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STC4135-2023
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
STC4135-2023
Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-01517-00
(Aprobado en sesión de tres de mayo de dos mil veintitrés)
Bogotá, D. C., tres (3) de mayo de dos mil veintitrés (2023).
Se decide la acción de tutela que instauró el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (en nombre del extinto INCORA) contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia y el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, a cuyo trámite se vinculó a las partes e intervinientes en los juicios objeto de la queja constitucional.
ANTECEDENTES
1. El promotor del amparo, a través de apoderado judicial, reclamó la protección de sus prerrogativas al debido proceso, contradicción, defensa, «prevalencia del derecho sustancial», igualdad y «libre acceso a la administración de justicia», presuntamente vulnerados por las sedes judiciales accionadas en los asuntos recriminados.
Solicitó, entonces, declarar «contrarias al ordenamiento constitucional» y dejar «sin validez [ni] efectos» las decisiones adoptadas por el Juzgado acusado el 9 de diciembre de 2019 y el 6 de noviembre de 2018, así como las emitidas por el Tribunal convocado el 11 de abril y el 16 de marzo de 2023.
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definición del presente caso:
2.1. En cuanto al proceso ejecutivo que instauró el extinto INCORA contra Humberto Antonio Pineda Soto (rad. 2003-00707):
2.1.1. El 21 de junio de 2013 se puso fin al asunto, por desistimiento tácito; el 18 de noviembre de 2016 el actor deprecó el decreto de algunas cautelas; el día 22 siguiente allegó una nueva liquidación del crédito; el 18 de diciembre de 2018 pidió resolver sus solicitudes pendientes; y el 25 de febrero de 2019 adosó un nuevo poder.
2.1.2. El 9 de diciembre de 2019 el Juzgado acusado resolvió no dar trámite a esas peticiones, por estar terminado el juicio; el 23 de marzo de 2023 mantuvo esa decisión y concedió la apelación interpuesta subsidiariamente; y el 11 de abril último el Tribunal declaró inadmisible dicha alzada.
2.2. Respecto al juicio ejecutivo que el extinto INCORA entabló contra Isidro Perdomo Oliveros (rad. 1989-00414):
2.2.1. El 16 de mayo de 1990 se libró mandamiento de pago; el 27 de noviembre de 1991 se ordenó seguir adelante la ejecución; el 21 de junio de 2013 se decretó su terminación por desistimiento tácito; y el 2 de abril de 2014 se declaró la ilegalidad de esa última determinación.
2.2.2. El 12 de agosto de 2015 el Juzgado encartado se abstuvo de decretar algunas cautelas pedidas por el ejecutante y corrió traslado de la liquidación del crédito allegada por éste; y el 8 de febrero de 2016 reconoció personería adjetiva al nuevo apoderado del actor y aprobó la liquidación del crédito.
2.2.3. El 18 de noviembre de 2016 el acreedor volvió a deprecar algunas cautelas; el día 22 siguiente aportó otras petición de medidas cautelares y liquidación del crédito; el 13 de julio de 2017 solicitó dar trámite a tales memoriales; y el 5 de marzo de 2018 se allegó renuncia al poder por su apoderado judicial.
2.2.4. El 6 de noviembre de 2018 el a-quo acusado declaró terminado el asunto, por desistimiento tácito; decisión que, el pasado 16 de marzo, confirmó el Tribunal encausado.
2.3. El actor criticó que los juzgadores accionados tenían «la obligación de esperar a que concurrieran los 30 días otorgados para que el demandante atendiera la solicitud de previo desistimiento tácito (sic), tal como se hizo por parte de los apoderados que han actuado al interior de los procesos»; y que se le causaba «un gran perjuicio…, pues, los dineros que aquí se ejecutan pertenecen al tesoro público de la Nación».
Destacó, respecto al asunto con rad. 2003-00707, que el Juzgado a-quo no verificó que con auto de 2 de abril de 2014 decretó la ilegalidad del emitido el 21 de junio de 2013 (mediante el cual puso fin al proceso por desistimiento tácito), aunado a que, posteriormente, con proveído del 8 de febrero de 2016, le reconoció personería adjetiva a su nueva apoderada e impartió aprobación a la liquidación del crédito.
Resaltó, en cuanto al juicio con rad. 1989-00414, que los falladores «solo tuvieron en cuenta el memorial radicado el 5 de marzo de 2018, consistente en la renuncia de poder…, sin… detenerse a verificar que en el proceso se habían presentado tres solicitudes más, …los días 18 y 22 de noviembre de 2017 (sic) y 13 de julio de 2017…[,] que interrumpen el t[é]rmino de los dos [años] que establece el art. 317 del CGP, para dar aplicación a la figura del desistimiento tácito».
3. La Corte admitió el libelo de amparo, ordenó librar las comunicaciones de rigor y pidió rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991.
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS
1. El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Rico se opuso «a las pretensiones y circunstancias fácticas emitidas por el accionante[,] dado que las mismas obedecen a su criterio personal y aislado de la[s] normas… que se valoraron… conforme a los criterios seguidos por la Jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, como a la doctrina nacional imperante…, y no… bajo una óptica sesgada y apartada de la objetividad».
2. Por lo demás, al momento de someter a consideración de la Sala el proyecto de decisión elaborado en el presente asunto, ningún otro de los convocados había efectuado manifestación alguna frente a la solicitud de protección.
CONSIDERACIONES
1. Al tenor del artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela es un mecanismo instituido para la protección de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acción o la omisión ilegítima de una autoridad o, en determinadas hipótesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.
De la misma forma, se ha señalado que, en línea de principio, esta acción no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisión por completo desviada del camino previamente señalado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado «vía de hecho», situación frente a la cual se abre paso la salvaguarda para restablecer los derechos esenciales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las vías ordinarias de defensa judicial, dado el carácter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.
Al respecto, la Corte ha manifestado que:
…el Juez natural está dotado de discreta autonomía para interpretar las leyes, de modo que el amparo sólo se abre paso si ‘se detecta un error grosero o un yerro superlativo o mayúsculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la función judicial; en suma, cuando se presenta una vía de hecho, así denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jurídico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada, entre muchas otras, en STC4269-2015, 16 abr.).
Por ese rumbo, se itera, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el proveído, entre otros, se estructura la denominada «vía de hecho».
3. Descendiendo al sub examine, de entrada, anticipa la Sala la procedencia parcial del resguardo deprecado, comoquiera que las decisiones adoptadas en el asunto identificado con el radicado 2003-00707 se muestran razonables, mas no, así, las tomadas en el juicio adelantado bajo el consecutivo 1989-00414, según pasa a exponerse.
3.1. En cuanto al primer juicio fustigado, esto es, el impulsado por el INCORA contra Humberto Antonio Pineda Soto (rad. 2003-00707), se observa que las sedes judiciales acusadas explicaron con suficiencia los motivos para no acceder a la solicitud de impulso procesal interpuesta por el quejoso y declarar inadmisible la alzada que le concedió el a-quo.
3.1.1. En efecto, teniendo en cuenta que, acorde con las piezas que reposan en esa actuación, se hallaba en firme el proveído emitido el 21 de junio de 2013, mediante el cual se decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito, al dictar el proveído de 9 de diciembre de 2019, para no acceder a la petición de impulso procesal del reclamante, el Juzgado encausado claramente señaló:
Sería del caso proceder a dar cumplimiento a lo solicitado por la apoderada de la parte demandante, pero se observa que dicha solicitud es improcedente[,] toda vez… [que el] auto fechado… (21) de julio (sic) de… (2013)…[,] donde el Juzgado declar[ó] el desistimiento tácito…[,] qued[ó] en firme…, razón por la cual, se deniega lo solicitado, por sustracción de materia, por cuanto ningún pronunciamiento cabe realizar de cara a la solicitud de dar trámite, luego[,] ello sencillamente quiere decir, que el ejecutivo se encuentra archivado y por consiguiente cualquier actuación posterior resulta completamente ineficaz.
3.1.2. Decisión que el 23 de marzo último mantuvo ese estrado judicial, a la vez que concedió el subsidiario recurso de apelación que propuso el actor.
En dicho proveído, para desechar la alegación del inconforme -también traída en este reclamo constitucional-, en torno a que con pronunciamiento del año 2014 la misma sede judicial dejó sin efecto el mentado auto del 21 de julio de 2013, el a-quo consignó que, «revisado el proceso escritural[,] no se observan los autos mencionados en el escrito de solicitud del recurso de reposición y en subsidio de apelación»; y añadió que en «algunos de los procesos ejecutivos que datan de 1998, 1999, 2000[,] impetrados por el demandante INCORA- si se le dictaron los mencionados autos, pero este proceso en especial no[,] por tal razón[,] no se reponen (sic) la decisión de… 9 de diciembre de 2019» (se destacó).
3.1.3. Finalmente, el pasado 11 de abril el Tribunal convocado declaró inadmisible la alzada concedida por el a-quo frente a su auto de 9 de diciembre de 2019, al concluir que éste no era susceptible de tal remedio. Lo que así razonó:
1.- Para que sea procedente la admisión y posterior estudio del recurso de apelación deben converger, entre otros requisitos, los siguientes: a) que se encuentre legitimado el recurrente para interponerlo; b) que la resolución ocasione un agravio al apelante; c) que la providencia apelada sea susceptible de ser atacada por ese medio de impugnación, y d) que el recurso se formule en la debida oportunidad procesal.
2.- En el caso sub-judice, advierte la Sala, que, la providencia objeto de alzada no es susceptible de apelación, como que tratándose de este recurso impera la taxatividad, es decir, que sólo es viable frente a providencias, autos o sentencias, que el legislador ha predeterminado. En este orden de ideas, preciso resulta advertir por parte del Tribunal, que, son apelables los autos enlistados de manera general por… el artículo 321 del C.G, del P., y aquellas decisiones expresamente señaladas en norma especial.
3.- En el presente asunto, por tratarse de una decisión que niega el impulso procesal por las razones que allí hubo de precisarse, ha de colegir la Sala, que, la providencia objeto de apelación no es susceptible de ser atacada por este medio de impugnación, por no aparecer enlistada en la disposición general sobre providencias apelables, ni expresamente en norma especial que regule la materia.
3.1.4. Así las cosas, se halla que las referidas decisiones no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, al margen de que se compartan, descartándose la presencia de una vía de hecho, de manera que la queja del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional.
Y es que, en rigor, lo que aquí planteó es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Juzgado y el Tribunal enjuiciados, partiendo de la firmeza del auto de 21 de junio de 2013 (por medio del cual se decretó el desistimiento tácito del juicio), acorde con las piezas que reposaban en el expediente, acertadamente y en su orden, resolvieron no acceder a su petición de impulso procesal y declarar inadmisible la alzada que propuso frente a esa negativa.
Por ello, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, «máxime si la[s] que ha[n] hecho no resulta[n] contraria[s] a la razón, es decir[,] si no está demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocerían normas de orden público… y entraría [el juez constitucional] a la relación procesal a usurpar las funciones asignadas válidamente al último [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses» (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050).
Sobre el particular, también se ha dicho de forma reiterada que «no se puede recurrir a la acción tutelar para imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes» (se destacó – CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01).
3.1.5. En adición, es de destacar que tal razonabilidad parte del hecho de que en el expediente del juicio fustigado, según lo sostenido por las sedes judiciales acusadas y constatado por esta Corporación al inspeccionar la copia digital que de aquél allegaron a este trámite, no reposa ningún auto en el que el 2 de abril de 2014 se declarara la ilegalidad del emitido el 21 de junio de 2013; sin embargo, si el actor persiste en que allí sí se dictó esa decisión y tiene forma de acreditarlo ante el fallador natural, otra es la vía que debe agotar, deprecando la reconstrucción parcial respectiva, acorde con el precepto 126 del Código General del Proceso, sin que el juzgador constitucional pueda anticiparse a los pronunciamientos que, de primera mano, corresponden a aquél (ver, entre muchas otras, CSJ STC16092-2016, 4 nov., rad. 2016-00552-01).
3.2.1. En efecto, en la providencia del pasado 16 de marzo (sobre la cual recae este análisis, por ser aquella mediante la cual se zanjó de forma definitiva la temática propuesta), tras exponer algunas generalidades respecto a la figura del desistimiento tácito, el Tribunal criticado consignó que confirmaría la decisión del a-quo porque:
a).- Se aduce que el término previsto en el artículo 317 del C.G. del P., se interrumpe con cualquier actuación de oficio o a petición de parte y que con la renuncia al poder allegada el 05 de marzo de 2018 se interrumpió y que pese a ello, el juzgado profirió la decisión censurada el 06 de noviembre de 2018.
Para dar respuesta a dicho planteamiento, hay que señalar que la actuación que sirve para interrumpir el término previsto para el desistimiento tácito debe ser aquella que le de impulso real al proceso y que lo lleve efectivamente hacia la obtención del pago, en tratándose del proceso ejecutivo, no es pues una simple solicitud que no conduce a nada como lo es ciertamente, una renuncia al poder.
Sobre este tópico la Sala Civil de la Corte ha puntualizado que: “En suma, la «actuación» debe ser apta y apropiada y para «impulsar el proceso» hacia su finalidad, por lo que, «[s]imples solicitudes de copias o sin propósitos serios de solución de la controversia, derechos de petición intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi» carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo «ponen en marcha» (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020)”.
“Si se trata de un coercitivo con «sentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecución», la «actuación» que valdrá será entonces, la relacionada con las fases siguientes a dicha etapa, como las «liquidaciones de costas y de crédito», sus actualizaciones y aquellas encaminadas a satisfacer la obligación cobrada”.1 Lo anterior está indicando, que la solicitud de renuncia del poder no se erige en instrumento válido para interrumpir el término para el decreto del desistimiento tácito.
b).- Tampoco puede endilgarse violación al debido proceso, porque es con sujeción al artículo 317 de la obra procesal civil que nos rige, que se ha dado aplicación a la figura del desistimiento tácito, no se han coartado los derechos de defensa y contradicción de la parte demandante ni se ha soslayado el procedimiento. Al contrario, la parte ejecutante ha contado con todas las garantías y oportunidades que la ley ofrece para obtener el pago de la cantidad de dinero insoluta y se ha mostrado negligente de cara a los requerimientos que el juzgado ha efectuado.
c).- Y no se diga que dicha figura no es aplicable a los entes del Estado, porque… si bien en un comienzo se regulaba la prohibición de aplicar ese fenómeno a los entes territoriales y demás entidades del Estado, al entrar a regir el Código General del Proceso, tal prohibición desapareció del ordenamiento jurídico, consagrándose como un precepto general sin que allí se establezcan diferencias, ni preferencias.
d).- Se estima entonces, que, la decisión de primera instancia deberá mantenerse, al haberse demostrado que la inercia procesal es atribuible a la parte ejecutante y que dicha inactividad ha permanecido por más de dos años, tal y como lo dedujo el fallador de primer grado con el conteo de términos referenciado; de ahí, que se imponga sin otros comentarios sobre el particular, la confirmación integral del auto objeto de impugnación…
3.2.2. En este orden de ideas, evidente es que el Tribunal atacado desconoció lo decidido por esta Colegiatura en casos análogos, en los que se ha encontrado acertado negar la terminación del proceso por desistimiento tácito a pesar de haber transcurrido los plazos que contempla el referido numeral 2º del artículo 317 del Código General del Proceso, al considerar que no puede contabilizarse tal término de manera objetiva, sino que deben analizarse las circunstancias concretas de cada caso.
Así pues, esta Sala precisó que:
… advierte la Corte que el resguardo está llamado al fracaso, por cuanto el citado proveído de 29 de enero no luce arbitrario, comoquiera que el Tribunal criticado, explicó las razones por las que resultaba inviable terminar el juicio atacado por desistimiento tácito, aspecto sobre el cual precisó:
Contempla el numeral 2º del artículo 317 del Código General del Proceso que en el evento en que un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo.
No obstante, cuando el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante [como sucede en este caso] o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en el numeral precitado será de dos (2) años.
Descendiendo al asunto bajo estudio, de entrada se advierte que la determinación fustigada se confirmará, por las razones que pasarán a exponerse.
El desistimiento tácito tiene como finalidad penalizar la incuria o desidia de los actores cuando descuidan el trámite de sus procesos o no cumplen con las cargas impuestas por el despacho, cuando ello resulta necesario para continuar el rito, toda vez que ese abandono o desobediencia repercute ostensiblemente en la congestión de los despachos judiciales e impide finiquitar las actuaciones a su cargo. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que “el desistimiento tácito, además de ser entendido como una sanción procesal que se configura ante el incumplimiento de las cargas procesales del demandante, opera como garante de: (i) el derecho de todas las personas a acceder a una administración de justicia diligente, célere, eficaz y eficiente; (ii) la posibilidad de obtener pronta y cumplida justicia y (ii) el acceso material a la justicia, en favor de quienes confían al Estado la solución de sus conflictos”…
Por ende, entre las hipótesis que consagró el legislador para terminar los procesos bajo esta figura jurídica, se encuentra la inactividad superior a dos (2) años en procesos que cuenten con sentencia, misma que, por obvias razones, debe imputarse directamente a las partes, mas no al despacho de conocimiento.
De las copias allegadas se observa que, antes de que la parte demandada elevara la solicitud de terminación en el mes de noviembre de 2019, la última actuación que se profirió correspondía al auto del 23 de octubre de 2017 [notificado el día 24 siguiente], lo que, en principio, supera el bienio aludido en precedencia; sin embargo, basta con analizar su contenido para entender la razón que esgrime el a-quo para mantener vigente este proceso.
Nótese que en dicha providencia, el despacho le indicó al apoderado de la parte actora que su solicitud de señalar fecha y hora para practicar la diligencia de remate sobre el inmueble objeto de la garantía hipotecaria, se resolvería una vez se conociera la decisión del recurso extraordinario de revisión que cursaba [para ese momento] en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Por lo anterior, si bien es cierto, el parágrafo 1º del artículo 358 del C.G.P. contempla que el recurso de revisión no suspende el cumplimiento de la sentencia impugnada, no lo es menos que a pesar de que el motivo por el que el a-aquo se negó a continuar con curso del proceso tampoco lo contempla el artículo 161 ibidem, como causal de suspensión, la parálisis del proceso por un período superior a dos (2) años, en este caso es atribuible directamente al despacho de conocimiento, no a la parte demandante.
Incluso, resulta evidente que cualquier petición en similar sentido que hubiera promovido dicha parte con posterioridad al mes de octubre de 2017, se habría desatado de forma semejante, lo que refuerza la impotencia de ese extremo procesal para continuar presentando solicitudes enfiladas al objetivo de que se rematara el inmueble.
Finalmente, frente al argumento expuesto por el recurrente, atinente a que esta es la segunda vez en que se eleva la petición de terminación por desistimiento tácito, basta señalar que aunque se había accedido favorablemente a la solicitud en proveído del 14 de septiembre de 2017, con ocasión del recurso de reposición que interpuso la parte actora se reversó la decisión el 23 de octubre de la misma anualidad, básicamente con la misma explicación en que sustentó el auto impugnado.
Al margen de lo anterior, no sobra anotar que revisado el diligenciamiento se observa que mediante auto del 12 de diciembre de 2019, el a-quo dispuso obedecer y cumplir lo resuelto en la sentencia proferida dentro del recurso de revisión No. 11001-02-03-000-2014-00691-00, el cual se declaró infundado, y al parecer se encuentra pendiente el pronunciamiento respecto de la petición de remate que el mismo juzgado dejó en suspenso
Así las cosas, se concluye que la decisión controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descartándose la presencia de una vía de hecho, de manera que la queja de los gestores no halla recibo en esta sede excepcional.
Y es que, en rigor, lo que aquí plantearon los inconformes es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado interpretó la norma que regula el desistimiento tácito y concluyó que no se reunían los presupuestos allí consagrados para acceder a la terminación que deprecaron los ejecutados, comoquiera que la parálisis a la que se vio sometido el proceso no era imputable a la parte actora, sino al despacho judicial de conocimiento (CSJ STC1646-2021, reiterado en STC4720-2022).
En el mismo sentido, en providencia del 6 de abril de 2022 (CSJ STC4282-2022), en un asunto con temática similar a la aquí tratada, que, mutatis mutandis, se muestra aplicable al de ahora, se halló razonable la no terminación del proceso fustigado, por desistimiento tácito, al advertir que estaba pendiente de definición lo referente a un memorial/poder allegado por la parte ejecutante. Al respecto, allí se consignó:
De entrada, se advierte que, en el caso bajo estudio esta acción constitucional carece de vocación de prosperidad, habida cuenta que el Juzgado del Circuito convocado, en auto de 9 de febrero de 2022, que confirmó el dictado el 21 de mayo anterior por el despacho… Municipal…, explicó los motivos por los cuales no era procedente decretar el desistimiento tácito en el juicio ejecutivo… incoado… contra los accionantes, respecto de lo cual, luego de citar el artículo 317 del Código General del Proceso, consignó:
De lo expuesto, pronto se advierte el fracaso de la alzada, por cuanto esta juzgadora no evidenció ningún yerro que sea susceptible de corrección por esta vía, por el contrario, la decisión adoptada por la juez de primer grado se encuentra ajustada a derecho por las razones que a continuación se exponen.
Tal como se ha dicho, la aplicación de la consecuencia procesal del desistimiento tácito obedece, entre otros aspectos, al descuido o abandono de la parte interesada, en este caso, por un lapso superior a los dos años desde su última actuación, no se trata de un premio para la parte demandada sino que se trata de una terminación anormal porque quien está llamado a impulsar el litigio no lo hace ya sea por desidia o mero descuido.
En el caso de autos, téngase en cuenta que… obra un mandato arrimado por la parte demandante, de modo que, la siguiente actividad a seguir se encontraba a cargo del despacho, es decir, proferir la providencia que reconoce o no personería al apoderado. Ciertamente dicho acto no impulsa el proceso; sin embargo, sí se trata de una solicitud de parte que merece ser resuelta en los términos de la ley de enjuiciamiento civil, luego, requiere un pronunciamiento por parte del despacho puesto que ese requerimiento que se realizó a instancia de parte no ha culminado, ya que termina en el momento que en el juez emite su decisión, lo cual no había ocurrido en este proceso.
De manera que, mal haría el despacho en contabilizar el término fatal cuando el juzgado no ha realizado ningún pronunciamiento frente a la última petición que se le presentó, hacerlo, sería permitir que las partes radicaran sus solicitudes y el juez competente haga caso omiso solo a la espera de que opere el desistimiento de la acción.
Ciertamente existió una mora considerable para resolver lo pertinente, pero, no puede imputársele a la parte cuando dicha actuación le correspondía al despacho. Además, acertadamente el censor refiere que no cualquier actuación cuenta con la virtualidad de interrumpir el término del desistimiento tácito; sin embargo, en el caso que nos ocupa no se trata de que el poder haya interrumpido el término, sino que la inacción del juzgado en dejar pendiente puntos por resolver que requerían su pronunciamiento impidió la contabilización del lapso.
Criterio que ha sido acogido por el Tribunal Superior de Bogotá, quien al referirse a la sanción contemplada en el artículo 317 del C.G.P., indicó que “(…) lo que sanciona el desistimiento tácito es el descuido de las partes, porque cuando la paralización es imputable a la administración de justicia, porque el impulso procesal le corresponde al juez o al secretario, mal podría sancionarse a la parte por la mora u omisión que no le es atribuible; ni puede exigírsele que requiera mediante memoriales a los despachos cumplir su deber. (…)”.
Por demás, si es que era del caso enrostrar alguna irregularidad que presentaba el proceso al estar pendiente por resolver frente al mandato, bien pudo cualquiera de las partes solicitar su resolución, puesto que el impulso del proceso no recae exclusivamente en cabeza de la parte demandante, ni del juez, sino que cualquiera de los extremos procesales está facultado para hacerlo.
Y concluyó que:
Al amparo de las anteriores reflexiones, resulta sencillo concluir que, dado que estaba pendiente por resolver una solicitud presentada al interior del proceso, mal podría sancionarse a la parte por la mora u omisión que no le es atribuible, luego, lo propio era denegar la solicitud de terminación del proceso por desistimiento tácito, tal como se hizo, por lo que, sin más consideraciones se confirmará la providencia recurrida.
Así las cosas, la Sala concluye que la decisión controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descartándose la presencia de una vía de hecho, de manera que el reclamo de los peticionarios no halla recibo en esta sede excepcional.
Y es que, en rigor, lo que aquí plantearon los quejosos, en síntesis, es una diferencia de criterio acerca de la manera como el Juzgado del Circuito accionado valoró la decisión censurada, así como las normas y jurisprudencia aplicable al caso concreto, concluyendo que acertada fue la decisión del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, pues no era procedente decretar el desistimiento tácito del juicio ejecutivo censurado, conforme lo dispuesto en el artículo 317 del Código General del Proceso, comoquiera que, la actividad siguiente en el juicio estaba a cargo del despacho y no de la parte, relievando que, si bien la resolución de un reconocimiento de personería no contempla un impulso procesal, lo cierto es que tal petición merece una resolución por parte del estrado judicial, de ahí que la mora judicial en dicha determinación, no puede ser una consecuencia para la parte (se destacó).
3.2.3. Por tanto, el ad-quem criticado erró al confirmar la decisión del a-quo de dar por terminado el proceso objeto de reproche constitucional (ejecutivo incoado por el INCORA contra Isidro Perdomo Oliveros -rad. 1989-00414-), habida cuenta que desconoció que, en realidad, ese juicio permanecía inactivo por causa atribuible al juzgado de conocimiento, teniendo en cuenta, no solamente la renuncia al poder presentada por la apoderada del extremo actor el 5 de marzo de 2018 -la que, en todo caso, requería pronunciamiento del juzgador y su ausencia impedía descontar el término para la configuración del desistimiento tácito-, sino las peticiones de medidas cautelares, liquidación del crédito e, incluso, de impulso procesal que el acreedor radicó entre el 18 de noviembre de 2016 y el 13 de julio de 2017.
4. En consecuencia, se concederá la protección, con alcance parcial, exclusivamente frente al juicio con rad. 1989-00414, ordenando al Tribunal accionado que, tras dejar sin valor ni efecto el proveído que dictó el 16 de marzo de 2023 (mediante el cual confirmó el proferido por el a-quo el 6 de noviembre de 2018), junto con todas las actuaciones que de él dependan, adopte una nueva decisión en la cual tenga en cuenta las consideraciones precedentes; en lo demás, se denegará la salvaguarda.
DECISIÓN
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, concede, con alcance parcial, el amparo solicitado. En consecuencia, dispone:
Primero. Ordenar a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia que, dentro del término de diez (10) días, contado a partir de la fecha en la cual le sea devuelto el expediente contentivo del asunto con radicado 18592-31-89-001-1989-00414, tras dejar sin efecto el auto que allí emitió el pasado 16 de marzo (con el que confirmó el proferido por el a-quo el 6 de noviembre de 2018), junto con todas las actuaciones que de él dependan, emita una nueva providencia en la que resuelva la apelación interpuesta por el ejecutante, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretaría, remítasele copia de esta determinación.
La autoridad accionada informará a esta Corporación sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento de aquel término.
Segundo. Ordenar al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Rico remitir de inmediato y, en todo caso, en un término no superior a un (1) día, el expediente referido a espacio, a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, para que dé cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior.
Tercero. En lo demás, se deniega la protección rogada, por las consideraciones consignadas en la parte motiva de este veredicto.
Cuarto. Comunicar lo aquí resuelto a todos los interesados y, en oportunidad, en caso de no impugnarse esta decisión, remítanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidenta de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Ausencia justificada
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Ausencia justificada
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
1 CSJ STC, 10 mar. 2022.