Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
STC3909-2022
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
STC3909-2022
Radicación n.° 11001-22-03-000-2022-00428-01
(Aprobado en sesión virtual de treinta de marzo de dos mil veintidós)
Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022).
Se decide la impugnación formulada por Humberto de Jesús Longas Londoño frente al fallo proferido el 9 de marzo de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que no accedió a la acción de tutela promovida por él contra la Superintendencia de Industria y Comercio, a cuyo trámite fueron vinculados esta Sala de Casación Civil, el despacho del Magistrado Suárez González de aquel Tribunal, las partes e intervinientes en el asunto que originó la queja.
ANTECEDENTES
1. El promotor reclamó la protección de sus garantías esenciales al debido proceso y «derecho de protección al consumidor», presuntamente vulneradas por la autoridad acusada al dictar sentencia adversa a sus pretensiones en el juicio reprochado.
Solicitó, entonces, anular el fallo emitido por la encausada el 20 de mayo de 2021 y ordenarle emitir uno nuevo «aceptando las pretensiones presentadas en el punto 4 de la demanda».
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definición de este caso:
2.1. En la acción de protección al consumidor que el actor incoó contra Calipiscinas S.A.S. (pretendiendo se declarara que ésta incurrió en publicidad e información engañosa de cara al contrato de obra -de reparación de piscina- que celebraron y, en consecuencia, se le condenara a pagarle la suma de $20.086.283 por concepto de indemnización de perjuicios), surtidas las etapas de rigor, el 20 de mayo de 2021 la Superintendencia encausada dictó sentencia adversa a sus pretensiones.
2.2. Luego, el quejoso promovió recurso extraordinario de revisión frente al pronunciamiento referido a espacio, libelo que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá inadmitió el 1º de junio de 2021 y, como no se subsanó, lo rechazó el día 24 siguiente, actuaciones respecto de las cuales, tras agotar allí diferentes solicitudes de nulidad desatadas adversamente, el reclamante interpuso una previa acción de tutela que, con confirmatoria de la homóloga de Casación Laboral (STL1454-2021), desestimó esta Sala de Casación Civil (STC17324-2021).
Precisó que su reclamo constitucional previo fue diferente al ahora propuesto, porque el primero se dirigió contra el trámite del recurso extraordinario de revisión, por lo que «no puede afectar este nuevo proceso»; y que está satisfecho el presupuesto de la inmediatez porque esta petición de amparo la formuló tras la ejecutoria del auto que el 17 de noviembre último puso fin a la referida censura extraordinaria, por lo que, afirmó, «el término para interponer la… tutela estaba suspendido entre mayo 31… y noviembre 23 de 2021, término de decisión del recurso… de revisión, y se reanudó en noviembre 24 de 2021».
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS
1. La Presidenta de esta Sala de Casación Civil limitó su intervención a remitir copia del fallo de tutela STC17324-2021 e informar que, para lo pertinente, puso en conocimiento de su ponente este trámite supralegal.
2. La Superintendencia de Industria y Comercio pidió negar la protección porque no le vulneró ningún derecho fundamental al quejoso.
Destacó que ante la falta de demostración por parte del censor, «negó las pretensiones de la demanda orientadas a la declaración de una información o publicidad engañosa y en consecuencia no se podrían declarar los perjuicios que solicitaba…, que entre otras cosas, no se encontraban debidamente probados y justificados»; que «en todo el escrito de la tutela, …no expone en debida forma que acciones fueron las que vulneraron sus derechos o por lo menos no en la forma que se estableció en la sentencia C-590 del 2005. Por lo que de entrada la acción de tutela es improcedente»; que al no haber efectuado oportunamente la solicitud respectiva, el actor «no puede alegar que… [se] vulnera[n] sus derechos al no decretar la prueba testimonial de último minuto en el desarrollo de la audiencia de que trata el artículo 392 del Código General del Proceso», aunado a que «no presentó… reposición en contra del auto que decretó las pruebas que serían tenidas en cuenta en el proceso y en el desarrollo de la audiencia cuando la juez le corrió traslado, estuvo de acuerdo con las… decretadas».
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El a-quo constitucional negó el amparo al hallar que el quejoso «se mostró conforme con lo decidido dentro de cada una de las etapas que… [se] surtieron» en la audiencia del 20 de mayo de 2021, destacando que «cuando la funcionaria querellada le otorgó la palabra para preguntarle si advertía “alguna irregularidad, sea de error de trámite o de nulidad, que se deba corregir o subsanar?”, …contestó: “considero que no hay ningún error de trámite que acarree la nulidad del proceso”; y luego, al indagársele sobre si fue clara la fijación del litigio: “si, si fue clara”; y, además, también expresó que estaba “de acuerdo con las pruebas decretadas por el despacho”».
Igualmente, «al revisar la providencia que definió el litigio y resolvió negar las pretensiones de la demanda», advirtió que «se motivó conforme a la normatividad que regula el tema y con las pruebas que allí se recaudaron».
Así, concluyó que «la actuación de la funcionaria querellada no deviene antojadiza, arbitraria o caprichosa, en razón a que… se soportó en el análisis del acervo probatorio y en las normas que el legislador previó para resolver esa clase de litigios; por lo tanto, el argumento de haber agotado otros mecanismos de defensa que el promotor tenía a su alcance, como el recurso extraordinario de revisión y el… de súplica que interpuso contra la providencia que la rechazó, puede (sic) ser considerado como válido para acudir al presente mecanismo constitucional, preferente y sumario, con el propósito de abrir nuevamente un debate que ya se surtió al interior de la actuación».
LA IMPUGNACIÓN
La formuló el tutelante, quien, en primer lugar, pidió anular la actuación surtida por el Tribunal a-quo porque, en su sentir, incurrió en la causal de nulidad contemplada en el «numeral 6» del artículo 133 del Código General del Proceso, al omitirse vincular a este trámite a la «Coordinadora de la obra de reparación de la piscina, Marieta Grijalba Moncayo…, en el correo electrónico longas@une.net.co»; y de otro lado, en subsidio, reclamó revocar la decisión impugnada, insistiendo en sus planteamientos iniciales.
CONSIDERACIONES
1. Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades públicas, en determinadas hipótesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.
Por lineamiento jurisprudencial, en tratándose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable vía de hecho, cuando «el proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley» (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.
2. De entrada, de cara a la manifestación del impugnante en cuanto a que la actuación está viciada de nulidad por la supuesta falta de enteramiento de Marieta Grijalba Moncayo, como «coordinadora de la obra de reparación de la piscina»; basta señalar que no se observa ninguna irregularidad que deba subsanarse, en tanto que ella no fue parte en la acción de protección al consumidor cuestionada, lo que tornaba innecesaria su vinculación directa a este trámite, de no olvidar que la única legitimada para aducir su falta de convocatoria es la persona directamente afectada con ella y que la dirección electrónica reportada para remitir comunicaciones a la misma, incluso en la opugnación propuesta, es la misma que denunció el quejoso como suya (longas@une.net.co), a la que efectivamente fueron remitidas todas las misivas respectivas en esta actuación supralegal.
3. Zanjado lo anterior, teniendo en cuenta que lo criticado por el gestor, según lo enfatizó, es la sentencia dictada el 20 de mayo de 2021 por la Superintendencia enjuiciada, en la acción de protección al consumidor por él propuesta, concluye la Corte que la decisión del a-quo constitucional habrá de confirmarse pero por el hecho de resultar patente que la salvaguarda implorada carece del requisito de inmediatez, en la medida en que desde la emisión de dicha providencia hasta la fecha de interposición del presente amparo (2 de marzo de 2022), transcurrieron más de seis (6) meses, superándose ese lapso fijado por la acentuada jurisprudencia de esta Corte como razonable y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de algún motivo válido que justifique la anotada tardanza.
3.1. Frente al requisito de inmediatez, insistentemente la Sala ha dicho que:
…“no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostró, ni invocó siquiera, justificación de tal demora por el accionante” (proveído de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01).
Reiterando que “el ejercicio de la acción de tutela debe ser oportuno y congruente con el propósito que persigue, que no es otro que brindar solución ‘a situaciones presentes que aún pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado…’ (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)” (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, “la presentación de la acción de tutela debe realizarse dentro de un término razonable, que permita la protección inmediata del derecho fundamental a que se refiere el artículo 86 de la Carta Política”, en aras de “preservar el carácter expedito de la tutela para la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acción u omisión de la autoridad pública” (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 en. 2013, rad. 2012-00274-01; CSJ STC5977-2015; CSJ STC2788-2017).
3.2. Nótese, por demás, que el referido término es vinculante como regla jurisprudencial consolidada y vigente, de no olvidar que la Corte Constitucional, de manera inequívoca, ha venido sosteniendo que:
…de conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede interponerse “en todo momento” porque no tiene término de caducidad. Sin embargo, la jurisprudencia ha exigido “una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales”.
Lo anterior ocurre porque se trata de un mecanismo judicial que tiene como finalidad conjurar situaciones urgentes, que requieren de la actuación rápida de los jueces. Por ende, cuando la acción se presenta mucho tiempo después de la acción u omisión que se alega como violatoria de derechos, se desvirtúa su carácter apremiante.
21. Este requisito de procedencia tiene por objeto no afectar la certeza y estabilidad de los actos o decisiones que no han sido controvertidos durante un tiempo razonable, respecto de los cuales se presumen sus efectos ante la ausencia de controversias jurídicas.
Particularmente, tratándose de tutela contra providencias judiciales, el presupuesto de inmediatez se funda en el respeto por los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada. Tal y como lo expuso esta Corte en la sentencia C-590 de 2005, la tutela debe interponerse en un lapso razonable, pues de lo contrario, existiría incertidumbre sobre los efectos de todas las decisiones judiciales.
En este sentido, si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de una controversia constitucional. Así pues, se anularía la seguridad jurídica, pues los efectos de una decisión podrían ser interrumpidos en cualquier momento a través de esta acción. Por consiguiente, la Corte ha establecido que el estudio de este presupuesto de procedencia de la tutela contra providencias judiciales debe ser más exigente, pues su firmeza no puede mantenerse en vilo indefinidamente…
23. En síntesis, la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que el presupuesto de inmediatez: (i) tiene fundamento en la finalidad de la acción, la cual supone la protección urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental[42]; (ii) persigue la protección de la seguridad jurídica y los intereses de terceros; (iii) implica que la tutela se haya interpuesto dentro de un plazo razonable, el cual dependerá de las circunstancias particulares de cada caso; y (iv) debe analizarse de forma rigurosa cuando la acción se dirige contra providencias judiciales (se destacó – CC T-038/17).
3.3. De allí que no resulten de recibo las manifestaciones efectuadas por el quejoso en su demanda de tutela de cara a dar por sentado que satisfizo el presupuesto de procedibilidad en comento, en tanto que, como se ha dicho en diferentes oportunidades, el lapso al que se refiere el requisito de la inmediatez «se contabiliza a partir de la decisión censurada» (STC11140-2018, 31 ag., rad. 2018-01150-01); y que, ciertamente, la proposición de un inviable recurso extraordinario de revisión, como aquí ocurrió (mismo que, por cierto, culminó con el rechazo de la demanda por su falta de subsanación), para cuestionar aspectos de valoración fáctica como los ahora propuestos en esta solicitud de resguardo, en modo alguno condicionaba el conteo de lapso semestral que se tiene jurisprudencialmente establecido como suficiente para acudir a esta herramienta excepcional de protección.
En cuanto a ese último aspecto, en un caso de contornos similares al aquí tratado, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, se consignó:
…en punto al argumento expuesto por el promotor…, referente a que no puede predicarse ausencia del presupuesto de inmediatez porque sólo hasta que agotó el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia aquí criticada resultaba viable acudir a este mecanismo excepcional, lo cierto es que ello no varía en nada lo atrás considerado, pues esa acción no hace parte del juicio… fustigado, de donde no revive términos frente al mismo, a menos que hubiera salido airosa, lo que, como lo reconoce el censor, en el caso concreto no ocurrió, pues su demanda de revisión fue rechazada al no haber sido debidamente subsanada, aunado a que ese recurso no era la vía idónea para enrostrar los yerros de fondo que endilga a la providencia emitida en el proceso coercitivo en comento… (CSJ STC14889-2018, 15 nov., rad. 2018-02375-01).
4. Por ese sendero, como de vieja data se tiene por sentado, se recuerda que la ausencia del presupuesto en cuestión impide al fallador de tutela ocuparse del fondo del asunto sometido a su consideración, lo que impone respaldar la determinación de primer grado, pero por las razones aquí consignadas que no por las exteriorizadas por el a-quo constitucional.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.
Comuníquese por el medio más expedito a todos los interesados y remítanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS