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STC5729-2022
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
STC5729-2022
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-01326-00
(Aprobado en sesión de once de mayo de dos mil veintidós)
Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintidós (2022).
Se decide la acción de tutela incoada por el Conjunto Serranías de Suba – Propiedad Horizontal contra el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca – Grupo de Archivo Central y el Juzgado Ochenta y Cinco Civil Municipal de Bogotá.
ANTECEDENTES
1. El promotor del amparo reclamó la protección constitucional de sus derechos fundamentales de petición y debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades encausadas porque el Grupo de Archivo Central accionado no le ha dado respuesta de fondo a la solicitud de desarchivo que del juicio ejecutivo seguido por ella contra Julieth Emilce Vargas le presentó desde el 19 de noviembre de 2021, la cual le reiteró el 19 de enero de 2022.
Rogó, entonces, ordenar «a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá [-] Archivo Central…[,] se sirva desarchivar e[l] proceso… y enviarlo al Juzgado… para poder elevar las peticiones que corresponde».
2. La Corte admitió la demanda supralegal, dispuso librar las comunicaciones de rigor y pidió rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991.
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS
1. El Juzgado Ochenta y Cinco Civil Municipal de la capital de la república indicó que, revisadas las actas de los asuntos que le ha entregado el Archivo Central, «se avizora que a la fecha no ha sido recibido el proceso base de la acción»; y deprecó su desvinculación de este trámite porque «el accionante no [le] está endilgando conducta alguna violatoria (sic)».
2. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca – Amazonas deprecó el despacho adverso de la solicitud de protección porque, acorde a sus competencias, atendió el requerimiento del actor, comoquiera que mediante misiva enviada a la dirección de correo electrónico proporcionada por él, el 10 de marzo de año en curso le informó que debido a la emergencia sanitaria, de conocimiento general, se vio en la obligación de cerrar sus bodegas de archivo y, después, de mantener por un tiempo restringido el ingreso a las mismas, por lo que actualmente «existe un gran número de peticiones de desarchive represadas», entre las que está la suya, pero antes existen en turno, 16.524 que deben atenderse en estricto orden cronológico, por lo que la fecha aproximada de respuesta a su solicitud es el 14 de junio próximo, «de conformidad con la proyección de trabajo diario de asistentes administrativos».
CONSIDERACIONES
1. El artículo 23 de la Carta Política garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y eventualmente ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, bien sean de interés general o particular. En consecuencia, el derecho de petición tiene una doble dimensión: (i) la posibilidad de acudir ante el destinatario y (ii) el derecho a obtener una respuesta pronta, congruente y de fondo con relación a la cuestión planteada.
Bajo esa óptica, «la acción de tutela deviene procedente, si se establece la vulneración al derecho fundamental de petición; para ello es presupuesto indispensable la existencia de actos u omisiones de la autoridad que obstruyan el ejercicio del derecho o no resuelvan oportunamente sobre lo solicitado» (CSJ STC, 21 mar. 2012, rad. 2012-00068-01; reiterada en STC, 22 oct. 2013, rad. 2013-01073-01).
2. Lo pretendido por el promotor del resguardo es que se ordene el desarchivo del proceso por él solicitado, atendiendo la petición que les formuló y que no le ha sido respondida.
3. De la documentación obrante en el plenario se concluye que:
3.1. Conforme a la información aportada por el accionante, la que no refutaron los accionados, se tiene que efectivamente el 19 de noviembre de 2021, mediante correo remitido al Grupo de Archivo Central de la Rama Judicial, solicitó a dicha entidad el desarchivo del proceso ejecutivo incoado por él contra Julieth Emilce Vargas; petición que le reiteró el 19 de enero último.
3.2. Por otro lado, se tiene que la Dirección de Administración Judicial requerida, mediante comunicación del pasado 10 de marzo, pretendió darle respuesta a dicha petición informando al actor, en lo medular, que especialmente por situaciones derivadas de la pandemia por Covid-19, tenía represadas alrededor de 16.524 solicitudes de ese tipo, antes de la suya, y de acuerdo a su cronograma de trabajo, el caso concreto sería definido aproximadamente el 14 de junio del año en curso.
3.3. De otra parte, al margen de lo anterior, lo cierto es que, acorde con la información reportada en el sistema de gestión judicial, el 18 de abril último se registró el desarchivo efectivo del referido asunto, encontrándose a disposición de las partes en el Juzgado de conocimiento.
4. Con fundamento en lo anterior, advierte la Sala que la pretensión constitucional del reclamante, en la actualidad, está plenamente satisfecha, de no olvidar que el núcleo esencial del derecho de petición encierra la respuesta oportuna que no el despacho favorable de lo deprecado, supuesto frente al que en otras ocasiones ha dicho la Corte que:
[E]l derecho de petición previsto en el artículo 23 de la Constitución Nacional, tiene como finalidad “suministrar al petente respuesta a propósito, sea positiva, sea negativa, pero en todo caso completa…, destacando el contenido o núcleo esencial de este derecho, el cual, ‘no sólo implica la potestad de elevar peticiones respetuosas a las autoridades; envuelve además la necesidad de que se brinde una respuesta adecuada y oportuna – que no formal ni necesariamente favorable – dentro del marco de imparcialidad, eficacia y publicidad que caracteriza al Estado Social de Derecho…’” (Se subrayó – CSJ STC, 16 abr. 2008, rad. 2008-00042-01; citada en CSJ STC, 28 ag. 2013, rad. 2013-00095-01; y CSJ STC, 12 nov. 2013, rad. 2013-00340-01).
5. Así las cosas, es indudable que cesó la causa de vulneración o amenaza de la prerrogativa esencial invocada, lo cual, de conformidad con el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, constituye un hecho superado, pues carecería de sentido impartir una orden constitucional cuando la finalidad de la misma se cumplió.
Luego, teniendo en cuenta que la situación que causaba la supuesta amenaza al derecho fundamental del quejoso desapareció, la solicitud de amparo perdió toda razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, toda vez que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción, aspecto frente al que la Corporación ha señalado que:
Si la omisión por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha o lo ha sido totalmente… la tutela pierde su eficacia y razón de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecería de sentido (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01).
6. Corolario de lo expresado, se impone negar el amparo suplicado.
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, deniega el amparo solicitado.
Comuníquese a los interesados y, si la decisión no es impugnada, remítanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Ausencia justificada
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS