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STC1745-2023
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado Ponente
STC1745-2023
Radicación n° 11001-02-03-000-2023-00607-00
(Aprobado en sesión del primero de marzo de dos mil veintitrés)
Bogotá, D.C., primero (1°) de marzo de dos mil veintitrés (2023).
ANTECEDENTES
1. Actuando a través de apoderado judicial, la solicitante reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, a «la convivencia pacífica, la vigencia de un orden constitucional justo, la confianza legítima, la seguridad jurídica, los derechos civiles adquiridos y a la propiedad privada», presuntamente vulnerados por la autoridad convocada.
2. En síntesis, expuso que mediante «sentencia de fecha 4 de agosto de 1998, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, aprobó el trabajo de partición [dentro la sucesión intestada de Ramón Barrios Pérez], en tres (3) cuotas partes iguales a favor de los herederos reconocidos Reynal Barrios Páez, Elzael Barrios Páez y Leila Barrios Páez, en representación del padre de éstos Sr. Jose Candelario Barrios Espitia»; que «actuando como heredera del causante Ramon Barrios Perez, Benito Barrios Espitia y Jose Barrios Diaz, su bisabuelo, abuelo y padre, respectivamente, promovió proceso de petición de herencia contra los adjudicatarios (…), correspondiendo, por reparto, al Juzgado 7º de Familia de Cartagena [rad. 2000-0618], para que se le reconociera el 50% del acervo hereditario y se dejara sin efectos la sentencia aprobatoria de la partición y adjudicación de fecha 4 de agosto de 1988, emitida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito (…)».
Que, en el referido litigio de petición de herencia, el Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena profirió sentencia estimatoria de pretensiones el 6 de noviembre de 2001, misma que en sede de apelación revocó la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena el 18 de abril de 2008; que contra ese fallo interpuso recurso de casación, el cual fue resuelto de manera adversa el 17 de junio de 2011, razón por la que recurrió a acción de tutela «que finalizó ante la Corte Constitucional, ordenándose mediante sentencia SU-573 de 14 de septiembre de 2017 la revocatoria de las anteriores decisiones de la Corte Suprema y del Tribunal Superior de Cartagena».
Que «estando ejecutoriada la sentencia de petición de herencia (…), mediante escrito fechado 28 de agosto de 2020, comparecieron a [ese] proceso los señores Smith Enrique Barrios Ospino, Pedro Antonio Barrios Ospino, Gladis Barrios Ospino, Pedro Elías Barrios Vargas, Bladimiro de Jesús Manuel Antonio Barrios Vargas, Silvia Victoria María Barrios Vargas, Elvia Rosa del Carmen Barrios Vargas [e] Irina Belsaida Barrios Hernández, quienes formularon ante el Juzgado Séptimo de Familia solicitud de reconocimiento de herederos de igual derecho», aduciendo «ser herederos del causante Ramon Barrios Perez, presunto padre de Pedro Barrios Padilla, este a su vez padre de Pedro Barrios Bruces, siendo este último padre de quienes pretenden sean reconocidos como herederos de igual de derecho dentro del prenombrado proceso de Petición de Herencia que evidentemente ya había concluido».
Que tras su oposición porque «dicha petición era extemporánea, que el proceso sucesorio había terminado al estar ejecutoriada y en firme la sentencia de petición de herencia (…), el Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena profirió auto fechado 30 de noviembre de 2020, denegando la [la solicitud] al considerar (…) “Que no se está ante un proceso de sucesión del causante, ya que el mismo culminó ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, fue protocolizado en la Notaria Primera de Cartagena en la escritura pública No. 3210 de fecha octubre de 1988, sino que, corresponde a un proceso de refacción de la partición ordenada por la Corte Constitucional en Sentencia SU-573 de 14 de septiembre de 2017, donde ya se encuentran herederos plenamente reconocidos”».
Que con proveído del 28 de septiembre de 2021, el tribunal dispuso «la revocatoria parcial del auto del 30 de noviembre de 2021 (…), argumentando (…), que: “(…) debido a que la partición puede modificarse, adicionarse o aun cambiarse (…), la sentencia no cobró ejecutoria sino hasta la aprobación de la última partición de bienes, ergo, es hasta ese momento que los herederos, legatarios y cesionarios puede hacerse parte en la sucesión…”», y que en virtud al fallo de petición de herencia se declaró «“ineficaz el acto partitivo [esta] perdió sus efectos (…), lo que reabre el proceso de sucesión, por consiguiente, ante la ineficacia del trabajo de partición y la orden de rehacerla, se revive la oportunidad para que los herederos con igual o mejor derecho puedan ingresar a la sucesión en el estado en que se encuentra, habida cuenta que el trabajo de partición no está en firme…”».
Que, mediante auto del 3 de febrero de 2022, aclarado el 6 de mayo de la misma anualidad, el juzgado, en atención a lo dispuesto por la colegiatura accionada, procedió a pronunciarse sobre el reconocimiento de quienes concurrieron dentro del trámite de refacción de la partición, decidiendo «no acceder» a dicho reconocimiento.
Que en virtud a los recursos de apelación que interpusieron ambas partes interesadas, con proveído del 4 de noviembre de 2022, el tribunal, «sin examinar ni estudiar el fondo (…), manifiesta atenerse a lo decidido en auto del 28 de septiembre de 2021», resolución contra la cual interpuso «recurso de súplica», el cual «se rechaza por improcedente» el 5 de diciembre de 2022. De «todo lo expuesto» coligió que la decisión configura «evidente vía de hecho», en tanto es «subjetiva, caprichosa y sin fundamento objetivo razonable» respecto de «la aplicación e interpretación de la ley sustancial y adjetiva como en la valoración de los medios de prueba y [por] proceder contra sentencias judiciales con efectos interpartes que hacía improcedente el reconocimiento de los presuntos herederos».
3. Pretende que se ordene «revocar las providencias fechadas 4 de noviembre de 2022, 28 de septiembre de 2021, expedidas por el Tribunal Superior de Cartagena y mayo 6 de 2022 del Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena, y en su lugar, se profiera la providencia correspondiente teniendo en cuenta las consideraciones jurídicas y fácticas aducidas por el juez de tutela».
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADO
1. El magistrado ponente de la decisión refutada, aseveró que «mediante auto de 28 de septiembre de 2021 se desató el recurso de apelación contra el proveído del 30 de noviembre de 2020 y, por auto del 4 de noviembre de 2022 esta Magistratura se pronunció respecto del recurso de apelación contra la decisión del 3 de febrero de 2022, aclarado en auto del 7 de febrero (sic) de 2022 y, contra el numeral 4º del auto 6 de mayo 2022, todos proferidos por el Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena, dentro del proceso de la refacción de la partición de la sucesión del finado Ramón Barrios Pérez, decisión que, [contrario a lo aducido por la accionante], no transgrede los derechos reclamados, debido a que la misma fue debidamente fundamentada en el material probatorio allegado al proceso y en atención a la norma procedimental».
2. El Juzgado Segundo de Familia de Cartagena, envío el expediente digital contentivo del proceso de petición de herencia (rad. 2019-00065), promovido por Smith Enrique Barrios Ospino y otros contra los herederos de Elzael, Leila y Reynal Barrios Páez, y Clovis Barrios.
CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico.
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la inmediatez, y de superarse lo anterior, si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, vulneró las prerrogativas fundamentales invocadas por la querellante, al resolver sobre el reconocimiento de herederos en el trámite de refacción del trabajo partitivo surtido en el juicio sucesorio.
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos genéricos de procedibilidad.
Esta Corporación ha dicho y reiterado, en línea de principio, que en aras a mantener incólumes los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Carta Política, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.
Asimismo, la jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervención del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jurídico. Enlista como tales:
3. Del caso concreto.
Delimitado el estudio al planteamiento del problema jurídico, revisados los argumentos de la presente reclamación y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Corte declarará la improcedencia del resguardo invocado, toda vez que no satisface el esencial requisito genérico de la inmediatez.
3.1. Para llegar a la conclusión que se anticipa, se hace necesario precisar que la actual discusión se remonta al auto proferido por el Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena el 30 de noviembre de 2020, mediante el cual «negó el reconocimiento de los herederos de igual o mejor derecho solicitado por Smith Enrique, Ángel, Pedro Antonio Y Gladis Barrios Ospino; Pedro Elías, Bladimiro De Jesús Manuel Antonio Y Elvia Rosa Del Carmen Barrios Vargas, e Irina Belsaida Barrios Hernández, como herederos de RAMÓN BARRIOS PÉREZ (q.e.p.d.), al considerar que no se está ante un proceso de sucesión del causante, ya que el mismo culminó ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, y fue protocolizado en la Notaría Primera de Cartagena en la Escritura Pública No. 3210 de fecha 24 de octubre de 1988, si no que, corresponde a un proceso de refacción de la partición ordenada por la Corte Constitucional en sentencia SU573 de 14 de septiembre de 2017, donde ya se encuentran herederos plenamente reconocidos».
Esa decisión fue objeto de recurso de apelación, el cual desató el tribunal, en sala unitaria de decisión, señalando mediante proveído del 28 de septiembre de 2021, que «los hitos temporales sobre los cuales debe moverse el juzgador para determinar la oportunidad en la cual los interesados puedan ser reconocidos en calidad de asignatarios, fueron claramente establecidos en el numeral 3° del artículo 491 del Código General del Proceso», recalcando que procede desde la apertura del juicio sucesorio «hasta antes de la ejecutoria de la sentencia aprobatoria de la última partición o adjudicación de bienes (…)”», y seguidamente dijo:
«(…) debido a que la partición puede modificarse, adicionarse o aún cambiarse a voces de los numerales 3º y 5º de la norma precitada, la sentencia no cobra ejecutoria sino hasta la aprobación de la última partición aprobatoria de bienes, ergo, es hasta ese momento que los herederos, legatarios y cesionarios pueden hacerse parte en la sucesión.
En el sub examine, la solicitud de reconocimiento de las personas referidas en precedencia, fue elevada después de haberse dictado sentencia aprobatoria del trabajo de partición de los bienes de Ramón Barrios Pérez (q.e.p.d.), por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, protocolizada en la Notaría Primera de Cartagena mediante escritura pública No. 3210 de fecha 24 de octubre de 1988, sin embargo, no menos cierto es que, se encuentra pendiente por resolver una partición adicional, lo que legitimaría su intervención».
Recordó que dentro del caso en cuestión, «la Corte Constitucional mediante sentencia de SU573 de 2017, dejó sin efectos jurídicos la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 17 de junio de 2011, y por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena proferida el 18 de abril de 2009 (…), disponiendo en su numeral cuarto que “En su lugar, CONFIRMAR EN TODAS SUS PARTES la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena el 6 de noviembre de 2001, dentro del proceso ordinario de petición de herencia iniciado por Clovis Barrios de Chicó contra Elzael Barrios Páez (quien falleció en el transcurso del proceso) y los herederos determinados e indeterminados de Leyla y Reinal Barrios Páez (…)”».
Precisó que «el Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena en la sentencia aludida accedió a las pretensiones dentro del proceso de petición de herencia, declarando ineficaz el acto partitivo y ordenando rehacer el mismo, luego, la decisión aprobatoria de la partición proferida dentro del proceso de sucesión del causante Ramón Barrios Pérez (…), perdió sus efectos por el fallo dentro del proceso de petición de herencia, lo que reabre el proceso de sucesión, por consiguiente, ante la ineficacia del trabajo de partición y la orden de rehacerla, se revive la oportunidad para que los herederos con igual o mejor derecho puedan ingresar a la sucesión en el estado en que se encuentra, habida cuenta que el trabajo de partición no está en firme».
Así, tras memorar «las características del proceso de petición de herencia, que conlleva en un momento dado la ineficacia del trabajo partitivo en el proceso de sucesión y la posibilidad de rehacer la misma», aseguró que «el hecho [de] que los ahora interesados no hayan intervenido desde el inicio en el proceso de sucesión, para nada les impide que puedan ser reconocidos en la partición adicional, que la constituye el surgimiento de nuevos bienes o la falta de adjudicación de alguno de los relacionados en los inventarios», y resolvió: «revocar el numeral primero del auto de 30 de noviembre de 2020, proferido por el Juez Séptimo de Familia de Cartagena», y ordenó «resolver sobre la solicitud de reconocimiento como herederos de Smith Enrique Barrios Ospino, Ángel Barrios Ospino, Pedro Antonio Barrios Ospino, Gladis Barrios Ospino, Pedro Elías Barrios Vargas, Bladimiro de Jesús Manuel Antonio Barrios Vargas, Elvia Rosa del Carmen Barrios Vargas, e Irina Belsaida Barrios Hernández».
3.2. Dilucidado lo anterior, se advierte que con auto del 3 de febrero de 2022, aclarada con proveído del 6 de mayo del mismo año, el juzgado de primer grado, en cumplimiento a la orden de su superior funcional, se aprestó a resolver sobre el reconocimiento de los interesados que concurrieron al trámite de refacción de la partición, no hallando demostradas las condiciones para tal evento por advertir falencias «en la documentación idónea del transmisor», que, en su sentir, hacía inviable reconocer respecto de los peticionarios, «la condición de heredero[s]» por ellos invocada.
Ahora, por cuanto la hoy quejosa estimó que las razones para denegar el reconocimiento no debían ser las indicadas por el juzgado, sino aquellas que cerraran definitivamente la posibilidad a otros interesados en concurrir a un liquidatorio concluido, «cerrado y/o culminado», promovió nuevo recurso vertical, el cual desató el tribunal a través de providencia calendada el 4 de noviembre de 2022, indicando, en lo pertinente, «que dicho asunto fue ventilado por esta Magistratura en auto del 28 de septiembre de 2021, donde fue advertido que de acuerdo lo establecido en el numeral 3° del artículo 491 del Código General del Proceso, hasta que no quede en firme la sentencia de la última partición aprobatoria de bienes, los herederos, legatarios y cesionarios pueden hacerse parte en la sucesión. Igualmente se zanjó el tema en cuanto al cumplimiento de la sentencia SU 573 de 2017 de la Corte Constitucional, por lo que este Despacho no se pronunciará nuevamente sobre el tema, debiéndose atenerse a lo allí resuelto».
3.3. Conforme a lo antedicho, es claro que el actual ataque jurídico está enfilado a controvertir la oportunidad procesal para reconocer herederos del causante, porque en criterio de la censora, dentro del trámite de refacción del trabajo partitivo ordenado dentro del proceso de petición de herencia fallado a su favor, no es posible que concurran otros posibles interesados.
En las condiciones descritas, resulta evidente que la presente acción desatiende el presupuesto temporal, en tanto que, como se indicó en precedencia, el debate sobre el punto fue definido en las instancias, culminando con la providencia proferida por el ad quem el 28 de septiembre de 2021, mientras la instauración de esta salvaguarda tuvo lugar el 15 de febrero de 2023, es decir, excediendo ampliamente el lapso de seis (6) meses que la decantada jurisprudencia ha señalado como prudencial y razonable para promover la tutela de manera tempestiva.
Al respecto, esta Sala reiteradamente ha dicho que la procedencia del auxilio se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales de procedibilidad, entre las cuales se halla la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo que no puede superar el semestre contado a partir de la actuación que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales, requisito que se exige con más rigurosidad de cara a una providencia judicial, porque:
«(…) si bien la jurisprudencia no ha señalado de manera unánime el término en el cual debe operar el decaimiento de la petición de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, sí resulta diáfano que éste no puede ser tan amplio que impida la consolidación de las situaciones jurídicas creadas por la jurisdicción y, menos aún, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (…). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que éste último no pierda su razón de ser, convirtiéndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y legítimos intereses de terceros» (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada entre otras muchas en STC9673-2022, 27 jul., rad. 00535-01). Se subraya.
En esa misma línea esta Corporación ha señalado que, «precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por término razonable para la interposición de la acción el de seis meses [en tanto que] resulta contrario a la seguridad jurídica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, prohíja y perpetúa los conflictos y genera incertidumbre» (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada en STC10043-2022, 4 ago., rad. 01396-01, entre otras). Resaltado fuera del texto.
3.4. Ahora, aunque el impedimento aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no, tal condición le impone al juez constitucional, realizar un balance de los derechos fundamentales en juego y de las razones expuestas como justificantes de la inercia para acudir al ruego tuitivo, y, finalmente, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente al criterio temporal que viene comentándose.
De cara a lo anterior, en este caso no se demostró alguna de las circunstancias descritas que evidencien situaciones ajenas a la voluntad de la promotora, pues, entre otras, ha contado con la representación judicial previamente constituida en los procesos, y con ello, la inexistencia de excusa que conlleve su imposibilidad para recurrir tempranamente a esta excepcional herramienta jurídica.
En el mismo sentido, se advierte que el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez no varía por el hecho de que la reclamante extienda su ataque a los autos dictados recientemente dentro del proceso, como lo es el del 4 de noviembre de 2022, pues recuérdese que la controversia que allí nuevamente planteó, ya se encontraba zanjada mediante la precitada decisión del 28 de septiembre de 2021, y por ello ese pronunciamiento no habilita el término para recurrir al fallador excepcional, como si se tratara de la resolución vulneradora de sus prerrogativas fundamentales.
Sobre la inviabilidad de retomar debates sobre aspectos procesales establecidos con antelación en el juicio, esta Corporación ha señalado que «a diferencia de lo manifestado en el escrito de impugnación, la solicitud resuelta… retomó la situación definida en pretérita oportunidad …que se encuentra en firme, sin que el haber reiterado sobre el tema, aunque con distinta argumentación, tenga la virtud de desconfigurar el principio [de inmediatez]» (CSJ STC, 27, may. 2011, exp. 00096-01, citada entre otras en STC11039-2022, 24 ago., rad. 00090-01).
Finalmente, tampoco procede la acción constitucional como mecanismo transitorio, porque aunado a la desidia para hacer uso oportuno de ella, la interesada no probó la existencia de perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el daño «revista cierta gravedad e inminencia más allá de lo puramente eventual, y que sólo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela» (CSJ STC 1º sep. 2011, exp. 00194-01).
4. Conclusión.
Conforme a lo discurrido, se desestimará la protección implorada, habida cuenta que incumple el requisito de la inmediatez, advirtiéndose que no se evidencia motivo que excuse la demora en su invocación; por lo demás, tampoco que se configuren las indispensables condiciones para otorgarla como mecanismo transitorio.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo solicitado a través de la acción de la referencia.
Comuníquese lo resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS