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STC2913-2022
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
STC2913-2022
Radicación n.° 11001-02-04-000-2021-01867-01
(Aprobado en sesión virtual de once de marzo de dos mil veintidós)
Bogotá, D.C., once (11) de marzo de dos mil veintidós (2022).-
Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo del 28 de septiembre de 2021, proferido por la Sala de Casación Penal de esta Corte, dentro de la acción de tutela formulada por Rafael Malagón Flórez contra la Sala Especializada en lo Laboral de la misma Corporación, trámite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito introductorio.
ANTECEDENTES
1. El accionante reclama la protección constitucional de los derechos fundamentales al «principio de autonomía judicial», al «principio de necesidad» y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad accionada, con la decisión proferida en el marco de la salvaguarda que promovió en contra de esta Sala de Casación Civil, con rad. 2021-00217.
Aunque el gestor no elevó una petición en concreto, de la lectura del escrito de tutela se advierte, que en últimas, lo pretendido a través de esta acción especialísima, es que se deje sin valor ni efecto la sentencia calendada 24 de febrero de 2021, a través de la cual, la Sala de Casación Laboral de esta Corte declaró improcedente la solicitud de protección invocada por el accionante contra esta Sala de Decisión Civil.
2. Para respaldar sus reparos aduce en síntesis y en lo que interesa para la resolución del sub lite, que comoquiera que el 25 de agosto de 2020, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso de reposición y cancelación de título valor que promovió contra el Banco BBVA S.A., profirió sentencia adversa a sus intereses, incurriendo, dice, en los defectos fáctico y sustantivo, solicitó la salvaguarda de sus prerrogativas1, la que fue negada el 5 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de la misma ciudad, decisión que impugnada, fue confirmada por la Sala de Casación Civil el 16 de diciembre siguiente (STC11742-2020).
Señala que pese a que advirtió que la última de las determinaciones era, entre otras, «incongruente», por cuanto, atesta, en lugar de declarar la «improcedencia», desestimó la protección reclamada, convirtiendo esto en «cosa juzgada», «no PRACTIC[Ó] LA PRUEBA, no explic[ó] los fundamentos legales y/o jurisprudenciales por los cuales la decisión (…) [no constituía] una vía de hecho por parte de la señora Juez accionada, porque se cumplían los requisitos para la reposición del CDT 0063096», la Sala Especializada en lo Laboral de la misma Corporación mediante sentencia STL1931-2021 del 24 de febrero de 2021, negó el nuevo auxilio constitucional que solicitó para que se invalidara el fallo en comento proferido por la Sala de Casación Civil.
Indica que en el citado trámite no se decretaron pruebas, y tampoco se estudiaron de fondo las incongruencias existentes, asegura, entre la sentencia del proceso declarativo, el fallo de la primera acción constitucional, y, lo decidido en sede de casación dentro de un juicio ordinario anterior a éstos, en «desconocimiento de las reglas de la sana crítica y el error inducido, toma la decisión (…) sin motivación alguna, (…) en solidaridad de cuerpo, (…) en violación directa a la Constitución. Puede considerarse en sutileza que no existe un error grosero, pero en verificación se configura el DEFECTO SUSTANTIVO y el DEFECTO FACTICO (…) lo cual tiene como consecuencia impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido”», circunstancias todas éstas que, indica, lesionan las garantías primarias invocadas.
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS
a. La titular del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá indicó, que su actuación se limitó al pronunciamiento de fondo en el decurso del proceso declarativo que el actor promovió contra el Banco BBVA S.A., por lo que se «remit[e] a las actuaciones adelantadas en el transcurso de proceso y a los argumentos expuestos por el Despacho para sustentar la decisión atacada por el actor».
b.) El Presidente de la Sala de Casación Laboral de esta Corte precisó, que la determinación criticada «fue emitida de forma unánime, con estricto apego a la Constitución Política, la ley, la jurisprudencia y los elementos probatorios acopiados; luego, no resulta arbitraria, ni desconocedora de derecho fundamental alguno, como puede advertirse de los argumentos fácticos y jurídicos allí consignados».
c.) El Magistrado Sustanciador de la Sala Especializada en lo Penal de esta Corporación puso de presente, que conoció en segunda instancia de la acción constitucional que se promovió en contra de la Sala de Casación Civil de la Corte, sin que pueda «considerarse, en lo que compete a esta autoridad, que se amenace o haya vulnerado derecho fundamental alguno del actor, pues precisamente su asunto ya fue definido en esta colegiatura. Además, la postulación no persuade per se acerca de la prosperidad en los temas que persigue, especialmente la reedición probatoria en procesos civiles, propia de los debates de instancia».
d.) La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de esta capital manifestó, que conoció de la primera acción constitucional referida por el actor, la que negó «por cuanto el abogado que manifestó actuar en nombre y representación del señor Rafael Malagón no acreditó oportunamente su condición de apoderado especial para el efecto a pesar de ser requerido previamente con el fin de subsanar dicha irregularidad».
e.) Finalmente, el abogado Javier Alirio Medina Pinzón, quien dice haber representado los intereses del señor Malagón en el marco del proceso declarativo aludido, ratificó las quejas expuestas por aquél.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Juez Constitucional de primera instancia denegó el amparo deprecado, tras considerar que «los reparos a la decisión se limitan a exponer un desacuerdo con el criterio jurídico acogido por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación»; de allí que, «indudablemente, busca atacar el fondo de la providencia», salvedad que no se encuentra contemplada para hacer un nuevo estudio constitucional de la misma índole, pues «esa excepción está circunscrita a asuntos en los que se debate un error de procedimiento en el curso del trámite constitucional».
LA IMPUGNACIÓN
La promovió el gestor del amparo, señalando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela; a más de agregar, que se debe tener flexibilidad con el requisito de la inmediatez pues las actuaciones de la Secretaría de la Corte Constitucional dilataron el trámite.
CONSIDERACIONES
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporación, que en línea de principio, la acción instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantarían los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política.
El planteamiento anterior se aplica en una medida aún mayor, cuando la determinación atacada fue proferida por un juez constitucional como epílogo del trámite de amparo; de lo contrario, se abriría la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertiría ad aeternum lo expresado en el primer fallo. Así las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervención de un segundo juez de amparo cuando en el trámite de la acción se ha incurrido en una vulneración clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con interés en el resultado del respetivo trámite.
2. Acerca de esta especial temática, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1º de octubre de 2015, consolidó los criterios dispuestos desde el año 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acción de tutela frente a una controversia suscitada con ocasión de un trámite de igual naturaleza, de la siguiente manera:
«4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia.
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional».
3. En el caso bajo estudio se advierte, sin asomo de duda, que lo reclamado a través de esta senda por el señor Rafael Malagón Flórez, como arriba se dejó establecido, resulta improcedente, si en cuenta se tiene que su objetivo es atacar, en últimas, la sentencia STP5796-2021 (29 de abril) de la Sala de Casación Penal de esta Corte, que mantuvo incólume en sede de impugnación, lo decidido en proveído STL1931-2021 (24 de febrero) por la Sala de Casación Laboral de la misma Corporación, esto es, «DECLARAR IMPROCEDENTE» el amparo invocado por aquél, al interior de otra acción de idéntica naturaleza a la presente que promovió frente a esta Sala de Casación Civil, por cuanto dicha cuestión desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, máxime cuando no se evidencia la ocurrencia de las hipótesis previstas en el punto 4.6.2.2. de la providencia citada líneas atrás, esto es, el «fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta», comoquiera que las disquisiciones del actor más allá de demostrar la figura aludida, se dirigen a exponer su descontento con las decisiones que le fueron desfavorables tanto en el juicio de reposición y cancelación de titulo valor que instauró frente al Banco BBVA SA, como en las acciones constitucionales interpuestas, en las que quiérase o no, se expusieron razones y argumentos plausibles que condujeron a lo decidido, para que de manera excepcionalísima se autorice la intervención de un segundo juez de tutela, toda vez que, se itera, los reproches endilgados contra la demarcada decisión no encajan en dicho concepto.
4. Téngase en cuenta que la jurisprudencia ha insistido de tiempo atrás, que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el señalado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de la misma clase el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, toda vez que con ese fin el legislador diseñó la impugnación y la revisión eventual ante la Corte Constitucional, de tal manera que así se «evita la cadena ilimitada de litigios que se generarían en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituyó a la Corte Constitucional como el órgano que pone fin al debate en punto de protección de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo» (CSJ, STC5296-2021).
5. Por otra parte, no se avizora la vulneración al derecho a la igualdad que alude el interesado, pues no sólo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, sino que no se acreditó un tratamiento especial o preferente en algún caso similar al suyo, es decir, «no demostró el interesado la presunta vulneración al derecho a la igualdad, toda vez que no existen pruebas que den cuenta de otras personas en circunstancias similares a la suya…, circunstancia que impide realizar el paralelo respectivo a fin de determinar si los accionados con su actuar le quebrantaron esa prerrogativa de rango constitucional» (CSJ STC793-2021).
6. Finalmente, cabe precisar en relación con los reproches esgrimidos por el accionante en el escrito de impugnación, atinentes a las quejas enrostradas al trámite impartido por la Corte Constitucional a la acción constitucional censurada, que los mismos no pueden ser acogidos en esta sede, porque tratarse de hechos nuevos respecto de los cuales la autoridad accionada ni los vinculados no pudieron ejercer su derecho de defensa y contradicción en la debida oportunidad, en tanto que la particular temática no fue puesta desde el inicio en consideración en el presente debate, motivo por el cual ahora no pueden ser sorprendidos con una decisión al respecto, pues de otra manera se les desconocería también su garantía ius fundamental al debido proceso.
Con relación a los aspectos inéditos que son expuestos en la impugnación de los fallos de tutela de primer grado, se ha sostenido que, si bien «es cierto que en sede de tutela, está establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el trámite ante él ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresión o amenaza de los bienes jurídicos superiores (…) También lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que ésta tampoco es extraña a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa» (ver hace poco en CSJ STC4035-2021).
7. Corolario de lo anterior, se impone mantener incólume el fallo refutado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación.
Comuníquese por el medio más expedito lo aquí resuelto y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada
ÁLVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
Magistrado
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrado
ÁLVARO BARRERO BUITRAGO
Conjuez
DORA CONSUELO BENÍTEZ TOBÓN
Conjuez
BERENICE CRUZ RODRÍGUEZ
Conjuez
GABRIEL JAIME VIVAS DIEZ
Conjuez
1 Acción constitucional rad. 2020-01634-01.