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STC5627-2023
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada ponente
STC5627-2023
Radicación nº 76001-22-03-000-2023-00130-01
(Aprobado en Sesión de catorce de junio de dos mil veintitrés)
Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023).
Resuelve la Sala la impugnación del fallo proferido el 12 de mayo de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la tutela que la sociedad Grupo de Inversiones en Salud Medivalle S.A.S. instauró contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de la misma ciudad, Sanitas EPS, Salvia Salud EPS, Salud Total EPS, Nueva EPS, Famisanar EPS y el Banco Caja Social S.A., extensiva a los demás intervinientes en el consecutivo 2021-00224.
ANTECEDENTES
1.- La libelista, a través de apoderado, invocó la protección de los derechos al «debido proceso» y «acceso a la administración de justicia», para que se mandara «acatar las órdenes de embargo contenidas en los oficios n° 1592 y 0745 y en esa medida pongan a disposición (…) para el proceso 2021-00224 los dineros del demandado».
En compendio, sostuvo que el Juzgado Once Civil del Circuito de Cali, en el ejecutivo que incoó contra el Hospital Isaías Duarte Cancino E.S.E. para el cobro de “varias facturas de venta de prestación de servicios de salud”, negó la solicitud que formuló consistente en decretar el “embargo de las sumas de dinero que se encuentren depositadas en las cuentas que correspondan al Sistema General de Seguridad Social, del Sistema General de Participaciones, las Rentas Incorporadas al Presupuesto General de la Nación y las Estampillas teniendo como fundamento la sentencia C-1154 de 2008, la cual recogió la línea jurisprudencial sobre el sustento del beneficio de inembargabilidad y estableció tres excepciones” (20 abr. 2022), determinación que el superior convalidó (18 jul.) –rad. 2021-00224-.
Señaló que promovió «acción de tutela» con el fin de lograr la invalidación de dichas resoluciones (rad. 2022-03013) y, esta Colegiatura, la concedió aduciendo:
“Primero: Ordenar a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la fecha en la cual le sea entregado el expediente objeto de esta queja (radicación 76001-31-03-011- 2021-00224), deje sin efecto el proveído del 18 de julio de 2022, que confirmó el proferido por el Juzgado Once Civil del Circuito de esa ciudad, el 20 de abril anterior, y las actuaciones que dependan de éste.
Indicó que la Sala de Casación Laboral ratificó lo así proveído (STL5721-2022, 26 oct.).
Adujo que el Tribunal Superior de Cali, en cumplimiento a esa disposición, revocó el auto emitido el 20 de abril del año pasado por el Juzgado Once Civil del Circuito de Cali para, en su lugar, “decretar el embargo de los recursos del SGSSS que provengan del SGP, ante la presencia de la segunda excepción a la inembargabilidad siendo que las obligaciones tienen como fuente la prestación de servicios de salud. (Art. 594 C.G.P. – Sentencia C-1154 de 2008, C.S.J. STC12252-2022.Radicación n° 11001-02-03-000-2022-03013-00 del 14 de septiembre de 2022)” (29 sep.).
Relató que, después, el Juzgado Once Civil del Circuito accedió al pedimento que elevó, con apoyo en lo solventado en esa guarda y “decret[ó] el embargo y retención de los dineros que posea a cualquier título el demandado HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO E.S.E. identificado con NIT. 805.028.530-4 en las entidades Suramericana S.A., Sanitas S.A., Convida EPS, Servicio Occidental de Salud S.A., Solidaria de Salud EPS, Nueva EPS S.A., Salud Vida S.A., Savia Salud, Salud Total S.A., Famisanar Ltda., Compensar, Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A., Comfenalco Valle, Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales. Limitar la medida en la suma de $5.134.499.166 (art.593 Numeral 10 C.G.P.)” (6 dic.).
Afirmó que el Juzgado Segundo Civil de Ejecución de Sentencias de Cali, a quien se remitió el compulsivo, expidió los oficios correspondientes (n° 1592 y n° 0745), pero, Sanitas, Savia Salud, Nueva EPS, Salud Total y Famisanar, no la acataron, “sino que por el contrario (…) dieron respuesta en el sentido de solicitar (…) que [se] ratificara la medida de embargo (…) por cuanto (…) los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud tienen una destinación específica para la atención (…) de los afiliados”.
Cuestionó que, pese al envío de “múltiples memoriales” al juzgado censurado con el propósito de que se materialicen “las cautelas (…), [éste] no ha realizado requerimiento alguno a las entidades que se han negado a acatar la orden (…), lo que se traduce en un perjuicio directo [ya que] permite al demandado (…) elud[ir] su obligación de pago”.
2.- El Juzgado Segundo Civil de Ejecución de Sentencias de Cali contó que el 28 de febrero de este año avocó conocimiento del litigio y el 3 de mayo siguiente, en virtud de lo requerido por varias de las empresas encargadas de inscribir las “cautelas (…), dispuso ratificar[las]”.
EPS Sanitas S.A.S. dijo que este resguardo “no es el mecanismo idóneo para debatir el desacuerdo que argumenta la accionante”.
Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S. (Savia EPS) recalcó que no ha transgredido las garantías supralegales de la auspiciante, en tanto, “no ha desacatado lo ordenado por el despacho, solo le ha solicitado que reitere lo ordenado en el oficio que decreta el embargo de los recursos pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social de la Salud con fundamento [en la] normatividad (…), la cual a lo largo del tiempo ha reiterado el carácter de inembargabilidad que ostentan [estos] recursos”.
La Nueva EPS se opuso a la guarda, porque “la jurisdicción ordinaria cuenta con recursos idóneos y eficaces para dirimir la controversia”.
El Banco Caja Social S.A. destacó que “acat[ó] la medida y congel[ó] los recursos de la cuenta de ahorros (…) considerando que el oficio indica[ba] de unas de las excepciones al principio de inembargabilidad” y, aunque no ha consignado los estipendios a la cuenta judicial, ello obedece a que la suma de $5.465.274.853 “en su mayoría proviene del régimen subsidiado y la autoridad no [les] ha dado respuesta sobre cómo proceder”.
Salud Total EPS resaltó que “no ha vulnerado el derecho fundamental invocado”, habida cuenta que es “necesario que el caso (…) sea revisado de manera objetiva por parte del despacho, en donde (…) se decreten y practiquen pruebas (…), ya que en efecto es una controversia de la que no tiene conocimiento”.
El Hospital Isaías Duarte Cancino E.S.E. manifestó que la petente “debe agotar todos los mecanismos o recursos judiciales a su alcance (…) establecidos en el artículo 44 del CGP (…), inclusive esperar se cumplan los plazos judiciales para las respuestas que requieren (…) las diferentes entidades destinatarias de oficios”.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN
1.- El Tribunal Superior de Cali concedió la salvaguarda, tras advertir:
«(…) las EPS’s accionadas y la entidad financiera en cuestión, no han acatado en debida forma la orden de embargo que tempestivamente se les comunicó, lo cual conllevó a la promoción de este trámite.
Al verificar el expediente se corroboró que ya la autoridad judicial les informó que aquí aplica una excepción al principio de inembargabilidad que gobierna los recursos de la Seguridad Social en Salud, de tal modo que no existen actualmente impedimentos para que cumplan las decisiones judiciales».
En consecuencia, ordenó:
«(…) a SANITAS EPS, SALVIA SALUD EPS, TOTAL SALUD EPS, NUEVA EPS, FAMISANAR EPS y el BANCO CAJA SOCIAL S.A. que en el término de TRES (03) DÍAS siguientes a la notificación de este proveído, acaten la orden de embargo comunicada por el Juzgado 2º Civil del Circuito de Ejecución dentro del proceso con radicado 76001-31-03- 011-2021-00224-00. Para tal efecto, deberán remitir también los dineros que se encuentren disponibles con destino de la cuenta del Juzgado de ejecución dentro del mismo lapso y deberán seguir enviado lo correspondiente mientras perdure la vigencia de la medida cautelar».
2.- Ese desenlace fue repelido por la Nueva EPS, quien argumentó que «en primer momento» se abstuvo de registrar la referida «cautela», con fundamento en el artículo 594 del Código General del Proceso y en los «antecedentes normativos y jurisprudenciales» existentes, los cuales dirigen a interpretar de manera rigurosa el «procedimiento que se debe seguir a la hora de decretar cautelas sobre recursos en principio inembargables».
De modo que, una vez consiguió la «respuesta [del] juzgado» relacionada con la «ratificación de la cautela (…), constancia o informe de ejecutoria (…) la cual solo fue puesta en conocimiento (…) a través de oficio 1073 de 4 de mayo de 2023», procedió a «congela[r] los dineros (…) [y] con el depósito», por tanto, no quebrantó las prerrogativas de la querellante.
También impugnó Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S. (Savia EPS), trayendo la misma inconformidad manifestada en la contestación de la demanda superlativa, atinente a que, «no es la entidad competente para la práctica de embargos sobre los pagos que se realizan por giro directo y giro nación con ocasión a los contratos celebrados con el Hospital Isaías Duarte Cancino, debido a que (…) la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES es quien efectúa directamente, sin que en ningún caso estos dineros ingresen a las cuentas de Savia».
CONSIDERACIONES
1.- Delanteramente, se anuncia el fracaso del auxilio y, por ende, la infirmación del veredicto refutado, toda vez que, de la revisión de los elementos de convicción sometidos al escrutinio de esta Corte, no se observó la vulneración aludida y, porque, no se satisface el requisito de la subsidiariedad.
2.- En efecto, contrastada lo información brindada por el Juzgado Segundo Civil de Ejecución de Sentencias de Cali, con lo medios suasorios adosados al cartapacio, se vislumbra que el 2 de diciembre de 2022 el Grupo de Inversiones en Salud Medivalle S.A.S. reclamó la «adición de la medida cautelar» previamente fijada «teniendo en cuenta lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia – Sala Civil en fallo del 14 de septiembre de 2022 (STC12252-2022)», en el sentido de extender dicha restricción a los «derechos de crédito que por cualquier concepto posea el Hospital Isaías Duarte Cancino» en varias compañías, entre estas, a Sanitas EPS, Salvia Salud EPS, Total Salud EPS, Nueva EPS, Famisanar EPS y el Banco Caja Social S.A., pedimento que fue solventado de manera favorable el 6 de diciembre de ese año por el Juzgado Once Civil del Circuito de esa capital.
Luego, hallándose en curso la etapa de la liquidación del crédito, envió las diligencias a los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias para que continuara con el trámite.
-EPS Sanitas S.A.S.: Precisar «si la medida cautelar decretada recae sobre la totalidad de los ingresos brutos de la IPS (100%) o solo sobre la tercera parte de los mismos (33%) de conformidad con lo previsto en el numeral 3° del artículo 594 del Código General del Proceso».
-La Nueva EPS: Dijo que, antes de «acatar la medida cautelar (…) [se] ratifique la misma, pues los recursos sobre los cuales recae la orden judicial, ostentan la calidad de inembargables (…) la ratificación debe ser expresa y se debe argumentar de forma puntual sobre cuál o cuáles de las causales procede el embargo sobre los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud».
-El Banco Caja Social: Indicó que «los recursos a nombre de Hospital Isaías (…) en encuentran congelados (…). Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos la confirmación de la constitución del depósito judicial sobre dichos recursos».
-Salud Total EPS: Instó «ratificar, previo análisis correspondiente de las pruebas que obran en el plenario, si la medida comunicada (…) atiende a las directrices (…) establecidas por la Procuraduría General de la Nación en la Circular 014 del 8 de junio de 2018, como también los parámetros establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia T-053 del 2022 (…). Así pues, queda atenta (…) a su respuesta y aclarando que ello no desconoce de manera alguna la orden ya comunicada».
-EPS Famisanar S.A.S.: «Solicit[ó] confirmar la medida de embargo decretada en el proceso de la referencia con el fin de dar cumplimiento a la orden judicial o en su lugar inform[ar] para abstner[se] a efectuar la misma».
-Savia EPS: Aseveró «no es la entidad competente para la práctica de embargos sobre los pagos que se realizan por giro directo y giro nación con ocasión a los contratos celebrados con el Hospital Isaías Duarte Cancino, debido a que (…) la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES es quien efectúa directamente, sin que en ningún caso estos dineros ingresen a las cuentas de Savia».
De ahí que, el funcionario convocado el 3 de mayo hogaño, es decir, en el interregno de esta salvaguarda, se pronunció respecto de dichas inquietudes, explicando a las requirentes, que la cautela es producto de «lo considerado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de tutela del 14 de septiembre de 2022 (…) en aplicación a la segunda excepción de inembargabilidad formulada [por el] precedente de la Corte Constitucional» y, por consiguiente, «dispuso ratificar la medida».
2.1.- De las acreditaciones transcritas, no es posible endilgar al Juzgado Segundo de Ejecución de Sentencias de Cali “acción y/u omisión” que conculque o amenace atributos básicos de Medivalle S.A.S. y tampoco se evidenció que la demora en cristalizar las «medidas», sea resultado de una actuación arbitraria, subjetiva o caprichosa de éste, quien, por el contrario, está adelantando todos los actos tendientes a ese objetivo, máxime si se tiene en cuenta que, una vez notició a las receptoras de la «orden» acerca de lo surgido en el pleito y les aclaró las vicisitudes, la mayoría de ellas acataron el mandato.
Con ese derrotero, es claro que no es dable la intervención supralegal, en tanto, no es procedente, a través de esta herramienta, desconocer el procedimiento legal preceptuado o alterar su curso.
Sobre el particular, esta Sala ha predicado que, para éxito del amparo, “(…) no basta con que el accionante señale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o están amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos previstos en la ley” (STC7647-2020, STC3764-2021, STC2632-2022, STC420-2023).
De igual modo, se obliga:
(…) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quizás el primero y más elemental, la existencia cierta del agravio, lesión o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervención del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un mínimo de demostración en cuanto a la vulneración que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacción, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda (STC8053-2019, STC3764-202, STC2632-2022, STC420-2023).
3.- Súmese que, en el evento de presentarse que alguna de esas autoridades, «desobedezcan» o se rehúse a «acatar» oportunamente las «medidas» adoptadas, aún se puede impulsar –si se estima pertinente-, el trámite sancionatorio en contra de aquellas, contemplado en el numeral 3° del artículo 44 del Código General del Proceso, en consonancia con el canon 59 de la Ley 270 de 1996, para que en el marco de esa articulación, el Juzgado Segundo de Ejecución de Sentencias de Cali, establezca la desatención de las cargas impuestas y tome de ser necesario las decisiones a que haya lugar.
En ese orden de ideas, si alguna inconformidad tiene la censora frente al rito en cuestión, será en el desarrollo normal de esa Litis donde deberá exponerla, sin que pueda soslayar los «medios idóneos de defensa» que al efecto le concede la ley adjetiva, cuya eficacia no decae frente a hipotéticas circunstancias como las manifestadas.
3.1.- Adicionalmente, la sedicente no demostró la gravedad de lo ocurrido, la inminencia del daño, ni la impostergabilidad de lo rogado. En relación con el «perjuicio irremediable», esta Corporación ha esgrimido que, «(…) sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las características de gravedad, inminencia y apremio de la intervención del Juez Constitucional» (STC15617-2014, 13 nov rad. 00349-01, reiterada en STC15930-2018, STC3455-2020, STC16008-2021, STC12541-2022 y STC420-2023).
4.- Finalmente, los reparos de Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S. (Savia EPS) exhibidos en la «impugnación», no pueden ser analizados en esta instancia, ya que el abogado que dijo actuar en su nombre, no aportó «poder especial» que lo legitime para actuar en esta específica causa en representación de ella, pese a que se le requirió con ese propósito (auto 25 may. 2023).
5.- Ergo, se abolirá el veredicto rebatido
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución, REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida y, en su lugar, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Grupo de Inversiones en Salud Medivalle S.A.S. contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de la misma ciudad, Sanitas EPS, Salvia Salud EPS, Salud Total EPS, Nueva EPS, Famisanar EPS y el Banco Caja Social S.A.
Notifíquese por el medio más expedito y, oportunamente, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS