencia del pasado 24 de enero, a través de la cual declaró la deserción del recurso de apelación que interpuso contra la sentencia desestimatoria proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Riosucio.
Como se advirtió, el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de la subsidiariedad y su inobservancia ocurre, no solo cuando aún existen otras vías tendientes a solucionar la afectación a los derechos o las mismas están siguiendo su curso, sino también porque se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria.
En el caso que se revisa, se configura la segunda modalidad, puesto que si bien el accionante tuvo a su alcance el medio de defensa judicial idóneo para plantear el debate que expone por esta vía excepcional, injustificadamente lo desaprovechó.
Lo anterior, habida consideración que al ser enterado en debida forma de la providencia por medio de la que el tribunal convocado declaró desierta la alzada, bien pudo haber hecho uso del recurso de reposición, por virtud de la regla general contenida en el primer inciso del artículo 318 del Código General del Proceso; no obstante, ninguna manifestación realizó, con lo que mostró su aquiescencia con lo resuelto.
Sobre la idoneidad y eficacia del recurso de reposición, esta Corporación tiene sentado:
«(…) Y, no se diga que el recurso de reposición es ineficaz porque el funcionario que emitió el proveído recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondría en entredicho sería la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variaría su decisión, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que animó al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinación y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, propósito que, aparte de acompasar con los principios de economía y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicción de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en única instancia (…) (CSJ STC 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada en STC 8909-2017, 21 jun.).
Conforme con ello, no puede abrirse paso el resguardo, habida cuenta que la tutela no es remedio de último momento para rescatar oportunidades precluidas o términos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisión, queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado sería el fruto de su propia incuria.
5. Conclusión
Conforme lo anterior, no resulta viable proveer el auxilio en los términos reclamados, pues, como lo tiene planteado esta Corporación, «si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jurídico, -como aquí ocurrió-, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas» (CSJ STC, 26 ene. 2011. exp. 00027-005048-2018, citada en STC5048-2018, 19 abr. 2018, rad. 00902-00).
DECISIÓN
Notifíquese por un medio expedito lo aquí resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS