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STC16067-2022
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
STC16067-2022
Radicación n° 11001-22-10-000-2022-01093-01
(Aprobado en sesión del treinta de noviembre dos mil veintidós).
Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022).
Decide la Corte la impugnación interpuesta frente a la sentencia proferida el 24 de octubre de 2022 por la Sala de Familia del del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que declaró improcedente el amparo reclamado por Pedro Pablo contra el Juzgado Treinta de Familia de esta ciudad. Al trámite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de censura y al Delegado del Ministerio Público adscrito a ese Tribunal1.
I. ANTECEDENTES
1. El gestor demandó la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, acceso a la administración de justicia y habeas data, presuntamente conculcados por la autoridad accionada, en el proceso ejecutivo de alimentos 11001311003020190083400.
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que María Eugenia, en representación de su hijo menor de edad, promovió el mencionado juicio contra el accionante, en el que, el 28 de enero de 20202, se libró mandamiento de pago, por concepto de cuotas alimentarias causadas y por las que se siguieran generando hasta que se verificara su pago.
En providencia de igual fecha se decretó, entre otros, el embargo y retención de las sumas de dinero que el demandado tuviere depositadas en entidades financieras y el embargo del vehículo de placas CZU-385, el cual fue inmovilizado con posterioridad.
El 1 de abril de 2021 se tuvo por notificado personalmente el ejecutado y, ante su silencio, el 24 de febrero de 2022 se dispuso continuar con la ejecución y se ordenó la remisión del expediente a los Juzgado de Ejecución.
El 18 de agosto de 2022, el accionado formuló una nulidad de lo actuado, por indebida notificación del mandamiento de pago.
El 25 de agosto siguiente3, aquél radicó una solicitud de levantamiento de la medida cautelar sobre el mencionado vehículo, allegando una liquidación y los comprobantes de dos depósitos judiciales, por $30.861.234.
El 12 de septiembre de 20224 se corrió traslado del incidente de nulidad y se requirió a la abogada del ejecutado, para que, previo a reconocerle personería, allegara copia de su tarjeta profesional, lo cual fue atendido el 14 de septiembre de 20225, oportunidad en la pidió resolver la petición de levantamiento de la medida cautelar.
3. La parte actora sostiene que, ante la imposibilidad de adelantar un acuerdo con la demandante, consignó el dinero de la liquidación directamente al Juzgado y solicitó el levantamiento de la medida cautelar sobre el referido vehículo, lo cual reiteró el 9 y el 14 de septiembre del año en curso y que, al no impartirse celeridad a la resolución de su petición, pese a estar cancelada la obligación, se le está causando un perjuicio irremediable, que vulnera su derecho al trabajo, pues con el producto de su actividad laboral agrícola que desarrolla con el vehículo paga la cuota alimentaria de su hijo menor de edad. Precisó que «el motivo de la tutela es únicamente sobre la solicitud de levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre el vehículo CZU-385, por cuanto es mi elemento de trabajo».
4. Pidió, conforme a lo relatado, que se ordene al Juzgado accionado pronunciarse de fondo sobre el levantamiento de la medida cautelar del referido automotor.
II. RESPUESTAS RECIBIDAS
1. El Juzgado Treinta de Familia de Bogotá informó que, el 13 de octubre de 2022, decretó la terminación del proceso objeto de estudio y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares, por cuanto los títulos cubrían la totalidad de la obligación alimentaria y las costas, al tiempo que destacó que fue respetuoso de los términos de ley.
2. María Eugenia señaló que el accionante cuenta con recursos y que el embargo que se pretende levantar es la única garantía que tiene para los alimentos futuros del menor de edad, por lo que solicitó declarar improcedente el amparo.
3. La Policía Metropolitana de Bogotá alegó falta de legitimación en la causa por pasiva.
4. Mónica Patricia Castañeda Gómez, apoderada del tutelante en el proceso ordinario, afirmó que su mandante ha cumplido con la totalidad de su obligación alimentaria, con excepción de la cuota de octubre de 2022, que no se encuentra vencida y, por tanto, se debe acceder a las pretensiones de la tutela.
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA
El a quo constitucional declaró improcedente el amparo, en consideración a que, por auto del 13 de octubre de 2022, se decretó la terminación del proceso ejecutivo y se levantaron las medidas cautelares, de modo que la tutela carece de objeto.
IV. LA IMPUGNACIÓN
La impulsó el gestor, mediante apoderada, quien reiteró los argumentos esbozados inicialmente y afirmó que, si bien existe una orden de levantamiento de la medida cautelar, no se puede materializar, por la intención de la ejecutante de dilatar la causa con la solicitud de adición presentada. Instó que se concediera provisionalmente el levantamiento de la medida cautelar sobre el vehículo, teniendo en cuenta que se encuentra a paz y salvo hasta octubre de este año.
V. CONSIDERACIONES
1. En el sub examine, el actor pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la omisión del Juzgado accionado en pronunciarse sobre la petición de levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre el automotor de placas CZU-385, que fue presentada junto con los depósitos judiciales correspondientes al pago total de lo adeudado.
2. Analizadas las probanzas obrantes en el plenario, advierte la Sala que el amparo constitucional carece de vocación de prosperidad, porque, el 13 de octubre de 20226, el Juzgado accionado profirió un auto, en el que, teniendo en cuenta la aprobación de la liquidación en ceros de la deuda, luego de ser abonado un depósito judicial allegado por el ejecutado7, dio por terminado el proceso, por pago de la obligación, de modo que decretó el levantamiento de las medidas cautelares practicadas y se abstuvo de continuar con el trámite de la solicitud de nulidad planteada por el demandado.
Tal actuación evidencia que el Juzgado convocado se pronunció sobre lo pedido, por lo que la alegada mora fue superada y, en consecuencia, la tutela es inviable, pues, como lo ha sostenido la Sala,
2.1. Ahora bien, contra el auto del 13 de octubre de 2022, el aquí accionante presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación parcial, con fundamento en que no se deben entregar los dineros a la ejecutante hasta que sea resuelta la nulidad planteada, por indebida notificación, frente a la cual debe continuar el trámite. Asimismo, la ejecutante solicitó adición del auto que declaró terminado el proceso. Del recurso se corrió traslado entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre de 2022 y el proceso ingresó al despacho el 3 de noviembre siguiente.
Esas actuaciones, constituyen hechos nuevos frente a lo planteado en el escrito inicial, razón por la que, en aras de salvaguardar el debido proceso de las partes, esta Sala no puede pronunciarse sobre ellas, a lo cual se suma que las inconformidades planteadas por las partes frente a lo decidido deben ser resueltas por el juez natural, pues el juez constitucional no puede reemplazar sus competencias.
3. En atención a las consideraciones precedentes, se confirmará la sentencia proferida por el a quo constitucional.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
Comuníquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio más expedito, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
(Con Impedimento)
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
1 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protección a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con idéntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicación, y otra con la información real y completa de las partes, para la correspondiente notificación.
2 Corregido el 11 de marzo de 2020.
3 Documento 40, Cuaderno de Medidas Cautelares, expediente 2019-00834-00.
4 Documento 21, Cuaderno Principal, expediente 2019-00834-00.
5 Documento 44, Cuaderno de Medidas Cautelares, expediente 2019-00834-00.
6 Notificado por estado electrónico del 14 de octubre de 2022. Documentos 24 y 26, Cuaderno Principal, expediente 2019-00834-00.
7 Por auto de la misma fecha, en el que también se ordenó entregar a la parte ejecutante los títulos judiciales hasta el monto de la liquidación.